Carlos Villarruel Orozco
Expediente 1305/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 14 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1305/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 07/01/2019
Partes del expediente
- Carlos Villarruel Orozco
- Jefe de la Oficina Recaudadora Número 11 en Atotonilco El Alto, Jalisco
- Rafael Galindo Muñoz y Otros.
- Carlos Villarruel Orozco y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Visto lo de cuenta, se advierte que en acuerdo de catorce de diciembre de dos mil dieciocho (foja 147), se dio vista a la parte quejosa con las constancias aportadas por la responsable, en cumplimiento al fallo protector, por el término de tres días, a efecto de que manifestara lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omiso, este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que obren en autos. Dicho acuerdo fue notificado el veinte de diciembre de dos mil dieciocho (foja 149), lo que se aprecia de la constancia de notificación correspondiente, sin que desahogara dicha vista. Ahora bien, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Mediante sentencia de doce de julio de dos mil dieciocho (fojas 86 a 97), por una parte se sobreseyó y por la otra se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: ".se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por la parte quejosa, para los efectos siguientes: a) Se desincorpore de su esfera jurídica la aplicación del artículo 16, fracción I, incisos a) y h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho. b) La autoridad que de acuerdo con sus facultades corresponda, en el caso, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco. b1) Aplique a la parte quejosa la cuota de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), misma que es la cantidad mínima contemplada en el inciso a), párrafo tercero del mencionado artículo 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, por concepto de registro de actos, contratos o resoluciones judiciales; y, por otra, por lo que hace al inciso h) de la fracción I del citado precepto legal, se desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa, es decir, para que deje de pagar la tarifa prevista en dicha fracción, inciso y numeral. b2) Por consiguiente, deberá devolver la cantidad que, descontando el citado monto, pagó por concepto de derechos de registro del acto jurídico en el Registro Público de la Propiedad, mediante recibo oficial número A 38590523, respecto del inmueble descrito en la escritura pública número veinticuatro mil setecientos sesenta y cinco, otorgada ante la fe del notario público seis de San Francisco del Rincón, Guanajuato, respecto del cual se pagó cantidad superior a la cuota mínima establecida en el dispositivo legal combatido. En el entendido que la devolución de la diferencia que resulte deberá comprender la actualización de acuerdo con los numerales aplicables del Código Fiscal del Estado de Jalisco, y versar sólo en lo que exceda a la tarifa mínima. Asimismo, cabe precisar que la devolución de las cantidades enteradas por la parte quejosa no comprende el pago de intereses que se hayan generado, porque la sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad de las normas que prevén un tributo o derecho, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la obligación tributaria respectiva, lo cual se colma con la devolución de la cantidad pagada por concepto de las contribuciones declaradas inconstitucionales y su actualización, pero no comprende el pago de intereses, pues éstos participan de una naturaleza indemnizatoria, que no constituye un efecto del fallo protector." Mediante acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 111 a 113), se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió a la responsable por el cumplimiento al fallo protector. Luego, en proveído de catorce de diciembre de dos mil dieciocho (foja 147), se dio vista a la parte quejosa con el comunicado remitido por la responsable, al que acompañó copia certificada de diversas constancias de las que se advierte que el representante legal de la parte quejosa se presentó en las instalaciones que ocupa la Secretaría de Hacienda Pública, a fin de recoger el cheque número 1768961, valioso por la cantidad de $7,034.27 (siete mil treinta y cuatro pesos 27/100 moneda nacional), cumpliendo así con lo exigido en la sentencia dictada en autos. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, este juzgado, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedido por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Por lo tanto, de conformidad con el tercer párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente, se estima que la responsable en el presente expediente, acató el fallo protector en su totalidad, sin excesos ni defectos, lo que se demuestra con las documentales señaladas con anterioridad, pues la responsable desincorporó de la esfera jurídica el artículo tildado de inconstitucional y devolvió la cantidad resultante por la aplicación del mismo. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del arábigo 196, en correlación con el 214 de la ley de la materia; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. En virtud de que el presente asunto no encuadra en ninguna de las hipótesis de destrucción previstas en alguno de los supuestos del Capítulo Quinto, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente; este órgano jurisdiccional considera, que el presente juicio de garantías es susceptible de depuración, en virtud de que en él, se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; asimismo, es preciso señalar que el presente asunto no es de relevancia documental. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
RAZÓN POR AVISO PRAL: DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) EN RELACIÓN CON EL 29, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA Y SE PUBLICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE SIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, MISMO QUE EN SÍNTESIS DICE: "Visto lo de cuenta, se advierte que en acuerdo de catorce de diciembre de dos mil dieciocho (foja 147), se dio vista a la parte quejosa con las constancias aportadas por la responsable, en cumplimiento al fallo protector, por el término de tres días, a efecto de que manifestara lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omiso, este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que obren en autos. Dicho acuerdo fue notificado el veinte de diciembre de dos mil dieciocho (foja 149), lo que se aprecia de la constancia de notificación correspondiente, sin que desahogara dicha vista. Ahora bien, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Mediante sentencia de doce de julio de dos mil dieciocho (fojas 86 a 97), por una parte se sobreseyó y por la otra se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: ".se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por la parte quejosa, para los efectos siguientes: a) Se desincorpore de su esfera jurídica la aplicación del artículo 16, fracción I, incisos a) y h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho. b) La autoridad que de acuerdo con sus