Carlos Tejeda Valdez
Expediente 523/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 523/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/07/2019
Partes del expediente
- Carlos Tejeda Valdez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio que signa la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, mediante el cual acusa recibo del juicio de amparo 523/2019 del índice de este Juzgado, en virtud de la competencia declinada a favor de la autoridad oficiante, respecto de la demanda de amparo que promovió Carlos Tejeda Valdez; de igual forma, del oficio en mención se advierte que dicho Órgano Jurisdiccional se avocó al conocimiento del citado asunto el tres de julio del presente año, el cual se registró bajo número 629/2019-V-B, mismo proveído en el que desechó la demanda interpuesta. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, de los cuales se advierte que no existen diligencias por desahogar; por lo anterior, remítase el presente cuadernillo al archivo definitivo de este Juzgado...
- Principal
Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta que remite el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto local 127/2019, número de orden 133/2019 del índice de este Juzgado, que se envió para notificar al quejoso Carlos Tejeda Valdez en el Centro de Reinserción Social "El Hongo", con sede en Tecate, Baja California; así como notificar el oficio 16834/2019 al Director de dicho Centro.
- Principal
.... promueve Carlos Tejeda Valdez, por su propio derecho, contra actos del Director del Centro de Reinserción Social denominado "El Hongo", con sede en Tecate, Baja California; en consecuencia, fórmese expediente respectivo, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado con el número 523/2019. Ahora bien, del estudio integral de la demanda, se obtiene que el quejoso Carlos Tejeda Valdez, actualmente se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social denominado "El Hongo", con sede en Tecate, Baja California, y el acto reclamado es: "IV.- ACTO RECLAMADO.- Se reclama de la autoridad señalada como responsable: LO OMISIÓN DE GIRAR LAS ORDENES O INSTRUCCIONES NECESARIAS PARA EL SUSCRITO RECIBA ATENCIÓN MEDICA CONSISTENTE EN SERVICIO DE ODONTOLOGIA, esto en el interior del Centro carcelario donde actualmente me encuentro privado de libertad, lo que se traduce en un riesgo para la salud física del suscrito, poniendo en peligro mi integridad". Acto que le atribuye al Director de dicho centro penitenciario; en consecuencia, este Juzgador estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo conforme lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En principio, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público que debe analizarse previamente al estudio de la constitucionalidad del acto. Aplica la Jurisprudencia I.2o.P. J/40, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 36 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 56, Agosto de 1992, Materia Penal, Octava Época, de la voz y texto: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo". A fin de sustentar la presente determinación, resulta oportuno transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. "Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. "Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". El citado precepto legal prevé tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda. 1). Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2). Si el acto de reclamo puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3). Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De la lectura de las hipótesis antealudidas, se obtiene que la competencia territorial de los Jueces de Distrito depende directamente de la ejecución de los actos reclamados. Así, tendría competencia para conocer de un juicio de amparo, aquél que resida en el lugar en que trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, mientras que si éste carece de ejecución, se estará en presencia de la última regla. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis Aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1265 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XX, Quinta Época, Materia común, cuyo rubro y texto literalmente se señalan: "COMPETENCIA EN AMPARO. De acuerdo con la fracción IX del artículo 107 constitucional, es competente para conocer del amparo, el Juez de Distrito de la jurisdicción donde actúa la autoridad que ejecuta el acto que se reclama, sin que deba tomarse en cuenta el lugar de la ubicación de la cosa sobre la cual deba recaer la acción de la autoridad ejecutora, porque el acto declarativo que da lugar a la ejecución, es distinto de las consecuencias mediatas que puedan producirse". En ese tenor, el acto reclamado en el presente juicio de amparo consiste en la omisión de la autoridad responsable Director del Centro de Reinserción Social denominado "El Hongo", con sede en Tecate, Baja California, de proporcionarle la atención medica consistente en servicio de odontología al quejoso. Ahora bien, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de