Carlos Uriel Cardenas Suarez
Expediente 1064/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 15 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1064/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 15/12/2023
Partes del expediente
- Carlos Uriel Cardenas Suarez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, quince de diciembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por **************, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio, Víctor Elías Pacheco Patlán. De la lectura de la demanda se desprende que los actos reclamados consisten: La determinación de treinta de noviembre de dos mil veintitrés, a través de la cual el juez responsable difirió la audiencia inicial relativa a la carpeta judicial ************, y no le permitió el acceso al defensor particular del quejoso. Aspectos Generales Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 1064/2023-III. Genérese el expediente electrónico e impreso. Desechamiento. Ahora bien, proveyendo en relación al contenido de la demanda, con fundamento en el artículo 113, se estima procedente desechar de plano la misma, por las siguientes consideraciones: Improcedencia En ese sentido, se advierte que en la demanda de amparo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.).". De lo transcrito se colige que el amparo indirecto procede, entre otros casos, contra actos intraprocesales cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos. A contrario sensu, el juicio biinstancial será improcedente contra actos intraprocesales que no revistan una ejecución de naturaleza irreparable. Al efecto, debe partirse que en el primer párrafo del artículo 1o. de la Carta Magna, el Constituyente incorporó como materia de protección por parte del Estado, los derechos humanos ahí reconocidos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, entendiéndose por éstas todos los mecanismos, medios y procedimientos establecidos para lograr la efectiva salvaguarda de los derechos en cuestión. Asimismo, pone de relieve que los derechos y sus garantías no son lo mismo, y que éstas se otorgan para proteger los derechos humanos. Así, las garantías sólo existen en función de los derechos que protegen, los cuales pueden existir sin éstas pero no a la inversa; entonces, las citadas categorías (derechos humanos y sus garantías) engloban lo que el legislador ha identificado en la Ley de Amparo como derechos sustantivos. En el entendido que los derechos sustantivos a que se hace alusión en el artículo 107, fracción V, de la citada ley son aquellos derechos humanos previstos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como sus garantías, siendo un requisito indispensable para estimarlos así que éstos puedan tener una infracción directa a través del acto de autoridad posiblemente transgresor del sistema protector de derechos fundamentales. En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), determinó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". Estableció que la primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, inciso a), dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; y, la segunda, está prevista en su fracción V, cuya intención es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. De esta forma, estableció que podía afirmarse que el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica, en cuanto a la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo, además que deberían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación, según fue explicando nuestro Alto Tribunal, el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. La primera exigencia consiste en que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo cual equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos". Tal expresión es opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos sino que dependen de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De modo que, en los juicios de amparo iniciados conforme a la actual Ley de Amparo, uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen. En tales circunstancias, el acto que aquí se combate, no patentiza una afectación material y directa a los derechos sustantivos del quejoso, pues no contienen pronunciamientos relacionados con el fondo del asunto, esto es, no afectan materialmente, ni de manera inmediata y directa, derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, como pudiera ser el de la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, cuya afectación o efectos no podrían repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado de manera irreversible la violación del derecho fundamental. En el caso que nos ocupa, la pretensión del quejoso se ciñe en la determinación de treinta de noviembre de dos mil veintitrés, a través de la cual el juez responsable difirió la audiencia inicial relativa a la carpeta judicial **************, y no le permitió el acceso al defensor particular del quejoso, no obstante, el suscrito considera que tal acto no le causa perjuicio, pues lo verídico es que fijó diversa fecha para la celebración, en la que una vez que su defensor haya protestado el cargo conferido, podrá participar en el proceso correspondiente. Adicionalmente, el acto reclamado únicamente tiene efectos formales o intraprocesales que no necesariamente van a trascender en una afectación dentro del proceso de origen. En consecuencia, se itera, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA, por notoria y manifiesta improcedencia de acuerdo con el artículo 113 de la ley de la materia. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizados a las personas que mencionan en su escrito inicial de demanda que cuenten con cédula profesional, con las facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, siempre y cuando acrediten estar facultados para ejercer dicha profesión. Asimismo, se tienen por autorizados exclusivamente para oír notificaciones e imponerse de autos a las demás personas que se señalan en la demanda de amparo. (Artículo 24, párrafo segundo, de la ley de la materia). Uso de medios electrónicos y obtención de copias Se autoriza el uso de medios electrónicos, obtención de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Fundamentos Todo lo anterior de conformidad con los artículos 6, fracción II; 16, párrafo segundo, 103, fracción I, 107, fracciones I, VIII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 5, fracción IV, 12, 21, 33, fracciones IV, 35, 37, 64, 74, 107, 108, 110, 112,115, 117, 238, 251, 260 de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Notifíquese personalmente.
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