Carlos Uriel Lopez Salazar
Expediente 645/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 645/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 29/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Carlos Uriel Lopez Salazar
- Katia Elizabeth Camacho Cortes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, al que anexa la versión digitalizada de la ejecutoria dictada en la queja 243/2023, de su índice administrativo, relativo al recurso de queja interpuesto por los quejosos, *********, por conducto de su defensor, César Augusto Cortés Osorio, en contra del proveído de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Dicha resolución en lo conducente, determinó lo siguiente. "[.] ÚNICO. Es infundado el recurso de queja. [.]" Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Por tanto, una vez que transcurran tres años contados a partir de esta data, el presente expediente deberá ser destruido, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción IV, del citado Acuerdo General, pues en el presente asunto se desechó la demanda de amparo intentada. Notifíquese.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a treinta de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz; atento a su contenido, se tiene a la superioridad informando que dio entrada al recurso de queja interpuesto por los quejosos, *************** por conducto de su defensor, César Augusto Cortés Osorio, en contra del proveído de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés; el cual quedó radicado bajo el número 243/2023 de su índice administrativo. Notifíquese.
- Principal
Córdoba, Veracruz, uno de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos copia del escrito signado por ***************; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 103 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del proveído de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, una vez que conste en autos la notificación del presente proveído al promovente del amparo, remítase vía interconexión, a través del Sistema de Seguimientos de Expediente (S.I.S.E.), el citado escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, en turno, para la substanciación del medio de impugnación en cita. Atento a lo anterior, póngase a disposición del Tribunal Colegiado en cita, la versión electrónica del expediente en que se actúa, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, por lo que se instruye a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para que en su momento habilite dicha función. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En el entendido de que para dar cumplimiento a lo anterior, deberán acatarse las reglas contenidas en la Circular DGGJ/0012/2020, emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, esto es, solicitar el turno por correo electrónico a la Oficina de Correspondencia Común que corresponda, adjuntando un oficio que contenga los datos necesarios para el registro. En caso de que la Superioridad lo considere necesario, se remitirán físicamente las constancias que requiera para la resolución del recurso de trato. Finalmente, tomando en consideración que no existe diversa parte a quien deba notificarse la interposición del citado recurso, con fundamento en el artículo 101, párrafo primero de la Ley de Amparo, envíese informe en relación con la materia de la queja, en el sentido de que es cierta la resolución que se impugna. Notifíquese.
- Principal
ÚNICO. En términos de lo dispuesto por los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto debe analizar el escrito de demanda y si advierte de oficio la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Al respecto, es pertinente destacar que para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el caso, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente La resolución dictada en el toca penal 408/2022, del índice de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Xalapa, Veracruz, en la que se confirmó la diversa dictada en la audiencia intermedia de diez de marzo de dos mil veintidós, celebrada en el proceso penal 332/2019, por la que se excluyeron medios de prueba de la defensa. Sin embargo, respecto de dicho acto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, pues el promovente lo consintió tácitamente, al no haber promovido el juicio de amparo, dentro del término que establece el artículo 17 de la ley de la materia. Es así, pues los dispositivos en cita, en lo que trasciende, establecen lo siguiente "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos (...)." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleo de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De lo expuesto en los artículos transcritos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva fuera del plazo de quince días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación conforme a la ley del acto, o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado. En el asunto que nos ocupa, de la lectura de la demanda de amparo y escrito aclaratorio se advierte que el promovente manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que el veinte de marzo del año en curso se le notificó la resolución emitida en el toca penal 408/2022, del índice de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Xalapa, Veracruz, que constituye el acto reclamado. Por tanto, si la demanda de amparo la promovió el veintidós de junio de dos mil veintitrés, entonces, entre el día en que el promovente fue notificado del acto reclamado (veinte de marzo del año en curso), y la fecha de presentación de la demanda través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (veintidós de junio de dos mil veintitrés), transcurrió en exceso el término genérico de quince días hábiles con que contaba el peticionario de amparo para inconformarse en la vía constitucional contra el acto reclamado de referencia. Es pertinente señalar que el acto aquí reclamado no se encuentra dentro de alguno de los supuestos de excepción para promover el juicio de amparo en cualquier tiempo, o fuera del término genérico de quince días, en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales; y no se trata de una sentencia condenatoria en materia penal, o bien, de una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en donde el agraviado haya sido citado legalmente para el juicio y se encuentre fuera del lugar del mismo, pero dentro de la república o que residiere fuera de ella. Tampoco es un juicio de amparo que se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. En ese entendido, la demanda debió presentarse dentro del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que no aconteció. De ahí que, al resultar extemporánea, se considere tácitamente consentida la resolución reclamada y actualizada la causa de improcedencia en mención. Por otro lado, también se estima que en el caso opera de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el 107, fracción V, interpretado contrario sensu, ambos de la Ley de la Ley de Amparo, que establecen "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos (...)". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)". Del segundo de los preceptos transcritos deriva que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, interpretado contrario sensu, se advierte que el juicio de amparo es improcedente si se controvierten actos que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea irreparable. En el caso, el acto reclamado consiste en la resolución dictada en el toca penal 408/2022, del índice de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Xalapa, Veracruz, en la que se confirma la diversa dictada en la audiencia intermedia de diez de marzo de dos mil veintidós, celebrada en el proceso penal 332/2019, por la que se excluyeron los siguientes medios de prueba de la defensa '[.] COPIA CERTIFICADA DE ACTA DE NACIMIENTO DE KATIA ELIZABETH CAMACHO CORTÉS; CREDENCIAL DE ASPIRANTE DE LA UNIVERSIDAD NAVAL DE LA SECRETARÍA DE MARINA ARMADA DE MÉXICO EXPEDIDA A KATIA ELIZABETH CAMACHO CORTÉS; CARNET A NOMBRE DE KARINA CORTÉS ESCALANTE, SOLICITUD DE ESTUDIO Y/O PROCEDIMIENTO EXPEDIDA POR EL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO O.D. "DR EDUARDO LICEAGA"; EVIDENCIA MATERIAL CONSISTENTE EN UNA FOTOGRAFÍA IMPRESA DE UN CROQUIS; RESULTADO DE EXAMEN DE REFRACCIÓN; FICHA INDIVIDUAL ACUMULATIVA EXPEDIDA POR LA ESCUELA JOSÉ OCHOA LOBATO; CERTIFICADO DE BACHILLERATO EXPEDIDO POR LA UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ; CONSTANCIA DE LA EMPRESA PROMOCIÓN DINÁMICA INTEGRAL S.A. DE C.V.; CERTIFICADO DE ESTUDIOS EXPEDIDO POR UGMX; CARTA DE PASANTE EXPEDIDA POR LA UNIVERSIDAD UGMX; Y CINCO FOTOGRAFÍAS IMPRESAS SIENTO TRES IMÁGENES Y DOS CROQUIS [.]'. Por tanto, dicha determinación no afecta materialmente algún derecho sustantivo en perjuicio del quejoso, lo cual sólo podría ocasionar una afectación a sus derechos adjetivos o procesales de defensa reparable, pues cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque exista otro medio que pruebe el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien, porque se obtenga una sentencia favorable la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio; ocasionando que no trascienda a la esfera jurídica de los directos quejosos. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la sustentan la jurisprudencia (...) En consecuencia, al actualizase las causas de improcedencia invocadas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por *******, por conducto de su defensor César Augusto Cortés Osorio. Apoya lo anterior, por sus argumentos, la jurisprudencia número (...) Por lo expuesto y con fundamento además en lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se resuelve ÚNICO. Se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por *******, contra actos de la 1. Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Xalapa, Veracruz, y otra autoridad. Notifíquese vía electrónica al promovente.
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