Carlos Victor Fernandez Pouso

Expediente 1104/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1104/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
18/07/2019

Partes del expediente

  • Carlos Victor Fernandez Pouso

Actuaciones

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE TEHUACÁN, S. DE R.L. DE C.V. (ANTES S.A. DE C.V.), POR CONDUCTO DE SU MANDATARIO GENERAL ARTURO MAULEÓN CANO, EL ACUERDO DE QUINCE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE ESTABLECE: "Agréguese el oficio y anexo de cuenta, signados por el Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo, y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado, a través del cual remite el diverso oficio suscrito por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, visto su contenido se provee: Ténganse al Tesorero Municipal de Tehuacán, Puebla, por el que en vías al cumplimiento a la ejecutoria de garantías, informan que a la fecha (cuatro de julio de dos mil diecinueve), el representante legal de la parte quejosa no ha comparecido a recibir el numerario faltante por concepto de devolución de derecho de alumbrado público; por lo que solicita se requiera a la parte quejosa para que proporcione el nombre del banco, número de clave interbancaria, sucursal, plaza, registro federal de contribuyentes, domicilio y correo electrónico a fin de que la promovente realice la transferencia correspondiente; en tales condiciones, se provee: Requiérase a la parte quejosa que en el término de tres días legalmente computados, proporcione a la autoridad responsable o a la suscrita los datos antes citados por ser necesarios, mismos que se le harán del conocimiento a las responsable, para llevar a cabo la transferencia electrónica correspondiente, lo anterior, a fin de que la misma dé cabal cumplimiento al fallo protector de garantías. Apercibida que de no realizar manifestación alguna en el término indicado, esta autoridad federal decretara la imposibilidad de dar cumplimiento al fallo protector de garantías."

