Carlos Sergio Guajardo

Expediente 372/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
372/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
20/04/2022

Partes del expediente

  • Carlos Sergio Guajardo

Actuaciones

  1. Principal

    .Se ordena su archivo...

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, uno de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito de demanda de garantías promovida por Carlos Sergio Guajardo, a través del cual comparece ante este órgano jurisdiccional solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, regístrese la demanda bajo el número 372/2022-VIII, en el libro de gobierno que para juicios de amparo se lleva en este Tribunal. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de Distrito deberá examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, circunstancia que se actualiza en el presente caso, numeral que a la letra establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con dicho dispositivo, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causal de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Resulta analogía aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Con apoyo en el precepto 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, este tribunal realiza un análisis integral de la demanda inicial, de la que se obtiene que el impetrante citó como autoridad responsable, actos reclamados y antecedentes: Autoridad responsable: Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad. Actos reclamados: "LA RESOLUCIÓN No. 051, dictada el dieciocho (18) de marzo de dos mil veintidós (2022), la cual resuelve el RECURSO DE REVOCACIÓN, interpuesto en contra del auto del VEINTIUNO (21) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022), por el Licenciado BENIGNO ELIAS MARQUEZ PRIETO, Abogado autorizado por parte del suscrito CARLOS SERGIO GUAJARDO, en los amplios términos del artículo 68 BIS del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado, dentro del expediente número 00363/2021, relativo al JUICIO DE DESAHUCIO, promovido por JOSE LUIS GUAJARDO GUAJARDO, en contra del suscrito quejoso, en la cual se decreta que NO HA PROCEDIDO EL RECURSO DE REVOCACIÓN, en contra del auto de fecha VEINTIUNO (21) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022), por lo que queda firme la validez del mismo." Antecedentes: ".1.- En fecha (18) dieciocho de febrero del dos mil veintidós, se interpuso Recurso de Apelación, en contra de la resolución interlocutoria emitida dentro del Incidente de Nulidad de Emplazamiento, planteado en el juicio número 00363/2021, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Cuarto Distrito Judicial en el estado, relativo al JUICIO DE DESAHUCIO, promovido por JOSÉ LUIS GUAJARDO GUAJARDO, en mi contra, cual la autoridad responsable contestó lo siguiente: 'En la Heroica Ciudad de Matamoros, Tamaulipas a los veintiún días del mes de febrero de dos mil veintidós. Por recibido el escrito electrónico signado por BENIGNO ELIAS MARQUEZ PRIETO, agréguese a sus antecedentes y en vista de lo que solicita, se le dice que NO HA LUGAR a admitir el recurso de apelación que intenta en contra de la Resolución Incidental dictada con motivo del Incidente de Nulidad de Emplazamiento planteado por la parte demandada CARLOS SERGIO GUAJARDO de fecha Tres de Febrero del año en curso, toda vez que el mismo resulta extemporáneo, en virtud de que el término concedido a las partes para inconformarse con la sentencia, es de seis días, conforme lo establece el numeral 930 Fracción II del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el cual empezó a transcurrir el día Diez de Febrero del presente, concluyendo el día Diecisiete del mes y año en curso, presentando el promovente su promoción el Dieciocho (18) de Febrero del año en curso, toda vez que como se desprende de la constancia de cédula notificación electrónica con Folio número 77437 (FOLIO NPE:2830), el compareciente quedo debidamente notificado el día NUEVE DE FEBRERO DEL ACTUAL, toda vez que se agotó el cómputo de dos días hábiles, por lo que deberá de estar a lo que establecen los artículos 55, 66 y 68 del mismo ordenamiento legal invocado con anterioridad, y que a la letra dicen: 'ARTÍCULO 55.- Los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente al en que se hubiere hecho el emplazamiento o notificación ARTÍCULO 63.- Las notificaciones por medio de lista y de cédula se considerarán hechas al día siguiente del que sean fijadas aquellas. Las personales el mismo día de la diligencia respectiva. ARTÍCULO 68.- Además del emplazamiento se harán personalmente las siguientes notificaciones: III.- Las sentencias ARTICULO 930.- El término para interponer el recurso de apelación será de: II.- Seis días para autos. En consecuencia, se desecha de plano el recurso que intenta en contra de la Resolución Incidental dictada dentro del presente juicio por resultar extemporánea.' Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 5, 34, 40, 105 y demás del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE.- Así lo acordó y firman electrónicamente la Ciudadana Licenciada NOEMÍ MARTÍNEZ LEIJA, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, actuando en forma legal asistido de la Ciudadana Licenciada GUADALUPE RAMOS SAUCEDO, Secretaria de Acuerdos, quienes firman de manera electrónica, con base a los artículos 2, fracción I, y 4 de la Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en atención al punto décimo octavo del acuerdo general 15/2020, emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas; se autoriza, firma electrónicamente y DA FE.' Inconforme con las notorias incongruencias del auto que me fuera notificado por medio de la lista de acuerdos, el día veintidós de febrero del presente año, mi asesor jurídico autorizado en los términos del artículo 68 bis del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Tamaulipas, interpuso recurso de revocación en contra de dicho auto, basando su argumento, que dicha determinación anterior no es compartida por esa asesoría jurídica, principalmente por carecer de un soporte legal que la respalde, además de ser omisa en pronunciarse respecto al contenido del acuerdo de fecha catorce de febrero de dos mil veintidós, en el cual la propia Juez Responsable estableció el cómputo correspondiente para interponer el recurso correspondiente como se muestra a continuación: "En la Ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas; a los catorce (14) días del mes de febrero del año dos mil veintidós (2022). Por presentado el escrito electrónico el once (11) de febrero del presente año, que suscribe el Licenciado Ismael Duque Chávez, abogado autorizado por la parte actora José Luis Guajardo Guajardo, en términos del artículo 68, bis, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado; agréguese a sus antecedentes y en razón de lo que solicita, se le dice que no ha lugar a la citación para sentencia que refiere, ya que su petición es anticipada, toda vez que a la fecha no ha alcanzado firmeza procesal la resolución incidental dictada el tres (03) de febrero de dos mil veintidós (2022), por motivo del Incidente de Nulidad de Actuaciones por Defecto en el Emplazamiento; además que el término de seis (06) días con que cuenta la parte contraria para recurrir dicha resolución empezó a correr del día once (11) de febrero de dos mil veintidós (2022) y concluye el día dieciocho (18) de febrero de dos mil veintidós (2022), por lo que se desestima de plano su solicitud." Sin analizar lo antes mencionado la Juez de Primera Instancia mediante interlocutoria de fecha dieciocho de marzo dedos mil veintidós, decidió declarar improcedente el recurso de revocación, privándome del derecho procesal a interponer recurso de apelación al Incidente de Nulidad de Emplazamiento, soslayando que el derecho a ser llamado a juicio con las formalidades debidas al procedimiento garantizan el derecho de audiencia y el debido proceso, lo cual no tuteló la Juez responsable, máxime que fue omisa en analizar que el motivo de la apelación estaba basado en una alteración de constancias actuariales en la diligencia de emplazamiento al juicio natural, y por ese solo hecho debió garantizar el derecho fundamental del recurrente, o dar vista a la autoridad correspondiente, por tales consideraciones debió de ser revocado de plano el auto de fecha veintiuno de febrero de dos mil veintidós, ya que el recurso de apelación en contra de la interlocutoria fue interpuesto en tiempo y forma como se aprecia en la constancia de notificación que me permito transcribir y que acompaño en copia simple del Expediente Electrónico. .Luego entonces, según constancia actuarial de fecha 10 de febrero del presente, se me da por notificado, en base a que en fecha nueve de febrero de 2022 a las 23:59:59 horas, se agotó el cómputo de dos días hábiles para ser aperturado por mi autorizado, surtiendo efectos al día siguiente la notificación y que lo es el día 10 de febrero de este año, de conformidad con el artículo 35 del Reglamento para el Acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, que se transcribe: "Artículo 35.- Quienes cuenten con la autorización para la notificación electrónica, están obligados a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial del Estado, todos los días y obtener la cédula de notificación con el registro a que se refiere el artículo anterior, en un plazo máximo de dos días hábiles a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado. De no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial del Estado dentro del plazo señalado, el órgano jurisdiccional que corresponda tendrá por practicada la notificación surtiendo efectos al día posterior a los dos días hábiles siguientes, debiendo agregarse a los autos la constancia que el sistema del Tribunal Electrónico automáticamente genera, asentando la razón correspondiente el Secretario de Acuerdos." .Por tal motivo, una vez analizado el numeral anteriormente descrito y realizado el cómputo correspondiente, que cuando una notificación, no es aperturada, por el abogado autorizado dentro del plazo de dos días hábiles, se dará por notificado, surtiendo efectos al día posterior a los dos días hábiles siguientes, y si los dos días se cumplieron el día nueve de febrero de 2022 a las 23:59:59 horas, queda notificado el día 10 de febrero del 2022, y empezando a correr el término al siguiente día hábil como lo marca el artículo 55 del Código Federal de Procedimientos Civiles en el Estado, por tal motivo, el escrito presentado por el suscrito en fecha 18 de febrero del presente, se encuentra en tiempo y forma, tomando en consideración que fue dado por notificado el día 10 de febrero, y que los seis días hábiles para interponer el recurso de apelación, concluyó el día (18) dieciocho de febrero de dos mil veintidós, la propia Juzgadora responsable estableció el cómputo correspondiente para interponer el recurso correspondiente, siendo por demás contradictorio con e acuerdo que se recurrió y hoy es motivo del presente juicio de derechos fundamentales." Como se desprende de lo antes reseñado, el aquí peticionario reclama a la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil de esta ciudad, la resolución de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por dicho quejoso en contra del proveído de veintiuno de febrero del año en curso -que desechó por extemporáneo recurso de apelación intentado por el doliente en contra de la interlocutoria de tres de febrero de este año, que a su vez resolvió infundado el incidente de nulidad de emplazamiento promovido por el quejoso-, dentro del juicio de desahucio 363/2021, promovido por el actor José Luis Guajardo Guajardo, en contra del demandado Carlos Sergio Guajardo, que se tramita ante el Juzgado de instancia. Esto es, la causa de pedir deriva de un juicio civil que se encuentra en trámite -aún no se dicta sentencia-, en el cual el quejoso es la parte demandada y la resolución del recurso de revocación aquí combatida deriva de un incidente de nulidad de emplazamiento que la responsable declaró improcedente y la consecuencia del acto aquí reprochado, es que queda firme el desechamiento de apelación intentada contra lo resuelto en dicho incidente promovido por el impetrante en contra de su emplazamiento al juicio natural. Al respecto, este tribunal estima que los efectos del acto que el quejoso aquí reclama, son intraprocesales y no son de imposible reparación, pues no vulneran materialmente derecho sustantivo alguno en perjuicio del impetrante, y sus consecuencias son adjetivas o procesales en el juicio de origen al cual compareció en calidad de parte demandada; por ello, concurre la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V (interpretado a contrario sensu) y 172, fracción V, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; I.". "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: I.. IV. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad." De los preceptos antes reseñados, se observa que el juicio de amparo indirecto no comprende violaciones procesales predominantes o en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, sino que acota su procedencia contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos, únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Ahora bien, el hecho de que la juez de origen haya resuelto desfavorable el recurso de revocación intentado por el quejoso, forma parte de los medios de defensa ordinarios que el agraviado en su calidad de parte demandada, está ejerciendo durante la tramitación del expediente 363/2021, al cual compareció impugnando el emplazamiento y como refiere en los antecedentes de su demanda de garantías, aún no cuenta con sentencia de fondo. La consecuencia de lo resuelto en el acto aquí reclamado, es un acto que produce efectos intraprocesales, los cuales son reparables si se obtiene una resolución favorable, en el que se cumplan sus pretensiones y todo lo relativo al incidente de nulidad de emplazamiento hecho valer por la parte quejosa, constituye actos procesales que no afectan derechos sustantivos; se emitieron dentro de un juicio civil en el que aún se encuentra pendiente de resolver y en el cual, el peticionario funge como parte. Asimismo, en el supuesto de que, en su momento, le resultara adverso el fallo de fondo, son cuestiones que el agraviado puede hacer valer en amparo directo al recurrir la sentencia definitiva, a través de concepto de violación en contra de las diversas resoluciones derivadas del incidente de nulidad de emplazamiento, como violaciones procesales. En ese orden de ideas, el acto reclamado no puede ser considerado como un acto de imposible reparación, ya que su base consiste en el derecho de defensa de las partes, y por ende, sus efectos son meramente formales y pueden ser reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable, pues se trata de una interlocutoria que resolvió un recurso de revocación intentado en contra de las consecuencias desfavorables del incidente de nulidad intentado por el demandado aquí doliente contra el emplazamiento que se le realizó en el juicio de origen. Cabe puntualizar que el peticionario se sometió a la jurisdicción ordinaria al comparecer al procedimiento de origen e interponer el medio de impugnación del que emana lo resuelto en revocación (incidente de nulidad de emplazamiento); de ahí que, no tenga el carácter de tercero extraño, siendo este último supuesto el único en que este juzgado de distrito podría analizar cuestiones relativas a la falta de emplazamiento o llamamiento de forma irregular en la vía indirecta. Sobre el particular, en sus aspectos sustanciales, se cita la jurisprudencia 1ª./J.94/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 167896 y visible en la página 256, del tomo XXIX, febrero de 2009, Materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada." En lo estrictamente aplicable y sustancial, se invocan las tesis jurisprudenciales 2ª./J.23/2008 y P./J.20/2018 (10a.), emitidas respectivamente por la Segunda Sala y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registros digitales 170244 y 2017849, que constan publicadas en las fojas 593 y 332, del tomo XXVII, febrero de 2008 y libro 58, septiembre de 2018, tomo I, Materia Común, Novena y Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que en su orden dicen: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta." "TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA. PIERDE ESE CARÁCTER PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUIEN IMPUGNA EL PRIMER EMPLAZAMIENTO O LLAMAMIENTO A JUICIO, MEDIANTE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES O UN JUICIO DE AMPARO PREVIO. Carece del carácter de tercero extraño equiparado a persona extraña para efectos de la procedencia del amparo indirecto, quien se ostenta como tal no obstante haber impugnado previamente el primer emplazamiento al mismo juicio por medio de un incidente de nulidad de actuaciones ante el tribunal responsable, o bien mediante un diverso juicio de amparo, porque con dicha impugnación demuestra fehacientemente que tiene conocimiento de la acción judicial instaurada en su contra, al conocer de forma precisa el número y tipo de juicio respectivo, el juzgado o tribunal ante el cual se ventila, e incluso el nombre de quien le demanda, lo que le permite preparar actos de defensa a través de los medios y recursos ordinarios, o vigilar la caducidad procesal de la instancia, máxime que por efectos de la impugnación que le resultó favorable, está a la espera de un segundo emplazamiento o notificación con motivo de la reposición del procedimiento por la nulidad de actuaciones o del cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que evidencia que en esas circunstancias no debe prevalecer la ficción equivalente a una ignorancia total de la demanda judicial instaurada en su contra, porque lo relevante para la procedencia del juicio de amparo indirecto y la defensa del derecho de audiencia reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la situación de completo desconocimiento de un juicio en contra del justiciable, lo que sugiere la vulnerabilidad respecto al derecho fundamental referido, por lo que es inconcuso que al impugnarse el primer emplazamiento a juicio, ya tiene conocimiento de una acción o pretensión instaurada en su contra por lo que no puede ostentar el carácter de tercero extraño a juicio dado que éste se configura tratándose del mismo juicio o procedimiento, en una primera y única ocasión." En tales condiciones, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V (a contrario sensu) y 172, fracción V, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Carlos Sergio Guajardo. Lo anterior se sustenta en la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, de rubro y contenido: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación". Téngase a la parte quejosa designando como autorizados a los profesionistas que menciona y domicilio para recibir notificaciones el que alude, conforme a los ordinales 12 y 27 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en términos del artículo 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite del Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los asuntos de Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo, como lo solicita la parte quejosa, se autoriza al profesionista que designa, para que tenga acceso al expediente electrónico y se le realicen las notificaciones por internet, a través del usuario y correo electrónico que proporciona; en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales Federal y de las Entidades Federativas, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se R e s u e l v e: Único. Se desecha de plano la demanda de garantías promovida por Carlos Sergio Guajardo. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.

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