Carlos Valencia Sánchez
Expediente 753/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 753/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/07/2018
Partes del expediente
- Carlos Valencia Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción I, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula....III
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...Vista la certificación de cuenta se desprende que *****, quien promovió la presente demanda a favor del quejoso no dio cumplimiento a la prevención de autos; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto inicial, y únicamente se tiene promovida la presente demanda por lo que atañe a los actos reclamados por el quejoso directo. En ese sentido, se provee lo siguiente: DESECHAMIENTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, se advierte en la especie una causa manifiesta e indudable de improcedencia de la demanda, lo que impone a desechar la misma, como se explica enseguida. En ese orden, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura del ocurso. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia publicada con el número I.1o.A. J/4, en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el siguiente rubro y texto: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De una lectura integral de la demanda, así como de la totalidad de las constancias que obran en el presente sumario, se desprende que el quejoso medularmente reclama: La condiciones de internamiento en las que se encuentra, derivadas de su clasificación, registro y módulo en el que se localiza. Cabe señalar que, no obstante que el quejoso señaló en su demanda que en su contra se cometían actos contemplados por el artículo 22 Constitucional, en el caso no se está en presencia de aquéllos. Lo anterior es así, ya que de las constancias remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento a la suspensión de plano otorgada a la parte quejosa, a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°, se desprende que el solicitante del amparo no está siendo objeto de incomunicación, pues de las bitácoras de visita se advierte que ha tenido comunicación constante días anteriores a la presentación de la demanda e inclusive el mismo día de su presentación. De igual modo, de la constancia levantada por el actuario de la adscripción en cumplimiento de la medida cautelar de plano concedida, se colige que el quejoso tampoco sufre de actos de tortura, toda vez que en ella se asentó que el quejoso no tenía lesión física visible y que contaba con los servicios mínimos para su permanencia en el lugar de su reclusión y, el quejoso manifestó que no había sido objeto violencia física, y que se le permitía salir una vez al día de su módulo, confesión que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno en razón de lo establecido por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. De ahí que no se tengan como actos reclamados la incomunicación, aislamiento y malos tratos de los que aduce la parte quejosa es objeto por parte de la autoridad responsable. Precisado lo anterior, se advierte que el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no agotó el principio de definitividad. El citado dispositivo legal establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]" De la interpretación de la porción normativa del precepto legal transcrito, se pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. De modo que, para que opere la anotada causa de improcedencia, es necesario que concurran los requisitos siguientes: Que el acto reclamado sea emitido por una autoridad distinta a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; Que la ley conceda contra ese acto algún recurso, juicio o medio de defensa legal; y, Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Luego, de manera primordial, importa dejar asentado que con motivo de la entrada en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, y de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente, además de la intervención primaria de las autoridades administrativas en cuanto a la supervisión de los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el internamiento de los imputados y el cumplimiento de las sentencias, también están involucrados particularmente los Jueces de Ejecución en materia penal, tanto en el ámbito federal como local, quienes deberán asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que puedan producirse, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria. Así es, uno de sus propósitos esenciales de las aludidas reformas, fue el involucrar al Juez de Ejecución como protector inmediato de los derechos humanos de los internos, conforme se refleja en el artículo 25, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual establece: "Artículo 25. Competencias del Juez de Ejecución En las competencias a que se refiere el artículo anterior, el Juez de Ejecución deberá observar lo siguiente: I. Garantizar a las personas privadas de la libertad, en el ejercicio de sus atribuciones, el goce de los derechos y garantías fundamentales que le reconoce la Constitución, los Tratados Internacionales, demás disposiciones legales y esta Ley; [.]" Expuesto lo anterior, como se adelantó, esta juzgadora concluye la actualización de la causa de improcedencia invocada, porque los actos reclamados indicados admiten un medio de defensa, cuya tramitación está prevista en los artículos 116, fracción I, 120, 122, 123, 124 y 127 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por medio del cual pudo ser modificado. Así es, los numerales invocados prevén: "Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; (.)