Carlos Valentín Morales Polo
Expediente 176/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 176/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Carlos Valentín Morales Polo
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de veintiuno de febrero del año en curso por el que SE DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, CAUSA ESTADO dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 6, fracción I, y, 21 inciso d), acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, se proceda en términos del ante penúltimo párrafo del citado artículo 21. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra los actos del JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCION DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGION JUDICIAL CENTRO. PONIENTE, CON SEDE EN ATLIXCO, PUEBLA y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 176/2022. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Bajo esa tesitura, de la demanda de amparo se advierte que el promovente reclama del JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUEBLA, la orden de cateo de veinticinco de enero del año dos mil veintidós y aseguramiento decretado dentro de la Carpeta de Investigación número FGEP/CDUFEIDDFPDCP/DESAPARECIDOS-1/000005/2022 del inmueble identificado como lote de terreno marcado con el número oficial 909 de la carretera Tenextepec, en la Colonia Ex Hacienda San Lorenzo los Jagueyes, Municipio de Atlixco, Puebla, así como su cumplimiento y ejecución. Acto respecto del cual el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento el veinticinco de enero del presente año; lo cual constituye una confesión que hace prueba plena, en términos de los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, en conformidad con su artículo 2°, pues constituye un hecho propio aseverado en el escrito de demanda. De lo anterior, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que impone desechar la demanda que se provee de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17, 18, 22 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo cuyo texto es el siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:. I.-Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;. II.- Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;. III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;. IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 22. Los plazos se contarán por días hábiles, comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, inclusive para las realizadas en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica, salvo en materia penal, en donde se computarán de momento a momento.. Correrán para cada parte desde el día siguiente a aquél en que para ella hubiese surtido sus efectos la notificación respectiva. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso.. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." De los artículos transcritos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Así, el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. El artículo 18 de la Ley de Amparo, establece que los plazos a que se refiere el artículo 17 del mismo ordenamiento legal, es decir, el plazo para la presentación de la demanda de amparo es el genérico de quince días, contados a partir del día siguiente: 1) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo que reclame; 2) Al en que la parte quejosa haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o 3) Al en que la parte quejosa se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Ahora bien, de una recta interpretación de artículo 18 de la Ley de Amparo, se desprende que los supuestos antes precisados son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos. Entonces, tomando como base la hipótesis indicada en el inciso 2) anterior y dado que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos, esto es, quince días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, se tiene que la demanda de amparo que se provee es improcedente por no haberse presentado dentro del plazo que impone la ley. Esto es, el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo antes aludido, dependerá del supuesto que en cada asunto se actualice, a saber: primero, en aquellos casos en que exista una notificación al quejoso del acto reclamado, el plazo para presentar la demanda correrá al día siguiente a aquel en que surta efectos esa notificación; segundo, cuando el impetrante haya tenido conocimiento, obviamente por medios diversos a una notificación, de la existencia del acto; y tercero, por la confesión, que opera cuando el quejoso se ostenta sabedor del acto reclamado o de su ejecución; en estos dos últimos supuestos el plazo de quince días comenzará al día siguiente a aquel en que el quejoso haya tenido conocimiento de la existencia del acto reclamado o se ostente sabedor del acto o de su ejecución; sin que en estos casos inicie el cómputo a partir del día siguiente en que se surtan los efectos, pues no existe notificación cuyo efecto deba surtir, sino que como expresamente lo establece tal dispositivo, el cómputo inicia al día siguiente de la fecha en que haya tenido conocimiento del acto o de aquella en que haya confesado haberlo tenido. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que el promovente reclama del Juez responsable la orden de cateo de veinticinco de enero del año dos mil veintidós y aseguramiento decretado dentro de la Carpeta de Investigación FGEP/CDUFEIDDFPDCP/DESAPARECIDOS-1/000005/2022 del inmueble identificado como lote de terreno marcado con el número oficial 909 de la carretera Tenextepec, en la Colonia Ex Hacienda San Lorenzo los Jagueyes, Municipio de Atlixco, Puebla, así como su cumplimiento y ejecución. Acto respecto del cual manifiesta el impetrante de amparo, bajo protesta de decir verdad, que el lunes veinticuatro de enero del presente año, vecinos de la colonia donde se encuentra el inmueble de su propiedad, le llamaron por teléfono, para preguntarle qué estaba ocurriendo en su casa, pues había muchas patrullas de policías y gente de la Fiscalía; de lo cual refirió que no sabía qué estaba pasando pero que lo iba a investigar, y al día siguiente, es decir, el veinticinco de enero del presente año, se fue a investigar y encontró sellos en las puertas de acceso al interior de referido inmueble; y por tanto, se comunicó con el despacho jurídico con quienes realizó una póliza jurídica de arrendamiento del inmueble, quienes investigaron en la propiedad y pudieron darse cuenta que se trataba de un cateo. Bajo ese contexto, la demanda motivo de este expediente resulta extemporánea, tomando en consideración que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio constitucional transcurrió en exceso, en virtud de que a la fecha de presentación de la demanda que dio origen al expediente en que se actúa (diecisiete de febrero del año en curso), como se advierte de la papeleta de turno y sello correspondientes, excede el término señalado por el artículo 17 de la Ley de Amparo para la promoción del juicio de amparo, por haber transcurrido entre una fecha y otra más de quince días hábiles, pues si la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados el veinticinco de enero del año dos mil veintiuno (data en que encontró sellos en las puertas de acceso al interior de inmueble de su propiedad), entonces a partir del día siguiente empezó a correr el término respectivo, esto es, a partir del veintiséis de enero de este año, feneciendo el dieciséis de febrero de este año, sin contar los días veintinueve y treinta de enero, cinco, seis, siete, doce y trece de febrero del año en curso, por ser inhábiles en términos de lo dispuesto por el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 19 de la Ley de Amparo. Sin que pase desapercibido que la parte quejosa manifiesta que no le mostraron la orden de cateo y que desconoce los motivos por los cuales se libró. Ello pues la parte quejosa se ostenta como tercera extraña, por ende, no es posible considerar que vaya a tener un conocimiento completo del acto, por lo que para la promoción del presente juicio bastaba que tuviera conocimiento de la existencia del acto, aun cuando no sea completa, pues en su caso, ese conocimiento se podría obtener a través del juicio de amparo en la cual pudiese ampliar la demanda respecto de los conceptos de violación. De lo contrario, se dejaría a voluntad de la parte quejosa presentar su demanda de amparo en cualquier término, soslayando para ello las reglas de temporalidad que prevé la propia ley de amparo. Por lo anteriormente expuesto, es claro que en la especie se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el quejoso consintió tácitamente los actos reclamados ya que tuvo conocimiento de éstos el veinticinco de enero del año en curso y pretende promover juicio de amparo mediante demanda que fue presentada el diecisiete de febrero del año en curso, según la data que obra en el sello fechador de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; lo que de suyo revela que entre ambas fechas media un periodo mayor a quince días hábiles. Así las cosas y toda vez que se tiene certeza (que no presunción) de que la parte quejosa conoció la existencia del acto reclamado, atento al cómputo antes realizado, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que se provee al ser notoria e indudable la causal de improcedencia que se observa; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, 18, 22 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene autorizadas los profesionistas, que menciona en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, no así a Cuauhtémoc Luis Ledesma, por no contar con el registrado ante los órganos correspondientes. ACCESO EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Téngase proporcionando el nombre de usuario "anaelenam1" para la notificación electrónica y consulta el expediente electrónico de este juicio de amparo; con fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Se habilita al actuario judicial para que notifique de manera electrónica los oficios derivados del presente asunto a través de correo electrónico institucional o interconexión, levantando la razón de confirmación correspondiente; y, para el caso de existir imposibilidad para ello, previa certificación, sin mayor acuerdo, proceda a notificarlos de manera física o, en su caso, realice la remisión vía telegráfica o por correo certificado (tratándose de autoridades foráneas), según corresponda. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.
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