Carlos Ulises Loreto
Expediente 596/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 17 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 596/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 11/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Carlos Ulises Loreto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Ciudad de México, a once de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, a efecto de impugnar el pronunciamiento de tres de febrero de dos mil veintidós, por lo que ha causado estado el auto por el que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Notifíquese.
- Principal
(RAZON ACTUARIAL) VISTO, POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACION DEL PROVEIDO DE 03/02/2022 SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEIDO DE REFERENCA.- NOTIFIQUESE
- Principal
En la Ciudad de México, tres de febrero de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el escrito signado por Carlos Ulises Loreto, parte quejosa, por medio del cual manifiesta su inconformidad con el cumplimiento dado a la sentencia, por lo que aduce una repetición del acto reclamado y el incumplimiento a una Declaratoria General de Inconstitucionalidad; con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, se agrega a los autos para que surta los efectos legales correspondientes, tomando conocimiento de su contenido. En ese sentido, se procede a proveer lo conducente respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo con base en los elementos que obran en el expediente y con las constancias aportadas por la responsable. Al respecto es aplicable por analogía la jurisprudencia número 2./J.26/2000, cuyo rubro es el siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). (No. Registro: 192,174, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, Página: 243). Se impone destacar que el amparo y la protección de la justicia federal, se otorgó para los efectos siguientes: ". procede conceder la protección constitucional solicitada, para el efecto de que el Director de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS): 1) En el término de tres días contado a partir de que le sea notificado el acuerdo por el que cause ejecutoria la presente sentencia, dé contestación por escrito y con libertad de jurisdicción a la solicitud presentada el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, a la cual se le asignó el número de folio 213300EL350794; y, 2) Deberá hacerlo del conocimiento a la parte quejosa, debiendo remitir las constancias que así lo acrediten." De esta forma, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, las obligaciones de las autoridades responsables consisten en: 1.- Dar contestación a la solicitud formulada por dicha quejosa el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. 2.- Notificar a la parte quejosa dicha respuesta. Al respecto, mediante promoción registrada con el número de correspondencia 1588, la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, en representación del Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, remitió copia certificada del oficio COFEPRIS-CASDEREPSQ-740-2022, de once de enero de dos mil veintidós, dictado por la Directora de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de esa Comisión, con el que se da una respuesta a la solicitud formulada por el quejoso el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con la cual se dio vista a la quejosa en proveído de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, misma que desahoga con el escrito de cuenta. En este orden de ideas, este órgano judicial estima colmado el efecto para el cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que la autoridad responsable haya incurrido en exceso o defecto, en razón de que acreditó haber dado respuesta a la petición formulada por el quejoso, por lo que se concluye que el quejoso ha sido restituido en el pleno goce de sus derechos violados. Además, se impone destacar que si bien es cierto que, la contestación a su petición fue emitida por la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, también es cierto que dicha autoridad pertenece a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud; por lo que basta que alguna de las autoridades pertenecientes a dicha institución, ya sea, interna o subordinada a éste, dé contestación a su petición, para tener por cumplido el requisito del artículo 8 de la Constitución Federal, relativo a que la petición debe ser contestada por la autoridad a quien se la dirigió. Apoya la anterior determinación la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, contenida en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 103-108 Sexta Parte, página 166, que literalmente establece: "PETICIÓN, DERECHO DE. PLURALIDAD DE FUNCIONARIOS. No se viola el derecho de petición cuando la contestación la haya producido un funcionario inferior al titular, a quien, según el quejoso compete decidir la solicitud, porque es de hacerse notar que si ésta estuvo dirigida a diversos funcionarios de una secretaría de Estado conjuntamente, en una sola promoción, luego entonces no resulta irregular que el proveído de trámite provenga del último de los funcionarios a quien se listó finalmente como encargado de sustanciar la solicitud, máxime si en el caso la contestante forma una sola autoridad con aquélla ante quien se ocurrió." También resulta aplicable, la tesis número I.3o.A.591 A, visible en la página 169, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-I, Febrero de 1995, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. LA AUTORIDAD A QUIEN SE HA DIRIGIDO LA PETICIÓN ESTA OBLIGADA A DAR CONTESTACIÓN A LA MISMA. El hecho de que materialmente le resulte imposible al Secretario de Hacienda y Crédito Público dar contestación a los escritos de petición que se le formulan, o atender todas y cada una de las solicitudes presentadas por los