Carlos Torres Hernández

Expediente 717/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
717/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
20/10/2022

Partes del expediente

  • Carlos Torres Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veinte de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la ley de amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de siete de octubre de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del numeral 2°, de la ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto en el que se desechó la demanda de amparo, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. En ese tenor, al advertirse que el asunto que nos ocupa se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el precepto 214, de la Ley de Amparo archívese el citado expediente. Ahora, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo de referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse concedido la suspensión de plano solicitada, no obstante de que se haya sobreseído el presente juicio, es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión de plano a favor de la parte quejosa, por tanto encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, en relación con el punto 7.4 "Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano", del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado artículo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, siete de octubre de dos mil veintidós. Agréguese al expediente el oficio proveniente del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, mediante el cual en atención a la solicitud efectuada el veintiséis de septiembre del año en curso, remite copia certificada de las constancias solicitadas y autoriza el acceso al expediente electrónico 1508/2022, de su índice, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Ahora, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que de la consulta del expediente electrónico 1508/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, obra oficio de salida 5918/2022, de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, relativo al documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, expedido por la Oficina de Representación del Instituto Nacional en Baja California, Estación Migratoria Mexicali, a favor de Carlos Torres Hernández, aquí directo agraviado. DESECHAMIENTO Ahora bien, conviene precisar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo y en atención a la causa de pedir del quejoso, se obtiene que la parte promovente hace consistir en esencia el acto reclamado en: ( Incomunicación. ( Orden de deportación, presentación, privación de la libertad, expulsión de los aquí quejosos o repatriación asistida al país de origen. ( La negativa de otorgarle al quejoso el oficio de salida de la Estación Migratoria de Tijuana, Baja California. ( La retención de documentos oficiales presentados por el quejoso para acreditar su nacionalidad cubana. ( La orden de traslado o cambio de Estación Migratoria del aquí quejoso del lugar en el que actualmente se encuentra alojado. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". Asimismo, resulta aplicable por identidad jurídica esencial, la tesis aislada número VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de 2004, Novena Época, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, toda vez que la Oficina de Representación del Instituto Nacional en Baja California, Estación Migratoria Mexicali, otorgó al agraviado Carlos Torres Hernández, oficio de salida 5918/2022, de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, relativo al documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, resulta evidente que, el directo agraviado quedó en libertad; motivo por el cual se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado; toda vez que se dejaron sin efecto los actos que en esta vía se combaten, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del directamente agraviado Carlos Torres Hernández, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Por tanto, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto emitido por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo del amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a los quejosos en el goce del derecho violado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 9/98, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, con registro digital 196820, que señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, en el caso concreto, se advierte que se actualiza una manifiesta causal de improcedencia, pues basta imponerse del contenido de las actuaciones que integran el juicio de amparo 1508/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, donde obra oficio de salida 5918/2022, de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, relativo al documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, expedido por la Oficina de Representación del Instituto Nacional en Baja California, Estación Migratoria Mexicali, a favor de Carlos Torres Hernández; autos donde se puede advertir con claridad que las violaciones que reclama el agraviado, han cesado sus efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con el juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. Lo anterior guarda congruencia al considerar que dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual se considera de mayor beneficio para el directamente agraviado que tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo (no obstante de que ésta no haya sido ratificada por éstos) pues aun cuando se lograra su ratificación en nada variaría el sentido del fallo ante las actuaciones realizadas por las responsables y, a su vez, se evita la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que los directamente agraviados estén en posibilidad de promover oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos en caso de considerarlo necesario. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Atento a lo anterior, se dejan sin efectos las providencias decretadas en el presente asunto respecto del agraviado Carlos Torres Hernández; comuníquese lo anterior a las partes, hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Finalmente, toda vez que el quejoso se encuentra en libertad y no existe diverso domicilio donde pueda ser notificado, con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa, el presente proveído, así como las subsecuentes actuaciones, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio para tales efectos. Notifíquese y por medio de lista al quejoso.