  2. Principal

    Como esta ordenado con esta fecha en los autos del juicio principal de donde emana este incidente de suspensión, agréguese copia del escrito de la parte quejosa por el cual amplía su demanda de garantías respecto de los actos siguientes: a) Las consecuencias directas e indirectas que se pueden traducir en la falta de entrega del subsidio determinado en el Presupuesto de Egresos de Federación para el ejercicio fiscal de 2019, e incluso la cancelación del Registro en el Padrón del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar A Madres Trabajadoras. b) La publicación del acto reclamado. c) La omisión de suministrar los recursos públicos desde el mes de enero de 2019. d) La omisión de la dispersión de los recursos públicos desde el mes de enero de 2019. e) "Los Lineamientos para Determinar la Concurrencia de las Acciones y Recursos para la Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas, Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019; publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de mayo de dos mil diecinueve, entrando en vigor el día nueve siguiente. f) Del Director General de Programación y Presupuesto "B", Área dependiente de la Subsecretaría de Egresos, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el oficio 312.A.-00260 de veinte de febrero de dos mil diecinueve, mediante el cual se realizó la autorización presupuestaria correspondiente a las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, hijos de madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve. Ahora bien, dado que solicita la suspensión de los referidos actos que reclama, en tal virtud, se provee: INFORMES PREVIOS. Pídase informe previo a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo por duplicado y en el término de cuarenta y ocho horas, contado a partir de que reciban el oficio de notificación correspondiente; enviándoles para ese efecto, copia simple de la demanda de amparo. Apercíbase a las citadas autoridades que, en caso de no hacerlo dentro del lapso señalado, se presumirá cierto el acto que se les atribuye y se harán acreedoras a la imposición de una corrección disciplinaria, consistente en una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 142, 238 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y; segundo y tercero transitorios del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto será equivalente al monto vigente del salario mínimo en todo el país al momento de la entrada en vigor del referido decreto, esto es, a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis. FECHA DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las nueve horas con quince minutos del nueve de julio de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la audiencia incidental. SUSPENSIÓN PROVISIONAL Ahora bien, respecto a las consecuencias jurídicas que generan los actos reclamados por la parte quejosa consistentes en: - La falta de entrega del subsidio determinado en el Presupuesto de Egresos de Federación para el ejercicio fiscal de 2019, e incluso la cancelación del Registro en el Padrón del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar A Madres Trabajadoras; - La omisión de suministrar los recursos públicos desde el mes de enero de 2019; - La omisión de la dispersión de los recursos públicos desde el mes de enero de 2019; - Los Lineamientos para Determinar la Concurrencia de las Acciones y Recursos para la Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas, Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019. - El oficio 312.A.-00260 de veinte de febrero de dos mil diecinueve, mediante el cual se realizó la autorización presupuestaria correspondiente a las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, hijos de madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve. En primer término, debe decirse que los requisitos para conceder la suspensión provisional se fijan en los diversos preceptos 107, fracción X, constitucional, 128 y 138 de la Ley de Amparo. Así, de acuerdo con el contexto constitucional y legal descrito, los requisitos para otorgar la suspensión provisional en un juicio de amparo son los siguientes: a) Que la parte quejosa solicite la suspensión de los actos reclamados. b) Que acredite contar con el interés suspensional. c) Que la naturaleza de los actos reclamados permita su suspensión. d) Que la suspensión provisional no vulnere disposiciones de orden público ni contravenga el interés social, análisis que debe realizarse de modo ponderado con la apariencia del buen derecho. Solamente en caso de cumplirse los requisitos que anteceden el órgano jurisdiccional estará en condiciones de conceder la suspensión provisional y, en su caso, la sujetará al otorgamiento de la garantía en los términos previstos en el arábigo 132 de la Ley de Amparo. En ese sentido, el requisito enunciado en el inciso a), se cumple, en virtud que es solicitada por la parte quejosa en su calidad de responsable de una estancia infantil. Sin embargo, el requisito enunciado en el inciso b), no se cumple, toda vez que como se expone, la parte quejosa no acreditó su interés suspensional, como se expone a continuación: Resulta pertinente transcribir en la parte que nos interesa el Acuerdo por el que se emitió el lineamiento para determinar la concurrencia de las acciones y recursos para la operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas, Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal de 2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de mayo de dos mil diecinueve, en vigor al día siguiente de su publicación, el cual establece: "OBJETIVO Artículo 1.- El presente Lineamiento tiene como objetivo establecer la concurrencia de acciones y recursos para la operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, a fin de contar con una herramienta de trabajo operativa de las Reglas de Operación, que permita la unificación de procedimientos y criterios en la operación del Programa, para lograr mayor eficiencia, eficacia y transparencia en la realización de las actividades enfocadas al cumplimiento de los objetivos, así como un mayor beneficio social. DE LA MECÁNICA OPERATIVA DEL PROGRAMA Artículo 2.