Carlos Sifuentes Bennets

Expediente 776/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 10 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
776/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
31/10/2023

Partes del expediente

  • Carlos Sifuentes Bennets

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    PRAL 776/2023 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. 1° Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia autorizada el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en este juicio de amparo; sin que lo hubiese hecho. 2° Firmeza de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 3° Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las a) autoridades responsables, b) agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado y c) parte tercera interesada, pues al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo; como así lo ilustra la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 4° Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la sentencia sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 5° Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 20 y 23 de este último Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6° Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 20, fracción I, y 23 del acuerdo en cita se comunica a las partes que este expediente es DESTRUIBLE, por lo cual será conservado durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, el órgano jurisdiccional, una vez al año, y previamente a la realización de la visita de inspección que corresponda, destruirá el expediente, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. 7° Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que como se precisó en el auto inicial, en el expediente electrónico se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 8° Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda que el mismo es DESTRUIBLE. 9° Devolución de documento. En este juicio de amparo obra la copia con firmas autógrafas del auto de once de julio de dos mil veintitrés dictado en el expediente laboral ********************; por tanto, se deja a disposición de la parte quejosa esa documental y las demás que anexó a su demanda, para que, dentro del plazo de noventa días siguientes a su legal notificación, acuda a este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles a recogerla; apercibida que de no comparecer en dicho plazo, sin ulterior acuerdo, será destruida en su momento junto con el expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 776/2023 MESA 4 Sentencia: Visto para resolver el juicio de amparo número ********************; y R e s u l t a n d o: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el nueve de agosto de dos mil veintitrés en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, ******************** por conducto de su apoderado legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca y otras autoridades. Narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de once de agosto de dos mil veintitrés se ordenó formar expediente con el número ********************; se admitió a trámite; se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional y se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado. TERCERO. Emplazamiento de la parte tercera interesada. En auto de la misma fecha de once de agosto del año en curso se ordenó emplazar en su carácter de tercero interesado a la persona jurídica "********************", por conducto de quien acreditara ser su representante o apoderado legal; en auto de veintiuno de agosto del año en curso se tuvo a dicha parte por apersonándose al juicio. CUARTO. Cita para audiencia. En auto de seis de septiembre de dos mil veintitrés se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 49 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 13/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto en materia de trabajo, y la negativa se reclama de una autoridad residente en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. De la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio, se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado: - La negativa de dar cumplimiento a lo ordenado en auto de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral ********************, por el que se deja a disposición de la parte actora el cheque ********************. Lo que a atribuye a las autoridades siguientes: a) Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. b) Presidente Ejecutor de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. c) Secretaria General de Acuerdos de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables a) presidente y b) secretaria General, ambos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, al rendir sus respectivos informes justificados (folios 10699 y 10700), negaron la existencia del acto que se les reclama, pues manifestaron que no intervinieron en el trámite. Lo anterior, se corrobora con la copia certificada del auto de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral ********************, que remitió la diversa responsable presidente Ejecutor de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, del que se advierte que dicho auto fue signado por diversas personas. Sin que la parte quejosa haya objetado o aportado prueba alguna que desvirtúe dicha