Carlos Servín Martínez
Expediente 40/2018 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 40/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/05/2018
Partes del expediente
- Carlos Servín Martínez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días concedido a la parte quejosa, para que compareciera a este juzgado a recoger los documentos que exhibió, sin que dentro de ese lapso lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el proveído de dos de marzo de dos mil dieciocho y se ordena su destrucción.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la agente del Ministerio Público de la adscripción, mismos que en su caso serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. De conformidad a lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, una vez que se dicte la resolución correspondiente, expídansele la copia fotostática que solicita previa toma de razón que deje en autos.
- Principal
Téngase por recibida la demanda carácter que se le reconoce en términos de la escritura pública 5,158 pasada ante la fe del notario público 65 de Guadalajara, Jalisco, contra actos del Juez Octavo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 40/2018. Decisión sobre la instancia constitucional. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 115 y 117 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se admite a trámite la demanda de garantías, por la omisión de la autoridad responsable de pronunciarse sobre los escritos presentados el quince de diciembre de dos mil diecisiete, dirigido al expediente 3337/2011 del índice del juzgado a su cargo, mediante los cuales se promovió recurso de revocación contra el auto de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, se solicitó la regularización del procedimiento, se interpuso de manera preventiva recurso de apelación de tramitación conjunta con la sentencia, se desahogó la vista respecto a la pertinencia de la prueba pericial ofrecida por el demandado, se objetaron pruebas de los demandados y se promovió incidente de objeción de documentos, hasta la fecha, se advierte que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. Sirve para justificar lo anterior la jurisprudencia siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Audiencia constitucional. Se señalan las NUEVE HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, como el momento en que se llevará a cabo la audiencia prevista en el artículo 115 de la citada ley. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejoso: a. Domicilio. Téngase como domicilio para recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. b. Autorizados. Se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la invocada ley, a Ignacio Eduardo Muñoz Díaz, Eduardo Alejandro De la Torre Hernández y Héctor Cesar Ornelas Gómez, al contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en términos del arábigo 24 de la propia norma, esto es para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a Carlos Alfonso De Anda Gutiérrez y Samuel Muro De la Torre, por así solicitarlo expresamente. c. Autoriza medios electrónicos. Como lo solicita, de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno de la Judicatura Federal, como lo solicita la promovente se le autoriza, para que utilice los medios electrónicos que menciona en su escrito de cuenta, con el fin de reproducir las actuaciones del presente expediente. Resulta aplicable la tesis siguiente: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran" 2. Autoridad responsable: a. Informe. Con fundamento en el artículo 117 de la referida ley, se le requiere para que en el plazo de quince días rinda su informe con justificación, apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la ley citada. Asimismo, apercíbasele que si se niega a recibir los oficios librados en el presente juicio, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción, con fundamento en el artículo 245 de la norma de referencia. b. Informe de causas de sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 64 del ordenamiento legal en cita, se le requiere para que en caso de que se haya pronunciado respecto de los escritos presentados el quince de diciembre de dos mil diecisiete, dirigido al expediente 3337/2011 del índice del juzgado a su cargo, remita copia certificada de la resolución que recaiga y de su notificación, asimismo, en caso de que tenga conocimiento o con su conducta provoque la actualización de alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, lo comunique de inmediato a este juzgado de Distrito en cualquier estado procesal que se encuentre el juicio de amparo, haciendo de su conocimiento que si no cumple con esa obligación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a treinta Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 251 de la norma en cita. c. Requerimiento de expediente generador. Con fundamento en el artículo 75 de la ley en comento, se le requiere para que remita en el plazo de quince días las constancias que integran el expediente generador de los actos reclamados o que sirvieron de apoyo para emitirlos, al resultar necesarias para resolver el presente juicio de garantías, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo señalado o de ser omisa en informar las causas legales o materiales que se lo impidan, se les impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la ley en consulta. Cabe precisar que el valor de las multas en Unidades de Medida y Actualización, resulta procedente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 3. No ha lugar a llamar a terceros interesados. Este juzgador considera innecesario llevar a cabo el emplazamiento de los terceros interesados, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 1° y 17 Constitucionales que imponen la obligación de resolver los juicios de manera pronta y expedita, y en el caso que nos ocupa en el caso hipotético de llamar a los terceros interesados al presente amparo y que no pudieran ser localizados sólo interrumpiría el procedimiento; además, el acto reclamado en el presente juicio de amparo se hace consistir en una omisión, de ahí que se considera que no se advierte derecho humano alguno del tercero interesado señalado por la parte quejosa, es decir, no se le causará una afectación directa e inmediata a tales derechos, pues aún con el dictado de una sentencia concesoria de amparo, su efecto sólo incidiría