Carlos Xavier Salvatierra Baquerizo

Expediente 1597/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1597/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Carlos Xavier Salvatierra Baquerizo
  • MAYRA JACQUELINE VERA JUNCO y Otros.
  • CARLOS XAVIER SALVATIERRA BAQUERIZO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Notifico a la parte tercera interesada por medio de lista de acuerdos; lo anterior, en términos de los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, así como en cumplimiento a lo ordenado en auto de veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo 1755/2022-VII, promovido por *, en representación de las niñas menores de edad de iniciales *, * y *contra actos del Juez Especializado en Órdenes de Protección de Emergencia y Preventivas en favor de las Mujeres y de Procedimientos No Controvertidos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiséis de diciembre de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, Ma. Cristina Ramírez Ruiz, en representación de las niñas menores de edad de iniciales ********************, ******************** y ********************en la vía indirecta, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Especializado en Órdenes de Protección de Emergencia y Preventivas en favor de las Mujeres y de Procedimientos No Controvertidos. SEGUNDO. Desechamiento y recurso de queja. En auto de veintiocho de diciembre del año próximo pasado se desechó la demanda, el cual fue recurrido por la promovente del amparo. En resolución dictada en sesión ordinaria virtual de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, dentro del expediente 40/2023, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, declaró fundado dicho medio de impugnación. TERCERO. Admisión. En cumplimiento a lo ordenado por la superioridad, en auto de seis de septiembre del presente año se previno a la tutora interina de las niñas de iniciales ********************, ******************** y ********************y, en diverso de veinte de septiembre del mismo año, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida contra los actos reclamados del Juez Especializado en Órdenes de Protección de Emergencia y Preventivas en favor de las Mujeres y de Procedimientos No Controvertidos, que hizo consistir en: ".De la autoridad responsable señalada como responsable: (sic) Reclamo la aprobación del convenio dentro del expediente de controversia familiar 2093/2021, en fecha 3 tres de agosto de 2022 dos mil veintidós, en el Juzgado Especializado en Órdenes de Protección de Emergencia y Preventivas en favor de las Mujeres y de Procedimientos no Controvertidos, y que hacen que mis sobrinas necesariamente tengan que convivir fuera de toda vigilancia con su padre, sin tomar en consideración el interés superior de la infancia. Reclamo la omisión de tomar en cuenta las diversas manifestaciones de las niñas ********************, ********************, respecto a su negativa de convivir con su progenitor, así como, de atender sus necesidades emocionales, expuestas dentro del expediente de controversia familiar 2093/2021, en el Juzgado Especializado en Órdenes de Protección de Emergencia y Preventivas en favor de las Mujeres y de Procedimientos no Controvertidos. Reclamo la omisión de tomar en consideración las advertencias que se han dilucidado en el expediente de controversia familiar 2093/2021, en el Juzgado Especializado en Órdenes de Protección de Emergencia y Preventivas en favor de las Mujeres y de Procedimientos no Controvertidos. Reclamo la omisión de suspender las convivencias de las menores de iniciales ********************, ******************** y ********************con su padre, a pesar de las advertencias que constan dentro en el expediente de controversia familiar 2093/2021, en el Juzgado Especializado en Órdenes de Protección de Emergencia y Preventivas en favor de las Mujeres y de Procedimientos no Controvertidos." SEGUNDO. Trámite. Se solicitaron los informes de ley, se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, quien no presentó pedimento; se ordenó emplazar a los terceros interesados Ana Luisa Ramírez Ruiz y Williams Méndez Loredo; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O I. COMPETENCIA. Este juzgado tiene competencia constitucional y legal por razón de grado, materia y territorio para resolver el juicio, en términos de los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [en seguida: "la constitución"]; 1º, fracción I, 35 y 37 de la Ley de Amparo [posteriormente: "la ley"]; 48 y 54, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, debido a que se trata de una demanda de amparo indirecto sustanciada en primera instancia, en la que se reclama un acto emitido por una autoridad jurisdiccional dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. II. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, en principio deben precisarse los actos reclamados en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que la promovente del amparo, en representación de las niñas de iniciales ********************, ******************** y ********************reclama del Juez Segundo de lo Familiar en el Estado de San Luis Potosí, como autoridad sustituta del Juez Especializado en Órdenes de Protección de Emergencia y Preventivas en favor de las Mujeres y de Procedimientos No Controvertidos: - El convenio de tres de agosto de dos mil veintidós, celebrado entre Ana Luisa Ramírez Ruiz y Williams Méndez Loredo, dentro del juicio de controversia familiar 2093/2021, ahora 508/2023, elevado a categoría de cosa juzgada, en el que se decretó un régimen de convivencias entre Williams Méndez Loredo, y sus hijas de iniciales ********************, ******************** y E.L.M.R. III. CERTEZA DE LOS ACTOS Es cierto el acto que se combate de la autoridad responsable, en atención a que así lo reconoció expresamente la referida autoridad al rendir su informe con justificación. Además, la existencia de la resolución reclamada se corrobora con las constancias que remitió la autoridad judicial en vía de justificación, consistente en copias certificadas del juicio de controversia familiar 2093/2021, ahora 50/2023 de su índice, entre las que se encuentra el citado convenio de tres de agosto de dos mil veintidós, en el que se fijó un régimen de convivencias entre el tercero interesado Williams Méndez Loredo, y sus hijas de iniciales ********************, ******************** y ********************documental a la que se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo según su artículo 2°, toda vez que se trata de documentos públicos expedidos por una autoridad en ejercicio de las facultades que la ley le concede. Tiene aplicación la jurisprudencia 749, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Y la jurisprudencia 226, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153 del Tomo VI, Común, Apéndice 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, con el número de registro 394182, del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". IV. ANÁLISIS DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Atento a la técnica que rige el juicio constitucional, previamente al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse de oficio las causas de improcedencia del juicio de amparo, por ser ello una cuestión de orden público y de examen preferente, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Se cita como apoyo a lo anterior, la jurisprudencia II.1o. J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de título: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.". No se advierte causa de improcedencia que deba analizarse de oficio o que haya sido alegada de forma destacada por alguna de las partes. V. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. 