Carlos Taboada Coronado

Expediente 166/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
166/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
28/11/2022

Partes del expediente

  • Carlos Taboada Coronado
  • Carlos Taboada Coronado y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado de dicho incidente al cuaderno principal, así como del original en toda vez que encuadra en la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso c), de dicha normativa, ello en razón de que la medida cautelar fue negada en provisional y definitivamente. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que en caso de ser procedente se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que en su caso hayan exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    ... En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte promovente del amparo reclama la falta de llamamiento y la sentencia de trece de enero de dos mil veintidós y su ejecución dictada dentro de los autos del expediente natural 48/2020-2, índice de la autoridad señalada como responsable. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompañan a su informe justificado; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aún de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional lo aleguen o no las partes de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso se advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción VI del diverso 107, aplicada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por los motivos y consideraciones que adelante se expondrán. Para evidenciar lo anterior, resulta preciso hacer referencia a los antecedentes jurídicamente relevantes del acto reclamado de los cuales destacan los siguientes: Como lo refiere en los antecedentes que bajo protesta de decir verdad expone en su demanda de amparo, María del Rosario Coronado Eustaquio, en representación de los menores de nombre reservado C.T.C. y J.J.T.C., fue demandada en un juicio ordinario civil bajo el número de expediente 48/2020, en relación con el inmueble ubicado en Calle Cuauhtémoc sin número, Colonia las Flores del Poblado de Huajintlán, Municipio de Amacuzac, Morelos, asunto en el que se dictó sentencia definitiva el trece de enero de dos mil veintidós, en el que se condenó a la demandada María del Rosario Coronado Eustaquio aquí representante de los menores impetrantes de amparo, a la entrega del bien inmueble de mérito, lo que actualmente constituye el acto reclamado en este asunto, pero que en la presente instancia acude en favor de los mencionados menores, al ostentarse como terceros extraños a ese procedimiento de origen. Ahora de las constancias que como complemento remite la autoridad señalada como responsable las cuales se les otorgó valor probatorio correspondiente, se desprende en efecto la autoridad señalada como responsable dictó sentencia definitiva el trece de enero de dos mil veintidós, dentro de los autos del juicio de origen 48/2020, sin embargo, dicha resolución fue impugnada mediante la interposición del recurso de apelación que por escrito hizo valer María del Rosario Coronado Eustaquio, manifestando en dicho ocurso que tiene reconocida una personalidad en el juicio de origen, es decir, que es la parte demandada. Ahora bien, la hoy quejosa a través de su autorizado el veintidós de abril de dos mil veintidós, mediante escrito exhibió prueba documental consistente en la resolución definitiva del veinte de febrero de dos mil dieciocho, dictada dentro de los autos del juicio de controversia familiar sobre alimentos, guarda y custodia número 270/2017-1, índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Tercero Distrito Judicial del Estado de Morelos, la que en sus puntos resolutivos determinó lo siguiente: ". (.) QUINTO.- Se confirma la medida provisional de Guarda y Custodia de los menores CARLOS y JUAN JESÚS, ambos de apellidos TABOADA CORONADO, a favor de la actora MARÍA DEL ROSARIO CORONADO EUSTAQUIO, decretada en auto de admisión de fecha uno de septiembre de dos mil diecisiete, decretándose como domicilio de depósito de los referidos menores, en el que actualmente habitan, siendo este el ubicado en: Calle Cuauhtémoc, sin número, Colonia las Flores del Poblado de Huajintlán, del Municipio de Amacuzac, Morelos; domicilio en el cual la actora deberá ejercer la Guarda y Custodia de sus menores hijos que le ha sido encomendada y sin que dicho depósito conlleve derechos posesorios o de propiedad.". Atento a lo anterior, se evidencia que con fecha veinte de febrero de dos mil dieciocho, por resolución judicial, se confirmó de manera definitiva la guarda y custodia de los menores de identidad reservada de iniciales C.T.C. y J.J.T.C., que de manera provisional conservaba desde el uno de septiembre de dos mil diecisiete, por lo tanto, quien ahora resuelve determina que no les resulta el carácter de terceros extraños al procedimiento de donde emanan los actos reclamados a los menores representados en el presente juicio de amparo, por la demandada en el juicio de origen. Una de las razones que le provocan indefensión a un tercero extraño a juicio por equiparación es porque siendo parte en el juicio natural no tiene conocimiento de la acción instaurada en su contra, cuyo resultado puede causarle perjuicios, lo que no acontece cuando su representante promueve la demanda de origen o su contestación, puesto