Carlos Tomas Perez Gonzalez
Expediente 1737/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1737/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Carlos Tomas Perez Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el alegato ministerial número 475/2023, signado por el agente del Ministerio Público de la Federación en auxilio de la adscrita a este Juzgado, reservándose para ser tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Por otra parte, en relación a su solicitud de copias certificadas, estese a lo acordado en el auto de radicación dictado en este juicio de amparo el nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese y cúmplase.
- Incidental
En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con veintinueve minutos del quince de noviembre de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa y da fe, se procede a celebrar la audiencia incidental, sin contarse con la asistencia personal de las partes ni representante legítimo de ellas. La Secretaria hace relación de la demanda y demás constancias de autos y da cuenta con el informe previo rendido por la autoridad responsable; el cual ya obra agregado a los presentes autos. A lo que el Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede y por rendido el informe previo de la responsable, para ser tomado en consideración como corresponda. ABIERTO EL PERIODO DE PRUEBAS, se da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa en su escrito de demanda. A lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas la pruebas de mérito las cuales se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza. Con lo anterior, SE DECLARA CERRADO EL PERIODO DE PRUEBAS. ABIERTO EL PERIODO DE ALEGATOS, la Secretaria hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho. A lo que el Juez acuerda: en atención a lo informado por la Secretaría, SE DECLARA CERRADO EL PERIODO DE ALEGATOS. A continuación, no habiendo diligencias por desahogar, ni pedimento formulado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, el Juez declara visto el incidente y procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1737/2023-V-B, promovido por Carlos Tomás Pérez González, y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Solicitud de la medida cautelar. En la correspondiente demanda de amparo, promovida por Carlos Tomás Pérez González, solicitó la suspensión definitiva respecto del acto que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Formación del cuaderno incidental. Por acuerdo dictado en el juicio principal el nueve de noviembre de dos mil veintitrés, se ordenó tramitar el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, se abrieron los presentes autos mediante proveído de esa propia fecha, se ordenó notificar a las partes, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERA. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado por la parte quejosa, que hizo consistir en: La retención del vehículo automotor marca BMW de la línea X3, modelo 2016, con número de serie WBAWY9107G0N55685 y con placas ZBA-956-D. SEGUNDO. Certeza de los actos. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, pues así lo manifestó expresamente en su representación el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán al rendir su informe previo. TERCERO. Análisis respecto de la suspensión definitiva solicitada. Ahora bien, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, por lo que ve a la suspensión definitiva pedida, en relación con el referido acto reclamado, atendiendo a su naturaleza, debe estimarse que se trata de un acto consumado con efectos positivos, contra el cual, resulta procedente la suspensión respecto de sus efectos y consecuencias. Por tanto, previamente a determinar la procedencia o no de la suspensión, se debe analizar si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". Del precepto transcrito se observa que el acto reclamado en el juicio de amparo es susceptible de ser suspendido, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén; por ende, si alguno de tales requisitos no se satisface, resulta irrelevante que los demás se cumplan, pues sólo la concomitancia de las dos exigencias señaladas permitirá que se decrete la suspensión del acto reclamado. Por tanto, conforme al citado precepto de la Ley de Amparo, para que se otorgue la suspensión, es necesario que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión del acto reclamado constituye una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del juicio de amparo. El objeto primordial de dicha providencia cautelar es mantener viva la materia del juicio constitucional, impidiendo que el o los actos que la motivan, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el gobernado la protección de la Justicia Federal, evitando así los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle. En ese tenor, para resolver sobre la suspensión debe examinarse, en primer lugar, si la parte quejosa la solicitó y si acredita cuando menos, su interés suspensional, ya que tal interés se encuentra vinculado con la afectación que el acto reclamado pudiera ocasionar en la esfera de la parte quejosa. De ahí que, si