Carlos Vega Martinez

Expediente 530/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
530/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
18/12/2020

Partes del expediente

  • Carlos Vega Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    III.- Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, con el que informa, en lo que aquí interesa, que se avoca al conocimiento de la competencia declinada por este Juzgado para conocer del juicio de amparo indirecto 530/2020-III-A, promovido por Carlos Vega Martínez, por lo que admitió la demanda registrándola en el Libro de Gobierno respectivo bajo el número de amparo indirecto 890/2020, de su índice. Al respecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo aplicado a contrario sensu, previas las anotaciones de Ley en el Libro de Gobierno respectivo, remítase el presente cuaderno de antecedentes al archivo de este Juzgado como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al punto vigésimo del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los seis meses siguientes a partir del presente acuerdo, toda vez que no se considera de relevancia documental, no contiene documentos originales que deban ser recogidos por las partes y se ubica en la fracción I, del aludido punto vigésimo. Finalmente, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo.

  2. Principal

    III. Vista la demanda de amparo de cuenta en la que Carlos Vega Martínez, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Fiscal General del Estado de Quintana Roo. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 530/2020-III-A. Ahora, resulta pertinente precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como un derecho fundamental inserto en la genérica de legalidad, tutelado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que en virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese sentido, debe decirse que del análisis de la demanda se advierte que la parte promovente del juicio señala como actos reclamados los siguientes: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: El Fiscal General del Estado de Quintana Roo. IV. LEY O ACTO RECLAMADO: La orden de suspensión de labores en la sede de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, así como la orden de soldar las puertas y cerrar las instalaciones.". Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte promovente, en el apartado de antecedentes, manifestó que el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, al apersonarse a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en la ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para efectos de realizar una diligencia en una carpeta de investigación, así como diversos trámites adicionales, se dio cuenta de que dichas instalaciones se encontraban cerradas con placas metálicas soldadas en las puertas y ventanas, impidiendo el acceso, además de que no observó personal alguno que pudiera atenderlo. Al respecto, resulta pertinente destacar que este Juzgado Federal advierte que carece de competencia legal para conocer del presente asunto, ello con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo. Al efecto, los artículos antes citados establecen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:. VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera del juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;." Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuanto el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". De la lectura de los preceptos legales antes citados, se obtienen tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En las dos primeras reglas, se requiere que el acto reclamado tenga ejecución material, esto no solo es que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o de varios jueces de distrito, pues la primera se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una sola jurisdicción; en cambio, la segunda se refiere a la ejecución en dos o más distritos diferentes, al precisar que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro. La tercera regla prevé el caso en el que el acto reclamado no requiere ejecución material, lo que da competencia al juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior, se aprecia que la intención del legislador al fijar la competencia de los jueces de distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al juez de amparo más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los jueces de distrito con jurisdicción en los distritos, cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro. Esto, pues sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Tal intención queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, donde se establece que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. En el caso, se reclaman las órdenes de suspender las labores de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, con sede en Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, soldar las puertas y cerrar las instalaciones, así como su ejecución. Situación que la autoridad responsable ejecutó en Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, como se desprende de sus manifestaciones que bajo formal protesta de decir verdad, realizó la parte quejosa en su escrito de demanda y en el apartado del acto reclamado atribuido a dicha autoridad. De lo expuesto se obtiene que para fijar la competencia del juicio de amparo intentado por la parte promovente, debe atenderse a la regla referida en el numeral 1 del presente auto, es decir, que deberá conocer de éste el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde se ejecuten, se estén ejecutando, se hayan ejecutado o deba ejecutarse el acto reclamado. Ahora, como ya se señaló el acto reclamado se ejecutó fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, esto es, en la ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, por tanto, cabe concluir que, en el caso concreto, para determinar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer del juicio de amparo promovido, debe atenderse al lugar donde ésta tuvo, tiene o tendrá ejecución, lo que en la especie ocurrió en la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial que comprende un axioma compatible con la Nueva Ley de Amparo, de la Séptima Época, Volumen 217-228, Séptima Parte, Página 88, consultable bajo el número de registro 245025, cuyo y texto refieren lo siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 36 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo.". Consecuentemente, la competencia para conocer del presente juicio de derechos fundamentales se surte a favor del Juez de Distrito en turno en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, quien por razón de territorio ejerce jurisdicción en esa ciudad en que tuvo lugar la ejecución del acto reclamado, por lo que este órgano de distrito carece de competencia legal en términos del primer párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo. Previo cuaderno de antecedentes que se forme y deje en este juzgado, de conformidad con el numeral 48 de la Ley de Amparo, remítase el presente juicio, al Juez de Distrito en turno en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, se solicita al que le corresponda conocer, informe a este órgano jurisdiccional el trámite que se sirva dar a lo anterior, a fin de integrar debidamente el presente expediente. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto de la suspensión del acto reclamado, toda vez que éste no se encuentra entre los previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo, ni es de aquéllos de los prohibidos por el dispositivo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa proporciona usuario a fin de que se le autorice el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo. Al respecto, toda vez que previa búsqueda en el módulo de autorizados para consultar el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advirtió que el usuario "vegamtzc", se encuentra registrado en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, de conformidad con los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, y el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al citado usuario para consultar el presente expediente en línea. Por tanto, hágase del conocimiento Analista del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este Juzgado, para que en términos del citado acuerdo, proceda a efectuar las gestiones pertinentes. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y por autorizado en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al Licenciado Akira Ricardo Chávez Pirez, toda vez que tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Circuito. De lo anterior, sin que haya que lugar a notificar personalmente la presente determinación al promovente, en atención a la Jurisprudencia 12/96, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Marzo de mil novecientos noventa y seis, primera parte, sección primera, página cincuenta y cinco, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALIA DE PARTES COMUN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCION. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE", que en lo conducente establece: ".es obligación del quejoso o de su representante, cerciorarse, en primer término, a qué juzgado se remitió su demanda de amparo, en los lugares en donde existe oficina de correspondencia común y, en segundo lugar, del acuerdo sobre la admisión de su demanda, a través de la correspondiente notificación por lista que para el efecto se fije en los estrados del juzgado.". De conformidad con lo establecido en la parte final del artículo 1, fracción I, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que de ser posible y en consideración a las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen con la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea" utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Finalmente, Con fundamento en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales.

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