peticionarios o bien, aducir que para tal efecto existen unidades administrativas con facultades otorgadas por el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, competentes para desahogar o despachar esas peticiones, en tanto que son departamentos administrativos subordinados, no justifica la omisión de la autoridad en dar respuesta al particular peticionario. Independientemente del cúmulo de trabajo que tiene que desarrollar el titular de la secretaría referida, el artículo 8o. constitucional establece la obligación de dar contestación a las peticiones formuladas, a aquellas autoridades a quienes van dirigidas éstas y no a otras diversas. Así pues, para satisfacer el derecho de petición será suficiente que se informe o haga del conocimiento del peticionario, en forma personal, bien que la autoridad en cuestión es incompetente para resolver su solicitud, bien que se ha turnado ésta a otra autoridad interna o subordinada sin que, necesariamente, deba resolverse el problema planteado en la petición o peticiones formuladas a la autoridad respectiva. En consecuencia, si bien es cierto que conforme al Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público existen unidades o departamentos administrativos encargados de atender las peticiones formuladas al titular de la dependencia, este hecho no lo exime del deber de turnar las peticiones a dichas unidades y hacer del conocimiento del peticionario el trámite que siguieron sus peticiones y a qué autoridad subordinada se remitieron". Además, se impone precisar que si bien es cierto que la autoridad responsable no acreditó haber notificado dicha respuesta directamente a la parte quejosa, lo cual fue uno de los efectos del fallo protector; lo cierto es que ese efecto quedó colmado con la notificación que este Juzgado de Distrito realizó del auto de veinticuatro de enero del año en curso, en el cual se le dio vista con el aludido oficio; lo que hace patente que la finalidad de la notificación de la respuesta se cumplió, pues la parte quejosa tuvo la oportunidad de conocer su contenido y hacer las manifestaciones que consideró pertinentes. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 192, 196 y 214 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA. Ahora, en las manifestaciones del quejoso a través del escrito de cuenta, refiere que no se encuentra cumplida la sentencia, dado que la autoridad incurrió en una repetición del acto reclamado; por lo tanto, se procede a determinar lo siguiente: Los motivos por los que considera que las autoridades responsables incurrieron en repetición del acto reclamado, sustancialmente son: ? Que la responsable emitió el oficio COFEPRIS-CASDEREPSQ-740-2022, de once de enero de dos mil veintidós, sin estar debidamente fundado o motivado. Expuesto lo anterior, resulta necesario precisar que la figura de la repetición del acto reclamado se encuentra regulada en los artículos 107, fracción XVI, párrafo segundo, de la Constitución Federal y 199 de la Ley de Amparo y, se configura cuando, una vez otorgada la protección de la Justicia Federal respecto de cierto acto autoritario, que se consideró inconstitucional por estar viciado uno de sus elementos, la responsable insiste en lesionar la esfera jurídica del gobernado, incidiendo en la esfera jurídica del quejoso con un acto u omisión ulterior en los mismos términos que el primero, con el mismo sentido de afectación y que reproduce la violación de las garantías individuales que fueron protegidas en el fallo constitucional. Bajo esa tesitura se colige que el objeto de la institución en comento consiste en salvaguardar los efectos de la cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de las sentencias de amparo. Así, los propósitos que persigue este procedimiento consisten en compeler a la autoridad responsable para que quede insubsistente el acto denunciado como repetitivo y en el caso de ser procedente, previa la secuela procesal, separar de su cargo a la responsable y consignarla ante el Juez de Distrito que corresponda para la instrucción del proceso respectivo. Ahora bien, para la existencia de la repetición del acto reclamado, se requiere que el acto denunciado sea idéntico en la violación de garantías que involucró aquél que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, de manera tal que se advierta claramente que el nuevo acto está basado en los mismos supuestos y motivaciones que el órgano jurisdiccional tomó en consideración y declaró inconstitucionales al otorgar la protección solicitada por la parte quejosa. Para determinar si es que existe o no repetición del acto reclamado es menester comparar el acto que dio origen al juicio de garantías con el nuevo que se acusa de reiterativo, considerando, de manera fundamental, los efectos vinculatorios de la sentencia que concedió el amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 2a./J. 68/98 pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 412, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Septiembre de 1998, cuyo rubro y texto son los siguientes: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PARA DETERMINAR SI EXISTE, DEBE EFECTUARSE UN ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA NUEVA RESOLUCIÓN DENUNCIADA COMO REPETICIÓN Y AQUÉLLA QUE FUE MATERIA DEL FALLO PROTECTOR. Tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, resulta ineludible para la autoridad que deba resolver el incidente que por repetición del acto reclamado se le plantee, procurarse todos los elementos de convicción necesarios para el legal pronunciamiento, siendo particularmente necesario allegarse ambas resoluciones, la reclamada y la que se denuncia como repetición, sin perjuicio de otros elementos que pudieran resultar idóneos, a fin de que el juzgador esté en posibilidad legal de efectuar el debido análisis comparativo y determinar así, mediante la correcta valoración de