- La población objetivo del Programa son las personas físicas, Madres, Padres solos o Tutores que trabajan, buscan empleo o estudian, y que carecen de la posibilidad de acceder a los servicios de cuidado y atención infantil a través de instituciones públicas de seguridad social u otros medios y que tienen bajo su cuidado al menos a una niña o niño de entre 1 año y hasta un día antes de cumplir los 4 años, o tratándose de niñas o niños con discapacidad entre 1 año y hasta un día antes de cumplir los 6 años, en concordancia del numeral 3.4. de las Reglas de Operación del Programa. De lo anterior se colige que los lineamientos de mérito establecieron como objetivo establecer la concurrencia de acciones y recursos para la operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras que permita la unificación de procedimientos y criterios en la operación del Programa, para lograr mayor eficiencia, eficacia y transparencia en la realización de las actividades enfocadas al cumplimiento de los objetivos A su vez, establecieron como población susceptible de ser beneficiaria las madres, padres solos o tutores que tengan un empleo, estén en búsqueda de alguno o estudien, y que no tienen acceso al cuidado y atención infantil, respecto de al menos un menor de un año y hasta antes de cumplir los cuatro años, o entre un año y hasta antes de cumplir los seis años, en caso de un menor con discapacidad. Ahora bien, la peticionaria de amparo exhibió a su demanda de amparo para acreditar su interés suspensional copia certificada de su credencial de elector, y del convenio de concertación de ocho de enero de dos mil dieciocho, que celebraron el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, representada por el Delegado Federal en Puebla, y la aquí quejosa ...... con el objeto de ofrecer los servicios de cuidado y atención infantil en el marco del programa de estancias infantiles para apoyar a las madres trabajadores. Del Convenio de concertación celebrado entre la aquí quejosa como responsable de la estancia infantil de referencia, y el Delegado Federal en Puebla de la Secretaría de Desarrollo Social, se advierte que tuvo una vigencia de la fecha de su firma (ocho de enero de dos mil dieciocho), hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. Por ende, el convenio de concertación de mérito que amparaba el funcionamiento de las "estancias infantiles", ya no se encuentra vigente a la fecha, toda vez que en el propio convenio establecieron como vigencia hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, siendo que la demanda de amparo se presentó de manera posterior a esa fecha (diecinueve de marzo de dos mil diecinueve). En ese sentido, la quejosa se encontraba obligada a demostrar su interés suspensional, que se ubica en alguno de los supuestos previstos por los lineamientos vigentes en el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que es parte de la población susceptible de ser beneficiaria, es decir, madres, padres solos o tutores que tengan un empleo, estén en búsqueda de alguno o estudien, y que no tienen acceso al cuidado y atención infantil, respecto de al menos un menor de un año y hasta antes de cumplir los cuatro años, o entre un año y hasta antes de cumplir los seis años, en caso de un menor con discapacidad; sin embargo, las estancias infantiles actualmente ya no son consideradas como población objetivo del apoyo que entrega la Secretaría de Bienestar. En relación con lo anterior es importante destacar que el convenio de concertación exhibido por la parte quejosa, además de que ya perdió su vigencia, no logra probar que a la fecha dicha estancia infantil cuente con menores inscritos a quienes preste el servicio de cuidado y atención infantil que formen parte de la población objetivo del programa, pues no debe perderse de vista que en el lineamiento son dichos menores quienes a través de sus madres, padres solos o tutores, tienen interés para reclamar el lineamiento relativo al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, porque son a quienes se dirige el apoyo gubernamental respectivo. Aunado a lo anterior, debe decirse que la parte quejosa no acredita contar un interés legítimo para solicitar la suspensión provisional. Para avalar tal postura, es necesario tener en consideración que el artículo 131 de la Ley de Amparo, dispone que cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. Ahora bien, ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado, supone la demostración de su interés aunque sea de forma indiciaria, a fin de establecer con suficiente garantía de acierto que realmente es titular de un derecho, en la inteligencia de que dicha concesión, en ningún caso puede tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido la parte quejosa antes de presentar la demanda y, además, que esa demostración implicará la valoración que haga el juzgador, en cada caso concreto, de los elementos probatorios que hubiere allegado el quejoso y que lo lleven a inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causará perjuicios de difícil reparación, derivado de su especial situación frente al orden jurídico, sin dejar de ponderar para ello la apariencia del buen derecho y del interés social pero, sobre todo, que de conceder la suspensión no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Así, la parte quejosa a través de la copia certificada del convenio de concertación de ocho de enero de dos mil dieciocho, no acredita el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue la suspensión provisional, ni el interés social que justifique su otorgamiento, toda vez que con el mismo no demostró contar con un derecho vigente. Además, tal documento sólo prueba que el Delegado Federal en Puebla de la Secretaría de Desarrollo Social, y la aquí quejosa ...... celebraron un convenio con el objeto de ofrecer los servicios de cuidado y atención infantil en el marco de programa de estancias infantiles para apoyar a las madres trabajadoras para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, empero, con aquél no prueba el daño inminente e irreparable que le provocaría, de negarse la suspensión, en virtud que como se dijo antes, no probó que a la fecha de la interposición de su demanda de amparo tenga menores de edad inscritos en dicha estancia infantil que sean parte de la población objetivo del programa. Máxime que aunque así fuera, debe decirse que si los padres, madres o tutores siguen eligiendo que sus hijos permanezcan en la estancia infantil de la aquí quejosa, serán ellos quienes paguen a ésta con el recurso gubernamental que reciben directamente, y ello permita que dicho establecimiento continúe su funcionamiento. Aunado a que esta juzgadora no advierte el interés social que justifique el otorgamiento de la medida cautelar, en virtud que si bien la sociedad está interesada en que los menores de edad tengan un lugar donde puedan ser cuidados, lo cierto es que dichos menores de edad con la implementación de las nuevas reglas, no se ven afectados, pues éstas prevén el mecanismo para que los apoyos que en su momento eran entregados a las estancias infantiles, ahora sean recibidos directamente a las madres, padres solos o tutores, y sean ellos quienes elijan el lugar que consideren más adecuado para el cuidado de sus hijos, por tanto, el interés social no se ve afectado. Por las consideraciones expuestas, esta Juzgadora estima procedente negar la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa, en virtud que no acredita contar con el interés suspensional para ello, en virtud que como se dijo, el convenio de concertación que exhibió como prueba, no se encuentra vigente; no demostró ser alguna de las personas que protege el lineamiento del ejercicio fiscal dos mil diecinueve; que reclama, esto es, ser madre, padre solo o tutor; y no acreditó el daño inminente e irreparable a su pretensión, y el interés social que justifique su otorgamiento. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado Del Vigésimo Séptimo Circuito, de la Décima Época, con número de registro, 2008231, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Enero de 2015, Tomo II, Página: 1726, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. SUS EFECTOS CUANDO SE RECLAMAN NORMAS GENERALES, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. El artículo 148 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en los juicios de amparo en que se reclame una norma general (ya sea autoaplicativa o con motivo de su primer acto de aplicación) la suspensión se otorgará "para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso", lo cual no significa que en todos los casos en que se señale como acto reclamado una norma general debe concederse la suspensión para esos efectos, pues para ello deben cumplirse previamente los requisitos de procedibilidad de la medida cautelar, entre ellos: a) la exigencia de que el quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional, y en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, b) también debe realizarse la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social de la norma, o si regula disposiciones de orden público. Así, lo que realmente prevé dicho artículo, es cómo deben ser los efectos de la medida cautelar contra normas generales, una vez que se han satisfecho los requisitos de procedibilidad para conceder la suspensión." Asimismo, cobra aplicación al caso la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, con número de registro 2011840, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, Página: 956, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE EL QUEJOSO LO DEMUESTRE DE MANERA INDICIARIA. El precepto citado prevé que cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando aquél acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue y el interés social que justifique su otorgamiento. Ahora bien, si tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado, supone la demostración de su interés aunque sea de forma indiciaria, a fin de establecer con suficiente garantía de acierto que realmente es titular de un derecho; luego, tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados cuando el quejoso que la solicita aduce tener un interés legítimo, basta que de manera indiciaria acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se le niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; en la inteligencia de que dicha concesión, en ningún caso puede tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de presentar la demanda y, además, que esa demostración implicará la valoración que haga el juzgador, en cada caso concreto, de los elementos probatorios que hubiere allegado el quejoso y que lo lleven a inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causará perjuicios de difícil reparación, derivado de su especial situación frente al orden jurídico, sin dejar de ponderar para ello la apariencia del buen derecho y del interés social pero, sobre todo, que de conceder la suspensión no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público." Es importante resaltar que la presente determinación no desatiende el interés superior del menor previsto en el artículo 4º Constitucional, en razón de que si bien pudiera estimarse que la estancia infantil es un instrumento a través del cual se brinda el cuidado y atención infantil a los menores de edad, lo cierto es que los menores no quedan en estado de indefensión, en razón de que las nuevas reglas prevén el mecanismo para que los apoyos que en su momento eran entregados a las estancias infantiles, ahora sean entregados directamente a los madres, padres solos o tutores, y esos menores sigan recibiendo el servicio de cuidado y atención infantil en la estancia que mejor les convenga a elección de su madre, padre o tutor. En ese tenor, por el contrario de concederse la suspensión a favor de la estancia infantil aquí quejosa, se contravendría disposiciones de orden público e interés social, incumpliéndose con la fracción II, del artículo 128 de la Ley de Amparo, en razón que de permitirse que se le otorgue la entrega del subsidio que en su momento establecía las reglas del ejercicio fiscal dos mil dieciocho, existiría el riesgo de un doble pago, esto es, a la estancia, y a las madres, padres solos o tutores, lo que sin duda perjudicaría al gasto público, mismo que resulta necesario para la satisfacción de las necesidades colectivas de la sociedad, como servicios públicos y otros. Por otro lado, visto el estado procesal de los presentes autos se advierte, que no obran agregados los acuses de correo de la constancia de notificación de los oficios 20605/2019, 20606/2019, 20607/2019, 20609/2019, 20610/2019 y 20611/2019 dirigidos al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de Gobernación, Cámara de Diputados, Secretaría de Bienestar, Secretario de Hacienda y Crédito Público, y Director del Diario Oficial de la Federación, respectivamente, a fin de notificarle el auto de cinco de junio de dos mil diecinueve, por se tuvo por interpuesto el recurso de revisión presentado por la parte quejosa, en consecuencia, se provee: Requiérase al Encargado de la Oficina de Servicios Directos del Servicio Postal Mexicano, Poder Judicial Siglo XXI, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de amparo, según su artículo 2°: Remita en el término de tres días legalmente computado, los acuses de recibo de los oficios 20605/2019, 20606/2019, 20607/2019, 20609/2019, 20610/2019 y 20611/2019, o en su caso, informe sobre el curso que le dio a las piezas postales 90424, 90425, 90426, 90428, 90429 y 90430. Apercíbase que en caso de no hacerlo, se le aplicará una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y; segundo y tercero transitorios del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Se anexa, copia de la factura correspondiente del depósito de las piezas postales requeridas de once de junio de dos mil diecinueve. .

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, al efecto se provee: Se tiene a ....... designada como perito oficial, manifestando que a efecto de contar con los elementos necesarios para emitir su dictamen pericial solicitado le resulta necesario que ...... se presente a realizar las muestras de escritura y firma las cuales le servirán como elemento indubitables, asimismo, solicita exhiba algún documento de carácter oficial que contengan firmas autógrafas como credencial para votar, pasaporte o cédula profesional, respecto de las dos últimas anteriores al año dos mil uno, y al efecto sugiere fecha para el desahogo de la mencionada diligencia de escritura y firma; consecuentemente: Requiérase a la perito oficial ....... designada en autos, para que a las diez horas del diecisiete de julio de dos mil diecinueve, se presente en este juzgado federal a efecto de realizar los ejercicios caligráficos correspondientes y este en aptitud de emitir el dictamen pericial correspondiente. Apercibida la perito oficial, que de no presentarse en la fecha indicada en las oficinas que ocupa este Juzgado, sin causa justificada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos segundo y tercero transitorios del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, se hará acreedora a la imposición de una multa, por el equivalente de cincuenta a mil unidades de medida y actualización Asimismo, requiérase a ....... quien es representante legal de la parte quejosa ...... para que se constituya en las instalaciones de este órgano jurisdiccional en la hora y fecha señalada (diez horas del diecisiete de julio de dos mil diecinueve), para realizar los ejercicios caligráficos necesarios para el desahogo de la prueba pericial ofrecida en autos; asimismo, en el término de tres días legalmente computado deberá exhibir ante este órgano jurisdiccional algún documento de carácter oficial que contengan firmas autógrafas como credencial para votar, pasaporte o cédula profesional, respecto de los dos últimos anteriores al año dos mil uno. Apercibida, que de no presentarse en la fecha indicada en las oficinas que ocupa este Juzgado, o no exhibir los documentos requeridos, sin causa justificada, se tendrán por ciertos los actos que se le pretenden probar. Finalmente, notifíquese el presente proveído a los peritos ..... por conducto de la parte tercera interesada y quejosa, respectivamente, para el efecto de que comparezcan en la fecha señalada (diez horas del diecisiete de julio de dos mil diecinueve), para el desahogo de la diligencia de ejercicios caligráficos. Apercíbase a la parte quejosa y tercera interesada que de no comparecer sus peritos en la fecha indicada se tomara en cuenta únicamente el dictamen que al efecto emita la perito oficial.

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