la autoridad responsable de otorgar atención médica al quejoso que se encuentra interno bajo el resguardo de la autoridad responsable, constituye un acto omisivo con efectos positivos sobre la salud del quejoso, pues produce una afectación que trasciende a la materialidad ante la afectación o agravamiento a su salud, por lo que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiaran o perjudicaran su salud, lo que se producirá, invariablemente en el lugar donde se encuentra el interno. Por ello, tomando en cuenta el sentido y alcance del acto reclamado, se ubica en el supuesto que se contiene en el primer párrafo del referido precepto 37 de la Ley de Amparo. ....Por tanto, se tiene que los efectos del acto reclamado si requieren ejecución fuera de la jurisdicción de este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, ya que como quedó evidenciado en el centro de reinserción social se encuentra recluido el aquí quejoso, mismo que se ubica en Tecate, Baja California, fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. En esa tesitura, es incocuso que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal en razón de territorio, para conocer de la presente demanda de amparo. En consecuencia, se declina la competencia a favor de un Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en Turno, con sede en Tijuana, Baja California, que conforme al punto cuarto, fracción XVI del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es un Órgano Jurisdiccional de esa Entidad que ejerce jurisdicción territorial en el Municipio de Tecate. Bajo esa tesitura, con fundamento en el artículo 48 de la ley de la materia, remítase el escrito original de demanda a la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en la ciudad de Tijuana, Baja California, para que por su conducto lo turne al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en Turno, con sede en Tijuana, Baja California, previo cuadernillo de antecedentes que se forme, a efecto de que decida si acepta o no el conocimiento del asunto; solicítese que, de no tener inconveniente alguno, una vez que se pronuncie respecto a la competencia que se declina a su favor, lo haga del conocimiento de esta autoridad, para los efectos legales procedentes. Lo anterior encuentra sustento en los artículos 22, 23, 24, 25, 26 y 62 de las Reglas Mínimas para el tratamiento de los Reclusos y 24 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier forma de Detención o Prisión, adoptados por las Naciones Unidas. Ordenamientos internacionales que imponen la obligación a la autoridades penitenciaras de contar con médicos clasificados en todo establecimiento de reclusión, quienes deben velar por la salud física y mental de los internos, quienes tiene en todo tiempo el derecho a recibir gratuitamente atención y tratamiento médico, cada vez que sea necesario; derecho humano que además se encuentra contemplado en el artículo 4° de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, tomando en consideración que de conformidad con los artículos 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2º de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Por tanto, deben cumplir con el diverso artículo 5º de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que establece que toda persona privada de su libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Así como con los Principios Generales y Buenas Prácticas Sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, adoptados por la Comisión durante el 131º período ordinario de sesiones celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008, entre ellos: a. Trato humano, el cual establece que deberán ser tratados humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales. b. Igualdad y no-discriminación, que prevé que todos serán iguales ante la ley, así como que bajo ninguna circunstancia se discriminará, así como que se prohíbe cualquier distinción exclusión o restricción que tengan como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos internacionalmente reconocidos. c. Salud en lo relativo a que todos tienen derecho a la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada, disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial, acceso al tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos, así como la prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole. d. Alimentación y agua potable, en el sentido de que toda persona tiene derecho a recibir una alimentación que responda, en cantidad, calidad y condiciones de higiene y nutrición adecuada; así como que tendrán acceso en todo momento al agua potable suficiente y adecuada para su consumo. e. Albergue, condiciones de higiene y vestido, pues toda persona deberá disponer de espacio suficiente exposición diaria a la luz natural, ventilación y calefacción apropiadas, según las condiciones climáticas del lugar en que se encuentren privados de su libertad; así como tener acceso a instalaciones sanitarias higiénicas y suficientes que aseguren su privacidad y dignidad, así como a productos básicos de higiene personal y agua para aseo