tal acto reclamado no afecta el interés o no causa un perjuicio o agravio a la parte quejosa, es innecesario el análisis de tal medida suspensional, pues es menester abordar en primer lugar, si dicho acto puede causar o no un perjuicio al impetrante del amparo, esto es, si la solicitante de la medida cautelar cuenta con un interés tutelado que le pueda ser afectado con la ejecución o continuación de la ejecución de tal acto reclamado. El interés suspensional, se encuentra acreditado con la copia certificada de la factura original con número de folio FVB-1093, relativa al vehículo automotor marca BMW, modelo 2016, con número de serie WBAWY9107G0N55685, número de motor B1821161, de la que se advierte que el aquí quejoso es propietario; documental que exhibió con su ocurso petitorio de amparo, a las que se les otorga valor probatorio, en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. También se satisface el segundo de los requisitos citados, ya que con la suspensión de la ejecución del acto reclamado no se advierte que se siga una afectación al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público en términos de la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 138, pues no se está en alguno de los supuestos precisados en el artículo 129 de la ley de la materia, y, en cambio, es claro que de no concederse la suspensión de referencia, se le causarían daños y perjuicios de difícil reparación, los que se traducirían en que se continuara privándolo de la posesión de su citado vehículo automotor. En tal virtud, con fundamento en los artículos 128, 129, 138, 139 y 147, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada para el EFECTO de que se ponga a disposición del aquí quejoso el vehículo automotor retenido, debiendo para tal efecto hacer el pago del total de la cantidad que corresponda a la infracción que le fuere impuesta, si existiere ésta, o en todo caso acredite que ya lo hizo; las cuales deberá cubrir ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Debiendo exhibir ante este Juzgado Federal en el término de cinco días hábiles siguientes al en que haya hecho el depósito, el comprobante respectivo. Con el apercibimiento que de no cumplir con este requisito dejará de surtir efectos la suspensión definitiva, lo anterior es así, ya que en términos del invocado numeral 135 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá resguardar los derechos de terceros y de las propias partes, hasta donde sea posible, por lo que la garantía del interés tendrá precisamente ese efecto. Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia 2ª/J.148/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXII, Diciembre de 2005, Novena Época, Materia Administrativa, con número de registro 176523, que dispone: "MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA O ACREDITAR HABERLO HECHO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2ª./J.8/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, marzo de 1997, página 395, con el rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CONTRA LAS.", sostuvo que conforme a los artículos 124, 125 y 139 de la Ley de Amparo, para la suspensión que en su caso proceda contra el cobro de multas administrativas no fiscales debe exigirse garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causaren a algún tercero. Sin embargo, este órgano colegiado considera pertinente abandonar parcialmente tal criterio, para determinar que cuando se impugne el cobro de una multa administrativa no fiscal a través del juicio de amparo, deberá concederse la suspensión del acto reclamado siempre que se reúnan los requisitos señalados por el citado artículo 124, pero condiciona su efectividad a que el quejoso garantice el interés fiscal ante la autoridad exactora o en todo caso acredite que ya lo hizo, pues en términos de los artículos 125 y 130 de la Ley indicada, el Juez de Distrito deberá resguardar los derechos de terceros y de las propias partes, hasta donde sea posible, por lo que la garantía del interés fiscal tendrá precisamente ese efecto, tanto en la suspensión provisional como en la definitiva." Así como la jurisprudencia 2a./J. 138/2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, octubre de 2008, Novena Época, Materia Administrativa, página 445, con número de registro 168607, que dice: "MULTAS ADMINISTRATIVAS, SON APROVECHAMIENTOS Y LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. "El precepto en cita dispone que cuando se pida amparo contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la cual surtirá sus efectos previo depósito del total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o de la Entidad Federativa o Municipio correspondiente, debiendo cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, a fin de asegurar el interés fiscal. Ahora bien, no obstante que las multas administrativas constituyen aprovechamientos, en términos de lo dispuesto en el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, lo cierto es que adquieren la naturaleza de créditos fiscales, exigibles por ende mediante el procedimiento administrativo de ejecución, conforme a los artículos 4o. y 145 