Carlos Victoria Gregorio
Expediente 481/2014 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 481/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/01/2016
Partes del expediente
- Carlos Victoria Gregorio
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniere sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo por las autoridades responsables; en tal virtud, se procede a resolver sobre el mismo con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por las autoridades. En atención a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público, lo conducente es determinar si el fallo ha sido acatado en sus términos, con apoyo en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que refiere: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." (S.J.F y su Gaceta, 9ª Época, Tomo XI, marzo 2000, página 243) Al respecto, tomando en consideración los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables, se llega a la convicción de que la concesión de amparo ha sido cabalmente cumplimentada, por las consideraciones siguientes: Mediante sentencia de veintinueve de octubre de dos mil catorce (fojas 225 a 240), emitida por este órgano jurisdiccional en el sumario constitucional en que se actúa, por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia Federal, en términos de lo razonado en el considerando sexto de la misma, en lo atinente a los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el resultando primero de dicha sentencia. Posteriormente, mediante oficios con números de control 25075 y 25076, las autoridades responsables Presidenta Municipal y Presidenta del Comité Municipal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, ambas del Ayuntamiento Constitucional de San Mateo Atenco (fojas 253-270), interpusieron recurso de revisión contra el fallo descrito en el párrafo anterior, mismo que por acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil quince, fue tramitado a efecto de enviarlo al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito en turno, para su substanciación (foja 271). Así pues, por razón de turno, conoció del medio de impugnación intentado el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, órgano colegiado que en resolución de uno de octubre de dos mil quince (fojas 283 a 309), resolvió: "PRIMERO. En la materia de las revisiones, se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se concede el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Carlos Victoria Gregorio contra los actos atribuidos a la Presidenta Municipal y Presidenta del Comité Municipal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, ambas del Ayuntamiento Constitucional de San Mateo Atenco, México. Posteriormente, en acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil quince (foja 310), en cumplimiento a la ejecutoria de colegiado; con fundamento en términos del artículo 192, se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables, para el efecto de que: ? "(.) las responsables deberán dar respuesta a sus solicitudes, en los términos ordenados en la ejecutoria de amparo, en el entendido de que la solicitud de treinta de septiembre de dos mil trece, fue dirigida a las Presidenta Municipal y Presidenta del Comité Municipal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, ambas del Ayuntamiento Constitucional, y la solicitud de catorce de enero de dos mil catorce fue dirigida al Director de Gobernación y Comercio, todos de San Mateo Atenco, México." Así, mediante escritos identificados con los números de promociones 23976, 24078 y 25195, respectivamente, presentados el seis, nueve y veinticuatro de noviembre, todos de dos mil quince (fojas 379 a 385 y 393 a 399, respectivamente), en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, la Presidenta Municipal, Presidenta del Comité Municipal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, ambas del Ayuntamiento Constitucional y el Encargado del Despacho de la Dirección de Desarrollo Económico y Gobernación, todos de San Mateo Atenco, México, informaron el cumplimento dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo al efecto, copia certificada de las notificaciones efectuadas al quejoso del presente juicio, dos de ellas por edictos, publicados en noviembre de dos mil quince, en la que dan respuesta a las solicitudes planteadas por dicho quejoso, la dos primeras a la petición de treinta de septiembre de dos mil trece y la tercera responsable a la solicitud de catorce de enero de dos mil catorce. Es decir, en ese acto las autoridades responsables dieron contestación a las peticiones de treinta de septiembre de dos mil trece y catorce de enero de dos mil catorce, en las que el quejoso solicitó a dichas autoridades, respectivamente, el refrendo de su licencia para el ejercicio fiscal 2013 del negocio con la denominación social "Bar Opss", así como el resultado del trámite de Dictamen de Factibilidad que con fecha quince de noviembre de dos mil trece fue solicitado; siendo las omisiones de respuesta a esas peticiones las que por esta vía tildó de inconstitucional la parte quejosa. Luego, en proveído de veinticinco de noviembre de dos mil quince (foja 400), con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordenó dar vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo a su derecho conviniere en relación al cumplimiento dado por las autoridades responsables al fallo protector, sin que realizaran alguna. Razón por la cual, y en atención al análisis de las constancias de este juicio, se permite concluir que las autoridades responsables cumplieron con los aspectos establecidos y satisficieron los lineamientos de la ejecutoria de amparo emitida en este juicio, pues el cinco y veintitrés de noviembre de dos mil quince notificaron a la parte quejosa la contestación emitida por dichas responsables, a las peticiones efectuadas por el quejoso del presente juicio de amparo, el treinta de septiembre de dos mil trece y catorce de enero de dos