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la Certificación secretarial que antecede de la que se desprende que a la fecha no obran las gestiones correspondientes a fin de que se realice la notificación vía electrónica al promovente del auto de veintidós de septiembre de dos mil veintidós. En consecuencia, se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes (SISE), realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto del usuario "HTG2563", únicamente en el juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, se comisiona al actuario de la adscripción correspondiente a fin de que realice la notificación vía electrónica al promovente Librado Heriberto Trujillo González, del auto de veintidós de septiembre pasado, a fin de que se encuentre en aptitud de cumplir con el requerimiento inmerso en el citado auto. Por otra parte, de la certificación secretarial de cuenta se desprende que de una búsqueda realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se advierte que existen diversos juicios de amparo promovidos por Carlos Torres Hernández el cual se encuentra radicado bajo números de expediente 1508/2022 y 1518/2022 ambos del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. En consecuencia, solicítese al Juzgado de referencia que de la manera más atenta, que de no tener inconveniente legal alguno, remita a este Juzgado copia certificada, legible y completa, de la papeleta de turno, demanda de amparo, sentencia en su caso y auto que la declaró ejecutoriada, relativa a los juicios de amparo de referencia de su índice; asimismo, informe el estado procesal en el que se encuentran los referidos expedientes, o bien, manifiesten la imposibilidad legal que tenga para ello, una vez hecho lo anterior, provéase lo que en derecho corresponda. No obstante lo anterior, y a fin de que el Juzgado se imponga de la totalidad de las constancias de los juicios de amparo descritos con anterioridad y constate la existencia de las notificaciones que así lo requiera, de conformidad con los artículo 5, 26 y 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdicciones a cargo del propio Consejo, solicítese a los órganos jurisdiccionales que de no tener inconveniente legal alguno se sirvan proporcionar respectivamente el acceso al expediente electrónico relativo a los juicios de amparo antes mencionados. Asimismo, hágase del conocimiento del promovente que de acreditarse que con anterioridad ya se otorgó la suspensión en otro juicio de amparo promovido contra el mismo acto reclamado y contra las propias autoridades, y que de ello tenga conocimiento, se hará efectivo el apercibimiento a que alude el precepto 256 de la Ley de Amparo y en caso de acreditarse alguna declaración emitida en falsedad conforme a los hechos narrados en la demanda o que se desprenda algún diverso hecho constitutivo de delito, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para los efectos que a su representación corresponda. Finalmente, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite la autoridad responsable, mediante el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento de veintiuno de septiembre de la presente anualidad, sin que haya lugar tener por rendido el informe en relación a la suspensión de plano decretada en el presente asunto, por sí y en representación de todas las autoridades señaladas como responsables de dicho Instituto, virtud de que de la constancia actuarial del fedatario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional de veinte de septiembre del año en curso, se desprende que no encontró registro de que el directo quejoso esté ingresado en dicha estancia migratoria. Notifíquese; vía electrónica al promovente Librado Heriberto Trujillo González. Tijuana, Baja California, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Vista la constancia actuarial de cuenta se advierte que la imposibilidad de la actuaria de la adscripción para notificar al directamente agraviado Carlos Torres Hernández, el auto de veintiuno de septiembre del año en curso, en virtud de que no se encuentra dentro de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración de Baja California, con residencia en esta ciudad. En consecuencia, a fin de proveer lo que en derecho corresponda, requiérase al promovente Librado Heriberto Trujillo González, quien cuenta con el usuario electrónico "HTG2563", y quien comparece en representación del directamente agraviado, para que al momento de la notificación o dentro del término de tres días, manifieste a este órgano jurisdiccional, si tiene conocimiento en donde puede ser localizado el quejoso Carlos Torres Hernández, proporcione al efecto domicilio cierto y preciso o número telefónico en el que pueda ser localizado el agraviado, ello a fin de estar en aptitud de realizar las notificaciones correspondientes; asimismo, manifieste lo que a su derecho convenga en relación a la demanda de amparo promovida de su parte; bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento, o no informar el impedimento que se tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se impondrá a quien corresponda multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. Asimismo, se apercibe que conducirse con falsedad ante la autoridad judicial, implica la comisión de un delito, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,192 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." Acceso y notificaciones vía electrónica. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, en concordancia con los artículos 35, 36, 37, 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el acceso al presente asunto, en su modalidad de expediente electrónico, así como las notificaciones por este mismo medio, las cuales están sujetas a lo que se indica en el artículo 30, fracción II, de la ley de la materia, por lo que el usuario a quien se autoriza está obligado a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado. De no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro de los plazos señalados, el órgano jurisdiccional que corresponda tendrá por hecha la notificación. Por tanto, se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes (SISE), realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto del usuario "HTG2563", únicamente en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese personalmente al promovente Librado Heriberto Trujillo González

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite la autoridad responsable, mediante el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento de veintiuno de septiembre de la presente anualidad, sin que haya lugar tener por rendido el informe en relación a la suspensión de plano decretada en el presente asunto, por sí y en representación de todas las autoridades señaladas como responsables de dicho Instituto, virtud de que de la constancia actuarial del fedatario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional de veinte de septiembre del año en curso, se desprende que no encontró registro de que el directo quejoso esté ingresado en dicha estancia migratoria. Notifíquese.

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