del indicado Código, a modo tal que al solicitarse la suspensión al promoverse el juicio de amparo contra su cobro, el interés fiscal debe garantizarse como lo señala el artículo 135 de la Ley de Amparo, con excepción de los recargos que, en términos del artículo 21, párrafo noveno del Código Fiscal de la Federación, no se generan. Esta regla es la aplicable en estos casos, con independencia de lo dispuesto por otros preceptos de la Ley de Amparo que regulan formas distintas de garantía." Y la tesis IV.2o.A.204 A, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Materia(s): Administrativa, Página: 1859 y Registro: 171588, que dice: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL COBRO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS, LA ÚNICA FORMA DE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ES EL DEPÓSITO EN EFECTIVO ANTE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN O DE LA ENTIDAD FEDERATIVA O MUNICIPIO QUE CORRESPONDA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 25 DE ABRIL DE 2006). Previo a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 2006, que entró en vigor al día siguiente, el artículo 135 de la Ley de Amparo establecía que cuando se pidiera el amparo contra el cobro de contribuciones, la suspensión podría concederse de manera discrecional y surtiría efectos previo depósito de la cantidad que se cobra ante la tesorería que corresponda, pero que tal depósito no se exigiría si el monto reclamado excedía de la capacidad económica del quejoso, si se había previamente constituido la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora o cuando se tratara de persona distinta del causante obligado directamente al pago, caso este último en el cual el precepto en cuestión permitía que la garantía del interés fiscal se otorgara por cualquiera de los medios previstos en las leyes fiscales aplicables. No obstante, el efecto de la reforma indicada fue establecer que tanto respecto de contribuciones como de aprovechamientos (fiscales o no) la única forma de garantizar el interés fiscal es a través de depósito de la cantidad total en efectivo a nombre de la Tesorería de la Federación o de la entidad federativa o Municipio que corresponda y que dicho depósito deberá cubrir tanto las contribuciones y aprovechamientos, como las multas y accesorios que se lleguen a causar, asegurando así el interés fiscal. De esta forma, el precepto en vigor eliminó la posibilidad de que no se exija garantía al quejoso en los casos de excepción que contemplaba antes de su modificación. Por tanto, acorde con el contenido actual del artículo 135 de la Ley de Amparo, la única manera de garantizar el interés fiscal cuando se pretenda la suspensión respecto del cobro de multas administrativas no fiscales, es a través del depósito de la cantidad total en efectivo ante la tesorería que corresponda. Cabe señalar que esta regla, por ser específica, excluye la aplicación de la general que contemplan los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, que prevén la posibilidad de garantizar por cualquier medio previsto en la ley, los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al tercero perjudicado con el otorgamiento de la suspensión". Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE CONCEDE a Carlos Tomás Pérez González, la suspensión definitiva del acto que reclamó del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. Notifíquese y cúmplase.
- Incidental
Mérida, Yucatán, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el informe previo rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; por tanto, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, relaciónese en la audiencia incidental. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que hasta la presente fecha las autoridades responsables foráneas: 1. Jueces de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Tantoyuca, Veracruz; y, 2. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz. No han rendido sus informes previos, ni obran en autos las tarjetas de acuse de recibo correspondientes a los oficios por los que se les solicitaron. Al efecto, mediante oficio que al efecto se gire, requiérase nuevamente a las citadas autoridades responsables foráneas, vía ESTAFETA, para que dentro del término de cinco días siguientes al de la notificación del presente acuerdo, rindan sus correspondientes informes previos; en la inteligencia de que subsiste el apercibimiento decretado en auto de cinco de enero de dos mil veintitrés. Por tal motivo, a fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la referida audiencia incidental y se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y SEIS MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, como nuevas fecha y hora para su celebración. Lo anterior, con apoyo en el artículo 17 constitucional, tomando en consideración que los domicilios de dichas autoridades se ubican fuera de la residencia de este juzgado; y a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos de diferimiento innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese y cúmplase
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