." "Artículo 120. Principios del procedimiento Las acciones y recursos judiciales se sustanciarán conforme a un sistema adversarial y oral y se regirán por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad. La persona privada de la libertad deberá contar con un defensor en las acciones y recursos judiciales; mientras que la Autoridad Penitenciaria podrá intervenir por conducto de la persona titular de la dirección del Centro o de la persona que ésta designe. El promovente podrá desistirse de la acción y del recurso judicial en cualquier etapa del procedimiento, siempre que esto no implique la renuncia a un derecho fundamental." "Artículo 122. Formulación de la controversia La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto." "Artículo 123. Auto de inicio Una vez recibida la solicitud, la administración del juzgado de ejecución registrará la causa y la turnará al juez competente. Recibida la causa, el Juez de Ejecución contará con un plazo de setenta y dos horas para emitir un auto en cualquiera de los siguientes sentidos: I. Admitir la solicitud e iniciar el trámite del procedimiento; II. Prevenir para que aclare o corrija la solicitud, si fuere necesario, o III. Desechar por ser notoriamente improcedente. Cuando se realice una prevención, el solicitante tendrá un plazo de setenta y dos horas para que aclare o corrija la solicitud, en caso de no hacerlo, se desechará de plano. El auto que admita la solicitud deberá realizarse por escrito y notificarse al promovente de manera inmediata sin que pueda exceder del término de veinticuatro horas. En caso de que no se notifique, se entenderá que fue admitida la solicitud. Las solicitudes que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumuladas en el auto admisorio para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. El auto que admite o niega la acumulación podrá ser reclamado mediante revocación." "Artículo 124. Sustanciación En caso de ser admitida la solicitud o subsanada la prevención, la administración del juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de prueba que estimen pertinentes; además se requerirá a la Autoridad Penitenciaria para que dentro del mismo término rinda el informe que corresponda. En caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Rendido el informe y contestada la acción, se entregará copia de las mismas a las partes que correspondan y se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, la cual deberá realizarse al menos tres días después de la notificación sin exceder de diez días. En caso de que las partes ofrezcan testigos, deberán indicar el nombre, domicilio y lugar donde podrán ser citados, así como el objeto sobre el cual versará su testimonio. En la fecha fijada se celebrará la audiencia, a la cual deberán acudir todos los interesados. La ausencia del director del Centro o quien lo represente y de la víctima o su asesor jurídico no suspenderá la audiencia." "Artículo 127. Resolución El Juez de Ejecución tendrá un término de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la resolución final. En la resolución el juez deberá pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos fundamentales de los sentenciados." De la transcripción que precede, se advierte que la Ley Nacional de Ejecución Penal, faculta al Juez de Ejecución para conocer controversias relativas a las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas. Luego, cuando se insta una acción o recurso judicial de los que se describen en los numerales reproducidos, el juzgador, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto, en el entendido de que cuenta con el plazo de setenta y dos horas para admitir, prevenir o desechar por notoriamente improcedente la solicitud. Si la solicitud es admitida, la administración del juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de prueba que estimen pertinentes; además, se requerirá a la autoridad penitenciaria para que dentro del mismo término rinda el informe que corresponda. Luego, en la fecha fijada se celebrará la audiencia, a la cual deberán acudir todos los interesados; posteriormente, el Juez de Ejecución tendrá un término de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la resolución final. Por tanto, se concluye que la Ley Nacional de Ejecución Penal, obliga al interno que estime que los actos emitidos por las autoridades penitenciarias le agravian, como sucede en el caso, deban recorrer y agotar todas las instancias contempladas, pues de lo contrario, en cualquier circunstancia, a criterio del justiciable, podría acudir directamente al juicio de amparo sin agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca, es decir, el interesado debe agotar, previo a la interposición de la acción constitucional, todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio del recurso ordinario tendente a revocar o modificar el acto lesivo a sus intereses. En suma, las controversias sobre la situación de los internos, por regla general, deben ser del conocimiento del Juez de Ejecución, pues, de otro modo, no tendrían efecto útil las disposiciones de la ley en comento, y serían obsoletas, en tanto que se dejaría de cumplir con su objetivo: garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad en forma directa e inmediata, además de que se dejaría de observar que el ánimo de la reforma es garantizar con celeridad esa protección, ya que el procedimiento respectivo es breve, dado que el Juez de Ejecución tiene la obligación de resolver en un plazo de setenta y dos horas, a fin de que de ser procedente la acción, la autoridad penitenciaria de respuesta de fondo a la