Carlos Suárez Lázaro

Expediente 644/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 14 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
644/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
21/09/2021

Partes del expediente

  • Carlos Suárez Lázaro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso Carlos Suárez Lázaro, hubiera recurrido la sentencia dictada el treinta de agosto de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se le negó el amparo y la protección de la Justicia Federal; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Décimo Octavo fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral. En tal virtud, hágase saber a las partes, que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, el tercero interesado deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos que aportó al procedimiento en copia certificada, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Empero, para ello, deberá agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción I inciso e) del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que el tercero interesado o la persona autorizada para ello, deberá comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que para tales efectos se le señale, bajo el apercibimiento que de no acudir a la cita en el horario y fecha establecidos, no se devolverá el documento a que se alude. De igual manera, devuélvanse al Juez Quinto Civil de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, el original del cuadernillo formado con motivo del exhorto sin número, remitido por el Juez Quincuagésimo Primero de lo Civil de Primera Instancia de la Ciudad de México, deducido del expediente natural 28/2011 así como el original del cuadernillo formado con motivo de la orden de lanzamiento derivada del precitado exhorto, los cuales anexó a su oficio 2431. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. ARCHIVO DE LOS INCIDENTES Ahora, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese.

  2. Incidental

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. Se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional y la definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido tres años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.Así lo acordó y firma Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, en funciones de Jueza de Distrito, autorización que le fue otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2840/2021, a partir del dieciséis de agosto del mencionado año y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno del Consejo adscriba titular en el referido órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante la Secretaria Guadalupe Mayorga Solís, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por Ángel Normando Padrón de los Santos, tercero interesado en el presente asunto, mediante el cual, solicita se le expida copia certificada de todo lo actuado en el expediente en que se actúa; al respecto se acuerda: En atención a lo solicitado, dígase al promovente de mérito, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se autoriza la expedición de las compulsas que solicita en copia certificada, previa constancia y firma de recibo que se deje en autos, autorizando para recibirla a cualquiera de las personas que señala. Empero, para ello, deberá agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que, el promovente o la persona autorizada para ello, deberá comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que haya generado su cita, bajo el apercibimiento que de no acudir a la cita en el horario y fecha establecidos, no se expedirán dichas copias. Ahora bien, de conformidad con el artículo 15 del citado acuerdo, el horario presencial de este juzgado es de ocho horas con treinta minutos a catorce horas con treinta minutos. Notifíquese.Así lo acordó y firma Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, en funciones de Jueza de Distrito, autorización que le fue otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2840/2021, a partir del dieciséis de agosto del mencionado año y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno del Consejo adscriba titular en el referido órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante la Secretaria Guadalupe Mayorga Solís, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado el mismo día en la Oficina de Correspondencia Común, y turnado a este órgano jurisdiccional el dieciocho siguiente, Carlos Suárez Lázaro solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 La resolución interlocutoria de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, que declara improcedente el recurso de revocación, dictada en el cuadernillo formado con motivo de la orden de lanzamiento, derivada del exhorto sin número, deducido del expediente 28/2011. AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Juez Quinto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En auto de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 644/2021-7; se ordenó requerir informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que precede. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. El tres de agosto de dos mil veintiuno, se realizó el emplazamiento de los terceros interesados Ángel Normando Padrón de los Santos, Miguel Ángel Rodríguez Aguilar, Olvia de los Santos Fuentes y Drarmex, sociedad anónima de capital variable. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917, septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: La resolución interlocutoria de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, que declara improcedente el recurso de revocación, dictada en el cuadernillo formado con motivo de la orden de lanzamiento, derivada del exhorto sin número, deducido del expediente 28/2011, del Juzgado Quincuagésimo Primero de lo Civil de Primera Instancia de la Ciudad de México, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por Carlos Suarez Lazara. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado por haberlo reconocido la autoridad responsable en el informe justificado, lo que se corrobora con el (1) original del cuadernillo formado con motivo del exhorto sin número, remitido por el Juez Quincuagésimo Primero de lo Civil de Primera Instancia de la Ciudad de México, deducido del expediente natural 28/2011, así como (2) el original del cuadernillo formado con motivo de la orden de lanzamiento derivada del precitado exhorto, en donde consta la determinación de mérito. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia sustentada por el aludido Pleno de nuestra Corte Suprema, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, titulada "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTA JUZGADO FEDERAL. Como quedó establecido en el considerando relativo, la parte quejosa reclama la resolución interlocutoria de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, que declara improcedente el recurso de revocación, dictada en el cuadernillo formado con motivo de la orden de lanzamiento, derivada del exhorto sin número, deducido del expediente 28/2011, del Juzgado Quincuagésimo Primero de lo Civil de Primera Instancia de la Ciudad de México, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por Carlos Suarez Lazara. Al respecto, adujo que se vulnera en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exponiendo para ello los correspondientes conceptos de violación, mismos que no se transcriben en términos de la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". No obstante, a efecto de realizar el análisis correspondiente, cabe establecer que el impetrante de amparo refiere sustancialmente, que la resolución reclamada carece de la debida fundamentación y motivación porque: Omitió dar vista a las partes con el recurso de revocación para que se impusieran del mismo. Los argumentos expuestos por la responsable resultan falsos e inexactos, ya que sí está ubicado el domicilio del inmueble a lanzar, es decir, en calle La Venta, lote 12, manzana 2, actualmente número 114, del fraccionamiento Residencial Campestre, de esta ciudad; tal y como lo ordeno la juez exhortante. Es contraria a lo establecido en el numeral 1335 del Código de Comercio, al no dictarse en los términos establecidos en el mismo. Son inoperantes en una parte e infundados en otra, los aludidos conceptos de violación. En efecto, conforme al artículo 108 fracción VIII, de la Ley de Amparo, la demanda relativa deberá formularse por escrito o por medios electrónicos, en los casos que dicho ordenamiento lo autorice, en la que se expresará, entre otros requisitos, los conceptos de violación. Si bien, el aludido numeral no precisa regla alguna sobre cómo expresar los motivos de inconformidad, el Máximo Tribunal del país ha provisto las directrices correspondientes a través de la jurisprudencia. Así, ha sostenido que el hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en jurisprudencia que para la procedencia del estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde exponer razonadamente por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren, salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por ese Alto Tribunal, en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse. Adicionalmente, conviene resaltar que la inoperancia de los conceptos de violación se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado. Impedimento que puede derivar, entre otros, de los supuestos que se precisan a continuación: Ante la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; Ante la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; Para el caso de existir expresión de agravios, su formulación material resulte incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) Por no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) Por introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) En caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; Ante la existencia de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado. Las anteriores consideraciones fueron formuladas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la página 424, del Tomo XXX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de noviembre de 2009, de rubro "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN". Aunado a ello, de la interpretación sistemática de los artículos 74, fracción II, 76, 79, 108, fracción VIII y 175, fracción VII, de la Ley de Amparo, se desprende la técnica de análisis constitucional del acto reclamado, conforme a la cual el examen se efectúa con base en los conceptos de violación planteados, salvo en los que, como se dijo, procede la suplencia de la queja. En apoyo de lo anterior, se cita la jurisprudencia VII.1o.C.J/1, formulada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo II, diciembre de 2015, materia común, página 1086, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, REITERA LA MISMA TÉCNICA DE ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO QUE LA LEGISLACIÓN ABROGADA. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 74, fracción II, 76, 79, 108, fracción VIII y 175, fracción VII, de la Ley de Amparo, en su texto vigente, se advierte que reitera la misma técnica de análisis de la constitucionalidad del acto reclamado que la ley anterior, conforme a la cual, dicho examen se efectúa con base en los conceptos de violación planteados, excepto en aquellos casos en que procede suplir la queja deficiente, previstos por el artículo 79 de ese ordenamiento. En consecuencia, los conceptos de violación deben estar dirigidos a controvertir de manera eficaz y directa todas las consideraciones en que se sustenta el acto o sentencia reclamados, pero si no las atacan o dejan de controvertir una o más, que por sí solas sean suficientes para regir su sentido, es claro que el tribunal de amparo no puede abordar el estudio oficioso de las consideraciones no impugnadas, lo que trae como consecuencia que éstas permanezcan intocadas y continúen rigiendo el sentido de dicho acto; de donde resulta, precisamente, lo inoperante de los conceptos de violación. Como también ocurre cuando éstos sí controvierten las consideraciones en que se apoya la sentencia reclamada, pero dadas las circunstancias particulares del caso, existe un impedimento técnico que imposibilita su examen, como sucede, por ejemplo, cuando se relacionan con un aspecto sobre el que ya existe cosa juzgada, a virtud de un juicio de amparo anterior; introducen cuestiones novedosas que no fueron planteadas ante la autoridad responsable en la litis del juicio natural o bien en el recurso que originó la emisión del acto reclamado; o se basan en postulados no verídicos; entre otros supuestos, que deberán atenderse caso por caso." En ese tenor, se consideran inoperantes los motivos de inconformidad, porque el quejoso omite controvertir las consideraciones planteadas en la resolución reclamada, realizando únicamente afirmaciones genéricas. Ello, porque en lo que interesa, en la resolución reclamada, la autoridad responsable expuso lo siguiente: ". con fecha veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se presentó ante la oficialía de partes común de los Juzgados Civiles, Familiares y de Oralidad de Centro, el exhorto sin número, deducido del expediente 28/2011, relativo al juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Molleda Cámara Luis Francisco cesionario de Banco Ve Por Más, S.A. en contra de Drarmex S.A. de C.V., Ángel Normando Padrón de los Santos, Miguel Ángel Rodríguez Aguilar, también conocido como Miguel Ángel Rodríguez y Olivia de los Santos Fuentes, que por razón de turno le correspondió conocer del mismo a éste Juzgado, por lo que con fecha veinticuatro del citado mes y año, se radicó el exhorto en cuestión y se ordenó su desahogo en los términos y siguiendo los lineamientos fijados por la autoridad exhortante, quien concedió un término de treinta días para la diligenciación del mismo. Así también, se advierte que atendiendo el mandato de la autoridad exhortante, con fecha uno de diciembre del año próximo pasado, la fedataria judicial se constituyó en el domicilio sito en calle La Venta, lote 12, manzana 2, identificado con el número 114 del Fraccionamiento Residencial Campestre, Tabasco 2000 de esta ciudad, para dar cumplimiento a lo ordenado, y que una fenecido el término concedido a los ejecutados para la desocupación voluntaria del inmueble adjudicado, a petición del apoderado legal de la parte ejecutante se ordenó el lanzamiento respectivo, por lo que en fecha once de diciembre le fue entregado el oficio 2399 al recurrente, para que realizara los trámites pertinentes para estar en aptitud de efectuar el lanzamiento decretado. A pesar de ello se observa que, desde la fecha que fue entregado al recurrente el oficio 2399 -once de diciembre de dos mil veinte- al veintinueve de abril de dos mil veintiuno -fecha en que se dictó el auto que dejó sin efecto lo ordenado en el ofició 2399- habían transcurrido más de ciento veinte días, lo cual excede el término de treinta días, que le fue concedido a la parte interesada por el Juez exhortante, para que efectuara los trámites de diligenciación del mismo, en términos de lo dispuesto en los artículos 1070 y 1071 del Código de Comercio, y fue precisamente en virtud de ello, pues había transcurrido en exceso