facultades corresponda, en el caso, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco. b1) Aplique a la parte quejosa la cuota de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), misma que es la cantidad mínima contemplada en el inciso a), párrafo tercero del mencionado artículo 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, por concepto de registro de actos, contratos o resoluciones judiciales; y, por otra, por lo que hace al inciso h) de la fracción I del citado precepto legal, se desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa, es decir, para que deje de pagar la tarifa prevista en dicha fracción, inciso y numeral. b2) Por consiguiente, deberá devolver la cantidad que, descontando el citado monto, pagó por concepto de derechos de registro del acto jurídico en el Registro Público de la Propiedad, mediante recibo oficial número A 38590523, respecto del inmueble descrito en la escritura pública número veinticuatro mil setecientos sesenta y cinco, otorgada ante la fe del notario público seis de San Francisco del Rincón, Guanajuato, respecto del cual se pagó cantidad superior a la cuota mínima establecida en el dispositivo legal combatido. En el entendido que la devolución de la diferencia que resulte deberá comprender la actualización de acuerdo con los numerales aplicables del Código Fiscal del Estado de Jalisco, y versar sólo en lo que exceda a la tarifa mínima. Asimismo, cabe precisar que la devolución de las cantidades enteradas por la parte quejosa no comprende el pago de intereses que se hayan generado, porque la sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad de las normas que prevén un tributo o derecho, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la obligación tributaria respectiva, lo cual se colma con la devolución de la cantidad pagada por concepto de las contribuciones declaradas inconstitucionales y su actualización, pero no comprende el pago de intereses, pues éstos participan de una naturaleza indemnizatoria, que no constituye un efecto del fallo protector." Mediante acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 111 a 113), se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió a la responsable por el cumplimiento al fallo protector. Luego, en proveído de catorce de diciembre de dos mil dieciocho (foja 147), se dio vista a la parte quejosa con el comunicado remitido por la responsable, al que acompañó copia certificada de diversas constancias de las que se advierte que el representante legal de la parte quejosa se presentó en las instalaciones que ocupa la Secretaría de Hacienda Pública, a fin de recoger el cheque número 1768961, valioso por la cantidad de $7,034.27 (siete mil treinta y cuatro pesos 27/100 moneda nacional), cumpliendo así con lo exigido en la sentencia dictada en autos. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, este juzgado, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedido por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Por lo tanto, de conformidad con el tercer párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente, se estima que la responsable en el presente expediente, acató el fallo protector en su totalidad, sin excesos ni defectos, lo que se demuestra con las documentales señaladas con anterioridad, pues la responsable desincorporó de la esfera jurídica el artículo tildado de inconstitucional y devolvió la cantidad resultante por la aplicación del mismo. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del arábigo 196, en correlación con el 214 de la ley de la materia; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. En virtud de que el presente asunto no encuadra en ninguna de las hipótesis de destrucción previstas en alguno de los supuestos del Capítulo Quinto, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente; este órgano jurisdiccional considera, que el presente juicio de garantías es susceptible de depuración, en virtud de que en él, se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; asimismo, es preciso señalar que el presente asunto no es de relevancia documental."
- Principal
Visto lo de cuenta, se provee; téngase por recibido el oficio signado por el Subprocurador Fiscal del Estado de la Secretaría de la Hacienda Pública, antes Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, mediante el cual informa respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y señala que el seis de noviembre de dos mil dieciocho, se presentó ante la Secretaría de la Hacienda Pública, Francisco Javier Acosta García, en su carácter de representante legal de Carlos Villarruel Orozco, parte quejosa en el presente juicio, a efecto de recoger el cheque número 1768961 valioso por la cantidad de $7,034.27 (siete mil treinta y cuatro pesos 27/100 moneda nacional), por lo que anexa, entre otras constancias, copia certificada del acuse de recibo de seis de noviembre del año en curso. En consecuencia, con el oficio y anexo que se señalan en el párrafo que antecede, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, manifieste lo que en derecho corresponda, respecto del cumplimiento que comunica la autoridad responsable en mención, en el entendido de que con o sin el desahogo de la vista otorgada, este órgano jurisdiccional emitirá pronunciamiento en el que declare si la sentencia está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay una imposibilidad para cumplirla. De declararse no cumplida en su totalidad la ejecutoria de amparo, se remitirán los autos al tribunal colegiado de circuito competente, como establece en lo conducente, el artículo 193 de la ley de la materia. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: de una revisión efectuada a los presentes autos se advierte que por acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho (foja 129), se requirió a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, para que en el término de tres días cumpliera con la ejecutoria de amparo; sin embargo, dicha autoridad ha sido omisa en informar al respecto, no obstante de estar debidamente notificada para ello, como se advierte de la constancia correspondiente (foja 132). En virtud de lo anterior, requiérase a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, en concordancia con el diverso tercero transitorio, en el término de diez días siguientes al en que quede legalmente notificado del presente proveído, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo cual, deberá acreditar con documentos fehacientes ante este órgano de control constitucional, o bien, informar las gestiones que se encuentra realizando para tal fin, lo anterior, a efecto de calificar el cumplimiento de amparo. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192, en relación con los numerales 238 y 258 de la ley de la materia, así como el diverso 26 del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, conforme a lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante el Secretario Guillermo Aguirre Castañeda, quien autoriza y da fe, y certifica: que al día de hoy, el expediente electrónico de este asunto coincide en su integridad con el expediente impreso. LAPT/GAC/amdal
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