1) Mediante escrito presentado el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, Ana Luisa Ramírez Ruiz, por su propio derecho, promovió juicio de controversia familiar por la guarda y custodia, así como por el pago de una pensión alimenticia respecto de sus menores hijas de iniciales ********************, ******************** y ********************en contra de Williams Méndez Loredo. (Fojas 2 a 13 del anexo) De dicho ocurso de demanda se desprenden a su vez los siguientes antecedentes: Que con fecha catorce de diciembre de dos mil trece, Ana Luisa Ramírez Ruiz y Williams Méndez Loredo contrajeron nupcias, estableciendo su domicilio conyugal en el inmueble ubicado en calle Circonio 730 interior C, Colonia Valle Dorado, en esta ciudad de San Luis Potosí; y, Que de dicha unión procrearon tres hijas, de iniciales son ********************, ******************** y ********************cuyos nacimientos ocurrieron el once de noviembre de dos mil catorce, veinticuatro de septiembre de dos mil dieciséis y treinta y uno de diciembre de dos mil veinte; por lo que actualmente cuentan con las edades de nueve, siete y dos años respectivamente. 2) Por auto de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda en cuestión, quedando radicada bajo el consecutivo 2093/2021 del índice del Juzgado Especializado en Órdenes de Protección de Emergencia y Preventivas en Favor de las Mujeres y de Procedimientos no Controvertidos del Primer Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí. (Fojas 8 a 18 vuelta del anexo) 3) Con fecha diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo audiencia de escucha de las niñas de iniciales ******************** y ********************, levantándose el acta correspondiente, en la que también se decretó que la guarda y custodia provisional de las niñas quedaba a favor de su madre Ana Luisa Ramírez Ruiz; 4) El veinticinco de enero de dos mil veintidós, se emplazó a la parte demandada, Williams Méndez Loredo. 5) El veintidós de marzo de dos mil veintidós se recibió estudio socioeconómico realizado el diecisiete del mismo mes y año, en el domicilio de la actora del juicio principal Ana Luisa Ramírez Ruiz; 6) En audiencia celebrada el tres de agosto de dos mil veintidós, la actora y el demandado celebraron un convenio en el que establecieron la guarda y custodia de las niñas, un régimen de convivencias entre éstas y su padre no custodio y pensión alimenticia, en los siguientes términos: ".PRIMERA. Ambas partes están de acuerdo en que la guarda y custodia de las niñas ********************, ******************** y ********************quede a cargo de su madre, ANA LUISA RAMÍREZ RUIZ, en el domicilio ubicado en calle Circonio 730, Valle Dorado, San Luis Potosí S.L.P. SEGUNDA. Ambas partes están de acuerdo en que el derecho de convivencias de sus hijas ********************, ******************** y ********************con su padre WILLIAMS MÉNDEZ LOREDO, se lleve a cabo los días de lunes a viernes de manera libre con una restricción de horario hasta las 20:00 veinte horas; los días sábados a domingos, iniciando el día sábado a las 14:00 catorce horas y concluyendo el domingo a las 19:00 diecinueve horas, recogiendo a sus hijas el padre no custodio en su domicilio y en donde habrá de entregar a su madre el día y hora acordado. Respecto de la menor ********************no pernoctará con el padre hasta que ingrese a preescolar. En este aspecto, ambos padres se obligan a mantener un trato cordial al momento de interactuar entre ellos, de igual forma a observar la adecuada conducta frente a sus menores hijas, evitando el consumo de cualquier sustancia nociva para la salud en su presencia, procurando en todo momento brindar tiempo de calidad con la menor. De igual forma, ambos padres se comprometen a respetar el libre desarrollo de la personalidad de cada uno de ellos, privilegiando en todo momento la menor afectación para sus menores hijas y una integración de acuerdo a su edad; lo anterior, en salva guarda de su derecho a la identidad. TERCERA. Ambas partes están de acuerdo en que serán responsables de los derechos alimentarios de sus hijas, ANA LUISA RAMÍREZ RUIZ, lo hará al tener integrada a sus hijas al domicilio, en tanto que WILLIAMS MÉNDEZ LOREDO, lo hará otorgando una pensión alimenticia equivalente al 33% treinta y tres por ciento de sus ingresos y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que perciba en su fuente de empleo. Para lo cual están de acuerdo en que se deje insubsistente el oficio que fue mandatado en auto de radicación y se gire uno nuevo con el porcentaje acordado. CUARTA. Para fines del cumplimiento de este convenio, WILLIAMS MÉNDEZ LOREDO, señala como su domicilio el ubicado en calle Avenida de los pinos 643, Unidad Habitacional Fidel Velázquez, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. QUINTA. Ambas partes se comprometen a evitar la realización de cualquier acto de violencia, ya sea entre ellos o en perjuicio de sus menores hijas. En ese contexto, toda vez que el acuerdo celebrado por las partes se encuentra ajustado tanto a la moral como al derecho y a través del mismo se pone solución a la controversia planteada, se aprueba, en todas y cada una de sus partes, el convenio celebrado y ratificado, en este acto, por las partes; por tanto, se eleva a la categoría de cosa juzgada, quedando éstos obligados a estar y pasar por él en todo tiempo y lugar; acorde con lo establecido en los artículos 1140 y 1141 del Código de Procedimientos Civiles. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia, firmando los que en ella intervinieron, quisieron y supieron." (Fojas 154-155 del Anexo) Determinación la anterior que constituye el acto reclamado en esta instancia. VI. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación hechos valer, en atención a la jurisprudencia 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". No obstante, la promovente del amparo, como representante de las niñas de iniciales ********************, ******************** y ********************así como la tutora de ellas, la licenciada Cassandra Mayela Segura Rodríguez, señalan que se violan en perjuicio las niñas, los artículos 1º y 4º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 1, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 9.3, 12.1 y 12.2 de la Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño; VI, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y, 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que no se tomó en cuenta el dicho de las niñas en la audiencia de escucha de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno y tampoco la circunstancia de que las convivencias deben ser de manera progresiva para proteger la estabilidad emocional de las niñas, esto es, que la responsable no tomó en consideración la obligación del estado de velar y cumplir con el principio de interés superior de la niñez, a fin de garantizar de manera plena sus derechos. Ello, porque consideran que existe un riesgo de afectación a las infantes, de convivir de manera abrupta con su padre no custodio, sin valorar las posibles repercusiones que ello podría traer, poniendo en riesgo la integridad física y emocional de las niñas de identidad reservada. VII. ESTUDIO DEL ACTO RECLAMADO. En razón de lo anterior, los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa y la tutora de las niñas de identidad reservada, son fundados y suficientes para conceder la protección constitucional solicitada. Previo a desarrollar el análisis del asunto, debe destacarse que, ante la posibilidad de que el acto reclamado afecte los intereses de las niñas, se suplirá la deficiencia de la queja a su favor, sin que obste la naturaleza de los derechos en cuestión, acorde con la jurisprudencia 191/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.". Sobre el tema, es de relevancia hacer notar que la convivencia de los niños y niñas con sus progenitores es un derecho fundamental de los hijos que viven separados de alguno de sus padres. Al efecto, el legislador ha establecido diversas instituciones jurídicas tendentes a salvaguardar el derecho-deber de los progenitores a participar activamente en la crianza y educación de sus hijos menores de edad y, particularmente, asegurar la convivencia regular de la niña, niño o adolescente con ambos progenitores en contextos de crisis intrafamiliar. Dentro de estas instituciones se encuentran la fijación de la guarda y custodia a cargo de uno de los padres y, paralelamente, el derecho de visitas o régimen de convivencia a favor del otro. Estas figuras son complementarias entre sí y garantizan, bajo estas situaciones extenuantes, el derecho de la niña, niño o adolescente a vivir en familia y convivir con ambos padres, asegurando así el sano desarrollo de su personalidad. Este derecho fundamental se encuentra expresamente contemplado en el artículo 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, al establecer que: "[l]os Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño." Dicho instrumento internacional fue suscrito por el Estado mexicano y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno, mismo que establece en el numeral transcrito que el infante que esté separado de uno o ambos progenitores, tiene el derecho a mantener relaciones personales o contacto directo con ambos, siempre y cuando ello no sea contrario a su interés superior. Por su parte, el artículo 4º constitucional establece en su párrafo octavo y noveno que: "[l]os niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral" "[l]os ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios." El precepto constitucional prevé implícitamente el derecho de los niños y las niñas a convivir con sus padres, pues aquéllos tienen el derecho a un desarrollo integral, lo que evidentemente sólo puede lograrse si mantienen lazos afectivos con el progenitor que no tiene su guarda y custodia. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Amparo Directo en Revisión 3799/2014, de veinticinco de febrero de dos mil quince, en el que determinó como problema jurídico planteado el siguiente: ¿El interés superior de la infancia autoriza restringir la convivencia entre un niño, niña o adolescente y su progenitor cuando existe la posibilidad de que se ejerza violencia en su contra?, sostuvo que las visitas y convivencias entre el padre que no ejerce la guarda y custodia y sus hijos e hijas, sólo deben restringirse o suspenderse cuando el interés superior de la niñez así lo manda. Pues tras analizar el caso concreto, concluyó que el interés superior de la niñez sí autoriza restringir la convivencia entre un niño, niña o adolescente y su progenitor, cuando el aquél es objeto de violencia por parte de dicho progenitor. No obstante, dijo que, como el interés superior del niño también dicta que éste tiene derecho a ser cuidado y educado por sus padres, así como a mantener relaciones familiares, dicha medida sólo debe tomarse en casos que realmente ameriten esa separación. Para justificar ese criterio, precisó que uno de los derechos primordiales de los niños, niñas y adolescentes, radica en no ser separados de sus padres, a menos que ello sea necesario en su interés superior; dijo que este derecho se encuentra directamente relacionado con la patria potestad, ya que si bien ésta es una institución que se encomienda a los padres, dicha encomienda es en beneficio de los hijos, toda vez que se encuentra dirigida a la protección, educación y formación integral de los mismos, cuyo interés es siempre prevalente en la relación paterno-filial. Señaló que esto es así, porque a través de la institución de la patria potestad, ambos progenitores no sólo tienen el deber de representar legalmente a sus hijos y administrar sus bienes, sino que además, y de manera primordial, se encuentran constreñidos a proporcionarles alimentos, habitación, vestido y educación, brindándoles una protección integral en los diversos ámbitos de su vida, como son el físico, psicológico, moral y social. Así, aunque para dar cumplimiento a la función que se les encomienda a través de la patria potestad, ambos padres tienen el derecho de corregir a sus hijos, esa corrección debe ser en un ámbito de respeto a la dignidad del menor, de ahí que ese derecho, no puede utilizarse como estandarte para ejercer actos de violencia sobre los hijos, pues la violencia en cualquiera de sus clases, física, psico-emocional, económica y sexual, no se justifica en ningún caso como una forma de educación o formación hacia el menor, esto es así, porque la patria potestad tiene una función tutelar, establecida en beneficio de los hijos, por ello, cuando la conducta de los padres ponga o pueda poner en peligro la integridad o la formación de un menor, cabe privar o suspender a aquellos de la patria potestad, esto de conformidad con lo que establezcan las leyes de la materia. Asimismo dijo que, cuando los progenitores deciden separarse y sólo uno de ellos ejerce la guarda y custodia, las visitas y convivencias entre el padre que no ejerce la guarda y custodia y sus hijos, sólo debe restringirse o suspenderse cuando el interés superior del menor así lo manda. En ese orden de ideas, como el interés superior del menor constituye un concepto jurídico indeterminado, para decidir cuándo deben restringirse o suspenderse las visitas y convivencias entre los hijos y el padre que no ejerce la guarda y custodia, el juzgador debe analizar en cada caso concreto, cuáles son los hechos y circunstancias que rodean a los menores en torno a los cuales gira la controversia, a fin de resolver lo conducente, atendiendo a lo anterior, dijo que válidamente se puede concluir que el interés superior de la infancia sí autoriza a restringir la convivencia entre un menor y su progenitor, cuando el menor es objeto de violencia por parte de dicho progenitor. No obstante, precisó que como el interés superior del menor también dicta que los menores de edad tienen derecho a ser cuidados y educados por sus padres, así como a mantener relaciones familiares, dicha medida sólo debe tomarse en casos que realmente ameriten esa separación. En efecto, adujo que en la Observación General número 8 del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, se indica que el principio de protección de los niños contra la agresión, incluida la que tiene lugar en la familia, no significa que todos los casos que salgan a la luz de castigo corporal de los niños por sus padres, tengan que traducirse en el enjuiciamiento de los padres, pues atendiendo al principio de minimis -la ley no se ocupa de los asuntos triviales- el cual garantiza que las agresiones leves entre los adultos sólo lleguen a los tribunales en circunstancias muy excepcionales, también aplica para las agresiones de menor cuantía a los niños, esto porque además, la situación de dependencia de los niños y la intimidad característica de las relaciones familiares, exigen que las decisiones de enjuiciar a los padres, o de intervenir oficialmente de otra manera en la familia, deban tomarse con extremo cuidado, pues en la mayoría de los casos no es probable que el enjuiciamiento de los padres redunde en el interés superior de los hijos. Así, precisó que el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, opina que el enjuiciamiento y otras intervenciones oficiales (por ejemplo separar al niño o al autor) deberían tener lugar sólo cuando se considere necesario para proteger al niño de algún daño importante y cuando vaya en beneficio del interés del niño afectado, para lo cual debe tenerse en cuenta su opinión en función de su edad y madurez. Atendiendo a lo anterior, estableció que si existe la posibilidad de que el progenitor de los menores involucrados en la controversia siga ejerciendo actos de violencia en contra de sus hijos, resulta acertado que como parte de esas medidas, se declare que las visitas deben ser vigiladas, ya que de esta forma se respeta la opinión de los menores, se preserva el derecho que tienen a ser cuidados y educados por ambos progenitores, así como a mantener contacto directo con ellos, preservando las relaciones familiares y por otro lado, se satisface la obligación de proteger de manera preventiva a los menores. Esto es así, dijo, pues al restringir la convivencia entre los menores y su progenitor, a fin de que dicha convivencia se realice en un Centro de Convivencia Familiar Supervisada, ello tiene como fin facilitar la convivencia entre los menores y su padre, además de que busca proteger a dichos menores contra toda forma de perjuicio o maltrato por parte de su progenitor. En el ámbito local, los artículos 11 y 269 del Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí, establecen que los menores de edad y todos los que estén sujetos a la patria potestad, tienen derecho a mantener la convivencia cotidiana con sus dos padres, y para lo cual la autoridad judicial deberá tomar siempre las medidas necesarias. De dichos preceptos se sigue que el derecho de convivencia entre padres e hijos no es sólo un derecho de aquellos, sino también de éstos (en la especie, de las menores de edad a que se refiere el juicio natural). Ahora bien, de acuerdo con nuestro sistema