que a través de él, conoce la existencia del procedimiento en el que se emitió el acto reclamado, por ser parte del mismo. Por las razones jurídicas resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 142/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, página 874, Materia Común, Civil, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER POR SÍ MISMO EL MENOR DE EDAD, QUE PRESENTÓ LA DEMANDA O RECONVINO EN EL JUICIO NATURAL, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, Y DURANTE EL TRÁMITE ADQUIERE LA MAYORÍA DE EDAD (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE SINALOA Y DEL DISTRITO FEDERAL). Una de las razones que le provocan indefensión a un tercero extraño a juicio por equiparación es porque siendo parte en el juicio natural no tiene conocimiento de la acción instaurada en su contra, cuyo resultado puede causarle perjuicios, lo que no acontece cuando su representante promueve la demanda de origen o su reconvencional, puesto que a través de él, conoce la existencia del procedimiento en el que se emitió el acto reclamado, por ser parte del mismo. Consecuentemente, el solo hecho de haber adquirido la mayoría de edad durante el procedimiento del juicio ordinario no da lugar a que en el juicio de amparo se le considere tercero por equiparación, por sí mismo, como consecuencia de haber alcanzado su capacidad de ejercicio; razón por la cual el juez debe notificarle al antes menor las actuaciones subsecuentes, pues ya no puede ordenarlas por conducto de sus representantes legales, porque de acuerdo con los Códigos Civiles de Sinaloa y del Distrito Federal aplicados por los Tribunales Colegiados contendientes, la representación legal de los menores de edad fenece una vez que éstos adquieren la mayoría de edad.". En consecuencia lo anterior, quien ahora resuelve estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción VI del diverso 107, aplicada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, dispositivos legales que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas". En esa tesitura, debe considerarse persona extraña para los efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, a aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de la resolución, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones del juicio natural, quedando incluido en este concepto, la parte que no fue emplazada o que se emplazó de manera ilegal. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 7/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, página 56, Materia Común, Novena Época, de contenido siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente.". En este orden de ideas, cabe precisar que la afectación que puede resentir una persona extraña al juicio, no proviene en todos los casos del mismo acto dentro de la secuela del procedimiento, que va desde la demanda hasta el cumplimiento de la sentencia, sino que ello dependerá de la titularidad del derecho que reclame y que se pruebe, ya sea en relación con el bien debatido en el juicio, o bien, con los bienes de que la sentencia disponga o, en fin, con aquellos que se afecten en la ejecución. Lo anterior es así, porque cuando dos personas siguen un juicio sin llamar a la que es titular de los derechos que en el procedimiento habrán de controvertirse, es evidente que conforme al derecho positivo se le causa un perjuicio a sus intereses jurídicamente protegidos, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista constitucional, porque las disposiciones ordinarias le dan acciones para intervenir en el juicio, y desde el punto de vista constitucional en razón de que si los artículos 14 y 16 de la misma, otorgan a todo gobernado las garantías de audiencia y legalidad, no puede válidamente discutirse en juicio sobre un bien o derecho del que es titular una persona a quien no se llamó para que se defendiera. En tal estado de cosas, para considerar procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, se requiere que quien comparece demandando el amparo y la protección de la Justicia Federal, no haya figurado en el procedimiento como parte en sentido material, sufrir un perjuicio por la transgresión a un derecho legítimo y no haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. En el caso, la parte quejosa aduce que el acto de autoridad vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en el artículo 14 de la Constitución General de la República, pues refiere que los menores que representa actualmente no fueron llamados al juicio. Empero, de las constancias remitidas por el Juzgado señalado como responsable ya valoradas, se obtiene que María del Rosario Coronado Eustaquio, aquí promovente en favor de los menores quejosos y de los cuales tiene la guarda y custodia desde el uno de septiembre de dos mil diecisiete, como se estableció en líneas anteriores, y que además tuvo conocimiento del procedimiento natural, de su sentencia la cual incluso tuvo oportunidad de impugnar mediante el recurso de apelación, por lo tanto, dada la representación que tiene incluso antes de que fuera demandada en el juicio 48/2020, plenario de posesión, de los menores hoy quejosos, no puede argumentar desconocimiento de dicho procedimiento, si quien ha ejercido la representación de los menores quejosos en todo tiempo es la hoy promovente, quienes se ostentan como personas extrañas por equiparación. Por