Carlos Vázquez Flores

Expediente 488/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
488/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
02/08/2019

Partes del expediente

  • Carlos Vázquez Flores

Actuaciones

  1. Principal

    El acuerdo de diez de julio de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que aquél HA CAUSADO ESTADO. Dése el aviso correspondiente a la autoridad responsable, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese como asunto totalmente concluido. Finalmente, de autos se advierte que obra en la secretaría del juzgado un anexo y dos discos compactos remitidos por el Juez Cuarto de Ejecución de Sanciones Penales en la Ciudad de México, por tanto, al resultar innecesaria su retención devuélvanse a la autoridad antes citada las constancias de mérito, sin que haya necesidad a solicitarle acuse de recibo correspondiente, pues como tal se tendrá la constancia en la que obre lo remitido en el sello de recepción.

  2. Principal

    Vista la razón actuarial de cuenta, en la que el fedatario adscrito a este órgano de control constitucional manifiesta su imposibilidad para notificar el acuerdo de diez de julio de dos mil diecinueve, al quejoso *, por los motivos que expresa; en consecuencia, se ordena hacer de su conocimiento dicho proveído, así como las subsecuentes determinaciones de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. ACUERDO DE DIEZ DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE: "Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Cuarto de Ejecución de Sanciones Penales en la Ciudad de México, mediante el cual rinde su informe justificado. Se tiene como pruebas de la citada responsable, las documentales consistentes en copia certificada del expediente de ejecución 99/2019, así como dos discos compactos en formato DVD, con registro de audio y video, mismos que se desahogan en virtud de su propia y especial naturaleza. Con el anexo remitido fórmese por separado UN TOMO, para el mejor manejo del presente expediente, respetándose el folio, rúbricas y entresello de origen. Sin que haya lugar a dar vista a las partes con las constancias que remite la referida autoridad responsable, por las razones que enseguida se expondrán. Ahora, del estado procesal que guardan los autos, se desprende que la parte quejosa señaló como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: Juez Cuarto de Ejecución de Sanciones en la Ciudad de México. "La omisión por parte de la responsable, en virtud de que a la fecha de la presentación de la demanda dicha autoridad NO ha citado al suscrito a audiencia para resolver sobre la petición de beneficio penitenciario solicitado mediante escrito presentado en fecha 11 once de febrero de 2019 dos mil diecinueve". En este orden de ideas, del informe de ley que en esta data se agrega, se aprecia que la responsable comunica que el tres de junio de dos mil diecinueve, admitió a trámite la solicitud del beneficio penitenciario solicitado por el quejoso, ordenando poner la carpeta de ejecución *****a la vista de las partes, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Posteriormente, el trece de junio del año que transcurre, señaló las diez horas con treinta minutos del tres de julio de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia oral en la que se resolvería la petición del sentenciado. Así, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se desprende el acta mínima de la audiencia celebrada el tres del presente mes y año, de la que se aprecia que la autoridad responsable concedió al sentenciado ****** el beneficio penitenciario de remisión parcial de la pena, de igual manera se desprende que éste estuvo presente y que estuvo asistido por la defensora pública ******. Puntualizado lo anterior, este órgano de control constitucional, advierte que con relación a los actos reclamados en estudio, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI. De la porción normativa en comento, se advierte que dicha causal se materializa cuando las consecuencias del acto reclamado, causantes de un perjuicio a la esfera jurídica del gobernado, han desparecido, es decir, que se haya extinguido el motivo que originó la transgresión a los derechos de una persona, en virtud de que la autoridad responsable revocó o derogó aquél. En consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto impugnado es requisito indispensable que aparezca una situación idéntica a la que habría existido si este último jamás hubiera nacido; es decir, éste quede insubsistente. Desde esa línea de pensamiento, puede considerarse que los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca aquél, lo que da lugar a una situación idéntica a la que existía antes del nacimiento del acto; o, también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, emite una nueva determinación que incide directamente respecto al punto controvertido, que trasciende en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior actuación por el cual fue sustituido, con lo que reestablece a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que estima vulnerado. Así, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al concluir su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad sino la desaparición total de sus efectos, al ser patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad al dejar de surtir efectos. Por lo que, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia; esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental vulnerado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la ésta exija. En el caso, la parte quejosa se duele de la omisión de la autoridad responsable de citarlo a audiencia para resolver sobre la petición del beneficio penitenciario solicitado mediante escrito presentado el once de febrero de dos mil diecinueve; no obstante, de las constancias que en esta data se agregan, se desprende que el tres de julio de dos mil diecinueve, la Juez responsable concedió al sentenciado ****** el beneficio penitenciario de remisión parcial de la pena; asimismo, se observa que éste estuvo presente y que se encontró asistido por la defensora pública *****. Lo cual se acredita con las copias certificadas del expediente de ejecución *****, del índice de la responsable. Situación por la cual, resulta incuestionable que el motivo que concreta y específicamente dio génisis a la demanda de amparo, dejó de incidir en la esfera jurídica de la parte promovente, de modo tal que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de una actuación que ya no está surtiendo sus efectos. En consecuencia, al actualizarse la invocada causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se impone sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63 del citado ordenamiento, puesto que la misma es manifiesta e indudable que con ningún medio de prueba se desvirtuaría. Cabe destacar que, conforme al criterio del suscrito, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, en virtud de que existen motivos manifiestos e indudables para ello, como se previene en la jurisprudencia 2a./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya epígrafe dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." (Visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época). Por las consideraciones precisadas, comuníquese a las partes que se dejan sin efectos la fecha y hora señaladas para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, señalada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE."

  3. Principal

    Agréguese el oficio signado por de la autoridad, mediante el cual informa el nombre de la defensora pública que fue designada para representar y brindar asesoría jurídica al quejoso. Asimismo, de autos se advierte que señaló domicilio para oír y recibir notificaciones; por tanto, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el sitio que refiere.

  4. Principal

    Vista la demanda de cuenta signada por *************** contra actos del Juzgado Cuarto de Ejecución de Sanciones en la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite en sus términos; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo ******. Sin que se tramite incidente de suspensión por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio. Pídase el informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo por escrito dentro del término de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído.

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