todos los elementos de juicio, si el acto denunciado incurre en los mismos vicios que aquel impugnado en el juicio de garantías y objeto del fallo protector. Consecuentemente, si el Juez de Distrito resuelve el incidente sin tales elementos, procede devolverle los autos para que falle con apego a derecho." Conviene destacar que el fin de la figura de la repetición del acto reclamado es impedir que la autoridad desconozca el principio de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo, y no para evitar que aquélla realice cualquier acto con efectos parecidos a los que tuvo el declarado inconstitucional. Además para que se configure la aludida repetición se requiere la coincidencia o concurrencia de los siguientes elementos: a) Objeto de la decisión; b) Fundamento jurídico; y, c) Sujetos Sustenta la anterior determinación, la tesis número I.4o.A.62 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Agosto de 2005, página 2005, que establece: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SE ENCUENTRA VINCULADA CON EL CONCEPTO DE COSA JUZGADA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 70/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, enero de 1998, página 400, concluyó que la repetición del acto reclamado se estableció para impedir que la autoridad desconozca el principio de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo, y no para evitar que aquélla realice cualquier acto con efectos parecidos a los que tuvo el declarado inconstitucional; en ese sentido es indudable su vinculación con el concepto de cosa juzgada. Es así que no procede bajo el mismo contexto decisorio que la responsable vuelva a pronunciarse o a decidir, lo cual requiere la coincidencia o concurrencia de los siguientes elementos: a) Objeto de la decisión; b) Fundamento jurídico; y, c) Sujetos; consecuentemente cuando tales elementos no concurren, habida cuenta que hay una evidente y notoria diferencia en las razones y disposiciones que gobiernan la decisión cuestionada, no existe repetición del acto reclamado." En el caso concreto, el acto reclamado por el que se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, consistió en: ? La omisión del Titular de la Comisión Federal para la protección contra Riesgos Sanitarios, de dar respuesta a la solicitud de autorización sanitaria número 213300EL350794, presentada el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. En ese tenor, como se precisó al inicio del presente auto, el efecto de la ejecutoria de amparo, consistió en obligar a la autoridad aquí responsable, a realizar lo siguiente: ? Dar contestación por escrito y con libertad de jurisdicción a la solicitud presentada el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, a la cual se le asignó el número de folio 213300EL350794; y, hacerlo del conocimiento a la parte quejosa. Corolario de lo expuesto, se advierte que en la especie el acto reclamado que dio origen al presente juicio de amparo, tiene la naturaleza de omisivo, por lo que, de conformidad con el otorgamiento del amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, se constriñó a la autoridad demandada a que realizara la conducta obligada en la sentencia de nulidad. Lo que hace patente que para que exista repetición del acto reclamado en el presente juicio de amparo, debe configurase la misma omisión del Titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, de emitir una resolución a la solicitud de autorización sanitaria número 213300EL350794, presentada el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Sin embargo, de las constancias que obran en autos, se tiene acreditado que la autoridad responsable sí emitió la respuesta a la solicitud presentada el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Ahora bien, conviene reiterar que la parte quejosa aduce que la autoridad responsable incurrió en repetición del acto reclamado, porque, considera que el oficio COFEPRIS-CASDEREPSQ-740-2022, de once de enero de dos mil veintidós, con el que se dio respuesta a su petición no se encuentra debidamente fundado o motivado. Con base en lo anterior, es inconcuso que, el quejoso parte de una premisa equivocada, ya que en la ejecutoria de amparo se ordenó a la autoridad responsable a que emitiera la respuesta a su solicitud, sin que se haya ordenado que dicha respuesta fuera en cierto sentido. Al respecto, se impone destacar que el hecho de que el derecho de petición consagrado en el artículo 8 constitucional, obligue a las autoridades a responder las peticiones formuladas por los gobernados, ello no implica que éstas deban de responder siempre en sentido favorable a los intereses de los solicitantes, sino únicamente que deben de dar respuesta a todos y cada uno de las peticiones planteadas. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en la página 81, de rubro: "PETICIÓN. EL DERECHO RELATIVO NO IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES LA RESUELVAN EN UN DETERMINADO SENTIDO.". Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, se concluye que si en el caso la autoridad responsable si acreditó que haber emitido una respuesta al escrito de petición de la quejosa, es inconcuso que ya no existe la conducta omisiva que dio origen al juicio de amparo en que se actúa y, por ende, tampoco existe una nueva omisión por parte de esa autoridad y, en consecuencia, no se configura la repetición del acto reclamado denunciada. En consecuencia, es evidente que no se reúnen los requisitos para que se configure la repetición del acto reclamado denunciada en el escrito de cuenta, y por ende, se DESECHA por improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número XXI.1o.P.A.66 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Junio de 2009, página 1098, que establece lo siguiente: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE DESECHAR DE PLANO DICHO INCIDENTE ANTE LA FALTA DE UNO