Carlos Ulises Sánchez Franco
Expediente 778/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 34 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 778/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 24/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Carlos Ulises Sánchez Franco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Con base en la certificación de cuenta y dado que la parte promovente no recurrió el auto en que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído HA CAUSADO ESTADO. Al no existir actuación por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que este expediente no es de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos indicados en el citado Acuerdo General. Toda vez que el duplicado del incidente es susceptible de destrucción; en consecuencia, una vez que transcurra el término de seis meses que establece el citado Acuerdo, dese nueva cuenta para acordar lo procedente; en la inteligencia de que la Secretaría deberá realizar el cómputo correspondiente para facilitar, en su oportunidad, la destrucción respectiva. Notifíquese.
- Principal
Se notifica por lista de estrados a los terceros interesados Arnulfo Quintero Ochoa y Casanova Vallejo, Sociedad Anónima de Capital Variable, el proveído del dos de mayo de dos mil veintidós. Culiacán, Sinaloa, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial del día dieciocho de mayo, de la que se advierte que no fue posible notificar a los terceros interesados Arnulfo Quintero Ochoa y Casanova Vallejo, Sociedad Anónima de Capital Variable, el proveído del dos de mayo de dos mil veintidós, por los motivos que en la misma se asientan; en consecuencia, de conformidad con lo establecido por el artículo 27, fracción III, inciso a), se ordena notificar por lista a los terceros interesados precisados el referido acuerdo, así como la presente y subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal. Notifíquese. Culiacán, Sinaloa, dos de mayo de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los oficios de cuenta signados por la Secretaria de la Sala de Circuito Zona Centro y por la Juez de Primera Instancia Adscrita al Juzgado Primero de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito en el Estado, mediante los cuales en cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de veintidós de abril de este año, la primera devuelve el tomo de pruebas y la segunda remite copia simple de diversas constancias relativas al recurso interpuesto por el quejoso contra el auto de doce de marzo de dos mil veintidós; además, señala no cuenta con los datos de identificación del tercero interesado Marco Francisco González Núñez y/o Marcos Francisco González Núñez. Por otro lado, en atención al oficio remitido por la Secretaria de la Sala de Circuito Zona Centro, en el que se declara incompetente para seguir conociendo del presente juicio, se tiene como autoridad sustituta a la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia. Por otra parte, de la certificación que antecede y del estado de autos se advierte: del dos de marzo al treinta de marzo de este año transcurrió el plazo de veinte días hábiles concedido a la quejosa en auto de veintiséis de enero de dos mil veintidós, a fin de llevar a cabo las acciones encaminadas a diligenciar los edictos ordenados para emplazar a juicio a la parte tercera interesada Jesús Enrique Plata Gallegos, sin que lo haya hecho; y tampoco manifestó la imposibilidad de cubrir el gasto correspondiente. Por tanto, se actualiza la causa de sobreseimiento establecida en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no acreditó haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de la citada legislación. El referido precepto establece lo siguiente: el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando el quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27, fracción III, inciso b), de esa ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó. Así, al quedar paralizado el presente juicio constitucional por la falta publicación de los edictos a costa del amparista, para lograr el emplazamiento de la tercera interesada en mención, se contraviene el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto planteado. Sin que esto sea atribuible a este órgano jurisdiccional sino al propio justiciable, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto constitucional, dado que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señala la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del solicitante del amparo, pues con su omisión impide que se integre válidamente la relación jurídico procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 84/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Página 266, Registro Digital 161091 que establece: EMPLAZAMIENTO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO, EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZARLO POR CIRCUNSTANCIAS ATRIBUIBLES AL QUEJOSO NO CONDUCE AL SOBRESEIMIENTO. El artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, impone la obligación de emplazar al tercero perjudicado al juicio de garantías, inclusive mediante edictos, ante el extremo de no obtener datos para localizarlo. La observancia de esta formalidad en el juicio de amparo directo en materia penal promovido por el enjuiciado cumple con el objetivo de otorgar a la víctima u ofendido del delito, con derecho a recibir la reparación del daño, la oportunidad de ser escuchado respecto del interés que tiene en la subsistencia del acto reclamado. Ahora bien, en caso de actualizarse situaciones particulares del quejoso que le impidan dar cumplimiento al requerimiento para que se realice el emplazamiento del tercero perjudicado mediante edictos, como la falta de recursos económicos para cubrir el costo, derivada de la privación de su libertad personal como consecuencia de la sentencia condenatoria que reclama o de sus condiciones personales, basta que se exprese esta condición de insolvencia económica para que, en estricto apego a los fines del juicio de amparo y de la garantía de acceso a la justicia, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se proceda a ordenar la publicación de los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal. En las relatadas condiciones, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo. No es obstáculo para decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, pues es de tal manera clara y evidente la causal de improcedencia que conduce al resultado apuntado, que aun esperando a celebrar la audiencia, la conclusión sería la misma y nada puede impedir el mencionado resultado, de manera que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 Constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Atento a lo anterior, se deja sin efectos lo ordenado por proveído de veintisiete de abril de dos mil veintidós, única y exclusivamente en lo concerniente al señalamiento de la audiencia constitucional señalada para las diez horas un minuto del veintisiete de mayo del año en curso. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional. Notifíquese de manera personal.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, diez de mayo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio remitido por el Secretario de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa la que recibió el toca de apelación 53/2021 del índice Sala de Circuito Zona Centro de esta ciudad , reasignándole el número 31/2022 de su índice. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento virtud que mediante auto de dos de mayo del año en curso, se sobreseyó el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados a la parte quejosa. Culiacán, Sinaloa, dos de mayo de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los oficios de cuenta signados por la Secretaria de la Sala de Circuito Zona Centro y por la Juez de Primera Instancia Adscrita al Juzgado Primero de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito en el Estado, mediante los cuales en cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de veintidós de abril de este año, la primera devuelve el tomo de pruebas y la segunda remite copia simple de diversas constancias relativas al recurso interpuesto por el quejoso contra el auto de doce de marzo de dos mil veintidós; además, señala no cuenta con los datos de identificación del tercero interesado Marco Francisco González Núñez y/o Marcos Francisco González Núñez. Por otro lado, en atención al oficio remitido por la Secretaria de la Sala de Circuito Zona Centro, en el que se declara incompetente para seguir conociendo del presente juicio, se tiene como autoridad sustituta a la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia. Por otra parte, de la certificación que antecede y del estado de autos se advierte: del dos de marzo al treinta de marzo de este año transcurrió el plazo de veinte días hábiles concedido a la quejosa en auto de veintiséis de enero de dos mil veintidós, a fin de llevar a cabo las acciones encaminadas a diligenciar los edictos ordenados para emplazar a juicio a la parte tercera interesada Jesús Enrique Plata Gallegos, sin que lo haya hecho; y tampoco manifestó la imposibilidad de cubrir el gasto correspondiente. Por tanto, se actualiza la causa de sobreseimiento establecida en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no acreditó haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de la citada legislación. El referido precepto establece lo siguiente: el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando el quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27, fracción III, inciso b), de esa ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó. Así, al quedar paralizado el presente juicio constitucional por la falta publicación de los edictos a costa del amparista, para lograr el emplazamiento de la tercera interesada en mención, se contraviene el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto planteado. Sin que esto sea atribuible a este órgano jurisdiccional sino al propio justiciable, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto constitucional, dado que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señala la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del solicitante del amparo, pues con su omisión impide que se integre válidamente la relación jurídico procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 84/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Página 266, Registro Digital 161091 que establece: EMPLAZAMIENTO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO, EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZARLO POR CIRCUNSTANCIAS ATRIBUIBLES AL QUEJOSO NO CONDUCE AL SOBRESEIMIENTO. El artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, impone la obligación de emplazar al tercero perjudicado al juicio de garantías, inclusive mediante edictos, ante el extremo de no obtener datos para localizarlo. La observancia de esta formalidad en el juicio de amparo directo en materia penal promovido por el enjuiciado cumple con el objetivo de otorgar a la víctima u ofendido del delito, con derecho a recibir la reparación del daño, la oportunidad de ser escuchado respecto del interés que tiene en la subsistencia del acto reclamado. Ahora bien, en caso de actualizarse situaciones particulares del quejoso que le impidan dar cumplimiento al requerimiento para que se realice el emplazamiento del tercero perjudicado mediante edictos, como la falta de recursos económicos para cubrir el costo, derivada de la privación de su libertad personal como consecuencia de la sentencia condenatoria que reclama o de sus condiciones personales, basta que se exprese esta condición de insolvencia económica para que, en estricto apego a los fines del juicio de amparo y de la garantía de acceso a la justicia, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se proceda a ordenar la publicación de los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal. En las relatadas condiciones, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo. No es obstáculo para decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, pues es de tal manera clara y evidente la causal de improcedencia que conduce al resultado apuntado, que aun esperando a celebrar la audiencia, la conclusión sería la misma y nada puede impedir el mencionado resultado, de manera que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 Constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Atento a lo anterior, se deja sin efectos lo ordenado por proveído de veintisiete de abril de dos mil veintidós, única y exclusivamente en lo concerniente al señalamiento de la audiencia constitucional señalada para las diez horas un minuto del veintisiete de mayo del año en curso. 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