exclusivamente en la autoridad responsable, a fin de que realice determinados actos procesales con el objeto de agilizar el trámite del juicio natural y el dictado del auto respectivo, menos se propiciaría afectación alguna de llegarse a sobreseer en el juicio o negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo que los derechos del referido tercero interesado quedarían incólumes. Sin que con lo anterior se desatienda a la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1a./J.90/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de dos mil doce, página cuatrocientos cuarenta y ocho, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO.", sino que se atiende a la invocada reforma constitucional en aras de tutelar los derechos humanos de las partes, evitando una prolongación en el trámite de investigación de las citadas partes y, en su caso, el retardado llamamiento por edictos, lo que finalmente, insístase, afecta esos derechos que se pretende garantizar. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia identificada con el número de registro VI.T. J/1(10a), consultable en la página mil setecientos cincuenta y uno, Libro VIII, Mayo de dos mil doce, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que al tenor establece: "TERCERO PERJUDICADO. SI LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA SE LIMITAN A AMPARAR AL QUEJOSO PARA QUE LA RESPONSABLE REALICE DETERMINADOS ACTOS PROCESALES Y DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA, AQUÉL CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN, PUES ELLO NO LE CAUSA PERJUICIO (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 90/2010). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 90/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 448, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO.", determinó que la figura del tercero perjudicado en el juicio de garantías tiene su génesis en el artículo 5o. de la Ley de Amparo, numeral que instituye a la citada parte procesal en su fracción III y, particularmente, en su inciso a) designa como tal a la contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emana de un juicio o controversia que no sea del orden penal; así también, sostuvo que la mencionada figura jurídica no puede dejar de existir en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, aun cuando se trate de violaciones a la garantía de justicia pronta y expedita, por lo que será suficiente con que se haya tenido un interés contrario al del agraviado en el juicio de primer orden para que, por ese solo hecho, se adquiera el carácter de tercero perjudicado en la vía constitucional. Lo anterior permite determinar el alcance de la jurisprudencia en cita, habida cuenta que si la razón por la que debe llamarse al tercero perjudicado al juicio de garantías obedece a que tuvo un interés contrario al del quejoso en el juicio natural, entonces el requisito para que dicho tercero pueda promover el recurso de revisión debe ser que en la sentencia de amparo prevalezca ese interés antagónico o que se le produzca una afectación directa e inmediata. Ello es así, en virtud de que los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 4o. de la Ley de Amparo, establecen el principio de instancia de parte agraviada, premisa que a su vez se hace extensiva al recurso de revisión, pues de los artículos 83, fracción IV y 88 de la citada ley, se advierte implícitamente la necesidad de que la sentencia de amparo irrogue alguna lesión a los derechos del inconforme a fin de que éste se encuentre en posibilidad de impugnar esa afectación; por tanto, cuando los efectos de la sentencia protectora se limitan a amparar al quejoso para que el tribunal o la Junta responsable realice determinados actos procesales y dicte la resolución definitiva, ello incide exclusivamente en la autoridad responsable, por lo que al no prevalecer el interés contrario del tercero perjudicado, éste carece de legitimación para interponer el recurso de revisión y, por tanto, procede desechar el citado medio de defensa" 4. Representación Social. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado la intervención que legalmente le corresponde. Incidente de suspensión. Al no solicitar la suspensión del acto reclamado, no se tramita el incidente respectivo. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. Notificación a las autoridades responsables. En otro contexto, de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29, 30 y 31, del mismo ordenamiento legal, se ordena que las notificaciones a las autoridades responsables en el presente juicio de amparo indirecto, entre ellas, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deberán notificarse por lista; salvo aquellas que se estime que deban efectuarse en forma personal, las cuales se les notificarán por medio de oficio, como en el presente caso que se refiere a la admisión de la demanda. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable a página mil doscientos cincuenta y tres, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, que por rubro señala: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS" Apercibimiento de autoridades inexistentes. Se apercibe a la parte promovente que en el supuesto de que alguna de las autoridades que señaló como responsable resulte inexistente o de denominación incorrecta, ello implicará que se deje de tener con tal carácter para los efectos de este juicio de garantías y, por consiguiente, se suspenderá de inmediato toda comunicación con dicha autoridad, puesto que es obligación de la promovente proporcionar a este juzgado federal el nombre correcto de la autoridad a quien le imputa el acto del que se duele, tal como lo dispone el artículo 108, fracción III, de la ley en mención, sin que la suplencia de la queja a que alude el dispositivo 79 del mismo cuerpo legal, faculte a este juzgador cambiar los sujetos de la relación procesal que necesariamente debe fijarla la quejosa; sin perjuicio de que la quejosa señale posteriormente, la denominación correcta de las autoridades que se sitúen en dicha hipótesis, ya que en ese supuesto se procederá a su emplazamiento. Es aplicable la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito que al rubro dispone: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA" Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley.
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