petición formulada. A la luz de lo explicado, el medio de defensa establecido en los artículos 116, fracción I y 120 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el que se estima procedente contra el acto reclamado consistente en: La condiciones de internamiento en las que se encuentra el quejoso, derivadas de su clasificación, registro y módulo en el que se localiza. Lo dicho, precisamente porque se trata del medio de defensa idóneo para determinar si las autoridades aquí señaladas como responsables, han incurrido o no en una afectación al principio rector del sistema penitenciario de vida digna y segura en reclusión y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla. Además, en la especie no se actualiza ninguna de las excepciones a la obligación de agotar los medios de defensa, las cuales consistentes en: Cuando las leyes que rigen los actos reclamados exijan mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva; y, Cuando el acto reclamado carezca de fundamentación (violación directa de la Constitución) Cierto, ninguno de los supuestos de excepción se actualizan en el presente asunto, porque la propia Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé la suspensión del acto sometido a conocimiento del Juez de Ejecución, la que incluso puede ser dictada de oficio o bien a solicitud de parte; y por lo que respecta a la carencia de fundamentación del acto reclamado, tal cuestión no se actualiza, pues dada la naturaleza del acto reclamado es evidente que aquélla no se encuentra materializada, por lo que dicha circunstancia puede hacerse valer a través del aludido recurso. Así pues, no se está frente a alguna de las hipótesis de excepción a que alude la fracción XX, del numeral 61, de la Ley de Amparo, que validara al quejoso no observar el principio de definitividad previo a acudir el presente juicio de amparo. Efectivamente, el quejoso no estaba relevado de la carga de agotar el recurso ordinario, pues de lo contrario imperaría su arbitrio, quien por el solo hecho de expresar que existe violación directa a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa. Sirve de sustento a lo explicado, la Jurisprudencia XX. J/1, visible en la página 94, del Tomo I, Abril de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 205283, de rubro y contenido siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN Y CUESTIONES DE LEGALIDAD. Si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; también lo es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a nuestra Carta Magna supuesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente." Se invoca también, la tesis III.2o.P.135 P (10a.), localizable en la página 3318 del Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2016370, de rubro y contenido siguientes: "ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES NECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Los artículos 1, 2, 4, tercer y cuarto párrafos, 9, 25, fracción I, 30, 107 a 115, 122 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen un procedimiento administrativo para atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, relacionadas con su salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta y, en general, con todos los actos que afecten sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; además, disponen la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la ley citada, señala que si la solicitud fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de dicha resolución, o bien, en cualquier tiempo, si los efectos del acto son continuos o permanentes; asimismo, prevén la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender esas solicitudes, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, los promoventes podrán acudir ante el Juez de ejecución competente y demandar esta omisión; de igual manera, el interno tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 indicados, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. En esa virtud, antes de acudir al juicio de amparo a impugnar actos relacionados con las condiciones de internamiento de personas privadas de su libertad, es necesario agotar el procedimiento administrativo, así como los medios de impugnación previstos en su contra en la ley referida, atento al principio de definitividad." También es aplicable la tesis VI.1o.P.17 P (10a.), visible en la página 2095, del Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2016079, de rubro y contenido siguientes: "CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LOS HECHOS, ACTOS U OMISIONES RELACIONADOS CON AQUÉLLAS, DEBE AGOTARSE EL MECANISMO DE PETICIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Cuando se reclaman hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento en un centro de reclusión, emitidos o suscitados en el marco del procedimiento de ejecución penal, previo a acudir al amparo, debe agotarse el mecanismo de "petición administrativa" (y su procedimiento subsecuente), previsto en el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en aras de agotar el principio de definitividad; caso contrario, se actualiza la hipótesis de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En este supuesto, si del escrito de demanda se advierte que el quejoso se encuentra sujeto a una medida de internamiento, y el motivo de reclamo no constituye un caso urgente en términos del artículo 115 de la señalada Ley Nacional de Ejecución Penal, es inconcuso que la causa de improcedencia aludida se surte de manera manifiesta e indudable y da lugar a su desechamiento, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que por virtud de la condición