el término concedido por la autoridad exhortante para la diligenciación del exhorto, aunado a que la diligencia para la que fue remitido el exhorto en cuestión había sido cumplida desde el uno de diciembre de dos mil veinte, que ésta Juzgadora en el punto segundo del diverso auto de fecha veintinueve de abril de dos mil veintiuno, dictado en el cuaderno de exhorto, determinó devolver el mismo a su lugar de origen, lo que trajo como consecuencia, lo acordado en el auto recurrido, máxime que el presente asunto se trata de un juicio de naturaleza mercantil, en el que opera el principio dispositivo que descansa en el hecho de que, por regla general, los derechos e intereses jurídicos son del dominio absoluto de los contendientes y no del juzgador, sin que esto implique una limitación al derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no impide acceder a los tribunales a plantear una pretensión o defenderse de ella; por el contrario, este principio respeta la igualdad y el equilibrio procesal que debe haber entre los contendientes en términos del principio de justicia imparcial derivado del referido derecho de acceso a la justicia. Además, contribuye a que la justicia se administre en los plazos y términos que para tal efecto establezcan las leyes, pues la actividad que las partes están constreñidas a realizar debe ser oportuna, es decir, debe sujetarse a los plazos y términos que fijan las leyes, por lo que precisamente la parte interesada es quien tenía la carga de realizar los trámites necesarios para que el exhorto se diligenciara en los términos y tiempo establecidos por la autoridad exhortante, sin que lo hiciera, pues se insiste, desde la fecha en que fue entregado el oficio 2399, para que realizara los trámites pertinentes para estar en aptitud de efectuar el lanzamiento decretado a la fecha en que presentó promoción tendiente al desahogo del mismo -veintiséis de abril de dos mil veintiuno- habían transcurrido más de cuatro meses, sin que durante ese periodo el interesado hiciera gestión alguna tendiente el impulso del exhorto. Apoya lo anterior, lo sostenido el máximo Tribunal del País, en la jurisprudencia bajo el rubro: "PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. OPERA CON MAYOR RIGOR EN LA MATERIA MERCANTIL, QUE EN LA CIVIL". Así como las tesis con los rubros siguientes: "PRINCIPIO DISPOSITIVO EN MATERIA MERCANTIL. NO LIMITA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." "CARGAS PROCESALES RELACIONADAS CON EL IMPULSO PROCESAL. ATENTO AL PRINCIPIO DISPOSITIVO, EL LEGISLADOR PUEDE ESABLECERLAS CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLLCA." A más de que, se tiene de los autos que fueron insertos al exhorto antes referido, que en el auto dictado con fecha nueve de noviembre de dos mil veinte, el juzgador exhortante señaló que el domicilio para realizar la diligencia encomendada sería el ubicado en la calle la Venta, lote 12, manzana 2, identificado con el número 121 del fraccionamiento residencial Campestre Tabasco 2000 de esta Ciudad; posteriormente por auto del diez de noviembre de dos mil veinte, aclaró que el título de propiedad que amparaba la diligencia solicitada era la escritura pública número 66,760 y no como se había señalado en el auto anterior; luego, por proveído del doce de noviembre de ese mismo año, se tuvo por aclarando nuevamente que el número del bien inmueble sujeto a diligencia encomendada, era el identificado con el número 114 del fraccionamiento Residencial Campestre. Finalmente en el cuerpo del exhorto remitido se observa que se señaló como domicilio para poner en posesión a la parte actora, la calle La Venta, lote 12, manzana 2, identificado con el número 121 del fraccionamiento Residencial Campestre, Tabasco 2000 de esta Ciudad. En virtud de lo antes referido, esta Juzgadora estima que por seguridad jurídica y a fin de no causar un perjuicio de imposible reparación, resulta necesario que realicen las aclaraciones y precisiones conducentes respecto al inmueble sujeto a ejecución, lo que robustece la determinación de devolver el exhorto en cuestión a su lugar de origen y dejar sin efecto lo ordenado en el oficio 2399 de fecha once de diciembre de dos mil veinte. En consecuencia, resultan improcedente el agravio y el Recurso de Revocación planteados por el maestro en Derecho Juan José Gaytán Bertruy, por lo que se confirma el auto impugnado.": Como se puede advertir, la responsable apoyó su decisión en tres consideraciones fundamentales: Que el plazo otorgado por la juez exhortante para la diligenciación del exhorto había fenecido: Que desde la fecha en que fue entregado al recurrente el oficio 2399 -once de diciembre de dos mil veinte- al veintinueve de abril de dos mil veintiuno-fecha en que se dictó el auto que dejó sin efecto lo ordenado en el referido oficio- transcurrieron más de ciento veinte días, lo cual excede el término de treinta días, que le fue concedido a la parte interesada por el Juez exhortante, para que efectuara los trámites de diligenciación del mismo, en términos de lo dispuesto en los artículos 1070 y 1071 del