Carlos Victor Peña
Expediente 1461/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1461/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 10/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Carlos Victor Peña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, diez de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta; agréguese a los autos el oficio UT/STSAI/6516/2022-030030422004214-RE firmado electrónicamente por el Secretario para el Trámite de Solicitudes Jurisdiccionales de Acceso a la Información, con sede en ciudad de México, mediante remite la resolución de mérito emitida por el Comité de Trasparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en el procedimiento de clasificación de información, cuyos puntos resolutivos establecen: "PRIMERO. Se REVOCA la clasificación de reserva decretada por el Juzgado Octavo de Distrito en Tamaulipas, en términos del considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Se REVOCA la clasificación de reserva decretada por el Juzgado Octavo de Distrito en Tamaulipas, en términos del considerando cuarto de esta resolución." Acúsese recibo de estilo correspondiente. Así lo proveyó y firma Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en funciones de Jueza, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio SEPLE./GEN./001/4194/2022, en sesión de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, con apoyo en el artículo 44, de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Cézar Omar Garza Montemayor, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta; agréguese el oficio 17569/2022 de la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el diverso UT/STSAI/5236/2022-330030422004214-RE, firmado electrónicamente por el Secretario para el Trámite de Solicitudes Jurisdiccionales de Acceso a la Información de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual informa que a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, se le solicitó copia digital o electrónica de diversas constancias ahí mencionadas, que integran el juicio de amparo 1461/2021 del índice de este Juzgado, antes 969/2021 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. Al respecto, se informa que dicho asunto fue promovido por Carlos Víctor Peña contra actos del Juez de Primera Instancia de lo Penal, con residencia en esta ciudad, y de otras autoridades. La información solicitada actualiza los supuestos de información reservada y confidencial, en términos de los artículos 110, fracción X y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se encuentran incorporadas constancias, así como un disco versátil digital (DVD), que contiene información de la carpeta procesal CP/0017/2021, relacionada con la orden de aprehensión girada el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno contra el quejoso, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por el Juez de Control de la Tercera Región Judicial, con sede en San Fernando, Tamaulipas; así como datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, por ser el presidente municipal de esta ciudad Reynosa, Tamaulipas. En ese tenor, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, porque se afectaría en perjuicio del quejoso o bien de las partes ofendidas, el derecho al debido proceso. Por tanto, con apoyo en el numeral 99, antepenúltimo párrafo, en relación con el diverso 110, ambos de la citada Ley, se estima que la información deberá permanecer con el carácter de reservada hasta por un periodo de cinco años. Aunado a lo anterior, se acredita también la prueba del daño, en los términos siguientes: I. La divulgación de la información representa un perjuicio significativo, real, demostrable e identificable al interés público, ya que se trata de una causa penal en suspenso, donde la actividad persecutora de los delitos llevada a cabo por parte del Ministerio Público continúa hasta en tanto no se emita sentencia definitiva, por lo que deben mantenerse en sigilo con el fin de salvaguardar el éxito de las condiciones de los expedientes judicializados, al existir un interés superior de la sociedad de que los culpables sean sancionados, los daños se reparen y no queden impunes las conductas delictivas. II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general que se difunda, si se parte de la base que se podrían revelar datos que entorpezcan la función del juzgador de resolver los asuntos, los cuales son de mayor interés público, lo que constituiría un perjuicio desproporcionado sobre quien desea ejercer el derecho de acceso a la información, al contener circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que sucedieron los hechos y las pruebas recabadas. Por lo que se estima que la divulgación de la información peticionada, representa un riesgo real demostrable de perjuicio a los intereses protegidos, consistentes en los datos personales de las personas físicas identificadas o identificables involucradas en la misma, así como al interés público, por lo que, de otorgarse la información que se solicita, se tendría acceso a los hechos delictivos emanados de la carpeta procesal de origen, lo que podría frustrar diversas estrategias o acciones para la localización de las personas relacionadas con los ilícitos de que se trata. Siendo que, a la sociedad le incumbe que los órganos jurisdiccionales sancionen al culpable, los daños se reparen y no queden impunes las conductas delictivas. Pues en caso de proporcionar la información pedida, se podría permitir rastrear un cúmulo de datos que, sistematizados en su conjunto, vulnerarías las acciones de este Juzgado de Distrito de impartir justicia objetivamente. A través de atento oficio que se gire, hágase el presente auto del conocimiento del Secretario para el Trámite de Solicitudes Jurisdiccionales de Acceso a la Información de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, que deberá remitirse al correo electrónico dtsai@correo.cjf.gob.mx.Cúmplase. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Cézar Omar Garza Montemayor, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, siete de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta; agréguese a los autos oficio 12813/2022 signado por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, y en su atención a su contenido remítasele copia certificada de las constancias que solicita. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Cézar Omar Garza Montemayor, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, seis de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta; agréguese a los autos el oficio 24117/2021-VI del Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, a través del cual remite el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 969/2021-VI de su índice, promovido por Carlos Víctor Peña, así como los billetes de depósito números N912352 y N912387, expedidos el veinte de septiembre y diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, por el Banco del Bienestar, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, valiosos por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) cada uno; fórmese el expediente incidental y acúsese recibo. Por otro lado, del estado que guardan los autos, y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda promovida por Carlos Víctor Peña, sin que lo hiciera. En tal virtud, con fundamento en los artículos 2º, 97, fracción I, inciso a), 98, párrafo primero, y 99 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio en materia de amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese este asunto como totalmente concluido, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, toda vez que este asunto se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo 15 del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, y una vez que transcurran más de tres años posteriores a la notificación de este proveído, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Agréguese a este expediente principal el cuadernillo original relativo al incidente de suspensión, y respecto del duplicado una vez que transcurran más de seis meses de su archivo, destrúyase, lo que tiene apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Ahora bien, respecto a los billetes de depósito números N912352 y N912387, expedidos por el Banco del Bienestar, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) cada uno, exhibidos por la parte quejosa para garantizar la suspensión definitiva en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 969/2021 del índice del Juzgado séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ahora 1461/2021-1 de este juzgado, se ordena su devolución al depositante Carlos Víctor Peña, apercibido que de no recogerlos dentro del término de dos años, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, con fundamento en lo establecido por el artículo 50, párrafo primero, de la Ley de Tesorería de la Federación, prescribirán a favor del Erario Federal.Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Cézar Omar Garza Montemayor, Secretario que autoriza y da fe.
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