jurídico, la familia es la base de la sociedad al constituir un grupo social primario y fundamental; por ello, cuando surgen controversias judiciales que versan sobre la guarda y custodia de niños, niñas o adolescentes, o bien de convivencias entre éstos y el padre o la madre no custodio, se estima que revisten gran importancia, en razón de que tales cuestiones afectan al orden y estabilidad de la familia, pues las controversias en que pueda resultar afectada la situación o los derechos de menores, la sociedad y el Estado tienen interés en que, tanto dichos menores como sus derechos, sean protegidos y salvaguardados. Lo anterior se afirma, porque en las cuestiones que pueden afectar a la familia y principalmente en las concernientes a los menores, el interés no corresponde exclusivamente a los progenitores, ya que la voluntad de éstos no es suficiente para determinar la situación de los hijos; por el contrario, son la sociedad y el Estado los que tienen interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior de la niñez. Para corroborar lo mencionado, es menester aludir al régimen jurídico establecido en nuestra Constitución Federal, específicamente el artículo 4°, así como en los numerales 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 23 y 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y 1, 3, 4, 9, 12 y 20 de la Convención sobre los Derechos del Niño de mil novecientos ochenta y nueve, suscrita por el Gobierno Mexicano, publicada en Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno. De dichos preceptos se advierte primordialmente que se elevó a rango constitucional el derecho que tienen los niños para lograr su desarrollo integral, al reconocerse en el párrafo sexto del artículo 4º de la Constitución Federal, que aquéllos tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Por otro lado, de acuerdo con la ley reglamentaria del párrafo sexto del artículo 4º constitucional, a saber, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tiene como objetivo la protección de los derechos de estas personas, así como asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. Figuran como principios rectores de tal protección, entre otros, el del interés superior de la infancia; el de vivir en familia; el de corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y sociedad; el de la tutela de los derechos humanos y de las garantías constitucionales; que sólo serán separados de sus padres mediante sentencia judicial que legalmente declare la separación, y que las instituciones encargadas de procurar el respeto de los derechos de los menores, tienen entre otras facultades, la de representar legalmente los intereses de los niños ante autoridades judiciales y administrativas, sin contravenir las disposiciones legales aplicables. Sobre el tema -interés superior de la niñez- es una institución jurídica reconocida en los artículos 4°, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno, y el artículo 2 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En efecto, el párrafo 4° de la Constitución Federal dispone: "En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.". Por su parte, el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece: "1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. "2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. "3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.". Y, finalmente, el artículo 2 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dispone lo siguiente: "Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, deberán: I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno; II. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y III. Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados internacionales en la materia. El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector. Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales. Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los Congresos locales y la Legislatura de la Ciudad de México, establecerán en sus respectivos presupuestos, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley.". A partir de lo dispuesto en los enunciados normativos transcritos, el interés superior de la niñez debe ser considerado como un principio regulador de la normativa relativa a los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se funda en la dignidad misma del ser humano, a partir de tener como referente las características propias de quienes son infantes, así como en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades. Así, el interés superior del menor ordena la realización de una interpretación sistemática que tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, Tratados Internacionales y leyes de protección de la niñez; de este modo, el principio de interés superior del menor se consagra como criterio orientador fundamental de la actuación judicial. En consonancia con lo anterior, el interés superior del menor conlleva ineludiblemente a que se tomen en cuenta, al emitirse las resoluciones, aspectos que permitan determinar con mayor precisión el ámbito de protección requerida. Por tanto, este principio implica que el desarrollo de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para todas las autoridades del Estado en la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida de los niños y de las niñas. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 25/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y contenidos: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso Atala Riffo y Niñas, contra Chile (Fondo, Reparaciones y Costas), el veinticuatro de febrero de dos mil doce, estableció que el objetivo general de proteger el principio del interés superior de la niñez es, por sí mismo, un fin legítimo, necesario e imperioso. De tal forma, los Estados deben asegurarse que el interés superior de la niñez prevalezca, como mandato de optimización, en la mayor medida posible, por lo que los niños y las niñas deberán ser sujetos de cuidados especiales o medidas especiales de protección, según lo disponen tanto el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de los tribunales internacionales de derechos humanos, que indican: "Preámbulo: Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, "el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento". "Artículo 19. Derechos del niño. Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado." Así, los cuidados o medidas especiales de protección deberán definirse a partir de los hechos que determinan las circunstancias en las que se encuentren las niñas, niños y/o adolescentes, en cada caso particular. Dichos cuidados o medidas se deberán adoptar con la finalidad de prevenir, o bien, eliminar el eventual estado de vulnerabilidad en que pudieran estar. Quienes son menores pueden ubicarse en una situación de vulnerabilidad por las circunstancias en las que se encuentren. En el mismo tenor, las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, señalan en lo conducente, que los Estados partes deben asegurar la protección y el cuidado del menor que sean necesarios para su bienestar. En las condiciones anotadas, debe concluirse que toda contienda judicial en que se vean involucrados derechos inherentes a los menores, debe resolverse atendiendo al principio básico de el "interés superior del niño", con todo lo que ello implica, entre otras cuestiones, el de procurar allegarse de todos los datos que permitan establecer cuál es la mejor situación para el menor. Hipótesis que en el caso se actualiza, en tanto que el acto reclamado en esta instancia constitucional, versa sobre regulación de convivencias provisionales con el padre no custodio y las menores. Por tanto, como se ha venido manejando, cuando uno de los padres pretende ejercer, a través de la vía judicial, el derecho de convivencia con su hijo o hija, el interés que debe privilegiarse es el de éstos últimos, sobre la base de que se asegure su desarrollo y dignidad; siendo esto lo que justifica el dictado de las medidas judiciales que correspondan para que su goce no sea ilusorio, insuficiente o ineficaz cuando se llegue a decidir la cuestión sustantiva en sentencia definitiva; por tal motivo, se encuentran justificadas las medidas que tome el órgano jurisdiccional a fin de salvaguardar tal derecho de convivencia. Consecuentemente, las medidas judiciales que se dicten respecto del derecho de convivencia de los menores con su familia, deben garantizar su goce. Por tanto, es necesaria la intervención efectiva de la juez natural, en el tópico relativo a la implementación de medidas idóneas y eficaces para lograr la convivencia al ser un derecho sustantivo que debe ser garantizado por los Jueces que conozcan de los asuntos en que estén involucrados menores. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 1a./J.18/2014 (10a.), del rubro y texto siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. En el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión.". Precisado lo anterior, como se adelantó, se estiman fundados los motivos de disenso sintetizados, pues el acto reclamado en este juicio se traduce en la omisión de dictar las medidas necesarias para materializar el régimen definitivo de convivencias familiares entre Williams Méndez Loredo y las niñas de iniciales ********************, ******************** y E.L.M.R. Entonces, no obstante que no se encuentre debidamente demostrado que la convivencia o relación de los infantes con alguno de sus padres, puede ser dañina o riesgosa para el sano desarrollo físico, mental y emocional de éstos, puede limitarse más no prohibirse totalmente ese derecho, que corresponde tanto a los hijos como a ambos progenitores, tomando las medidas de protección adecuadas, atendiendo al caso particular en concreto. En consecuencia, debe ponderarse el bienestar y desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en tratándose del régimen de convivencia, con base en las actuaciones habidas en el expediente de origen, desde luego, dando prioridad al interés superior de la niñez, a fin de afianzar los derechos que tutela el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la intención de asegurar su desarrollo integral como sujetos. Lo anterior en razón de que, se insiste, los sujetos titulares del derecho de convivir con los padres no son éstos últimos, sino los propios hijos, porque sólo de esta manera pueden existir situaciones o circunstancias que afiancen su desarrollo, dignidad y respeto a sus derechos, de modo que se garantice un entorno de seguridad, afecto y salud, que les permita realizarse integralmente. Se cita como apoyo la tesis 1a. CCCVII/2013 (10a.), que dice: "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA O DERECHO DE VISITAS. EN SU IMPLEMENTACIÓN LA AUTORIDAD JUDICIAL DEBE TENER COMO EJE RECTOR EL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. De forma paralela o complementaria a la asignación de la guarda y custodia, el derecho de familia ha previsto una figura conocida como régimen de convivencia o derecho de visitas, mediante la cual se busca asegurar la continuidad de las relaciones personales entre los menores y el progenitor no custodio, sus abuelos y otros parientes o allegados. Al implementar este régimen de convivencia, la autoridad judicial debe considerar el principio de interés superior del menor, al tratarse de un derecho a favor de los menores de edad, independiente a los intereses o derechos de cualquiera de sus padres. En este sentido, el ejercicio del derecho de visitas no es absoluto ni está sujeto a la decisión arbitraria de cualquiera de los padres sino que, atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto, podrá estar limitado de forma temporal, espacial e inclusive modal, para asegurar el bienestar y la estabilidad emocional de los menores involucrados.". En el caso que nos ocupa, de las constancias se desprende que la madre de las niñas, Ana Luisa Ramírez Ruiz, presentó denuncia en contra de Williams Méndez Loredo, por la sustracción de sus hijas, las niñas de iniciales ********************, ******************** y ********************cuyas edades actuales son de nueve, siete y dos años respectivamente, la cual quedó registrada bajo el número de carpeta de investigación FGE/I/D01/35212/22, por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR. Así, obra en el expediente, como se destacó en los antecedentes del asunto en estudio, la audiencia de escucha de menor de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en la que consta lo siguiente: ".Acto seguido, se hace constar que la integridad de las menores se observa en buenas condiciones de salud e higiene, sin presentar signos visibles de violencia; enseguida, se les hace saber, en un lenguaje accesible y amigable, que están aquí para hablar acerca de su familia, se les pregunta si les gusta el lugar, así como si están dispuestas a platicar cuestiones sobre sus papás; asimismo, se les invita a que indiquen si les gustaría estar acompañadas de alguien más. Enseguida, se quedan solas en la sala de audiencia y responden que: ******************** Está cómoda. ******************** Le gusta el lugar. Y encontrándose en un ambiente de comodidad y accesibilidad, se procede a señalarles la función de cada una de las personas presentes, haciéndoles saber que están en este lugar para asegurar su bienestar. En consecuencia, habiéndose sostenido su voluntad y agrado, se procede a formularle la entrevista, en la que manifiestan: ******************** Tiene siete años, vive con su mamá, su papá y sus hermanas. Se lleva mejor con su mamá, quien se hace cargo de hacerle de comer, cuidarla, jugar con ella, ir por ella a la escuela. Su papá a veces se enoja y es por eso que le gusta más estar con su mamá, a veces le da miedo que su papá se enoje, manifiesta que alguna vez le llegó a pegar su papá y no le gustaría vivir con él. Le gustaría cambiar el carácter de su papá porque le dice muchas maldiciones a su mamá y eso le rompe el corazón. Manifiesta que en una ocasión su papá aceleró el coche y casi la atropella un día que estaba enojado, tampoco dejaba que su mamá entrara a la casa. ******************** Tiene cinco años, vive con sus papás y sus hermanas, le gusta vivir con su mamá y con su papá no, porque es un villano, se lleva las cosas de su mamá y de ella. Su mamá es quien se hace cargo de alimentarla, lavarle la ropa, cuidarla y ayudarle con la escuela. Le gustaría ver a su papá pero no le gustaría vivir con él. En este momento se le da el uso de la voz al Tutor Licenciado Luis Fernando Niño Ibarra, quien expresa: 'manifiesto mi conformidad con la presente escucha de mano, misma que se llevó de acuerdo a los protocolos de Niñas, Niños y Adolescentes'. Asimismo, hace manifestaciones la representación del Ministerio Público, Licenciada Perla Rocío Nieto Esparza: 'solicito a su señoría tome en consideración lo manifestado por los menores para que al momento de resolver proteja el interés superior de los mismos'. Con lo anterior se da por terminada la presente diligencia firmando los que en la misma intervinieron y quisieron hacerlo. DOY FE." (Foja 44 del Anexo) Asimismo, obran en el expediente que remitió la responsable, copias certificadas de los expedientes 2082/2021 y 108/2022, relativos a las medidas de protección solicitadas por Ana Luisa Ramírez Ruiz, en las que se destacan los siguientes hechos: ".El pasado sábado 13 de noviembre del año 2021, aproximadamente a las 10:20 horas, me encontraba en compañía de mis tres menores hijas y con mi agresor, el C. WILLIAMS MÉNDEZ LOREDO comenzó a agredirme verbalmente, y como consecuencia salió del domicilio conyugal para ir a la casa de su familia. Aproximadamente a las 15:00 horas mientras yo me encontraba en la sala de mi domicilio conyugal en compañía de mis hijas escuché que tocaban fuertemente la puerta, razón por la cual me dirigí a verificar quien llamaba a la puerta y me pude percatar que se trataba de WILLIAMS quien no podía acceder al domicilio porque la puerta yo la tenía cerrada por dentro, él comenzó a golpear fuertemente la puerta, consiguió meter la mano por la ventana y logró abrir la puerta, entró muy enojado, me insultó y le dije que llamaría a la policía para solicitar ayuda y me arrebató el teléfono arrojándolo hacia la calle, de inmediato salí para recogerlo y llamar a emergencias, sin embargo, él sólo tomó a mis hijas ******************** y E.L.M.R. y se salió de la casa cerrando por fuera, le grité que dejara a mis hijas, pero no me quiso escuchar y arrancó, yo iba corriendo detrás del coche para suplicarle que me las regresara pero no quiso