Código de Comercio; y, Que la parte interesada es quien tenía la carga de realizar los trámites necesarios para que el exhorto se diligenciara en los términos y tiempo establecidos por la autoridad exhortante, sin que lo hiciera, pues desde la fecha en que fue entregado el oficio 2399, para que realizara los trámites pertinentes para estar en aptitud de efectuar el lanzamiento decretado, a la fecha en que presentó promoción tendiente al desahogo del mismo -veintiséis de abril de dos mil veintiuno- habían transcurrido más de cuatro meses, sin que durante ese periodo hiciera gestión alguna tendiente el impulso del exhorto. Consideraciones respecto de las cuales el impetrante de amparo adujo sustancialmente que los argumentos expuestos por la responsable resultan falsos e inexactos, ya que el inmueble objeto de la orden de lanzamiento sí está ubicado en calle La Venta, lote 12, manzana 2, actualmente número 114, del fraccionamiento Residencial Campestre, de esta ciudad; y que la resolución reclamada es contraria a lo establecido en el numeral 1335 del Código de Comercio, al no dictarse en los términos establecidos en el mismo. Lo anterior es insuficiente para controvertir de manera eficaz las consideraciones que rigen la resolución en cita; de ahí, que se estimen inoperantes los conceptos de violación que plantea, sin que en el caso proceda suplir la deficiencia de la queja por tratarse de un asunto de estricto derecho y no actualizarse alguno de los supuestos previstos para ese efecto en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia III.2o.C. J/13, formulada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Núm. 72, diciembre de 1993, Materia(s): Civil, página 75, con número de registro 213941, del siguiente rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. LO SON CUANDO NO SE COMBATEN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO NI SE ESTA EN ALGUNO DE LOS CASOS DE SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTOS EN LA LEY. Si en un juicio de amparo en materia civil, el quejoso omite controvertir y, por lo mismo, demostrar, que las consideraciones medulares en que se sustenta el fallo reclamado son contrarias a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, sin que, por otra parte, se surta alguna de las hipótesis previstas por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en cuya virtud deba suplirse la queja deficiente en favor del agraviado; los conceptos de violación resultan inoperantes y debe negarse la protección constitucional solicitada". También es aplicable la jurisprudencia 1a./J.81/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 2002, página 61, del siguiente rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." De igual forma, sirve de sustento la jurisprudencia 1a./J. 19/2012 (9a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 2, página 731, del siguiente rubro y texto: "AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo." Es cierto que en el trámite del recurso de revocación de origen, la autoridad responsable omitió dar vista con el mismo a las partes, como lo establece el artículo 1335 del Código de Comercio; sin embargo, dicho argumento es inoperante porque esa circunstancia no trasciende en la esfera jurídica del quejoso, ni en la resolución reclamada, puesto que ello se debió, como lo hizo saber la autoridad responsable en el auto de veinticuatro de mayo del año actual, fue en razón de la naturaleza de la diligencia encomendada por la autoridad exhortante. Asimismo, como quedó evidenciado, en la determinación reclamada, la juez de mérito expone las razones y cita los preceptos legales, así como los criterios jurisprudenciales que le sirvieron de apoyo para decidir como lo hizo. Por lo anterior, es infundado que la resolución impugnada carezca de la debida fundamentación y motivación. Con motivo de lo expuesto, se niega al quejoso la protección de la justicia federal. Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por el tercero interesado, porque si bien esta juzgadora debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA". No pasan inadvertidas las documentales que ofreció el impetrante de amparo, consistentes en: (1) Copia simple del exhorto remitido por la Juez Quincuagésimo Primero de lo Civil de Primera Instancia de la Ciudad de México; (2) Cédula de notificación de uno de diciembre de dos mil veinte; (3) Original de constancias que integran el número único de caso CI-CPJ_VHSA-356/2016; y, (4) Original del escrito de denuncia de hechos de veintitrés de junio de dos mil dieciséis y anexos. Sin embargo, no cabe realizar consideración alguna al respecto, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. Además, de acuerdo con dicho numeral, en el juicio constitucional no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Carlos Suárez Lázaro, contra el acto reclamado y la autoridad precisada en el resultando PRIMERO, por las razones y fundamentos expuestas en el considerando QUINTO de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando. Notifíquese.

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