negativa. En esas condiciones, ante la inexistencia de los actos reclamados, procede sobreseer en este juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia 284, consultable en la página 236, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, publicada con el rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, presidente Ejecutor de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en la Ciudad de Oaxaca, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado; asimismo, manifestó que no se había realizado la entrega del cheque en razón de los múltiples recursos promovidos por las partes. Para justificarlo remitió copia certificada de diversas constancias del juicio laboral ********************, de su índice, de las que se acredita lo que manifestó. Quinto. Causal de improcedencia. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y". En relación con esta causa de improcedencia la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." (tesis número 2ª. XCIX/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 357, Tomo XII, correspondiente al mes de Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). El artículo y jurisprudencia revelan que el juicio de amparo es improcedente, porque su objeto es reparar las violaciones que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado; con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador estableció como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso, llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. Por tanto, si los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. En el caso, la parte quejosa reclama la negativa de dar cumplimiento a lo ordenado en auto de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral ********************, en el que se acordó que se dejaba a disposición de la parte actora, aquí quejoso, el cheque ********************, exhibido por la parte demanda ********************", como pago de la condena . Sin embargo, de las constancias de autos se advierte: El dieciséis de enero de dos mil veintitrés se dictó laudo en el juicio laboral ******************** (foja 187). Inconforme con dicha resolución, la parte demandada en dicho juicio, "********************", presentó demanda de amparo directo (foja 187). Mediante proveído de diecinueve de junio de dos mil veintitrés se dejó a disposición del aquí quejoso ******************** el cheque certificado número ********************, de fecha treinta de marzo del año en curso, con el cual se garantizaba el pago de la condena total del laudo dictado el dieciséis de enero de dos mil veintitrés (foja 198). El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, al resolver el amparo directo ********************, concedió el amparo y protección de la justicia federal a "********************"; ordenó dejar subsiste el laudo de dieciséis de enero de dos mil veintitrés y, en su lugar, se dictara uno diverso (fojas 42 a 95). En cumplimiento a dicha ejecutoria, la Junta responsable dictó nuevo laudo el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, por el que dejó sin efectos el diverso de dieciséis de enero de dos mil veintitrés (fojas 251 a 258). En acuerdo cinco de septiembre de dos mil veintitrés precisó que al quedar insubsistente el laudo de dieciséis de enero de dos mil veintitrés los autos emitidos posteriormente a dicho laudos quedan sin efecto; por tanto, dejó sin efecto la diligencia de requerimiento de pago y ordenó devolver el cheque certificado número ******************** al apoderado legal de la demandada "********************" (foja 247). De lo anterior se desprende que, aun subsistiendo el acuerdo de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, por el que se dejó a disposición del aquí quejoso ******************** el cheque certificado número ********************, con motivo de la emisión del laudo dieciséis de enero de dos mil veintitrés, éste ya no pueden surtir efecto legal o material alguno en la esfera jurídica de la parte quejosa, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, pues el citado laudo quedó insubsistente con motivo de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, al resolver el amparo directo ******************** y auto de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se ordenó devolver el cheque certificado número ********************, exhibido por la parte demanda "********************"; de ahí que, en caso de concederse el amparo contra la negativa de dar cumplimiento a lo que se acordó en auto de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, que se solicita, se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que se estima violado. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, procede sobreseer en el juicio. Sexto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de esta sentencia sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado, además en los artículos 1, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************** contra los actos reclamados a las autoridades responsables a) presidente y b) secretaria General, ambos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca y d) Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo y realícense las anotaciones respectivas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en que se estuvo en condiciones de dictar la sentencia respectiva.

  3. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA, PREVIO AVISO. PRAL 776/2023 MESA 4 Sentencia: Visto para resolver el juicio de amparo número ********************; y R e s u l t a n d o: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el nueve de agosto de dos mil veintitrés en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, ******************** por conducto de su apoderado legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca y otras autoridades. Narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de once de agosto de dos mil veintitrés se ordenó formar expediente con el número ********************; se admitió a trámite; se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional y se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado. TERCERO. Emplazamiento de la parte tercera interesada. En auto de la misma fecha de once de agosto del año en curso se ordenó emplazar en su carácter de tercero interesado a la persona jurídica "********************", por conducto de quien acreditara ser su representante o apoderado legal; en auto de veintiuno de agosto del año en curso se tuvo a dicha parte por apersonándose al juicio. CUARTO. Cita para audiencia. En auto de seis de septiembre de dos mil veintitrés se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 49 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 13/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto en materia de trabajo, y la negativa se reclama de una autoridad residente en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. De la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio, se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado: - La negativa de dar cumplimiento a lo ordenado en auto de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral ********************, por el que se deja a disposición de la parte actora el cheque ********************. Lo que a atribuye a las autoridades siguientes: a) Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. b) Presidente Ejecutor de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. c) Secretaria General de Acuerdos de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables a) presidente y b) secretaria General, ambos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, al rendir sus respectivos informes justificados (folios 10699 y 10700), negaron la existencia del acto que se les reclama, pues manifestaron que no intervinieron en el trámite. Lo anterior, se corrobora con la copia certificada del auto de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral ********************, que remitió la diversa responsable presidente Ejecutor de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, del que se advierte que dicho auto fue signado por diversas personas. Sin que la parte quejosa haya objetado o aportado prueba alguna que desvirtúe dicha negativa. En esas condiciones, ante la inexistencia de los actos reclamados, procede sobreseer en este juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia 284, consultable en la página 236, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, publicada con el rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, presidente Ejecutor de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en la Ciudad de Oaxaca, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado; asimismo, manifestó que no se había realizado la entrega del cheque en razón de los múltiples recursos promovidos por las partes. Para justificarlo remitió copia certificada de diversas constancias del juicio laboral ********************, de su índice, de las que se acredita lo que manifestó. Quinto. Causal de improcedencia. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y". En relación con esta causa de improcedencia la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." (tesis número 2ª. XCIX/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 357, Tomo XII, correspondiente al mes de Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). El artículo y jurisprudencia revelan que el juicio de amparo es improcedente, porque su objeto es reparar las violaciones que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado; con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador estableció como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso, llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. Por tanto, si los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. En el caso, la parte quejosa reclama la negativa de dar cumplimiento a lo ordenado en auto de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral ********************, en el que se acordó que se dejaba a disposición de la parte actora, aquí quejoso, el cheque ********************, exhibido por la parte demanda ********************", como pago de la condena . Sin embargo, de las constancias de autos se advierte: El dieciséis de enero de dos mil veintitrés se dictó laudo en el juicio laboral ******************** (foja 187). Inconforme con dicha resolución, la parte demandada en dicho juicio, "********************", presentó demanda de amparo directo (foja 187). Mediante proveído de diecinueve de junio de dos mil veintitrés se dejó a disposición del aquí quejoso ******************** el cheque certificado número ********************, de fecha treinta de marzo del año en curso, con el cual se garantizaba el pago de la condena total del laudo dictado el dieciséis de enero de dos mil veintitrés (foja 198). El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, al resolver el amparo directo ********************, concedió el amparo y protección de la justicia federal a "********************"; ordenó dejar subsiste el laudo de dieciséis de enero de dos mil veintitrés y, en su lugar, se dictara uno diverso (fojas 42 a 95). En cumplimiento a dicha ejecutoria, la Junta responsable dictó nuevo laudo el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, por el que dejó sin efectos el diverso de dieciséis de enero de dos mil veintitrés (fojas 251 a 258). En acuerdo cinco de septiembre de dos mil veintitrés precisó que al quedar insubsistente el laudo de dieciséis de enero de dos mil veintitrés los autos emitidos posteriormente a dicho laudos quedan sin efecto; por tanto, dejó sin efecto la diligencia de requerimiento de pago y ordenó devolver el cheque certificado número ******************** al apoderado legal de la demandada "********************" (foja 247). De lo anterior se desprende que, aun subsistiendo el acuerdo de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, por el que se dejó a disposición del aquí quejoso ******************** el cheque certificado número ********************, con motivo de la emisión del laudo dieciséis de enero de dos mil veintitrés, éste ya no pueden surtir efecto legal o material alguno en la esfera jurídica de la parte quejosa, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, pues el citado laudo quedó insubsistente con motivo de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, al resolver el amparo directo ******************** y auto de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se ordenó devolver el cheque certificado número ********************, exhibido por la parte demanda "********************"; de ahí que, en caso de concederse el amparo contra la negativa de dar cumplimiento a lo que se acordó en auto de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, que se solicita, se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que se estima violado. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, procede sobreseer en el juicio. Sexto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de esta sentencia sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado, además en los artículos 1, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************** contra los actos reclamados a las autoridades responsables a) presidente y b) secretaria General, ambos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca y d) Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo y realícense las anotaciones respectivas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en que se estuvo en condiciones de dictar la sentencia respectiva.

  4. Principal

    P 776/2023, mesa 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. 1° Autoridad remite constancia. Agréguese el oficio del presidente de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y anexo, mediante el cual remite copia certificada de diversas constancias del juicio laboral ***, de su índice; lo anterior para los efectos legales que haya lugar. 2° Prueba documental. Asimismo, con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable ofreciendo como prueba documental de su parte, la que exhibe con su oficio de cuenta; la cual será tomada en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

Quedan 6 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 6,688 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano