Carlos Zárate Ventura
Expediente 871/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 38 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 871/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 38
- Última actuación
- 29/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Carlos Zárate Ventura
- Juez Trigésimo Octavo de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México
- CARLOS ZÁRATE VENTURA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 38.
- Principal
Vista la certificación precedente de la cual se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días concedido en el precepto 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra el proveído de catorce de julio de dos mil veintidós, donde se sobreseyó el presente juicio fuera de audiencia, sin que se haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el citado auto ha quedado firme. Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que este cuaderno es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó el juicio fuera de audiencia. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, ..., se estima que es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados; ... Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el númeral 20 del Acuerdo en cita. Por otro lado, tomando en consideración que el juez responsable remitió legajos de constancias en justificación de sus actos; devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte la imposibilidad para emplazar a juicio a ..., no obstante que por auto de dieciocho de enero de dos mil veintidós, se ordenó realizar las gestiones necesarias con el objeto de localizar su domicilio, girando oficios a diversas dependencias y se agotaron las diligencias correspondientes, sin lograr resultados favorables. Asimismo, el cuatro de marzo de la presente anualidad, se puso a disposición de la quejosa el extracto correspondiente a los edictos para ser publicados por tres veces, de siete en siete días en el "Diario Oficial" y en un periódico de circulación nacional. Posteriormente, mediante auto de dos de junio del presente año, se levantó la suspensión decretada con motivo del medio de impugnación referido, por lo que continuó transcurriendo el término para que la quejosa recogiera los edictos correspondientes; sin que hasta la fecha hayan manifestado las gestiones para ello, o la imposibilidad económica para sufragar un gasto de esa naturaleza; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en tales proveídos. Lo anterior, da lugar a SOBRESEER el presente asunto, en atención a las siguientes consideraciones: El artículo 17 constitucional, dispone: "Articulo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." El derecho humano contenido en el segundo párrafo, del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza que cualquier persona puede acudir ante los tribunales, y que éstos le administren justicia de forma pronta y expedita, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Además, debe considerarse que la reserva de ley en virtud de la cual el citado precepto constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para normalizar el derecho a la justicia de manera discrecional sino que con esta reglamentación, debe perseguir la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas o etapas previas no previstas en el texto constitucional; retardando o entorpeciendo indefinidamente la función de administrar justicia, estará en contravención con el precepto aludido. Consecuentemente, de la armónica y sistemática interpretación del mencionado dispositivo constitucional, se colige que no es permisible que la impartición de justicia se obstaculice con la falta de interés de la parte quejosa con la intención de paralizar el procedimiento, debiendo prevalecer en todo caso lo ordenado por la Constitución Federal, la cual establece de manera expresa las limitantes a que están sujetos los derechos humanos que ella otorga. De ahí que, si la peticionaria no realizó las gestiones necesarias para emplazar a la tercera interesada, debido a que no demostró los trámites correspondientes, pues no compareció a recoger los edictos, ni exhibió los extractos de publicación en los medios ordenados en los términos establecidos, tampoco manifestó la imposibilidad legal o material para hacerlo, lo cual es indispensable para la continuación del juicio, entonces resulta claro que dicho actuar retarda la función de administrar justicia pronta y expedita en contravención con el precepto constitucional referido. Bajo esos planteamientos, si este Juzgado Federal agotó la investigación a que se refiere el artículo 27 fracción III inciso b) de la Ley de Amparo y ordenó en su oportunidad el emplazamiento de la tercera interesada ... a este juicio de amparo, por medio de edictos, sin que la quejosa haya realizado las gestiones para la publicación de los edictos ordenados, ni manifestado la imposibilidad económica para ello, a pesar de haber sido notificada por medio de lista el nueve de junio de dos mil veintidós, se concluye que ésta incumplió con un presupuesto procesal, como en el caso que nos ocupa lo es la prosecución del procedimiento. En esas condiciones, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EL JUICIO DE AMPARO promovido por Regmar Comercio Exterior Sociedad Civil, contra actos del Juez Trigésimo Octavo de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, por los motivos expuestos, y con fundamento en el artículo 63 fracción II, en relación con el numeral 27 fracción III de la Ley de la materia. Tiene aplicación al respecto, la Jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, visible en la Página 386, cuyo texto y rubro es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Y la jurisprudencia número P./J. 23/2015 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el 11 de septiembre de 2015, Décima Época, que se titula: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL JUZGADOR NO ESTÁ OBLIGADO A IMPONER MEDIDAS DE APREMIO AL QUEJOSO POR INCUMPLIR LA CARGA PROCESAL DE REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013." Ello es así, pues como ya se dijo, la parte quejosa no realizó manifestación en el sentido de tener alguna imposibilidad, para exhibir las constancias que demostraran la publicación de los edictos en los medios y términos correspondientes, ni realizó en sus términos las diligencias encaminadas a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Así, válidamente puede afirmarse que a la fecha no existe justificación alguna para mantener paralizado el presente juicio. Por lo anterior, queda sin efectos la hora para la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y PERSONALMENTE A LOS TERCERO INTERESADOS.
- Principal
(AVISO ) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA NO ACUDIÓ PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LA REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, AL AVISO QUE SE DEJÓ EL 20 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE 14 DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN SÍNTESIS DICE: "Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte la imposibilidad para emplazar a juicio a ..., no obstante que por auto de dieciocho de enero de dos mil veintidós, se ordenó realizar las gestiones necesarias con el objeto de localizar su domicilio, girando oficios a diversas dependencias y se agotaron las diligencias correspondientes, sin lograr resultados favorables. Asimismo, el cuatro de marzo de la presente anualidad, se puso a disposición de la quejosa el extracto correspondiente a los edictos para ser publicados por tres veces, de siete en siete días en el "Diario Oficial" y en un periódico de circulación nacional. Posteriormente, mediante auto de dos de junio del presente año, se levantó la suspensión decretada con motivo del medio de impugnación referido, por lo que continuó transcurriendo el término para que la quejosa recogiera los edictos correspondientes; sin que hasta la fecha hayan manifestado las gestiones para ello, o la imposibilidad económica para sufragar un gasto de esa naturaleza; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en tales proveídos. Lo anterior, da lugar a SOBRESEER el presente asunto, en atención a las siguientes consideraciones: El artículo 17 constitucional, dispone: "Articulo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." El derecho humano contenido en el segundo párrafo, del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza que cualquier persona puede acudir ante los tribunales, y que éstos le administren justicia de forma pronta y expedita, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Además, debe considerarse que la reserva de ley en virtud de la cual el citado precepto constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para normalizar el derecho a la justicia de manera discrecional sino que con esta reglamentación, debe perseguir la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas o etapas previas no previstas en el texto constitucional; retardando o entorpeciendo indefinidamente la función de administrar justicia, estará en contravención con el precepto aludido. Consecuentemente, de la armónica y sistemática interpretación del mencionado dispositivo constitucional, se colige que no es permisible que la impartición de justicia se obstaculice con la falta de interés de la parte quejosa con la intención de paralizar el procedimiento, debiendo prevalecer en todo caso lo ordenado por la Constitución Federal, la cual establece de manera expresa las limitantes a que están sujetos los derechos humanos que ella otorga. De ahí que, si la peticionaria no realizó las gestiones necesarias para emplazar a la tercera interesada, debido a que no demostró los trámites correspondientes, pues no compareció a recoger los edictos, ni exhibió los extractos de publicación en los medios ordenados en los términos establecidos, tampoco manifestó la imposibilidad legal o material para hacerlo, lo cual es indispensable para la continuación del juicio, entonces resulta claro que dicho actuar retarda la función de administrar justicia pronta y expedita en contravención con el precepto constitucional referido. Bajo esos planteamientos, si este Juzgado Federal agotó la investigación a que se refiere el artículo 27 fracción III inciso b) de la Ley de Amparo y ordenó en su oportunidad el emplazamiento de la tercera interesada ... a este juicio de amparo, por medio de edictos, sin que la quejosa haya realizado las gestiones para la publicación de los edictos ordenados, ni manifestado la imposibilidad económica para ello, a pesar de haber sido notificada por medio de lista el nueve de junio de dos mil veintidós, se concluye que ésta incumplió con un presupuesto procesal, como en el caso que nos ocupa lo es la prosecución del procedimiento. En esas condiciones, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EL JUICIO DE AMPARO promovido por Regmar Comercio Exterior Sociedad Civil, contra actos del Juez Trigésimo Octavo de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, por los motivos expuestos, y con fundamento en el artículo 63 fracción II, en relación con el numeral 27 fracción III de la Ley de la materia. Tiene aplicación al respecto, la Jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, visible en la Página 386, cuyo texto y rubro es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Y la jurisprudencia número P./J. 23/2015 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el 11 de septiembre de 2015, Décima Época, que se titula: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL JUZGADOR NO ESTÁ OBLIGADO A IMPONER MEDIDAS DE APREMIO AL QUEJOSO POR INCUMPLIR LA CARGA PROCESAL DE REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013." Ello es así, pues como ya se dijo, la parte quejosa no realizó manifestación en el sentido de tener alguna imposibilidad, para exhibir las constancias que demostraran la publicación de los edictos en los medios y términos correspondientes, ni realizó en sus términos las diligencias encaminadas a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Así, válidamente puede afirmarse que a la fecha no existe justificación alguna para mantener paralizado el presente juicio. Por lo anterior, queda sin efectos la hora para la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y PERSONALMENTE A LOS TERCERO INTERESADOS."
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por el motivo asentado en la certificación de cuenta; en consecuencia, se difiere y se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Considerando que esta determinación no contiene requerimiento con apercibimiento o petición para las autoridades responsables, ni actualiza algún supuesto del artículo 26 de la Ley de Amparo, no es necesario enviarles oficio, y con fundamento en la fracción III del citado numeral, se ordena notificarles por lista este auto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias(s): Común, intitulada: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. NOTIFÍQUESE.
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