Carlos Valentín Cazarez Reyes

Expediente 926/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
926/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
18/09/2019

Partes del expediente

  • Carlos Valentín Cazarez Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    ... causa ejecutoria la sentencia de amparo... se ordena archivar el expediente como asunto concluido...

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las nueve horas con cincuenta minutos del veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, hora y día programados para la celebración de la audiencia constitucional, estando en audiencia pública el Juez Manuel Hiram Rivera Navarro, Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, ante James Ronald Arriola Aguirre, secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, declara abierta la audiencia sin la asistencia personal de las partes. Acto seguido, el Secretario hace una relación de las constancias del sumario, entre las que se encuentran escrito inicial de demanda, informe justificado y diversas constancias glosadas en autos. Asimismo se da cuenta con el estado de autos y con el oficio registrado bajo número 11026 y anexos. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias. Asimismo, se tiene por recibido el oficio signado por el Presidente y Actuario notificador, ambos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por el cual en vía de alcance a su informe justificado, remite diversas constancias relativas al expediente laboral 193/2019JE1, de su índice. Por otra parte, se toma en consideración que en veintisiete de agosto de la anualidad cursante, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por el Presidente y Actuario notificador, ambos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, lo que implica que se encuentra transcurriendo el término de ocho días para que las partes se impongan de su contenido, es menester precisar que la celebración de esta audiencia no desatiende la jurisprudencia número 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI LA QUEJOSA O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Lo anterior, toda vez que la finalidad del diferimiento es que las partes estén en aptitud de ofrecer pruebas que desvirtúen lo plasmado en los informes justificados; sin embargo, en el caso particular, se reclaman actos de carácter omisivo y por lo tanto éstos se apreciarán tal y como aparezcan acreditados ante la responsable. Abierto el período de pruebas, el Secretario certifica que la autoridad responsable presentó pruebas documentales; asimismo, que este juzgado recabó de manera oficiosa diversas constancias. El Juez acuerda: Se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las pruebas relacionadas en la certificación que antecede. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, el Secretario certifica que únicamente la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita presentó pedimento. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la certificación que antecede y por reproducidos los alegatos de la representante social. Con lo anterior, se concluye la audiencia y se levanta la presente acta para constancia, por lo que se procede a dictar resolución en los términos siguientes: VISTOS para resolver los autos que integran el juicio de amparo 926/2019, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito de demanda presentado en uno de agosto de dos mil diecinueve, ante la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, y remitido el mismo día a este juzgado Carlos Valentín Cázarez Reyes, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora y Actuario adscrito, ambos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno correspondió a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, conocer de la demanda de amparo en comento, con formación del expediente respectivo y su registro en el libro de gobierno bajo el número 926/2019, por auto de dos de agosto de dos mil diecinueve, se admitió a trámite, en el que además se ordenó pedir informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que verificada al tenor del acta que antecede y ahora se resuelve; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo establecen los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, que impone la obligación de fijar de manera clara y precisa el acto reclamado que constituye la litis efectivamente planteada por el quejoso, se precisa que en el presente juicio los actos reclamados son los siguientes: A la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora y Actuario Notificador adscrito a la misma: La omisión de emplazar a la parte demandada al juicio laboral 193/19JE1, dentro de los plazos previstos en la Ley. TERCERO. Inexistencia del acto. No es cierto el acto reclamado a las responsables Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora y Actuario Notificador adscrito a la misma, con sede en esta ciudad, consistente en la omisión de emplazar a la parte demandada "Inmobiliaria Canoras", Sociedad Anónima de Capital Variable; no obstante que las responsables al rendir el informe con justificación manifestaron que los actos que se reclaman son parcialmente ciertos. Lo anterior es así, pues de las constancias que en copia certificada remitieron vía alcance a su informe justificado, relativas al expediente laboral 193/19JE1, mismas que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, adquieren plena eficacia demostrativa, se desprende que a la fecha de la substanciación de la vía constitucional que nos ocupa, no existía el acto reclamado por el promovente. El peticionario del amparo reclama a través de este medio de control constitucional a las responsables, la omisión de emplazar a la demandada "Inmobiliaria Canoras", Sociedad Anónima de Capital Variable. Ahora bien, de las constancias que remitieron el Presidente y Actuario Adscritos a la Junta responsable, se advierte que en siete de junio de dos mil diecinueve, el Actuario adscrito a la Junta responsable, emplazó a la referida moral tercero interesada. Por tanto, si a la fecha de presentación de la demanda de amparo, esto es, el uno de agosto de dos mil diecinueve, ya se había admitido a trámite la demanda y se había emplazado a la moral tercero interesada "Inmobiliaria Canoras", Sociedad Anónima de Capital Variable, es innegable que la omisión que reclama la parte quejosa es inexistente. Es aplicable al particular, el criterio de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda." En mérito de lo anterior, se determina sobreseer en el juicio de amparo, respecto de los actos reclamados a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, consistentes en emplazamiento de la demandada "Inmobiliaria Canoras", Sociedad Anónima de Capital Variable, atento a lo previsto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado (certeza). Son ciertos los actos que se reclaman a las autoridades responsables Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora y Actuario Notificador y adscrito a la misma, consistente en la omisión de emplazar a la diversa demandada "Desarrollos Canoras" Sociedad Anónima de Capital Variable, certeza que se corrobora con las constancias que las citadas autoridades remitieron anexas a su informe justificado, de las cuales se aprecian los actos reclamados. Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. QUINTO. Causa de improcedencia. No obstante la existencia del acto reclamado, no se habrá de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, ni los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, en virtud de que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. El artículo 61 en su fracción XXI, de la Ley de Amparo dispone: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado para que se actualice dicha causa de improcedencia no basta que la autoridad derogue o revoque el acto reclamado si no que es necesario que, aún sin hacerlo destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Tiene aplicación al efecto la jurisprudencia 2a./J.59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso, la parte quejosa reclamó la omisión de emplazar a la parte demandada "Desarrollos Canoras" Sociedad Anónima de Capital Variable; dentro del juicio laboral 193/19JE1, ahora bien, de las constancias remitidas por las responsables Presidente y Actuario de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, se advierte que el Actuario Notificador en veinte de agosto de dos mil diecinueve, levantó la constancia de imposibilidad para realizar el emplazamiento a la parte demandada en trato, en el domicilio proporcionado por la parte actora (quejoso). Lo anterior permite determinar que han cesado los efectos del acto reclamado, sin que la imposibilidad que tuvo el actuario responsable para emplazar a la referida parte demandada sea obstáculo para ello, pues dicha situación no es atribuible a ninguna de las autoridades responsables, aunado a que la Junta responsable no está obligada a emplear oficiosamente los medios a su alcance para averiguar el domicilio de la parte demandada, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 739 de la Ley Federal del Trabajo, que establece: "Artículo 739. Las partes, en su primera comparecencia o escrito, deberán señalar domicilio dentro del lugar de residencia de la Junta para recibir notificaciones; si no lo hacen, las notificaciones personales se harán por boletín o por estrados, según el caso, en los términos previstos en esta Ley. Asimismo, deberán señalar el domicilio del demandado para recibir notificaciones, o el último lugar donde el trabajador prestó sus servicios. La notificación es personal y se diligenciará conforme a lo dispuesto en el artículo 743." Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 126/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, materia laboral, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, noviembre de dos mil dieciséis, Tomo II, página 1364, registro IUS 2013079, de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO AL JUICIO LABORAL. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LA JUNTA CUANDO NO LO LOGRA REALIZAR EN EL DOMICILIO DESIGNADO POR EL ACTOR TRATÁNDOSE DE UN SOLO DEMANDADO. Tanto en los juicios laborales en los que existe un patrón único como en los que se designa a varios de ellos resulta aplicable la Ley Federal del Trabajo, cuyas disposiciones no hacen distinción entre uno y otro supuestos, por lo que debe inferirse que no fue voluntad del legislador otorgar un trato diverso ni regir la situación de manera particular o destacada, en específico, sobre la carga del trabajador actor de designar el domicilio donde pueda emplazarse al patrón demandado (artículo 739, párrafo segundo, de la Ley Federal del Trabajo). En consecuencia, en aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 98/2013 (10a.) (*) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de juicios laborales en los que el actor no proporciona el domicilio para lograr el emplazamiento de un solo demandado o el proporcionado es incorrecto -desde luego, agotadas las posibilidades al efecto e, incluso, dando la posibilidad al trabajador de aclarar o proporcionar mayor información-, es factible que la Junta del conocimiento lo requiera para que aclare o designe uno nuevo bajo el apercibimiento de tener por no presentada la demanda, sin que esté obligada a emplear oficiosamente los medios a su alcance para investigarlo." Por esta razón, se concluye que la cesación de los efectos es inmediata, total y no sujeta a condición alguna por lo que el juicio de amparo ya no tiene ninguna razón de ser, pues las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional relatada, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto reclamado no hubieren invadido los derechos fundamentales del gobernado, de manera tal que el acto reclamado ya no agravia al quejoso. Todo lo cual colma los supuestos de la causa de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo. Tienen aplicación a lo anterior los siguientes criterios: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En atención a lo anterior, es evidente que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que se impone el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de la fracción V, del artículo 63, de la referida ley. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: Único. Se sobresee en el juicio de amparo 926/2019, promovido por Carlos Valentín Cázarez Reyes, en contra de la omisión de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora y Actuario Notificador de su adscripción, de emplazar a las demandadas "Inmobiliaria Canoras", Sociedad Anónima de Capital Variable y "Desarrollos Canoras", Sociedad Anónima de Capital Variable, en el expediente 193/19JE1, de su índice, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto, de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió el Juez Manuel Hiram Rivera Navarro, Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora y firma ante James Ronald Arriola Aguirre, secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    SE DA VISTA CON INFORME JUSTIFICADO Y DOCUMENTALES...SE REQUIERE A LAS AUTORIDADES POR CONSTANCIAS.

  4. Principal

    ... se agrega pedimento ministerial...

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