y se fue rumbo a la AV. Rutilio Torres." (Fojas 379 a 391 del Anexo) ".Desde que sucedió la separación entre la suscrita y mi agresor, la situación de violencia en la que me encuentro no ha cesado, pues, a partir del 17 de enero de 2022 y a diferentes horas del día, familiares de mi agresor continuamente pasan afuera de mi domicilio ubicado en SIRCONIO NÚMERO 730 INTERIOR C, COLONIA VALLE DORADO, C.P. 78398 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., y se quedan vigilando y tomando fotografías del mismo, sin embargo, al asomarme por la ventana he logrado visualizar que dentro de los coches se ha presentado mi agresor y al percatarse de que lo veo se retiran del lugar. Esto me causa inseguridad y desasosiego por la situación de vulnerabilidad de mis menores hijas y la suscrita, de que mi agresor cometa un acto de violencia de imposible reparación y como ya lo ha manifestado anteriormente y de lo cual he hecho conocedor a este H. Juzgado, tengo temor fundado de que me agreda física y verbalmente, estoy al cuidado de mis menores hijas y rodeada de toda esta situación que no me permite vivir tranquila, no me siento segura en mi domicilio por el temor de que mi agresor lleve a cabo actos de violencia." (Fojas 468 a 471 del Anexo) Además de lo anterior, obran en el expediente de origen pruebas relacionadas con el tópico que nos ocupa, a saber: el estudio socioeconómico realizado el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, elaborado por la trabajadora social María Magdalena Márquez Pérez, en el domicilio de la actora Ana Luisa Ramírez Ruiz; así como informe de fecha diez de octubre de dos mil veintidós, respecto de las convivencias en dicho domicilio entre el padre no custodio y sus hijas, del que se desprende que se asentó por parte de dicha trabajadora, lo siguiente: ".El ocho de octubre de la presente anualidad, siendo las 13:50 trece horas con cincuenta minutos, me constituí en el domicilio de la señora Ana Luisa Ramírez Ruiz, ubicado en calle Circonio, número 730-C, fraccionamiento Valle Dorado de esta ciudad, en donde una vez que se me dio acceso a dicho inmueble, le manifesté a la señora y a sus hijas, el motivo de mi presencia; posteriormente, a las 14:00 catorce horas, llegó al lugar Williams Méndez Loredo, padre de las infantes, quien les llevó huevitos kínder, así como libros y plumones para colorear. Luego, al preguntarle a las niñas ******************** y ******************** si era su deseo convivir con su papá, yendo a pasear, o bien, quedándose en casa a jugar con él, ambas manifestaron que no; ahora, por lo que respecta a ********************se advirtió que cuando la niña vio al señor, comenzó a decir 'papá', por lo que el señor pedirle los brazos, la niña se acercó a él y la cargó y, en ese momento, le dio un huevito kínder; después, el padre de las niñas les ofreció las golosinas a ******************** y ********************, la primera de ellas no lo quiso aceptar y la segunda, después de insistirle en repetidas ocasiones, lo tomó. Ahora bien, minutos después, con el fin de que pudieran llevarse a cabo las convivencias, pasé con las niñas ******************** y ******************** a su cuarto para platicar y volver a preguntar si querían estar con su papá, pero ambas manifestaron que no, pues su padre les provoca miedo, añadiendo ******************** que cuando su papá ha estado en casa se molesta y le grita a su mamá, que lo que querían hacer era quedarse en casa y jugar con su mamá. Por otra parte, le pregunté a la madre de las niñas si tenía inconveniente en que la convivencia se llevara únicamente entre el señor Williams Méndez Loredo y la niña E.L.M.R. en la planta baja del hogar, a lo que me respondió que no se oponía a que conviviera con las niñas, siempre y cuando sea en un lugar público, pues han tenido diversos incidentes que la hacen sentirse insegura si el señor se queda en casa. Hecho lo anterior, bajé a la sala, en donde el señor y la niña E.L.M.R. se encontraban viendo videos animados y usando el libro para colorear; finalmente le hice saber al padre de las menores que ******************** y ******************** no querían llevar a cabo las convivencias, por lo que siendo las 14:40 catorce horas con cuarenta minutos se retiró del hogar." (Foja 190 del Anexo) Obra también el informe fechado el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, rendido por la licenciada en psicología Luz Rocío Alvarado Loredo, profesionista adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, el cual es del tenor siguiente: ".a) Cuál es el seguimiento a la terapia individual que reciben las niñas de identidad protegida M.A.M.R. (sic) y ********************, y si ésta tiene el mismo objetivo que la terapia grupal. En el servicio de terapia individual, se establecen objetivos en conjunto con la madre de las niñas, acorde a las necesidades emocionales que ellas tengan. Los objetivos y el seguimiento de la terapia es trabajar emociones de miedo, seguridad y modificación de problemas de conductas que manifiestan las niñas, como conductas agresivas y resistencias por enojo. En cuanto a la intervención grupal de nombre 'Modelo de Atención de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia Familiar' tiene como objetivo brindar a las madres asistentes estrategias de crianza positiva y evitar replicar violencia hacia hijas e hijos que han vivido en un entorno de violencia; y para los niños y niñas construir un espacio de confianza en donde adquieran información clara sobre lo que es la violencia, distinguiéndola como un fenómeno que se construye culturalmente; además que reconozcan las emociones que les provoca el verla o vivirla, expresar esas emociones y no normalicen la violencia y sepan a donde recurrir a pedir ayuda. b) Si corroboró la existencia de violencia en el entorno familiar de las niñas. El artículo 2º de la Ley del Centro de Justicia Para las Mujeres marca que nuestro objetivo general es 'asesorar, apoyar y acompañar a las mujeres víctimas de violencia y en su caso a sus menores hijos e hijas' por lo que nuestro organismo descentralizado no es un organismo investigador, motivo por el cual no es posible corroborar la existencia de violencia. Sin embargo, para su atención, CONAVIM nos marca que se considera que un niño, niña o adolescente es víctima de violencia familiar cuando vive en un contexto familiar en el que la realidad cotidiana está regida por la violencia (emocional, física, económica). Contando con este dato, toda vez que la C. Ana Luisa Ramírez Ruiz tiene una carpeta de investigación en su agravio a cargo de la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer y de la cual dicha institución solicitó colaboración para su atención como lo señala el artículo anteriormente citado. c) Señale si ha brindado todas las herramientas respecto al tema de separación de sus progenitores, debiendo complementar su información con el análisis de las pruebas aplicadas, informando qué test o baterías utilizó en las menores, o bien, explique si existe impedimento para ello. El tema de separación de padres, en sí, no es tema objetivo en el tratamiento al no ser referido por las niñas como el generador de su malestar emocional. Lo que ellas manifiestan en sus discursos y conductas es que el principal generador de su malestar es efecto de la utilización de hijas e hijos en conflictos parentales, situación generada por ambos padres." (Fojas 290 a 291 del Anexo) De igual manera obra el diverso informe rendido con fecha veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, por la trabajadora social María Magdalena Márquez Pérez, en el que la profesionista expuso: ".El dieciocho de marzo de la presente anualidad, siendo las 13:50 trece horas con cincuenta minutos, me constituí en el domicilio de la señora Ana Luisa Ramírez Ruiz, ubicado en calle Circonio, número 730-C, fraccionamiento Valle Dorado de esta ciudad, en donde una vez que se me dio acceso a dicho inmueble, le manifesté a la actora el motivo de mi presencia; posteriormente, a las 14:00 catorce horas, llegó al lugar Williams Méndez Loredo, padre de las infantes, a efecto de dar inicio a las convivencias, al efecto, E.L.M.R. se acercó a su papá y le dio los brazo, ******************** se acercó con su papá y su hermana menor ******************** se quedó