personal. Apoyo a lo anterior, la Tesis P.LXIV/2010, que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero 2011, Página 26, Materia Constitucional, Novena Época, de rubro y texto: "DERECHOS A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y AL TRATO DIGNO DE LOS DETENIDOS. ESTÁN TUTELADOS CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE Y SON EXIGIBLES INDEPENDIENTEMENTE DE LAS CAUSAS QUE HAYAN MOTIVADO LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 18, 19 y 20, apartado A, el derecho de los detenidos a ser tratados con dignidad. Estos preceptos reconocen diversos derechos de las personas detenidas y el trato al que tienen derecho mientras se encuentran privados de su libertad, como son el lugar donde se encontrará la prisión preventiva, el plazo máximo de detención ante autoridad judicial, la presunción de inocencia, la prohibición de ser incomunicados, torturados o intimidados, así como sus prerrogativas durante el proceso. Por otra parte, ha sido expresamente previsto en los artículos 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el derecho a la integridad personal así como el derecho a que toda persona privada de su libertad sea tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Por tanto, estos derechos que asisten a los detenidos deben respetarse independientemente de las conductas que hayan motivado la privación de la libertad, así sea que puedan ser objeto de variadas y limitadas modulaciones en específicas circunstancias, de modo que su inobservancia es violatoria de derechos humanos." En esas condiciones y dado que el quejoso reclama la omisión de atención médica (servicio de odontología), lo que invariablemente produce una afectación a su integridad personal y su dignidad al grado de equipararse a un tormento, es inconcuso que, el acto señalado encuadra en aquellos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Por tanto, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, procede decretar de oficio y de plano la suspensión del acto reclamado consistente en la omisión de atención médica (servicio de odontología), es decir, debe cesar de forma inmediata, toda vez que el mismo encuadra dentro de los supuestos que prevé el artículo 15 de la ley de la materia y 22 constitucional, respecto de los cuales procede la suspensión de plano. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial número 55/2019 aprobada en sesión privada en veintiséis de junio de dos mil diecinueve, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro y texto: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO, DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento." No es obstáculo para esta determinación, el hecho que la tesis referida con anterioridad, aún no se encuentre publicada en el Semanario Judicial de la Federación, toda vez que este Juzgador ha verificado su existencia, en virtud de que la misma fue remitida a través del correo oficial de la Secretaria de Tesis de la Primera Sala, el veintiséis de junio de dos mil diecinueve. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia con rubro: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. LA OBLIGATORIEDAD DE SU APLICACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 217 DE LA LEY DE AMPARO, SURGE A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. El análisis sistemático e integrador de los artículos 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 215 a 230 de la Ley de Amparo, 178 y 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 19/2013 (*) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, permite establecer que la jurisprudencia es de aplicación obligatoria a partir del lunes hábil siguiente al día en que la tesis respectiva sea ingresada al Semanario Judicial de la Federación, en la inteligencia de que si el lunes respectivo es inhábil, será de aplicación obligatoria a partir del día hábil siguiente. Tal conclusión atiende a un principio de certeza y seguridad jurídica en tanto reconoce que es hasta la publicación de la jurisprudencia en dicho medio, cuando se tiene un grado de certeza aceptable respecto a su existencia. Lo anterior, sin menoscabo de que las partes puedan invocarla tomando en cuenta lo previsto en la parte final del artículo 221 de la Ley de Amparo, hipótesis ante la cual el tribunal de amparo deberá verificar su existencia y a partir de ello, bajo los principios de buena fe y confianza legítima, ponderar su aplicación, caso por caso, atendiendo a las características particulares del asunto y tomando en cuenta que la fuerza normativa de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación proviene de la autoridad otorgada por el Constituyente al máximo y último intérprete de la Constitución". Medida cautelar que se concede en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo, la cual surte efectos a partir de esta fecha. En virtud de la suspensión decretada, dígase a las autoridades responsables que deben tomar las medidas necesarias para que se protejan los principios descritos, ya que la omisión a ello traería como consecuencia responsabilidad