Carlota Hernández Fuerte

Expediente 24/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 29 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
24/2020
Año
2020
Actuaciones
29
Última actuación
03/03/2022

Partes del expediente

  • Carlota Hernández Fuerte

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, tres de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta con fundamento en el artículo 21 del Código Federal de Procedimientos Penales, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el secretario del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, mediante el cual hace del conocimiento que en relación al exhorto 7/2021, orden 16/2021 del índice de este juzgado, giró oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, a fin que lo auxilie con el destino del oficio 307 con el que se remitio la comunicación del índice de este juzgado; a fin de dar cumplimiento a lo solicitado por este órgano jurisdiccional.

  2. Principal

    De conformidad con el artículo 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se notifica la parte quejosa Carlota Hernández Fuerte, el auto de tres de marzo de dos mil veintidós que dice: "Ensenada, Baja California, tres de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Baja California -parte tercera interesada-, por medio del cual, hace del conocimiento de este juzgado que el oficio 35175/2021, por medio del cual se le corrió traslado con el cumplimiento dado al fallo protector por la autoridad responsable, se recibió en aquella oficina el diez de febrero de dos mil veintidós, circunstancia de la cual se toma debido conocimiento. En atención a lo anterior, y al tomar en consideración que de la certificación de cuenta se obtiene que a la fecha transcurrió el término de tres días concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, es pertinente precisar que por sentencia dictada el veintidós de junino de dos mil veintiuno, se otorgó a Carlota Hernández Fuerte, la protección federal a efecto de que la autoridad responsable Sala Regional del Centro II del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Querétaro, procediera de la siguiente manera: "- Deje insubsistente la resolución de quince de noviembre de dos mil diecinueve que declara infundado el recurso de queja por defecto en el cumplimiento dado a la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, del índice de la autoridad responsable Sala Regional del Centro II del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Querétaro, Querétaro, y emita una nueva tomando en consideración que la parte quejosa, para efectos del cálculo de los porcentajes de aumento otorgados a los trabajadores, exhibió desde la presentación de su demanda diversas documentales una consistente en los porcentajes de incrementos anuales aplicados para el incremento de pensiones, en su respuesta a la solicitud de información número 0063700528215." Sentencia de amparo que causó ejecutoria mediante proveído de diez de septiembre de dos mil veintiuno. En cumplimiento a ello, el Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Querétaro, remitió copia certificada de la determinación de uno de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 1391/17-09-01-4-OT, del que se advierte que la responsable dejó insubsistente la determinación reclamada de quince de noviembre de dos mil diecinueve y, siguiendo los lineamientos de la sentencia de amparo, emitió una nueva, en la que tomó en consideración para efectos del cálculo de los porcentajes de aumento otorgados a los trabajadores, las documentales exhibidas por la quejosa desde la presentación de su demanda, en específico la consistente en los porcentajes de incrementos anuales aplicados para el incremento de pensiones, en su respuesta a la solicitud de información número 0063700528215 y en base a ello, declaró cumplida la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, emitida en el juicio de origen. Documentales a las que se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidas por servidor público en ejercicio de sus funciones. En las relatadas condiciones, se estima que la responsable, ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que el uno de octubre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la determinación reclamada de quince de noviembre de dos mil diecinueve y emitió una nueva, en la que tomó en consideración para efectos del cálculo de los porcentajes de aumento otorgados a los trabajadores, las documentales exhibidas por la quejosa desde la presentación de su demanda, en específico la consistente en los porcentajes de incrementos anuales aplicados para el incremento de pensiones, en su respuesta a la solicitud de información número 0063700528215 y en base a ello, declaró cumplida la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, emitida en el juicio de origen. En tal virtud, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al estimarse cumplido el fallo protector por parte de la responsable en mención, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. En términos del artículos Décimo Octavo, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en el último párrafo propio artículo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se depurara el presente asunto, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. De igual manera se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "depurable" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto mencionado. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, once de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha no obra en autos el acuse de recibo relativo al oficio 35175/2021 dirigido a la autoridad foránea Subdelegado de Prestaciones Económicas, Delegación Estatal en Baja California, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, girado a efecto de notificarle el cumplimiento dado al fallo protector por parte de la autoridad responsable, el cual fue reexpedido mediante proveído de veinticuatro de enero del año en curso. Atento a lo anterior, y a fin de evitar mayores dilaciones procesales, requiérase por última ocasión a la citada autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días hábiles contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, informe a este Juzgado de Distrito, la fecha en que recibió la misiva de mérito, y en su caso la constancia de notificación respectiva; en el entendido de que podrá realizarlo por vía correo electrónico institucional 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, solicitándole que haga referencia al juicio de amparo en que se actúa y al número de oficio que se le remitió para una mejor identificación del mismo. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior o de no informar los impedimentos legales que tenga para ello, se le impondrá en lo particular una multa de 50 (cincuenta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos); la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el siete de enero de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en dieciocho de enero de dos mil veintidós, se requirió a la autoridad foránea Subdelegado de Prestaciones Económicas, Delegación Estatal en Baja California, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Mexicali, para efecto de que informa si recibió el oficio 35175/2021, del índice de este órgano jurisdiccional, girado a efecto de notificarle el cumplimiento dado al fallo protector por parte de la autoridad responsable. En ese contexto agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite la Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Mexicali, mediante el cual manifiesta, que no ha recibido la misiva 35175/2021; por tanto, en obvio de dilaciones procesales, anexo al oficio que se genere con transcripción del presente proveído, reexpídase el oficio de que se trata con los insertos necesarios, a la autoridad oficiante, a fin de que se impongan de su contenido. En consecuencia, requiérase a la citada autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días hábiles contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, informe a este Juzgado de Distrito, la fecha en que recibió la misiva de mérito, y en su caso la constancia de notificación respectiva, en el entendido que en caso se omisión se le impondrá como medio de apremio una multa de 50 (cincuenta) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos); la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el ocho de enero de dos mil veintiuno, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. En el entendido que la información solicitada podrá remitirla, de manera preferente, vía correo electrónico a la dirección oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, con el objeto de evitar posibles contagios con motivo del virus COVID-19, y así salvaguardar la integridad física de las personas que laboran tanto para la autoridad responsable, como en este Juzgado de Distrito.

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