Carlos Torres Arreguin

Expediente 378/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
378/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
09/05/2022

Partes del expediente

  • Carlos Torres Arreguin

Actuaciones

  1. Principal

    Cúmplase.

  2. Principal

    Vistos los autos del juicio de amparo 1251/2021-I, promovido por Aurora Salgado Jaimes; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el treinta de septiembre siguiente en este órgano jurisdiccional, Aurora Salgado Jaimes solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de actos de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos y otras autoridades SEGUNDO. Trámite. Por auto de uno de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa lugar donde radican las autoridades responsables y tiene ejecución el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados son: La resolución emitida el quince de septiembre de dos mil veintiuno, en el procedimiento de responsabilidad administrativa 416/2018 y su ejecución. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, consistente en la resolución emitida el quince de septiembre de dos mil veintiuno, en el procedimiento de responsabilidad administrativa 416/2018, toda vez que así lo aceptó al rendir el informe justificado Lo que se encuentra corroborado con las copias certificadas del referido expediente (anexo I) a las que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, entre las que se encuentra la resolución reclamada. Asimismo, son ciertos los actos de ejecución reclamados al Director General de Administración y Actuario adscrito a la Visitaduría, ambos del Poder Judicial del Estado de Morelos, así como del Director General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal, toda vez que así lo manifestaron al rendir el informe justificado. De igual forma, son ciertos los actos de ejecución reclamados a la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos, no obstante que en el informe justificado negó la existencia de éstos, dicha negativa se encuentra desvirtuada con la resolución reclamada, pues en el punto resolutivo séptimo, la Junta responsable ordenó girar copia certificada del fallo a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado, para su conocimiento en términos del artículo 69 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Razón por la cual, es infundada la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del numeral 63, de la Ley de Amparo, que hizo valer la Secretaría de la Contraloría del Estado y que hace depender de la inexistencia del acto reclamado. CUARTO. Estudio de los conceptos de violación. Al no existir causales de improcedencia hechas valer por las partes o que se adviertan de oficio por este juzgado, se procede al estudio de fondo del asunto. Por una parte, son infundados y, por otra fundados los conceptos de violación suficientes para conceder el amparo y protección de la justicia de la Unión, por las consideraciones jurídicas que enseguida se exponen. 1. Argumentó la quejosa que la facultad sancionadora de la autoridad administrativa se encuentra prescrita, dado que entre la fecha de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, que en concepto de la otrora Comisión de Magistrados, actualmente Junta responsable, se generó la conducta que se le pretende endilgar, a la presente data (fecha de la presentación de la demanda), transcurrieron un año y once meses y diecinueve días (sic) plazo que excede por mucho el que requiere el arábigo 195 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, para aplicar la figura de prescripción, toda vez que la sanción de destitución del cargo de Juez de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado de Morelos, se encuentra ubicada dentro de la fracción V del diverso numeral 194 y por ello, prescribe en un año. Además, debe tenerse en consideración que ninguna de las actuaciones realizadas por la otrora Comisión de Magistrados, pueda tener el efecto de interrumpir el plazo de la prescripción, por la simple y sencilla razón de que todas esas actuaciones fueron practicadas por autoridad incompetente lo que es una verdad legal. Es infundado tal planteamiento, en virtud de que estuvo en lo correcto la Junta responsable en el análisis de la prescripción contenido en el considerando III de la resolución reclamada al establecer que no operó la figura jurídica de la prescripción en virtud de que no transcurrió el plazo de la prescripción de un año durante la substanciación del procedimiento administrativo del que emana el acto reclamado. En efecto, la denuncia de los hechos formulada por la Jueza Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado, Bibiana Ochoa Santamaría, fue