sentada en un sillón junto con su madre que se encuentra en la planta baja del hogar; posteriormente, el señor Williams Méndez Loredo tomó de la mano a E.L.M.R. y la llevó a su carro que se encontraba estacionado al inicio del andador, en donde sacó una bolsa negra grande y de la misma tomó un juguete que le entregó a la infante y, tomó dos más para sus otras hijas, mientras tanto ******************** se quedó en la puerta observando a su padre y hermana, luego se acercó a ellos; regresaron al domicilio y las niñas comenzaron a jugar con los regalos que les dio su papá; de igual forma, se les explicó a las partes la dinámica de las convivencias, pues al haber acercamiento entre dos de las menores y su padre, podían salir del domicilio con él -de acuerdo al convenio que existe entre las partes- y, atendiendo que E.L.M.R. no puede pernoctar fuera de casa, el padre de las niñas manifestó que regresaría a las 19:00 diecinueve horas, siempre y cuando las infantes quisieran; siendo así, el señor comentó que su deseo era llevar a sus hijas por una nieve a un lugar cercano de la colonia, o bien, acudir a la Macro plaza o plaza Sendero, por lo que invitó a E.L.M.R. y ********************, la primera asentó con la cabeza que sí ante la propuesta de su papá al preguntarle que si iban por una nieve, la segunda en mención, dijo que no, que ella se quedaba en casa; a su vez, la señora Ana Luisa, manifestó su inquietud respecto al horario de convivencia, pues manifestó que E.L.M.R. se encuentra en estado de lactancia -situación que se corroboró previo a la llegada del padre de las niñas- por lo que se propuso a ambas partes que el horario de convivencia podía ser de las 14:30 catorce horas con treinta minutos a las 17:00 diecisiete horas, a lo que ambos estuvieron de acuerdo, asimismo, les proporcioné mi número telefónico a efecto de tener un seguimiento de dichas convivencias; posteriormente, el señor Williams y la niña ********************se dirigieron a su carro, en donde me informó que, por cuestión de practicidad, iría en compañía de su abogada Celia Gabriela Cárdenas Banda, sin embargo regresó a la casa de la actora para volver a invitar a ******************** pero la misma dijo que no, en ese momento la señora Ana Luisa le preguntó a E.L.M.R. si iba a ir con su papá; volvieron a dirigirse a su carro y al momento de acomodar los asientos para subir a la niña, esta comienza a decir mamá y señalar su casa, por lo que nuevamente se dirigen al hogar; después, se busca la manera de llevar a cabo las convivencias, pero ante las manifestaciones de ambas partes, se advierte que hay un desacuerdo en torno a dar seguimiento a las convivencias, por lo que por medio de llamada telefónica solicité a la titular del juzgado autorización para supervisar las convivencias en el hogar de la actora, hecho lo anterior, se les informó a los interesados que las convivencias se llevarían en la casa. Seguidamente, me permito informar el desarrollo de las convivencias entre **************************************** y su padre, de la siguiente manera: la convivencia inició a las 14:40 catorce horas con cuarenta minutos y, tuvo lugar en la puerta del domicilio en el que me constituí -pues dentro de las manifestaciones realizadas por la señora, comentó que por una orden que tiene, el señor no puede ingresar al domicilio- jugaron con los juguetes que les dio su papá -muñecos de plástico- asimismo, su papá les dio dos bolsas pequeñas de Sabritas (Ruffles y Churrumais), luego el señor le puso videos animados a E.L.M.R. mientras estaba sentado con él y comenzaron a cantar, por lo que hace a ******************** seguía jugando y a la vez, veía videos animados, mismos que estaban viendo la actora y ********************, sentadas en el sillón que se encuentra en la planta baja del hogar. Siendo las 15:20 quince horas con veinte minutos, E.L.M.R. se dirigió con su mamá y señaló la televisión a efecto de que pusiera videos, por lo que la señora lo hizo, la cargó y se sentó con ella, estando al lado de ellas ********************, pasado un momento, solo . se quedaron las menores sentadas en el sillón; mientras tanto E.L.M.R. siguió jugando con su papá, pero a la vez, llamaba su atención los videos que sus hermanas estaban viendo en la televisión. Posteriormente, E.L.M.R. le preguntó a su papá si ya se iba, a lo que él le respondió si ya quería que se fuera y, ella le dijo que si, porque quería bañar a su perrito -juguete que le regaló- y no quería que lo viera sin ropa, también le preguntó que si mañana iba a regresar -o sea el domingo- porque luego están espere y espere, a lo que él le contesta que sí va a visitarlas nuevamente; a las 16:00 dieciséis horas aproximadamente el padre de las niñas comenzó a despedirse, le hablaron a E.L.M.R. para despedirse, pero se quedó en el sillón donde estaba su mamá y su hermana mayor, por lo que el señor se despidió de ella de lejos. Finalmente, siendo las 16:04 dieciséis horas con cuatro minutos el padre de las niñas se retiró del hogar. Ahora bien, respecto al desarrollo de la convivencia, cabe señalar que la comunicación e interacción por parte de padre e hijas se mantuvo activa; respecto a ******************** estuvo en todo momento sentada en el sillón en comento, a veces en compañía de su mamá, no obstante, en dos ocasiones se paró y observó de lejos lo que hacían sus hermanas con su papá, pero no se integró a la convivencia." (Fojas 299-300 del Anexo) De lo anteriormente expuesto se desprende que, en el régimen de convivencias establecido en el convenio elevado a cosa juzgada de tres de agosto de dos mil veintidós, no se tomó en consideración lo manifestado por las niñas ******************** y ********************, respecto a su relación con el padre no custodio Williams Méndez Loredo y que, derivado de los desacuerdos que existen entre padre y madre, ha venido impactando en la relación entre las niñas y aquél; es de advertirse igualmente que por lo que se refiere a la niña ********************quien es la menor de las tres hijas, expresa mayor afecto y aceptación a la convivencia con su padre. Sin embargo, es evidente que el régimen establecido en el citado convenio, el cual inclusive no ha podido llevarse a cabo conforme a lo estipulado, no observó de manera alguna la voluntad de las niñas, mucho menos las pruebas que obran en autos; por lo que, atendiendo a la facultad expresa con que cuenta la autoridad, debió allegarse de valoraciones psicológicas al padre y a las niñas, así como el estado que guarda la indagatoria iniciada en contra del ahora tercero interesado, por el delito de violencia familiar y/o trabajo de campo sobre las condiciones y entorno en el que vive el solicitante de las convivencias. Tampoco se tomaron en cuenta las manifestaciones que la tutora realizó mediante ocurso presentado ante la responsable el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, en el sentido de que sugería que por el momento no era conveniente que las niñas convivieran con su padre no custodio hasta en tanto se desahogara una nueva audiencia de escucha, toda vez que habían transcurrido más de once meses de la que ya se había llevado a cabo y que por tratarse de cuestiones familiares, las circunstancias y el grado de madurez de las niñas habían cambiado, por lo que consideraba importante escuchar su sentir y querer actual. Respecto de lo cual, el entonces juez del procedimiento dijo que no existía materia para realizar de nueva cuenta una escucha de menor, pues de hacerlo se podría re victimizar a las niñas, máxime, que ya se les había escuchado y que con base en ello es que se había llevado a cabo el convenio con fecha tres de agosto de dos mil veintidós. De ahí que, con base en lo anterior, en respeto al interés superior del niño, esta Juzgadora estima que si bien el juez responsable debe realizar las acciones oportunas y necesarias con la finalidad de lograr la convivencia de Williams Méndez Loredo y las niñas de iniciales ********************, ******************** y E.L.M.R.; sin embargo, también es su deber analizar el caso concreto, valorando los hechos y circunstancias que rodean a las infantes en torno a los cuales gira la controversia, a fin de resolver lo conducente a dicha convivencia, aún ante el hecho de que exista un convenio entre los padres, el cual inclusive no se ha desahogado conforme a lo pactado, pero además, porque en tratándose de niñas, niños y adolescentes, impera el principio de superioridad del interés de éstos. Por ello es que, tiene el deber, en tratándose de niñas, niños y adolescentes, de allegarse de manera oficiosa de los medios probatorios necesarios para determinar si hay o no riesgo para las infantes, en el supuesto de que se lleven a cabo dichas convivencias sin supervisión y en su momento, al tener los resultados, mantenerla supervisada, o bien, imponer las modalidades que en protección y beneficio de las menores considere pertinentes, o en su caso cambiarla sin condicionante alguna, pero entre tanto se obtienen esos datos, debe privilegiar la seguridad de las niñas y del entorno donde se realicen las convivencias (por la edad de las menores, actualmente de nueve, siete y dos años; como medida para que las niñas no presencien discusiones o alteraciones entre los padres o familiares; así como para evitar exponerlas a riesgo alguno y a fin de observar directamente cómo se desarrolla la convivencia entre el padre no custodio y las infantes, de acuerdo a sus edades), salvaguardando los dos derechos [el de convivencia de los padres e hijos y la de que éstas se desarrollen en un ambiente seguro y libre de violencia en favor de las menores]. Lo anterior, pues basta el posible riesgo en que pudiera ponerse a las niñas para decretar las convivencias bajo ciertas modalidades que brinden seguridad a las mismas y no se les ponga en peligro de violencia, en cualquiera de sus clases, ya sea física, psico-emocional, económica y/o sexual. Además de que, como ha podido observarse de los informes de convivencias de la trabajadora social, cuando se han llevado a cabo de manera supervisada, dichas convivencias se llevan de una mejor manera, tanto para los padres pero especialmente para las niñas. Consecuentemente, y en reparación del derecho humano violado, procede otorgar la protección de la Justicia Federal que se solicita. VIII. EFECTOS DE LA CONCESIÓN De conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, se precisa que la protección constitucional se concede para el efecto de que el Juez Segundo de lo Familiar en el Estado: 1. Deje insubsistente el convenio de tres de agosto de dos mil veintidós, celebrado entre A* y *o, dentro del expediente derivado de la controversia familiar *, ahora *, únicamente en cuanto al régimen de convivencias entre el padre no custodio y sus hijas de identidad reservada de iniciales ********************, ******************** y E.L.M.R. 2. Emita una nueva en la que decrete un régimen provisional de convivencias de manera supervisada, con libertad de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada y tomando en consideración los elementos que hasta el momento obren en autos, establezca los lineamientos en los que habrá de realizarse dicho régimen provisional de convivencias, incluyendo su duración y las condiciones que estime pertinentes, siempre velando por el interés superior de las infantes. Esto es, debe ponderarse el bienestar y desarrollo de las niñas de identidad reservada, con base en las actuaciones habidas en el expediente de origen, desde luego, dando prioridad al interés superior de aquellas, a fin de afianzar los derechos que tutela el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la intención de asegurar su desarrollo integral como sujetos. Lo anterior en razón de que, se insiste, los sujetos titulares del derecho de convivir con los padres no son éstos últimos, sino los propios niños, porque sólo de esta manera pueden existir situaciones o circunstancias que afiancen su desarrollo, dignidad y respeto a sus derechos, de modo que se garantice un entorno de seguridad, afecto y salud, que les permita realizarse integralmente. Se cita como apoyo la tesis 1a. CCCVII/2013 (10a.), que dice: "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA O DERECHO DE VISITAS. EN SU IMPLEMENTACIÓN LA AUTORIDAD JUDICIAL DEBE TENER COMO EJE RECTOR EL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. De forma paralela o complementaria a la asignación de la guarda y custodia, el derecho de familia ha previsto una figura conocida como régimen de convivencia o derecho de visitas, mediante la cual se busca asegurar la continuidad de las relaciones personales entre los menores y el progenitor no custodio, sus abuelos y otros parientes o allegados. Al implementar este régimen de convivencia, la autoridad judicial debe considerar el principio de interés superior del menor, al tratarse de un derecho a favor de los menores de edad, independiente a los intereses o derechos de cualquiera de sus padres. En este sentido, el ejercicio del derecho de visitas no es absoluto ni está sujeto a la decisión arbitraria de cualquiera de los padres sino que, atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto, podrá estar limitado de forma temporal, espacial e inclusive modal, para asegurar el bienestar y la estabilidad emocional de los menores involucrados.". Atento a lo expuesto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76, y demás aplicables de la Ley de Amparo, se resuelve: 3. De manera inmediata, ordene y vigile el desahogo de las pruebas que se encuentren pendientes por desahogar en el sumario natural, así como, de manera enunciativa más no limitativa: - La valoración psicológica de Williams Méndez Loredo, a efecto de que se determine si están dadas las condiciones de acuerdo a su estado emocional, para que se lleve a cabo una convivencia sana con sus hijas; además, - Del informe que rinda la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Atención a la Mujer, en la carpeta de investigación , que se inició a , por el delito de violencia familiar. - Asimismo, se allegue de los medios de convicción que acrediten: I. Las condiciones concretas del padre no custodio, que pudieren incidir para conocer los riesgos concretos de exposición de las niñas y la viabilidad del empleo de medidas de protección; y II. Los factores externos que influyan en el desarrollo de la convivencia. 4. Hecho lo anterior, con base en el cúmulo probatorio descrito y en los indicios precisados en este fallo, resuelva conforme a derecho si la convivencia aludida debe continuar en la modalidad precisada o puede establecerse de manera distinta. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en lo establecido por los preceptos 73, 74, 77 y 107 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a las niñas de iniciales , y contra el acto precisado en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso séptimo y para los efectos precisados en el último considerando de este propio fallo.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA

  3. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio y su anexo, signado por el Director de Normatividad de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, del que se advierten las gestiones que se encuentra realizando a efecto de dar cumplimiento a la sentencia pronunciada en este juicio, particularmente que convocó a diversas Direcciones de esa Secretaría, para que el doce de octubre pasado, se llevara a cabo la primer mesa de trabajo relativa a la elaboración de la Norma Técnica estatal ahí señalada. Requerimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la aludida autoridad, para que dentro del plazo de tres días, computados a partir de la recepción del comunicado que al efecto se derive, haga del conocimiento de este juzgado los acuerdos y resultados obtenidos en la mesa de trabajo a que se refiere, remitiendo desde luego copia certificada de las constancias que así lo acrediten. En la inteligencia de que subsiste el apercibimiento decretado en proveído de diez de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese por medio de lista; y por oficio a la autoridad responsableLo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese únicamente a estos autos el oficio signado por el Jefe de Departamento de lo Contencioso Administrativo de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; sin que haya lugar a emitir mayor pronunciamiento, en virtud de que en proveído de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, se acordó lo conducente a su contenido.

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