ello se estima que desde ese momento hasta la etapa actual del procedimiento, ha tenido conocimiento de las actuaciones del juicio instaurado en su contra, y no puede ahora desconocer que también lo tuvieron los menores representados por ella misma, dada la calidad otorgada por resolución judicial desde el uno de septiembre de dos mil diecisiete, en que se concedió de manera provisional la guarda y custodia de los menores hoy quejosos, es decir, dicha representación; por lo que, al ser ello así se hizo sabedor de los actos reclamados que impugna en esta vía constitucional. Circunstancia que resulta suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña en sentido estricto, en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, toda vez que como quedó puntualizado con antelación, con ese carácter, en el supuesto mencionado, quedan comprendidos únicamente quienes no fueron emplazados o, aun siéndolo, no tuvieron oportunidad de hacerse sabedores del procedimiento. Así, es dable concluir que en el caso en estudio no se está en presencia de una persona extraña al juicio en sentido estricto, que haya quedado sin defensa con motivo de la falta de emplazamiento o de su ilegalidad, sino que, como se ha indicado, se trata de personas que sin ser parte de manera formal, lo resuelto en el juicio de origen les afecta en sus derechos, empero, la promovente y representante de los menores, y en su carácter de demandada, compareció al juicio natural dando contestación a la demanda, oponiendo excepciones, y reconvención; así como ofreciendo y desahogando pruebas y alegatos; y que habiendo tenido la oportunidad de comparecer al procedimiento de ejecución y agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, interpuso el recurso de apelación respecto de la sentencia, hecho valer mediante escrito que presentó ante la responsable el ocho de febrero de dos mil veintidós, sin que sea dable ahora desconocer como representante de los menores quejosos lo que sí conoció como persona física demandada en el juicio natural. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 39/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 12/2000-PL, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, página 93, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal.". Así como la tesis IV.2o.C.37 K del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de 2007, página 1181, Materia Común, Novena Época, de contenido siguiente: "TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE TAL CARÁCTER PARA INTERPONER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUIEN COMPARECE A CONTESTAR LA DEMANDA Y TUVO LA OPORTUNIDAD DE DEFENDERSE Y PROMOVER LOS RECURSOS ORDINARIOS PREVISTOS EN LA LEY, AUN CUANDO POSTERIORMENTE HAYA SIDO ILEGALMENTE NOTIFICADO DE DIVERSAS RESOLUCIONES QUE LO DEJARON EN ESTADO DE INDEFENSIÓN DURANTE CIERTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO. Cuando el quejoso reclama en amparo, entre otros actos, el ilegal emplazamiento, por haberse practicado en contravención a lo establecido por la ley de la materia, y con base en esto, que el juicio fue seguido en su contra, sin su conocimiento, su situación es equiparable a la de un tercero extraño a juicio; sin embargo, si comparece a él, pierde tal carácter, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 39/2001 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.". Ahora bien, si la parte reo comparece a contestar la demanda, es claro que no se le puede reconocer el carácter apuntado, aun cuando manifieste que posteriormente fue ilegalmente notificado de diversas resoluciones y que esto motivó que se le dejara en estado de indefensión durante cierta etapa del juicio hasta el dictado de la sentencia definitiva e incluso durante el procedimiento de ejecución, toda vez que al haber comparecido al procedimiento ordinario, tuvo la oportunidad de defenderse y promover los recursos ordinarios previstos en la ley, por lo que no existe razón para relevarlo de la obligación de cumplir con el requisito exigido por el artículo 161, fracción I, de la Ley de Amparo. De esta manera, si el quejoso, después de concluido el juicio y en etapa de ejecución, pretende impugnar actos del procedimiento, no obstante que fue parte en el juicio y no puede ostentarse como tercero extraño por equiparación, es inconcuso que la acción que se dedujo en este procedimiento de tutela constitucional deviene improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con los numerales 114, fracción V, 158, 159, fracción I y 161, todos de la ley de la materia.". Además de lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que esta autoridad comparte, dispositivo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; (.)". En ese sentido, la autoridad señalada como responsable Juez Civil de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado indica que María del Rosario Coronado Eustaquio interpuso recurso de apelación contra la sentencia definitiva de trece de enero de dos mil veintidós, dictada dentro de los autos del expediente natural 48/2020, de su índice, recurso que fue admitido por acuerdo de once de febrero de dos mil veintidós, mismo que se encuentra pendiente de resolver por el Tribunal de Alzada, por tanto, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo. Así, del citado precepto y fracción se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos respecto de los cuales se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto su modificación, revocación o nulificación. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que la causa de improcedencia a que se hace referencia únicamente debe considerarse actualizada cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa contra el acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) El recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías, y c) El recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad. Orienta lo anterior la jurisprudencia P./J. 144/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Diciembre de 2000, página 15, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo.". Establecido lo anterior, en el caso se actualiza la causa de improcedencia en análisis en razón que el acto reclamado en esta instancia constitucional consistente en la sentencia definitiva de trece de enero de dos mil veintidós, impugnado por la promovente mediante el recurso de apelación ante el Juez Civil de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos, autoridad que radicó el recurso por acuerdo de once de febrero de dos mil veintidós. Además de que la parte promovente aquí representante de los menores, consintió el acto reclamado, ya que no puede desconocer la existencia de un acto bajo tal carácter y sí conocerlo como persona física demandada en el natural, por lo que la falta de llamamiento al juicio de origen, se pudo reclamar desde la instauración al juicio plenario de posesión, o en su defecto apersonarse al mismo. En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia descritas, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63 fracción V del ordenamiento en cita. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Erik Calderón Ocampo, hasta hoy tres de agosto de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    Al haber transcurrido el término concedido a los TERCEROS INTERESADOS, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído o resolución citado; en consecuencia, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte promovente del amparo reclama la falta de llamamiento y la sentencia de trece de enero de dos mil veintidós y su ejecución dictada dentro de los autos del expediente natural 48/2020-2, índice de la autoridad señalada como responsable. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompañan a su informe justificado; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aún de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional lo aleguen o no las partes de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso se advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción VI del diverso 107, aplicada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por los motivos y consideraciones que adelante se expondrán. Para evidenciar lo anterior, resulta preciso hacer referencia a los antecedentes jurídicamente relevantes del acto reclamado de los cuales destacan los siguientes: Como lo refiere en los antecedentes que bajo protesta de decir verdad expone en su demanda de amparo, María del Rosario Coronado Eustaquio, en representación de los menores de nombre reservado C.T.C. y J.J.T.C., fue demandada en un juicio ordinario civil bajo el número de expediente 48/2020, en relación con el inmueble ubicado en Calle Cuauhtémoc sin número, Colonia las Flores del Poblado de Huajintlán, Municipio de Amacuzac, Morelos, asunto en el que se dictó sentencia definitiva el trece de enero de dos mil veintidós, en el que se condenó a la demandada María del Rosario Coronado Eustaquio aquí representante de los menores impetrantes de amparo, a la entrega del bien inmueble de mérito, lo que actualmente constituye el acto reclamado en este asunto, pero que en la presente instancia acude en favor de los mencionados menores, al ostentarse como terceros extraños a ese procedimiento de origen. Ahora de las constancias que como complemento remite la autoridad señalada como responsable las cuales se les otorgó valor probatorio correspondiente, se desprende en efecto la autoridad señalada como responsable dictó sentencia definitiva el trece de enero de dos mil veintidós, dentro de los autos del juicio de origen 48/2020, sin embargo, dicha resolución fue impugnada mediante la interposición del recurso de apelación que por escrito hizo valer María del Rosario Coronado Eustaquio, manifestando en dicho ocurso que tiene reconocida una personalidad en el juicio de origen, es decir, que es la parte demandada. Ahora bien, la hoy quejosa a través de su autorizado el veintidós de abril de dos mil veintidós, mediante escrito exhibió prueba documental consistente en la resolución definitiva del veinte de febrero de dos mil dieciocho, dictada dentro de los autos del juicio de controversia familiar sobre alimentos, guarda y custodia número 270/2017-1, índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Tercero Distrito Judicial del Estado de Morelos, la que en sus puntos resolutivos determinó lo siguiente: ". (.) QUINTO.