recibida en la Comisión nombrada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, el trece de junio de dos mil dieciocho. Por oficio TSJ/COMISIÓN /ADMON3662/2018, de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y de la Comisión, instruyó al Magistrado visitador iniciara el procedimiento administrativo. Las actuaciones realizadas por la Visitaduría del Poder Judicial del Estado de Morelos, encaminadas al esclarecimiento de los hechos denunciados interrumpieron los plazos del término para que operara la prescripción como se observa de la siguiente relación: a) El veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, el Magistrado visitador emitió el acuerdo a través del cual se dio inició al procedimiento administrativo de responsabilidad. b) Por auto de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, tuvo por recibido el informe de la Jueza investigada y se pronunció sobre las pruebas ofrecidas. c) El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, el Magistrado Visitador solicitó a la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos, informara el cargo, sueldo, antigüedad y las faltas administrativas que se encontraran en el expediente de la servidora pública investigada. d) Mediante proveído de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, tuvo por recibida la información solicitada a la Jefatura de Recursos Humanos. e) El veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, admitió la información solicitada al Archivo General de Notarías y la proporcionada por la Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Morelos. f) El dos de octubre de dos mil dieciocho, el Magistrado Visitador ordenó el desahogo de las periciales en materia de grafoscopía, documentoscopía y caligrafía. g) El cuatro de octubre de dos mil dieciocho, desahogaron las testimoniales a cargo de Antonio Guadalupe Flores y Lizet del Carmen Palacios Franyutti. h) El cinco de octubre de dos mil dieciocho, tuvo verificativo la testimonial de Manolo Salgado Jaimes. i) El veinticinco de octubre de dos mil dieciocho se llevaron a cabo las testimoniales a cargo de Tania Montoya Ortiz y Víctor Francisco Vilchis Vega. j) El ocho de noviembre de dos mil dieciocho, el Magistrado Visitador tuvo por rendidos los dictámenes periciales. k) El uno de marzo de dos mil diecinueve, desahogó la diligencia a que se refiere el artículo 465, fracción III, del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, a efecto de que las partes formularan cuestionamientos a los peritos designados acerca de sus dictámenes. m) Por acuerdo de cinco de marzo de dos mil diecinueve, dio vista a la servidora pública investigada para que formulara alegatos. n) El quince de maro de dos mil diecinueve, tuvo por recibidos los alegatos y ordenó turnar los autos para emitir el dictamen correspondiente. o) El uno de abril de dos mil diecinueve, el Magistrado Visitador General emitió dictamen determinando la existencia de responsabilidad administrativa de la servidora pública investigada. p) Por acuerdo de once de abril de dos mil diecinueve, la entonces Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y de la Comisión turnó los autos del expediente administrativo para resolver en definitiva. Las referidas actuaciones practicadas por el Visitador General y el acuerdo de la referida Presidenta interrumpieron el plazo de la prescripción. Posteriormente, la otrora Comisión nombrada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, emitió la resolución definitiva en el procedimiento administrativo 416/2018. Sin embargo, dicha resolución no interrumpió el plazo de la prescripción porque constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que en el juicio de amparo 970/2019 del índice de este Juzgado, promovido por la quejosa, se concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión porque tal la determinación, fue emitida por una autoridad legalmente incompetente, en virtud de que la Comisión de Magistrados nombrada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, carecía de facultades legales para emitirla razón por la que resultaba nula de pleno derecho, por consecuencia no es susceptible de producir la interrupción del plazo para que opere la prescripción prevista en el numeral 195 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Morelos. En efecto, los actos declarados nulos se equiparan a la nada jurídica y, en consecuencia, no pueden producir efecto legal alguno, de ahí que las consecuencias jurídicas que en su momento produjo respecto a la interrupción del plazo para que operara la prescripción, desaparecieron, pues quedó reducida a la nada jurídica, es decir, como si nunca hubiera existido. En cumplimiento a