mil catorce, respectivamente. En esas condiciones, y toda vez que este juzgado federal tiene la obligación de verificar el acatamiento que la autoridad responsable debe a la sentencia protectora, pues se trata de una cuestión de orden público; de modo tal que, con el desahogo de la vista o sin ella, debe determinar si la ejecutoria está cumplida o no, o si hubo exceso o defecto, de modo que se entenderá cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin ningún vicio. Se concluye, al estimar que la ejecutoria ha sido atendida en su núcleo esencial, con los diversos argumentos vertidos por las autoridades responsables; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida. Hágase del conocimiento de las partes este proveído para los efectos de los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, previas las anotaciones en el libro de gobierno, se dejan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, este expediente no tiene relevancia documental, ni trascendencia jurídica, política, social, ni económica; por lo que, es susceptible de DEPURACIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en donde se concedió la protección constitucional. En su oportunidad, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en Toluca, para su debido resguardo.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Presidenta Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San Mateo Atenco, Estado de México, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en auto de nueve de noviembre de dos mil quince, remite la constancias con la que refiere dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la partes con el contenido íntegro de la misiva y anexo de cuenta por el término de tres días, para que manifiesten lo que en su derecho proceda; con el apercibimiento que de no hacerlo, en su oportunidad se emitirá el fallo correspondiente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, se agregan a los autos los oficios de cuenta, a través de los cuales la Presidenta Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San Mateo Atenco, Estado de México y el Encargado del despacho de la Dirección de Desarrollo Económico y Gobernación de esa dependencia, en cumplimiento a la ejecutoria emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, el uno de octubre del año en curso, comunican, por lo que hace a la primera que se encuentra imposibilitada legalmente, para acatar las disposiciones insertas en el fallo protector, toda vez que el Comité Municipal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Ayuntamiento Constitucional de San Mateo Atenco, ha desaparecido por reforma al Reglamento de Salud del Estado de México de catorce de septiembre de dos mil quince y el segundo, exhibe copia certificada de la notificación por edictos publicados el mes y año en curso. Sin embargo, a juicio de este órgano constitucional, la imposibilidad que argumenta la responsable, no es fehaciente, pues se encuentra obligada a agotar los medios necesarios para lograr el debido cumplimiento del fallo protector, lo que en el caso no acontece, máxime que fue omisa en acreditar debidamente las gestiones realizadas o en su caso, las constancias que sustenten y acrediten su imposibilidad legal; por tanto, no ha dado cabal cumplimiento a la sentencia amparadora. En consecuencia, y en atención a que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo es de orden público, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere por última ocasión, a la autoridad responsable mencionada en el párrafo que antecede, para que en el término de tres días, computados a partir de su legal notificación informe el cumplimiento que dio a la sentencia de amparo dictada en el sumario constitucional en que se actúa; de igual manera, adjunte la totalidad de constancias certificadas que acrediten su dicho. Lo anterior, en el entendido de que continúa subsistente el apercibimiento decretado mediante proveído de veintitrés de octubre de dos mil quince, es decir, para el caso de ser omisa en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 258 de la Ley de Amparo vigente, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la cual en su caso, se duplicará hasta llegar a mil días de salario, en caso de inobservancia. Es aplicable, la jurisprudencia visible en la página 13 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Noviembre de 2014, Décima Época, Materia Común, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo." Con independencia de lo anterior, se informa a la citada autoridad que de constituirse en actitud omisiva, también puede hacerse acreedora a las sanciones previstas en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, así como que en caso de eludir el acatamiento del fallo protector, con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, con apoyo en el precepto invocado y en armonía con el Acuerdo General 5/2013, de trace de mayo de dos mil trece, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa en turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, esto es, para que la Suprema Corte de Justicia determine lo conducente sobre la separación del cargo de la autoridad contumaz y la consigne al Juez de Distrito que corresponda, por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 193 de la ley de la materia. Además, se hace del conocimiento de la Presidenta Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San Mateo Atenco, Estado de México, que aun cuando deje su puesto, continuará su responsabilidad por el desacato al fallo constitucional, durante el tiempo que duró en su encargo y por esa razón, también podrá ser consignado en términos del artículo 107, fracción XVI constitucional. Cobra validez la jurisprudencia visible en la página 7 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Noviembre de 2014, Décima Época, Materia Común, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación."
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