- Se confirma la medida provisional de Guarda y Custodia de los menores CARLOS y JUAN JESÚS, ambos de apellidos TABOADA CORONADO, a favor de la actora MARÍA DEL ROSARIO CORONADO EUSTAQUIO, decretada en auto de admisión de fecha uno de septiembre de dos mil diecisiete, decretándose como domicilio de depósito de los referidos menores, en el que actualmente habitan, siendo este el ubicado en: Calle Cuauhtémoc, sin número, Colonia las Flores del Poblado de Huajintlán, del Municipio de Amacuzac, Morelos; domicilio en el cual la actora deberá ejercer la Guarda y Custodia de sus menores hijos que le ha sido encomendada y sin que dicho depósito conlleve derechos posesorios o de propiedad.". Atento a lo anterior, se evidencia que con fecha veinte de febrero de dos mil dieciocho, por resolución judicial, se confirmó de manera definitiva la guarda y custodia de los menores de identidad reservada de iniciales C.T.C. y J.J.T.C., que de manera provisional conservaba desde el uno de septiembre de dos mil diecisiete, por lo tanto, quien ahora resuelve determina que no les resulta el carácter de terceros extraños al procedimiento de donde emanan los actos reclamados a los menores representados en el presente juicio de amparo, por la demandada en el juicio de origen. Una de las razones que le provocan indefensión a un tercero extraño a juicio por equiparación es porque siendo parte en el juicio natural no tiene conocimiento de la acción instaurada en su contra, cuyo resultado puede causarle perjuicios, lo que no acontece cuando su representante promueve la demanda de origen o su contestación, puesto que a través de él, conoce la existencia del procedimiento en el que se emitió el acto reclamado, por ser parte del mismo. Por las razones jurídicas resulta aplicable la jurisprudencia 1 /J 142/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, página 874, Materia Común, Civil, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER POR SÍ MISMO EL MENOR DE EDAD, QUE PRESENTÓ LA DEMANDA O RECONVINO EN EL JUICIO NATURAL, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, Y DURANTE EL TRÁMITE ADQUIERE LA MAYORÍA DE EDAD (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE SINALOA Y DEL DISTRITO FEDERAL). Una de las razones que le provocan indefensión a un tercero extraño a juicio por equiparación es porque siendo parte en el juicio natural no tiene conocimiento de la acción instaurada en su contra, cuyo resultado puede causarle perjuicios, lo que no acontece cuando su representante promueve la demanda de origen o su reconvencional, puesto que a través de él, conoce la existencia del procedimiento en el que se emitió el acto reclamado, por ser parte del mismo. Consecuentemente, el solo hecho de haber adquirido la mayoría de edad durante el procedimiento del juicio ordinario no da lugar a que en el juicio de amparo se le considere tercero por equiparación, por sí mismo, como consecuencia de haber alcanzado su capacidad de ejercicio; razón por la cual el juez debe notificarle al antes menor las actuaciones subsecuentes, pues ya no puede ordenarlas por conducto de sus representantes legales, porque de acuerdo con los Códigos Civiles de Sinaloa y del Distrito Federal aplicados por los Tribunales Colegiados contendientes, la representación legal de los menores de edad fenece una vez que éstos adquieren la mayoría de edad.". En consecuencia lo anterior, quien ahora resuelve estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción VI del diverso 107, aplicada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, dispositivos legales que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas". En esa tesitura, debe considerarse persona extraña para los efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, a aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de la resolución, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones del juicio natural, quedando incluido en este concepto, la parte que no fue emplazada o que se emplazó de manera ilegal. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P/J 7/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, página 56, Materia Común, Novena Época, de contenido siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente.". En este orden de ideas, cabe precisar que la afectación que puede resentir una persona extraña al juicio, no proviene en todos los casos del mismo acto dentro de la secuela del procedimiento, que va desde la demanda hasta el cumplimiento de la sentencia, sino que ello dependerá de la titularidad del derecho que reclame y que se pruebe, ya sea en relación con el bien debatido en el juicio, o bien, con los bienes de que la sentencia disponga o, en fin, con aquellos que se afecten en la ejecución. Lo anterior es así, porque cuando dos personas siguen un juicio sin llamar a la que es titular de los derechos que en el procedimiento habrán de controvertirse, es evidente que conforme al derecho positivo se le causa un perjuicio a sus intereses jurídicamente protegidos, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista constitucional, porque las disposiciones ordinarias le dan acciones para intervenir en el juicio, y desde el punto de vista constitucional en razón de que si los artículos 14 y 16 de la misma, otorgan a todo gobernado las garantías de audiencia y legalidad, no puede válidamente discutirse en juicio sobre un bien o derecho del que es titular una persona a quien no se llamó para que se defendiera. En tal estado de cosas, para considerar procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, se requiere que quien comparece demandando el amparo y la protección de la Justicia Federal, no haya figurado en el procedimiento