la ejecutoria del referido amparo 970/2019, el veintiocho de febrero de dos mil veinte, la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, dejó insubsistente la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve y emitió una diversa en la que impuso a la quejosa la sanción de destitución. Dicha resolución interrumpió la prescripción, sin que hubiese transcurrido el plazo de un año contado a partir del acuerdo de once de abril de dos mil diecinueve, en la que la entonces Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y de la Comisión turnó los autos del expediente administrativo para resolver en definitiva. Posteriormente, inconforme la quejosa con la resolución de veintiocho de febrero de dos mil veinte, promovió el juicio de amparo indirecto 369/2020 del índice de este Juzgado de Distrito, en el que por sentencia terminada de engrosar el treinta de noviembre de dos mil veinte, se otorgó el amparo y protección de la justicia de la unión en los siguientes términos: ".En ese orden de ideas, dado que se advierte que la Junta responsable no se ha pronunciado, sobre la prescripción de la facultad sancionadora lo procedentes es conceder el amparo y protección de la justicia de la Unión para que de manera fundada y motivadamente analice si se actualiza o no la prescripción de sus facultades sancionadoras. Concesión del amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución que se reclaman al Director General de Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos y Actuario adscrita a la Visitaduría General del Poder Judicial del Estado de Morelos, así como a la Secretaria de la Contraloría del Estado de Morelos y al Director General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de dicha secretaría, en virtud de que no se reclaman por vicios propios, sino su inconstitucionalidad se hizo depender de la resolución reclamada, la cual resultó inconstitucional." Contra dicha determinación la Junta responsable interpuso recurso de revisión, del cual le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, quien ejecutoria emitida en sesión de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, en el amparo en revisión 44/2021, confirmó la sentencia recurrida. El quince de septiembre de dos mil veintiuno, la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo de referencia dejó insubsistente la resolución de veintiocho de febrero de dos mil veinte y emitió la que se analiza en esta instancia constitucional. Ahora bien, el plazo para la prescripción de la acción sancionadora no puede abarcar hasta la resolución emitida el quince de septiembre de dos mil veintiuno, dado que la prescripción deriva de la inactividad durante la substanciación del procedimiento y abarca hasta la resolución que pone fin al mismo, lo que aconteció con la resolución de veintiocho de febrero de dos mil veinte. En efecto, la ejecutoria de amparo pronunciada en el juicio 369/2020, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, tiene como efecto restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, de ahí que la resolución emitida en cumplimiento a la misma sustituyó a la que fue objeto de la protección constitucional (veintiocho de febrero de dos mil veinte), razón por la cual durante el tiempo transcurrido en el dictado de la resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria del juicio de amparo referido no transcurre el plazo de la prescripción. En conclusión, como lo sostuvo la autoridad responsable durante la substanciación del procedimiento administrativo no transcurrió el plazo de un año de inactividad y por ende no operó la prescripción. Razones por las que se estima infundado el concepto de violación analizado. 2. Por otra parte, argumentó la quejosa, que cuando existen tanto pruebas de cargo como de descargo, la hipótesis de la acusación sólo puede estar probada suficientemente si al momento de valorar el material probatorio se analizan conjuntamente los niveles de corroboración tanto la hipótesis de culpabilidad, como la de inocencia. La suficiencia de las pruebas de cargo sólo se puede establecer en confrontación con las pruebas de descargo; sin embargo, la autoridad responsable, por una parte, no justipreció, reflexionó ni dirimió su consideración relativa a que no firmó ni dirigió el multicitado oficio, y por otra parte, no se ocupó de resolver, dirimir y analizar correctamente en lo individual ni en lo colectivo, el conjunto de medios probatorios que ofreció en autos, sacando inclusive de contexto su contenido y alcance probatorio, lo que se traduce en una determinación infundada e inmotivada. Atendiendo a la causa de pedir son fundados los sintetizados conceptos de violación por las consideraciones jurídicas que enseguida se expondrán. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 68/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR." El precepto 16 de la Constitución Federal prevé que nadie puede ser molestado en su persona, derechos o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. A su vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido diversas jurisprudencias en las que define los conceptos de "fundamentación" y "motivación"; entre ellas, se encuentra la número 264, que indica: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. "Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca". Entonces, por fundamentación se entiende la cita precisa del precepto o preceptos legales aplicables al caso concreto, en tanto que, por motivación, el señalamiento expreso de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en cuenta para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, o dicho de otro modo, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa invocada. Asimismo, la fundamentación y motivación de los actos de autoridad es una exigencia tendente a tratar de establecer sobre bases objetivas la racionalidad y la legalidad de aquéllos, a efecto de procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de la autoridad; lo que además permite a los gobernados estar en condiciones de impugnar tanto los fundamentos del acto como los razonamientos que lo rigen. Sirve de apoyo a lo que antecede, la jurisprudencia 40, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente precisa: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Asimismo, los requisitos legales de fundamentación y motivación, se encuentran íntimamente vinculados, en tanto que no es posible desde un punto de vista lógico, citar disposiciones legales sin relacionarlas con determinados hechos, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para determinadas disposiciones legales. Ahora bien, dentro de la debida fundamentación y motivación, deben de observarse dos principios fundamentales o requisitos de fondo, congruencia y exhaustividad. El primero, está referido a que la resolución debe ser congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, la congruencia es aquella característica consistente en que la determinación no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí; en tanto que el segundo está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir uno o algunos de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, tomando en cuenta todos los argumentos aducidos por las partes, resolviendo todos los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Así las cosas, cuando la autoridad dicta alguna resolución sin resolver sobre la totalidad de los argumentos esgrimidos por las partes, es evidente que viola el principio de exhaustividad, y también, el derecho fundamental de debido proceso al incidir esa omisión en la falta de examen de las propias constancias de autos. Tiene aplicación al caso, por analogía la jurisprudencia IV.2o.T.J/44, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Cuarto Circuito, del rubro: "CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. En este contexto, del análisis del acto reclamado se advierte que carece de debida fundamentación y motivación, ya que vulnera el principio exhaustividad porque la autoridad responsable al valorar las pruebas de la quejosa, omitió analizarlas en relación con el objeto y finalidad para el que fueron ofrecidas ya que no las relacionó con los argumentos alegados en su informe como enseguida se expondrá: La quejosa en el informe rendido ante el Magistrado Visitador General esencialmente argumentó que: a) En la cédula de notificación personal a través del cual fue emplazada a la queja administrativa sólo contiene la resolución emitida por la Comisión del Tribunal y la determinación de que se le emplace al juicio, sin embargo; en el oficio número TSJ/COMISIÓNADMON/3662/2018, signado por la Magistrada Presidente de dicha Comisión, contiene una determinación no emitida por dicho órgano Colegiado, ya que en ningún momento se ordenó que se iniciara ante el Agente del Ministerio Público una denuncia a través del Coordinador de Asesores de la Comisión lo que infringe el principio de congruencia en virtud de que no existe coincidencia entre lo ordenado por el órgano colegiado y el oficio suscrito por la Magistrada Presidente; por tanto, se contravienen los principios pro personae y de presunción de inocencia, porque a priori se están teniendo por demostrados hechos delictivos, sin que previamente hubiese sido escuchada y vencida en juicio, ni tampoco existe medio probatorio que permita colegir la probable comisión de un hecho antijurídico, no obstante ello, ya se inició un procedimiento penal en contra de la quejosa, lo que desde luego transgrede en su perjuicio los principios antes mencionados b) Por cuanto al hecho de que cuando se encontraba adscrita al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, presuntamente suscribió el oficio 810 de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, con la finalidad de obtener información sobre la existencia o inexistencia de testamento otorgado por Josefina Jaimes Medrano, no obstante que no se encontraba radicada dicha sucesión en el juzgado a su cargo, dichas consideraciones las calificó infundadas por las siguientes razones: 1. El oficio número 810 jamás lo emitió ni lo suscribió, ya que la firma que ahí aparece, no la estampó por lo cual no la reconoce. 2. La persona que bajo el nombre de "Josefina" Jaimes Medrano se señala en la resolución a través de la cual fue emplazada no corresponde al nombre de su madre siendo el correcto "Josefa" Jaimes Medrano, como lo demuestra con la copia certificada del acta de nacimiento número 00246, expedida por el oficial del registro civil 01 de Zacatepec. 3. Por cuanto a que con el mencionado oficio 810 de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, pretendió obtener información sobre la existencia o inexistencia de testamento que hubiere otorgado Josefina Jaimes Medrano, tales consideraciones son infundadas toda vez que no tiene ninguna necesidad de obtener la referida información simplemente porque desde el uno de diciembre de dos mil catorce, su madre realizó su testamento público abierto ante Notario Público Número Uno de la Primera Demarcación Notarial en el Estado y obra en su poder copia de la escritura número 11,015 de dicha notaria. Esto porque el fedatario público le hizo entrega de dicha documental la cual obra en su poder la cual exhibió y solicitó se cotejara con la que obra en el archivo de la referida Notaria. De tal manera que desde el uno de diciembre de dos mil catorce, conocía la información testamentaria por lo que resulta incomprensible y fuera de todo contexto lógico jurídico, que hubiese pretendido acceder a la información solicitada a través del oficio 801, porque ya la conocía, máxime que cuenta con copia del testamento, por tanto, no tendría ningún sentido solicitar la información testamentaria cuando conoce los términos del testamento. Para acreditar lo anterior ofreció la copia del referido testamento y el testimonio de Manolo Salgado Jaimes. 4. Por cuanto a que en el mencionado oficio 810 se hizo uso del sello de la Segunda Secretaria; afirmó que dicho oficio no se realizó en la Primera ni en la Segunda Secretaría e ignora dichas circunstancias, al efecto ofreció el testimonio de Antonio Guadalupe Flores Santiago en su carácter de oficial judicial adscrito al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado, quien por sus funciones pudo apreciar que la suscrita en ningún momento emitió o suscribió el oficio 810, ni utilizó recursos humanos o materiales para la elaboración del mencionado oficio, puesto que dicha persona era la encargada de registrar los oficios que expiden en el referido órgano jurisdiccional e incluso ofreció la inspección del libro de gobierno para verificar su afirmación. En relación a lo anterior la Junta responsable en la resolución reclamada señaló: ".Manifestaciones que se les concede valor probatorio en términos del numeral 490 del Código Procesal Civil del Estado de aplicación supletoria la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos de acuerdo a lo prescrito en el artículo 41; en correlación con el precepto legal 195-Quater de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, informe rendido por la servidora pública que fue realizado de forma espontánea, libre de toda cuestión, adquiriendo valor indiciario ya que debe ser analizada de manera conjunta con los medios de convicción admitidos, ofrecidos y desahogados en el presente procedimiento administrativo, para con ello determinar sobre la existencia o inexistencia de la responsabilidad administrativa de quien está sometido al presente procedimiento (sic)". Sin embargo, al valorar los elementos de prueba la Junta responsable omitió ponderarlos en relación con los hechos declarados por la quejosa, es decir, en el contexto del objeto y finalidad para el que fueron ofrecidas como se explica en seguida: I. En relación a las actas de nacimiento de Josefa Jaimes Medrano y de la quejosa, la Junta responsable determinó que tienen valor probatorio pleno en términos del artículo 491 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos aplicado supletoriamente a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos. Y concluyó que demuestran el registro de nacimiento de Josefa Jaimes Medrano el diecinueve de marzo de mil novecientos treinta y dos, en Ajuchitán del Progreso, Guerrero, acreditándose el parentesco de la servidora pública y el nombre que aparece en oficio 810 que fue dirigido al Archivo General de Notarias. Sin embargo, dichas pruebas fueron ofrecidas para el efecto de controvertir el hecho de que "Josefina" Jaimes Medrano (nombre que se señala en el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo) no corresponde con el de su madre que se llama "Josefa" Jaimes Medrano. En efecto, en el referido acuerdo en lo conducente se estableció: ".Ahora bien, toda vez que los hechos antes descritos podrían constituir alguna falta administrativa por parte de la Maestra en Derecho Aurora Salgado Jaimes, dado que presuntamente hizo un ejercicio indebido del cargo que entonces ostentaba en dicho órgano Jurisdiccional, ello en virtud de que suscribió un oficio con la finalidad de obtener información sobre la existencia y/o inexistencia de testamento que hubiese otorgado la de cujus Josefina Jaimes Medrano (progenitora de dicha servidora pública) no obstante que no se encontraba radicada dicha sucesión en el juzgado a su cargo, amén de que a la fecha de la solicitud no había acaecido el hecho." Por tanto, la Junta responsable debió valorar las referidas actas de nacimiento en relación con el hecho relativo a que en el acuerdo de inicio se estableció que el nombre de la madre de la quejosa es Josefina Jaimes Medrano lo cual tiene trascendencia, porque constituyen hechos sobre los cuales la peticionaria ejerció su derecho de defensa, de ahí que la Junta responsable debía ponderar las documentales públicas en ese contexto. II. En relación a la copia de la escritura pública once mil quince, volumen doscientos ochenta y cinco, del protocolo de la Notaría Pública Número Uno de la Primera Demarcación Notarial, la Junta responsable determinó que si bien tiene valor indiciario; sin embargo, en nada favorece a la servidora pública para desvirtuar la materia del procedimiento de responsabilidad administrativa ya que los hechos sobre los cuales versa la misma son de naturaleza distinta. En lo referente al testimonio de Manolo Salgado Jaimes determinó que del mismo se desprenden los siguientes hechos: Es hermano de la servidora pública investigada. El nombre completo de su progenitora es Josefa Jaimes Medrano. Su madre otorgó testamento el uno de diciembre de dos mil catorce en la Notaría Número Uno de la ciudad de Cuernavaca. El notario entregó a su madre dos copias de las cuales una fue entregada a su hermana Aurora Salgado Jaimes en razón de que es la albacea y la otra al testigo porque es el heredero universal. Sin embargo, de manera dogmática determinó que se trata de un testigo singular que no se encuentra corroborado con otro medio de prueba y por ende carece de valor probatorio para acreditar lo aseverado por la servidora pública investigada. Por cuanto a la inspección llevada a cabo en el protocolo de la Notaría Pública Número Uno de la Primera Demarcación Notarial del Estado en la que se hizo constar que coincide la escritura exhibida por la quejosa con la asentada en el citado protocolo; la Junta responsable determinó que es ineficaz para desvirtuar la conducta que se atribuye la servidora pública puesto que sólo se acreditar la existencia del otorgamiento del testamento de la progenitora de la servidora pública. De lo señalado se advierte que la Junta responsable soslayó que los referidos medios de convicción fueron ofrecidos para demostrar la aseveración de la quejosa en el sentido de que no suscribió el oficio 810 de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, pues no tenía ninguna necesidad de obtener la información solicitada, porque desde el uno de diciembre de dos mil catorce, su madre realizó su testamento público abierto ante Notario Público Número Uno de la Primera Demarcación Notarial en el Estado y obra en su poder copia de la escritura número 11,015 de dicha notaria. Por tal motivo la Junta responsable al valorar las referidas pruebas debió hacerlo desde la perspectiva del objeto y finalidad para el que fueron ofrecidas y determinar si son suficientes para demostrar el hecho con el que guardan relación. Además, al ponderar el testimonio de Manolo Salgado Jaimes, lo hizo de manera aislada sin correlacionarlo con las pruebas analizadas en este apartado, lo que condujo a establecer equivocadamente que se trataba de un testigo singular. III. En Lo referente al testimonio de Antonio Guadalupe Flores Santiago, la Junta responsable indicó que se desprende: a) Conoce a la servidora pública investigada porque fue su jefa en el Juzgado Segundo Civil de Yautepec. b) El oficio 801 dirigido al Director General de Archivo General de Notarias del Estado de Morelos no lo tiene registrado con los datos descritos, sino el registrado en el libro está dirigido a otra dependencia. c) La servidora pública investigada no le entregó para su registro en el libro de gobierno de registros de oficios del referido juzgado el oficio 810 de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, porque los jueces no le pasan los oficios para registro. d) No sabe quién elaboró el oficio 810. e) No conoce la firma de la servidora pública investigada. f) Lo declarado lo sabe porque se encuentra adscrito a la oficialía de partes del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Al valorar el testimonio la autoridad responsable determinó que se trata de un testimonio singular y por ende, carece de valor probatorio. Sin embargo, omitió tomar encuentra que dicho testimonio se encuentra relacionado con la inspección llevada a cabo en el libro de gobierno de registro de oficios del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Asimismo, se debieron ponderar los referidos medios probatorios en relación con el objeto y finalidad para el que fueron ofrecidos, pues se advierte del escrito a través del cual la quejosa rindió informe, que con dichos medios de prueba pretendía acreditar que no emitió ni suscribió el oficio 810, ni utilizó recursos humanos o materiales del Juzgado al que se encontraba adscrita para la elaboración de dicho oficio. De lo expuesto queda en evidencia que la resolución reclamada no se encuentra debidamente motivada ya que vulnerara el principio de exhaustividad, pues en la valoración de las pruebas omitió relacionarlas con los puntos litigiosos, por tanto infringió la obligación de resolver la controversia tomando en cuenta todos los panteamientos aducidos en el procedimiento y dejó de analizar la totalidad de los argumentos materia del debate. Consecuentemente, es violatoria de los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica previstos en el artículo 16 de la Constitución Federal lo que impone conceder el amparo y protección de la justicia de la Unión solicitada. QUINTO. Efectos de la sentencia protectora. Ante la violación a los derechos humanos de la quejosa, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para que una vez que esta sentencia cause ejecutoria, la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos: 1. Deje sin efecto la resolución de quince de septiembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente administrativo 416/2018. 2. Emita una nueva determinación en la que con libertad de jurisdicción valore tanto en lo individual como en conjunto las pruebas ofrecidas por la quejosa, atendiendo los argumentos que expuso en el informe, es decir, considerando el objeto y finalidad pretendido en su ofrecimiento, siguiendo los linemientos de esta sentencia. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 67/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE AMPARA POR OMISIÓN DE ESAS FORMALIDADES, ES LA EMISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN NUEVA QUE PURGUE TALES VICIOS, SI SE REFIERE A LA RECAÍDA A UNA SOLICITUD, INSTANCIA, RECURSO O JUICIO." Concesión del amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución que se reclaman al Director General de Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos y Actuario adscrito a la Visitaduría General del Poder Judicial del Estado de Morelos, así como a la Secretaria de la Contraloría del Estado de Morelos y al Director General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de dicha secretaría, en virtud de que no se reclaman por vicios propios, sino su inconstitucionalidad se hizo depender de la resolución reclamada, la cual resultó inconstitucional. Dadas las conclusiones alcanzadas, resulta innecesario analizar los diversos conceptos de violación aducidos por la quejosa relativos al fondo del asunto, toda vez que la consecuencia del fallo protector dará lugar a que la autoridad responsable realice un nuevo análisis del asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la justicia federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja." SEXTO. Se habilita horas y días inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La justicia de la Unión ampara y protege a Aurora Salgado Jaimes, por los motivos y para los efectos señalados en los considerandos cuarto y quinto de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario que autoriza y da fe hasta hoy uno de abril de dos mil veintidós, en que así lo permitieron las labores de este Juzgado Federal.

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