DE LOS REQUISITOS BÁSICOS DE PROCEDENCIA. La naturaleza procesal de todo incidente contiene presupuestos básicos sin los cuales resulta improcedente su tramitación, en aras de una pronta y expedita administración de justicia, acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ese es el espíritu que orienta al numeral 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su precepto 2o., al disponer: "Los tribunales no admitirán nunca incidentes, recursos o promociones notoriamente maliciosos o improcedentes. Los desecharán de plano, sin necesidad de mandarlos hacer saber a las otras partes, ni dar traslado, ni formar artículo.". Ahora, si bien es cierto que los requisitos de procedencia del incidente de repetición del acto reclamado no los establece expresamente la ley de la materia, también lo es que éstos se infieren de los diversos criterios jurisprudenciales que ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a saber: a) Que exista una sentencia de amparo en la que se haya concedido la protección de la Justicia Federal al impetrante de garantías; b) Que la emisión del nuevo acto que se estima reiterativo de las violaciones por las cuales se otorgó la protección constitucional, se emita con posterioridad a la fecha en que la sentencia de amparo cause ejecutoria; y, c) Que la promoción del incidente la lleve a cabo la parte que se encuentre legitimada para ello. Por ende, si falta uno de estos requisitos básicos de procedencia, el Juez de Distrito puede desechar de plano el incidente, pues a nada práctico conduciría tramitarlo, sabiendo de antemano que al dictar la resolución correspondiente se declarará su improcedencia." Finalmente, en cuanto a la manifestación del quejoso en el sentido de que con el actuar de la autoridad se incumplió a la Declaratoria General de Inconstitucional 1/2018, conviene reiterar que la Litis en el presente asunto consistió únicamente en la omisión del Titular de la Comisión Federal para la protección contra Riesgos Sanitarios, de emitir una resolución a la solicitud de autorización sanitaria número 213300EL350794, presentada el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. En ese sentido como ya se precisó; el amparo y protección de la justicia se concedieron para el efecto de que la autoridad demandada diera contestación por escrito y con libertad de jurisdicción a la solicitud del quejoso; por lo no es materia de la litis ni del cumplimiento de la ejecutoria, el sentido de la determinación adoptada por la autoridad responsable en su respuesta; y, por ende, se determina que no es procedente a través del procedimiento de ejecución de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, el analizar el cumplimiento o incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucional 1/2018, por lo que en todo caso, deberá iniciar el trámite correspondiente previsto en el artículo 210 de la Ley de Amparo, o un nuevo juicio de amparo en contra de la respuesta dada a su petición. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia con número de registro 2022442, emitida por los Plenos de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo II, página 1404, que establece lo siguiente: DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LA DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 210 DE LA LEY DE AMPARO, NO EXCLUYE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El procedimiento de denuncia por incumplimiento a una declaratoria general de inconstitucionalidad previsto en el artículo 210 de la Ley de Amparo, no es el único medio con el que cuentan los afectados para defenderse de actos que tengan su génesis en normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido declaratoria general de inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto por el Capítulo VI del Título Cuarto de la Ley de Amparo, o en términos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que el vocablo "podrá" contenido en dicho precepto, interpretado sistemáticamente con los artículos 47, párrafo tercero y 72, párrafo segundo, de esta última legislación, refleja la intención del legislador de dotar de decisión a los justiciables en cuanto al camino que deban seguir para defenderse de un acto con las características apuntadas, esto es, instar el procedimiento establecido en el citado artículo 210, o bien, acudir al procedimiento sumario previsto en el artículo 118 de la ley de la materia, ya que aun cuando el procedimiento de denuncia de incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad y el juicio de amparo en su vía indirecta tengan un diseño legislativo distinto, procesalmente también sean regulados de manera diversa y tengan alcances y efectos jurídicos diferentes, ambos cumplen con el fin de restablecer al particular en el goce de los derechos fundamentales que se estimen violados y, por ende, de resguardar el orden constitucional, lo que implica que tenga libertad de elegir la vía que estime idónea para combatir actos de esa naturaleza, de ahí que, dichos procedimientos no sean excluyentes entre sí, interpretación que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva; por ello, es jurídicamente válido concluir que la intención del legislador fue crear un mecanismo adicional al juicio de amparo para que los particulares se defiendan de actos fundados en normas declaradas inválidas, pero no limitar la procedencia del medio de control constitucional que por antonomasia ha sido a lo largo de la historia de la justicia constitucional, el mecanismo protector y restitutorio de derechos humanos. Notifíquese; y personalmente. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
(RAZON ACTUARIAL) VISTO, POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACION DEL PROVEIDO DE 24/01/2022 SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEIDO DE REFERENCA.- NOTIFIQUESE
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