Carlos Uriel Hernández Rosas
Expediente 284/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 284/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 06/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Carlos Uriel Hernández Rosas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, seis de junio de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la legitimada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Capturas. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de 1 Exceptuando los días veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de mayo de dos mil veintidós, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Expedientes (S.I.S.E.). Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal2 , archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a la parte promovente a fin de que solicite la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, tres de mayo de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos el oficio y constancias remitidas en vía de alcance al informe justificado, presentados por el presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Navojoa, Sonora. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tienen por ofrecidas las documentales que anexa dicha autoridad, a las cuales este juzgador les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, de las cuales se advierte la actualización de una causa de improcedencia, por un acto, y de sobreseimiento por otros, por tanto, se acuerda lo siguiente. Sobreseimiento fuera de audiencia I. Precisión de los actos reclamados. Con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados por la parte quejosa, se hacen consistir en: La omisión de la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, de girar exhorto al presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Navojoa, Sonora para llevar a cabo el emplazamiento de la contraparte que en el juicio de origen; Realizar los actos encaminados para que se diligencie el mismo. De la junta mencionada en primer término, el desahogar las pruebas conforme al término que aplique la ley obrera; así como el dictado del laudo y notificar a las partes del juicio, una vez concedido el término para alegatos. Ahora bien, acerca del inciso b) se provee lo siguiente: II. Cesación de efectos. Del análisis del oficio enviado por el tribunal responsable, así como de las documentales agregadas, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que esta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así pues, la junta responsable con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado manifestó que, por lo que refiere al emplazamiento de la demandada vía exhorto, este se ordenó girar el veintiuno de enero de dos mil veintidós, se hizo entrega del mismo a la parte actora a efecto de hacerlo llegar a su destino, el cual, aún no se recibe diligenciado en ese tribunal. Lo anterior se corrobora al realizar el análisis de las probanzas que acompañó al referido informe. Posteriormente, de las constancias adjuntas en el oficio de cuenta, se denota que la autoridad responsable con sede en Navojoa, recibió el exhorto en comento, el dieciocho de febrero de este año, y una vez diligenciado, fue remitido a su lugar de origen el doce de abril siguiente. En ese orden de ideas, si la afectación aducida por la parte quejosa radicaba, en la omisión de que la autoridad exhortante requieriera a la autoridad exhortada, para que efectúe el emplazamiento de la parte demandada en el juicio de origen, situación que si bien, no se materializó, con independencia de ello, la junta especial de Navojoa, llevó a acabo lo solicitado por la autoridad requirente, cesando así, la paralización de la que se dolía. En esa virtud, resulta evidente la actualización del motivo de inejercitabilidad examinada, toda vez que con el actuar de la responsable volvieron las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, en tanto su pretensión se encuentra satisfecha, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. Por consiguiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la ley de la materia, procede sobreseer fuera de audiencia, al declararse improcedente el juicio de amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado en estudio. Sustenta la anterior determinación, la tesis jurisprudencial 2a./J.10/2003, visible a fojas 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En consecuencia, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de derechos en términos de la causal de improcedencia invocada por el acto que a este apartado refiere. Por otra parte, en relación con los actos reclamados identificados en los incisos a) y c), se determina lo siguiente: III. Inexistencia del acto reclamado. En atención a la naturaleza del acto que la parte quejosa reclama de la junta que a este apartado interesa, su existencia debe analizarse a partir de la fecha de presentación de la demanda, en el caso, el tres de marzo de dos mil veintidós. Lo anterior, dado que la parte quejosa reclama por un lado, la omisión de girar exhorto al presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Navojoa, Sonora para llevar a cabo el emplazamiento de la contraparte en el juicio de origen, y por otro, el desahogar las pruebas conforme al término que aplique según la ley obrera, así como el dictado del laudo y notificar a las partes del juicio, una vez concedido el término para alegatos; acudiendo a esta instancia constitucional en busca del amparo y la protección de la justicia federal. Luego, si el multicitado exhorto, fue girado como se dilucidó en párrafos precedentes, el veintiuno de enero de dos mil veintidós, el cual, fue recibido el dieciocho de febrero de ese mismo año, es inconcuso que la aludida omisión no existía a la fecha de interposición de la demanda de derechos. En cuanto a los actos restantes, es menester reconocer lo que prevé la Ley Federal del Trabajo en el artículo 873, en relación con la audiencia conciliación, demanda y excepciones, la cual, dicho sea de paso, se encuentra señalada por la junta señalada como responsable para su celebración el próximo diecinueve de mayo de este año. En ese sentido, si a la fecha de interposición del juicio de derechos en que se actúa, la parte demandada no se encontraba emplazada, es indudable que la etapa procesal en la que se encuentra, no es la propicia aún, para la celebración de la audiencia que reza el precepto legal apenas mencionado. Por ende, se reconoce que el juicio natural no se encontraba en el momento procesal oportuno para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo, -esto es, ofrecimiento y admisión de pruebas- siendo esta la etapa procesal que le sucede a la prevista en el numeral 873 del antedicho ordenamiento legal; por mayoría de razón, tampoco se encuentra en estado de dictar laudo. Como resultado, si el impetrante de amparo reclama las omisiones señaladas en el párrafo precedente, desde el tres de marzo de dos mil veintidós, es obvio que las consabidas omisiones no existían a la fecha de interposición de la demanda de derechos, puesto que, la autoridad señalada como responsable en los incisos a) y c) de la precisión de los actos reclamados, no pueden incurrir en desatender la prosecución del juicio, ya que no era factible la materialización de las etapas que se reclaman. Por lo tanto, es evidente que el reclamo constitucional resulta inexistente y conforme a lo expuesto, no puede desvirtuarse tal negativa, actualizándose la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la tesis 2a./J. 3/94, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Núm. 79, Julio de 1994, página 15, Registro digital 206346, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En ese contexto, procede sobreseer fuera de audiencia en el medio de control constitucional en el que se actúa en términos de la causa de sobreseimiento invocada por los actos que a esta sección refiere. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto el día y la hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio -once horas con catorce minutos del once de mayo del año en curso-. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
CON ESTA FECHA SE TIENE POR HECHA LA NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA DEL CONTENDIO DEL AUTO DE 03 DE MAYO DE 2022, EN EL CUAL SE DECRETO: SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA........
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado presentado por el presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Navojoa, Sonora, dese vista a las partes con su contenido. No se soslaya que la autoridad menciona que remite diversas constancias para sustentar lo manifestado en el informe de referencia; por tanto, y toda vez que éste se presentó vía telegráfica, se estará a la espera de la recepción de dichos anexos para proveer lo que en derecho corresponda. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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