del quejoso como interno en un centro de reclusión, le son aplicables los procedimientos y mecanismos de protección previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal; de ahí que resultaría innecesario esperar al resultado de la tramitación del juicio, si de cualquier forma la evaluación posterior del acto, en ese mismo escenario, no conduciría a una conclusión distinta." De esta suerte, si la parte promovente del amparo, instó el presente juicio constitucional no obstante encontrarse obligado a agotar el procedimiento que como medio de defensa ordinario se contiene en la Ley Nacional de Ejecución Penal, es decir, le asistía la carga procesal de observar el principio de definitividad previamente al ejercicio de su acción constitucional, es inconcuso que al no haberlo hecho, deviene improcedente el presente asunto, por lo que procede desechar el presente juicio por los actos y autoridades analizados en este apartado, en términos del artículo 61 fracción XX en concordancia con el numeral 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo. Se invoca la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página setecientos cincuenta y dos, tomo LXXXIV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. Si contra la resolución reclamada en amparo procedía un recurso ordinario, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, conforme a lo dispuesto por la fracción XIII del artículo 73 de la ley orgánica respectiva, sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que el quejoso haya hecho valer ese recurso y el mismo le haya sido desechado, porque el consentimiento tácito de esta repulsa, no puede revestirla de legalidad". Asimismo, es ilustrativa la tesis CXCVIII/2014 sustentada por la citada Primera Sala, publicada el 23 de mayo de 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2006472, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE LAS ACCIONES INTENTADAS POR LOS GOBERNADOS NO SE RESUELVAN FAVORABLEMENTE A SUS INTERESES NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos, lo que, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conlleva a que ese recurso sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una violación a los derechos humanos y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el hecho de que las acciones intentadas por los gobernados no se resuelvan favorablemente a sus intereses, no significa que no tuvieron acceso a un recurso efectivo para proteger sus derechos, pues si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, para resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los tribunales deban resolver el fondo del asunto planteado, favorablemente, sin que importe verificar la procedencia de sus pretensiones". A mayor abundamiento, se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Penal del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver los amparos en revisión penal 657/2017 y 775/2017, deducidos respectivamente de los juicios de amparo 1087/2017 y 1374/2017 del índice de este Juzgado Federal, sostuvo similar criterio al aquí pronunciado, esto es, que contra actos emitidos por autoridades penitenciarias, procede agotar el principio de definitividad. CAPTURA DE PROVEÍDO. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro...III NP
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Agréguese a los presentes autos, para que obre como corresponda, el oficio de cuenta signado por el Jefe de Seguridad y Custodia del Centro Penitenciario Varonil de San José El Alto, Querétaro, mediante el cual rinde su informe relativo a la suspensión de plano decretada en el presente juicio; en tal virtud, dese vista a las partes con el contenido del mismo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo. Asimismo, con apoyo en el artículo 119 de la ley reglamentaria invocada, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las documentales que anexa.
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RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ****, en favor de ****, contra actos del Jefe de Seguridad y Custodia del Centro Penitenciario de San José el Alto, Querétaro. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 753/2018-III, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado; asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN DE ACTOS RECLAMADOS. De la lectura integral de la demanda de cuenta, se advierte que se reclama la incomunicación y mal tratamiento de Carlos Valencia Sánchez, lo anterior, toda vez que se encuentra en el "módulo cerrado", del Centro Penitenciario Varonil de San José El Alto, Querétaro. SUSPENSIÓN DE PLANO. En esa medida, con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 15 de la Ley de Amparo, atendiendo a que se reclama la incomunicación y actos de tortura física, de los cuales se afirma es objeto el quejoso directo ****, que constituyen actos prohibidos por los numerales citados con antelación; con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión, para el efecto que de inmediato cesen tales actos, esto es, actos de incomunicación y tortura física, o cualquier otro de los previstos en el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo, bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades carcelarias señaladas como responsables, con independencia de que el agraviado ratifique el contenido de la demanda promovida en su favor. INFORME SOBRE SUSPENSIÓN DECRETADA. Con fundamento en los artículos 125, 127, 128, 129, 136, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo, pídanse los informes correspondientes a las autoridades señaladas como responsables, el cual deberán rendir de inmediato, incluso antes de las veinticuatro horas, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo, en el que expresarán si son ciertos o no los actos reclamados que se les atribuyen, las razones pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y proporcionar la información que tengan a su alcance relativa a los actos reclamados. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 259 y 237 fracción I, de la actual Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que de no rendir el informe solicitado, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente; dada la trascendencia del informe que se les requiere y la obligación de este juzgado de verificar el cumplimiento a la suspensión de plano. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada el diez de enero de dos mil dieciocho. RATIFICACIÓN DE DEMANDA. Ahora bien, como de la demanda de cuenta se advierte que la parte promovente refiere que el quejoso directo está siendo incomunicado y torturado en las instalaciones que ocupa el Centro Penitenciario Varonil de San José El Alto, Querétaro, se comisiona al Actuario adscrito a este Juzgado Federal, para que se constituya en dichas instalaciones y realice lo siguiente: Verifique que en el caso de que se aplique o continúe aplicándose en perjuicio del agraviado ****, cualquiera de los actos señalados por el numeral 22 constitucional, en relación con el diverso 15 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable cumpla en sus términos la suspensión concedida en este proveído y cese de inmediato tales actos; asimismo, asiente las condiciones físicas en que se encuentra el quejoso, y las del lugar en que se encuentra recluido. Con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiera al quejoso para que en ese acto, o bien, dentro del término de tres días, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida a su favor; en la inteligencia que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada y se dejarán sin efecto todas las providencias dictadas en este expediente principal y en el incidente de suspensión, así como todo requerimiento relativo formulado a las autoridades señaladas como responsables. Asimismo, para que el momento de la notificación del presente auto, le requiera para que manifieste de forma expresa si es su deseo que las notificaciones que surjan durante la tramitación del presente asunto se le practiquen en el lugar de su reclusión y/o si desea señalar algún domicilio diverso, además de que manifieste si es su deseo señalar personas como autorizadas para tal efecto. Asimismo, se faculta al Actuario Judicial, a efecto de que dirija el oficio correspondiente, mediante la inserción de la denominación correcta de la autoridad responsable, quedando ésta vinculada al cumplimiento de la medida cautelar, pues de conformidad con el artículo 1° Constitucional, segundo párrafo, y 15 de la Ley de Amparo, las normas relativas a los derechos humanos se deberán interpretar favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; de modo que, las autoridades no designadas quedan obligadas a cumplimentar lo ordenado por este órgano de control constitucional. Prevéngase a las autoridades que tengan a su disposición a Carlos Valencia Sánchez, para que otorguen las facilidades necesarias al actuario de este Juzgado de Distrito para el efecto de que pueda dar cabal y debido cumplimiento a lo ordenado en este auto, bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior se dará vista al Ministerio Público Federal para los efectos de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir. Por otra parte, en términos del artículo 28 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se les dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar en que se encuentren y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negaren a recibir tales oficios se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga, por lo que, en ese supuesto el actuario de este juzgado hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio; todo lo anterior sin perjuicio de imponer la multa correspondiente al dictar sentencia, a la autoridad responsable que por sí, o por conducto de alguno de sus empleados se niegue a recibir el oficio respectivo. Por otra parte, tomando en consideración que la promovente refiere que la autoridad responsable está afectando su trabajo y la defensa de sus representados en virtud de que no se le permite tener comunicación con ellos, prevéngasele para que dentro del término de cinco días, siguientes a partir de que surta efectos la legal notificación del presente acuerdo, informe a este Juzgado si además de promover la presente demanda en representación de Carlos Valencia Sánchez, también es su deseo hacerlo por propio derecho, o bien en representación de diversos internos, en virtud de que de su escrito de demanda se advierte que no se le ha permitido tener comunicación con el diverso interno Rogelio Rangel Rivera. Bajo el apercibimiento que de no desahogar lo anterior, en el término otorgado para tal fin, se continuará con el trámite del presente juicio en los términos planteados conforme al auto inicial de demanda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otro lado, en cuanto al domicilio que menciona el promovente, se reserva proveer lo conducente hasta en tanto el agraviado ratifique o no dicha designación en los términos precisados en párrafos procedentes. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese; personalmente a la parte promoverte y a Carlos Valencia Sánchez, en el lugar de su reclusión.
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