como parte en sentido material, sufrir un perjuicio por la transgresión a un derecho legítimo y no haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. En el caso, la parte quejosa aduce que el acto de autoridad vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en el artículo 14 de la Constitución General de la República, pues refiere que los menores que representa actualmente no fueron llamados al juicio. Empero, de las constancias remitidas por el Juzgado señalado como responsable ya valoradas, se obtiene que María del Rosario Coronado Eustaquio, aquí promovente en favor de los menores quejosos y de los cuales tiene la guarda y custodia desde el uno de septiembre de dos mil diecisiete, como se estableció en líneas anteriores, y que además tuvo conocimiento del procedimiento natural, de su sentencia la cual incluso tuvo oportunidad de impugnar mediante el recurso de apelación, por lo tanto, dada la representación que tiene incluso antes de que fuera demandada en el juicio 48/2020, plenario de posesión, de los menores hoy quejosos, no puede argumentar desconocimiento de dicho procedimiento, si quien ha ejercido la representación de los menores quejosos en todo tiempo es la hoy promovente, quienes se ostentan como personas extrañas por equiparación. Por ello se estima que desde ese momento hasta la etapa actual del procedimiento, ha tenido conocimiento de las actuaciones del juicio instaurado en su contra, y no puede ahora desconocer que también lo tuvieron los menores representados por ella misma, dada la calidad otorgada por resolución judicial desde el uno de septiembre de dos mil diecisiete, en que se concedió de manera provisional la guarda y custodia de los menores hoy quejosos, es decir, dicha representación; por lo que, al ser ello así se hizo sabedor de los actos reclamados que impugna en esta vía constitucional. Circunstancia que resulta suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña en sentido estricto, en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, toda vez que como quedó puntualizado con antelación, con ese carácter, en el supuesto mencionado, quedan comprendidos únicamente quienes no fueron emplazados o, aun siéndolo, no tuvieron oportunidad de hacerse sabedores del procedimiento. Así, es dable concluir que en el caso en estudio no se está en presencia de una persona extraña al juicio en sentido estricto, que haya quedado sin defensa con motivo de la falta de emplazamiento o de su ilegalidad, sino que, como se ha indicado, se trata de personas que sin ser parte de manera formal, lo resuelto en el juicio de origen les afecta en sus derechos, empero, la promovente y representante de los menores, y en su carácter de demandada, compareció al juicio natural dando contestación a la demanda, oponiendo excepciones, y reconvención; así como ofreciendo y desahogando pruebas y alegatos; y que habiendo tenido la oportunidad de comparecer al procedimiento de ejecución y agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, interpuso el recurso de apelación respecto de la sentencia, hecho valer mediante escrito que presentó ante la responsable el ocho de febrero de dos mil veintidós, sin que sea dable ahora desconocer como representante de los menores quejosos lo que sí conoció como persona física demandada en el juicio natural. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia P/J 39/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 12/2000-PL, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, página 93, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal.". Así como la tesis IV 2 C 37 K del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de 2007, página 1181, Materia Común, Novena Época, de contenido siguiente: "TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE TAL CARÁCTER PARA INTERPONER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUIEN COMPARECE A CONTESTAR LA DEMANDA Y TUVO LA OPORTUNIDAD DE DEFENDERSE Y PROMOVER LOS RECURSOS ORDINARIOS PREVISTOS EN LA LEY, AUN CUANDO POSTERIORMENTE HAYA SIDO ILEGALMENTE NOTIFICADO DE DIVERSAS RESOLUCIONES QUE LO DEJARON EN ESTADO DE INDEFENSIÓN DURANTE CIERTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO. Cuando el quejoso reclama en amparo, entre otros actos, el ilegal emplazamiento, por haberse practicado en contravención a lo establecido por la ley de la materia, y con base en esto, que el juicio fue seguido en su contra, sin su conocimiento, su situación es equiparable a la de un tercero extraño a juicio; sin embargo, si comparece a él, pierde tal carácter, de conformidad con la jurisprudencia P/J 39/2001 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.". Ahora bien, si la parte reo comparece a contestar la demanda, es claro que no se le puede reconocer el carácter apuntado, aun cuando manifieste que posteriormente fue ilegalmente notificado de diversas resoluciones y que esto motivó que se le dejara en estado de indefensión durante cierta etapa del juicio hasta el dictado de la sentencia definitiva e incluso durante el procedimiento de ejecución, toda vez que al haber comparecido al procedimiento ordinario, tuvo la oportunidad de defenderse y promover los recursos ordinarios previstos en la ley, por lo que no existe razón para relevarlo de la obligación de cumplir con el requisito exigido por el artículo 161, fracción I, de la Ley de Amparo. De esta manera, si el quejoso, después de concluido el juicio y en etapa de ejecución, pretende impugnar actos del procedimiento, no obstante que fue parte en el juicio y no puede ostentarse como tercero extraño por equiparación, es inconcuso que la acción que se dedujo en este procedimiento de tutela constitucional deviene improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con los numerales 114, fracción V, 158, 159, fracción I y 161, todos de la ley de la materia.". Además de lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que esta autoridad comparte, dispositivo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; (.)". En ese sentido, la autoridad señalada como responsable Juez Civil de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado indica que María del Rosario Coronado Eustaquio interpuso recurso de apelación contra la sentencia definitiva de trece de enero de dos mil veintidós, dictada dentro de los autos del expediente natural 48/2020, de su índice, recurso que fue admitido por acuerdo de once de febrero de dos mil veintidós, mismo que se encuentra pendiente de resolver por el Tribunal de Alzada, por tanto, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo. Así, del citado precepto y fracción se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos respecto de los cuales se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto su modificación, revocación o nulificación. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que la causa de improcedencia a que se hace referencia únicamente debe considerarse actualizada cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa contra el acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) El recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías, y c) El recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad. Orienta lo anterior la jurisprudencia P/J 144/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Diciembre de 2000, página 15, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo.". Establecido lo anterior, en el caso se actualiza la causa de improcedencia en análisis en razón que el acto reclamado en esta instancia constitucional consistente en la sentencia definitiva de trece de enero de dos mil veintidós, impugnado por la promovente mediante el recurso de apelación ante el Juez Civil de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos, autoridad que radicó el recurso por acuerdo de once de febrero de dos mil veintidós. Además de que la parte promovente aquí representante de los menores, consintió el acto reclamado, ya que no puede desconocer la existencia de un acto bajo tal carácter y sí conocerlo como persona física demandada en el natural, por lo que la falta de llamamiento al juicio de origen, se pudo reclamar desde la instauración al juicio plenario de posesión, o en su defecto apersonarse al mismo. En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia descritas, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63 fracción V del ordenamiento en cita. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Erik Calderón Ocampo, hasta hoy tres de agosto de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de abril de dos mil veintidós Se tienen por recibidos los escritos signados por Jesús Hazael Bañuelos Zarco, autorizado de la parte quejosa y por la directa quejosa, María del Rosario Coronado Eustaquio, en representación de sus menores hijos cuya identidad se resguarda con las iniciales C.T.C. y J.J.T.C.; al respecto se provee lo siguiente. Por cuanto a las manifestaciones que vierte Jesús Hazael Bañuelos Zarco, autorizado de la parte quejosa y por la directa quejosa; de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por ofrecida la documental que ofrecen, misma que anexa la quejosa María del Rosario Coronado Eustaquio, en el diverso escrito que se provee, la que podrá ser tomada en consideración en su momento oportuno. Haciéndole de su conocimiento que contrario a lo que aduce la misma no fue anexada al escrito original de demanda. Por cuanto a las diversas manifestaciones que vierten Jesús Hazael Bañuelos Zarco, autorizado de la parte quejosa y por la directa quejosa, María del Rosario Coronado Eustaquio, en representación de sus menores hijos cuya identidad se resguarda con las iniciales C.T.C. y J.J.T.C., en el sentido de solicitar la "suspensión provisional del acto reclamado"; al respecto se acuerda lo siguiente: Dígase a los promoventes, que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, en razón de que el mismo fue solicitado en su escrito de demanda; motivo por el cual, mediante auto de dieciséis de febrero de la presente anualidad, se ordenó la apertura del incidente de suspensión por duplicado y cuerda separada; por lo cual, y en acatamiento a lo anterior, por auto de esa misma fecha, se proveyó en relación a la suspensión provisional solicitada y se requirió a las responsables rindieran su informe previo. Posteriormente, y un vez que obraron los mismos, el quince de marzo de este año, se dictó la resolución interlocutoria correspondiente, negando la suspensión definitiva solicitada; motivo por el cual, no ha lugar a dar trámite a la petición que hoy elevan, pues la misma, ya fue tramitada y resuelta por parte de este órgano jurisdiccional. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,253 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano