Carlos Yáñez Vázquez
Expediente 783/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 783/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/08/2022
Partes del expediente
- Carlos Yáñez Vázquez
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, uno de agosto de dos mil veintidós. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el auto de siete de julio del dos mil veintidós, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, no fue recurrido por alguna de las partes. Causa estado. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2°, se declara que ha causado estado. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Destrucción de expediente. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, pues se trata de un asunto que fue sobreseído el juicio de amparo. Por otra parte, en términos del artículo 21, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Asimismo, una vez transcurrido el término de tres años contado a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido; dentro de los siguientes treinta días, se deberá destruir el expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Relevancia documental. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Valoración. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su destrucción. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siete de julio de dos mil veintidós. Informe justificado y vista. Agréguese al expediente el oficio de cuenta, signado por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y anexo, mediante el cual rinde su informe justificado. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que exhibe Causa de sobreseimiento de oficio. Este órgano jurisdiccional de primera instancia advierte la actualización de sobreseimiento contenida en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la paralización del procedimiento por la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral J/O/427/2018 del índice de la responsable. Ahora, toda vez que la autoridad responsable mencionada en párrafos que anteceden, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, precisando que el cinco de julio del presente año, ordenó cerrar la instrucción en el juicio laboral J/O/427/2018, lo que se corrobora con los proveídos de veintiocho de junio y cinco de julio de dos mil veintidós, en el que con el primero de los citados, la Junta responsable dio vista a las partes para que manifestaran los que a sus intereses conviniera y con el segundo de los citados, ordenó el cierre de instrucción del citado juicio laboral. Asimismo, tomando en consideración que la demanda de amparo fue presentada el quince junio de dos mil veintidós, es evidente que a la fecha de la presentación de la misma, no existía el acto que reclama la parte quejosa, toda vez que estaba subjudice al cierre de instrucción en el juicio laboral J/O/427/2018; de ahí, la inexistencia del acto reclamado en el presente juicio. Por tanto, en el presente juicio lo conducente es sobreseer en torno a dicha autoridad, acorde a lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I.-"." II.-"." III.-"." IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y "." La hipótesis señalada se actualiza cuando de las propias constancias de autos, se desprende que los actos reclamados por el garante constitucional no existen; bajo esas circunstancias el Juez de Distrito decreta el sobreseimiento en el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Sexta época, Tomo VI, Página 236. INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la ley de Amparo." Sobreseimiento fuera de audiencia. Bajo ese orden de ideas, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, puesto que ni aún con la celebración de la misma podría desvirtuarse con prueba alguna tal hecho jurídico; de ahí que resulta innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, esperar a que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. No pasa desapercibido para este órgano de control constitucional, que medularmente la parte quejosa pretende que se dicte el laudo en el juicio laboral J/O/427/2018, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Sin embargo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se aprecia que el cinco de julio del presente año, la responsable proveyó respecto al cierre de instrucción, entendiéndose que aún no se encontraba en la etapa procesal para dictar la citada resolución; de ahí que la omisión de dictar laudo en el juicio laboral número J/O/427/2018, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, es inexistente, dado que el expediente laboral aún no se encontraba en la etapa procesal oportuna para emitir la resolución, motivo por el cual la responsable está impedida para pronunciarse en la forma en que pretende la hoy quejosa. Por tanto, es evidente que no puede existir la omisión que reclama la parte quejosa, pues el estado de autos del juicio natural no permite el dictado del laudo aludido por la parte quejosa, hasta en tanto se tuviera firmeza respecto al cierre de instrucción en el juicio laboral de origen, por lo que el acto que reclama la parte quejosa es inexistente. Es aplicable al respecto, el criterio 1a.XVII/2018 (10a.), sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Libro 52, Marzo de 2018, Tomo I, página 1092, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones." En consecuencia, se deja sin efectos la hora y fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional, misma que estaba fijada para las NUEVE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL OCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese en términos de ley.Así lo acordó y firma de manera electrónica, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Juez Alex Conrad Hayton Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido del Secretario José Luis Castro Coutiño, quien da fe y además certifica que la promoción de cuenta y este acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico, así como firmado electrónicamente y con las evidencias criptográficas correspondientes. Certifico y doy fe.Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siete de julio de dos mil veintidós. Informe justificado y vista. Agréguese al expediente el oficio de cuenta, signado por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y anexo, mediante el cual rinde su informe justificado. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que exhibe Causa de sobreseimiento de oficio. Este órgano jurisdiccional de primera instancia advierte la actualización de sobreseimiento contenida en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la paralización del procedimiento por la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral J/O/427/2018 del índice de la responsable. Ahora, toda vez que la autoridad responsable mencionada en párrafos que anteceden, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, precisando que el cinco de julio del presente año, ordenó cerrar la instrucción en el juicio laboral J/O/427/2018, lo que se corrobora con los proveídos de veintiocho de junio y cinco de julio de dos mil veintidós, en el que con el primero de los citados, la Junta responsable dio vista a las partes para que manifestaran los que a sus intereses conviniera y con el segundo de los citados, ordenó el cierre de instrucción del citado juicio laboral. Asimismo, tomando en consideración que la demanda de amparo fue presentada el quince junio de dos mil veintidós, es evidente que a la fecha de la presentación de la misma, no existía el acto que reclama la parte quejosa, toda vez que estaba subjudice al cierre de instrucción en el juicio laboral J/O/427/2018; de ahí, la inexistencia del acto reclamado en el presente juicio. Por tanto, en el presente juicio lo conducente es sobreseer en torno a dicha autoridad, acorde a lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I.-"." II.-"." III.-"." IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y "." La hipótesis señalada se actualiza cuando de las propias constancias de autos, se desprende que los actos reclamados por el garante constitucional no existen; bajo esas circunstancias el Juez de Distrito decreta el sobreseimiento en el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Sexta época, Tomo VI, Página 236. INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la ley de Amparo." Sobreseimiento fuera de audiencia. Bajo ese orden de ideas, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, puesto que ni aún con la celebración de la misma podría desvirtuarse con prueba alguna tal hecho jurídico; de ahí que resulta innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, esperar a que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. No pasa desapercibido para este órgano de control constitucional, que medularmente la parte quejosa pretende que se dicte el laudo en el juicio laboral J/O/427/2018, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Sin embargo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se aprecia que el cinco de julio del presente año, la responsable proveyó respecto al cierre de instrucción, entendiéndose que aún no se encontraba en la etapa procesal para dictar la citada resolución; de ahí que la omisión de dictar laudo en el juicio laboral número J/O/427/2018, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, es inexistente, dado que el expediente laboral aún no se encontraba en la etapa procesal oportuna para emitir la resolución, motivo por el cual la responsable está impedida para pronunciarse en la forma en que pretende la hoy quejosa. Por tanto, es evidente que no puede existir la omisión que reclama la parte quejosa, pues el estado de autos del juicio natural no permite el dictado del laudo aludido por la parte quejosa, hasta en tanto se tuviera firmeza respecto al cierre de instrucción en el juicio laboral de origen, por lo que el acto que reclama la parte quejosa es inexistente. Es aplicable al respecto, el criterio 1a.XVII/2018 (10a.), sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Libro 52, Marzo de 2018, Tomo I, página 1092, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones." En consecuencia, se deja sin efectos la hora y fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional, misma que estaba fijada para las NUEVE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL OCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Admisión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se ADMITE A TRÁMITE la demanda de amparo que por propio derecho promueve XXXXXX, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 783/2022, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Incidente de suspensión. En el presente caso la parte quejosa no solicitó la suspensión del acto reclamado, razón por la que con fundamento en la fracción I, artículo 128 de la Ley de Amparo, se tramitará sin incidente de suspensión. Domicilio. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en XXXXX, en esta ciudad. Autorizados. Téngase por autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a XXXXXX, por no tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales, asimismo, se tiene por autorizada a XXXX en el mismo término, por así haberlo solicitado la parte quejosa. Medio de contacto. Por otro lado, respecto al número telefónico y correo electrónico que proporciona, como lo establece el artículo 2º, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, serán únicamente para contacto y no un medio para practicar notificaciones. Se tiene a la parte quejosa señalando la vía electrónica para consultar el expediente y oír y recibir notificaciones. En esas condiciones, con apoyo en el artículo 3º de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto número 1/2013 y 21/2020, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, (FIREL), relativo a la consulta de expediente electrónico. Se autoriza a la parte quejosa la consulta y notificación en la vía que solicita, para lo cual refiere que su nombre de usuario es "Cruzperez", en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal, debiendo corroborar sus credenciales de acceso a dicho portal. Se instruye a la Secretaría encargada de la mesa de trámite, para que bajo su más estricta responsabilidad vincule el usuario proporcionado con el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. Ministerio Público. En términos del artículo 5o, fracción IV, de la Ley de Amparo, se corre traslado con copia de la demanda a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Informe justificado. Con fundamento en los principios constitucionales de impartición pronta y expedita de la justicia en los plazos ordenados por la normativa, los cuales son aplicables supletoriamente a este juicio sobre la base de lo establecido en el artículo 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable deberá rendir su informe justificado dentro del plazo de QUINCE DÍAS, contado a partir del momento en que reciba la notificación del presente proveído y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que los actos reclamados, sean ciertos, remita copias certificadas, legibles y completas de las constancias relacionadas, exclusivamente, con la materia de su resolución específica. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64, de la Ley de Amparo, exhórtese a la autoridad responsable para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este Juzgado, pues de no cumplir con esa obligación, se le impondrá una multa de doscientos días de salario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 de la ley de la materia. De igual manera, informe sí es procedente algún recurso o medio de impugnación en contra del acto reclamado, o bien, si se ha promovido diverso juicio de amparo en contra del acto aquí reclamado. En caso de que el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional asiente la razón en sentido de no poder entregar el oficio de emplazamiento respectivo, se ordenará que el peticionario de amparo manifieste la correcta denominación normativa de la correspondiente autoridad, apercibido que en el caso de incumplir no se le tendrá como parte en el juicio. Requerimiento. Requiérase a la autoridad para que informe si el quejoso ha promovido diverso juicio contra el mismo acto reclamado, o bien, si dentro del expediente laboral de donde deriva el acto reclamado, se han promovido diversos juicios de amparo y en su caso, remita las constancias relativas; lo anterior, de acuerdo con la facultad de recabar oficiosamente las pruebas que se estimen necesarias para mejor proveer, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de incumplir lo ordenado, se le impondrá una multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización equivalentes a $19,244.00 (diecinueve mil doscientos cuarenta y cuatro pesos moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. Pruebas. La parte quejosa ofrece prueba documental consistente en el expediente J/O/427/2018, el cual una vez que la autoridad responsable rinda su informe justificado y remita las constancias respectivas, se acordará lo conducente. Reproducción electrónica y entrega de copias. Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. El Secretario de Juzgado encargado del expediente las gestionará sin mayor proveído. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. Tercero interesado. En cuanto a la manifestación de tercero interesado, se determina que no le recae tal carácter, porque el acto reclamado incide solamente en los derechos procesales de la parte quejosa; por consiguiente, no se tendrá en este juicio con tal calidad al señalado. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA. Por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que el trámite de este juicio se publique sin supresión de datos. Fecha y hora de audiencia constitucional. La audiencia constitucional tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL OCHO DE JULIO DEL DOS MIL VEINTIDÓS. No habrá necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) número de registro 2002576]. Listas de acuerdos. Adicionalmente, dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Finalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. Notifíquese en términos de ley.
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