para el Estado Mexicano en relación a los derechos fundamentales de los quejosos. Asimismo, con la concesión de la suspensión de plano se trata de abolir o restringir cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Por tanto, y dado que el quejoso Carlos Tejeda Valdez, se encuentra recluido en el Director del Centro de Reinserción Social denominado "El Hongo", con sede en Tecate, Baja California, se requiere a la autoridad responsable, para el efecto de que rinda su informe a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, dentro del término improrrogable de veinticuatro horas, con relación a dicho acto que se les reclama y sobre el cumplimiento dado a la suspensión que se decretó; asimismo, se previene a la autoridad de mérito, que de no cumplir con lo que aquí se ordena podrán incurrir en la hipótesis que establece la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: "III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra". Asimismo, tomando en consideración que el quejoso Carlos Tejeda Valdez, se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social denominado "El Hongo", con sede en Tecate, Baja California, lo que evidencia que se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado Federal, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo en concordancia con los diversos numerales 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, así como el numeral 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y además de conformidad con el Acuerdo General número 16/1998, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Acuerdo General número 13/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, gírese atento exhorto vía correo electrónico al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, en Turno, con sede en Tijuana, conforme lo determina el artículo 107 del Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que en auxilio de las labores de este Tribunal, por conducto de un Actuario adscrito a ese Juzgado, se sirva notificar de forma personal al quejoso Carlos Tejeda Valdez en dicho centro, el contenido íntegro del presente auto, así como para que notifique el oficio respectivo a la autoridad Director del Centro de Reinserción Social El Hongo, con sede en Tecate, Baja California, y le corra traslado con copia simple de la demanda, para lo cual se anexarán a la presente comunicación, ello en virtud de la naturaleza de los actos que aquí se reclaman, y que el numeral 126 de la ley de la materia prevé que por cualquier medio se haga del conocimiento de la responsable. Se tiene autorizando en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Esteban Rodríguez Rivera y Laura Susana Rodríguez Hurtado. De igual manera, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio Esteban Rodríguez Rivera Pérez quien cuenta con cuenta y firma electrónica FIREL, y nombre de usuario "ABOGADORODRIGUEZRIVERA". Por otra parte, en apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8°, 18 y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; al considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales. En la inteligencia de que, con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, en la versión pública de las resoluciones o autos que se emitan en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales También, se les hace saber que para que las constancias que alleguen al expediente se consideren, en principio, información confidencial, deberán manifestar dicho carácter al momento de exhibirlas, siempre que tengan el derecho de reservarse la información, de conformidad con las disposiciones aplicables. Finalmente en estricto acatamiento a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que entró en vigor el cuatro de enero de dos mil dieciséis, se instruye al Secretario encargado del trámite de este expediente, para que proceda a la integración del expediente electrónico, así como a digitalizar oportunamente y de manera legible las constancias del juicio que en su caso se exhiban de manera impresa, y de la impresión de las que se presente de forma electrónica, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, con la debida verificación y validación respectivas de la coincidencia de contenidos del expediente electrónico y el impreso, atendiendo en su caso lo dispuesto en el artículo 92 del Acuerdo de mérito y en lo conducente el artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada (FIREL) y al expediente electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Emmanuel Cuellar Balderas, Juez Quinto de Distrito en el Estado, ante Adolfo Portillo Esquivel, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali · 9,064 expedientes
- Carlos Salcido Castillo74/2019
- Carlos Salcido Castillo698/2019
- Carlos Salvador Orozco Gamiño1119/2019
- Carlos Servando Arana Llamas525/2019
- Carlos Servando Arana Llamas1023/2019
- Carlos Sotelo Cardozo45/2022
- Carlos Vazquez Hernandez537/2020
- Carlos Vega Cabanillas64/2021
- Carlos Vega Cabanillas431/2022
- Carlos Vega Cabanillas239/2023
- Carlos Villaseñor Valladolid353/2019
- Carlos Zavala Robles490/2023