Carlos Saul Montes de Oca Camacho
Expediente 35/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 35/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 18/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Carlos Saul Montes de Oca Camacho
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Morelia, Michoacán, a dieciocho de julio de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de cuenta número 3688/2022 signado por la Actuaria en cita, mediante el cual acusa recibo del diverso por el que se remitió a la Alzada el juicio de amparo V-35/2022-2, del índice de este Juzgado Federal; asimismo, comunica que mediante auto de catorce de julio del año en curso, dicha superioridad aceptó la competencia planteada por este juzgado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa, así como el original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de DESTRUCCIÓN, dado que se declinó la competencia al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, y se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva de los actos reclamados, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido...". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni el suscrito, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese. Así lo acordó y firman, el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido del licenciado Julio Zúñiga Morales, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez en cita, mediante el cual remite copia certificada del acta de la audiencia preliminar, en atención a ello, dado que como según constancia secretarial que antecede se advierte que en auto de cuatro de julio del año en curso, este juzgado se declaró incompetente para conocer del presente asunto, y se ordenó remitirlo al Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno, en este Circuito; por tanto, una vez que este órgano jurisdiccional sea informado si se avocó o no al conocimiento se acordará lo procedente. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito electrónico de cuenta signado por el Juez en cita, mediante el cual manifiesta que remite copia certificada del acta de la audiencia preliminar; ahora, como el presente oficio fue enviado por correo electrónico, una vez que sea recibido en este Juzgado se acordará lo procedente.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de julio de dos mil veintidós. Vista la constancia secretarial de cuenta de la que se aprecia que el término de tres días otorgado en proveído de dieciséis de junio del presente año, a la parte quejosa para que indicara si lo que reclama en el presente juicio es la sentencia definitiva emitida dentro del juicio ordinario oral familiar número - el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho; o bien la omisión o falta de notificación de dicha sentencia; transcurrió del veintisiete al veintinueve de junio del año en curso, sin que haya realizado manifestación alguna al respecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y se tiene como acto reclamado únicamente la sentencia en cita. Ahora, tomando en consideración que el acto reclamado por la parte quejosa, se hace consistir en la referida sentencia definitiva emitida dentro del juicio ordinario oral familiar número -, el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. Respecto de acto citado, este tribunal estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, en virtud de que el acto que se reclama se trata de una determinación que sin decidir en lo principal el juicio de origen, lo da por concluido. En efecto, los artículos 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; [.]". De los preceptos legales en cita se desprende la procedencia del juicio de amparo directo en los siguientes supuestos: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. b) Son sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal. c) Son resoluciones que ponen fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. d) Deben agotarse previamente los recursos ordinarios, por virtud de los cuales las sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados. e) Para efectos de la Ley de Amparo, se entiende que el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En ese sentido, del análisis del acto reclamado resulta evidente que se trata de una resolución que pone fin al juicio, en virtud de que sin haberlo decidido en lo principal lo está dando por concluido. Por tal motivo, su reclamo debe plantearse en la vía de amparo directo ante los Tribunales Colegiados, en específico ante un Tribunal Colegiado en Materia Civil en este Circuito, de conformidad con los numerales 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Al respecto, resulta aplicable la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes 10 de abril de 2015, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación que textualmente señala: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor. " Por consiguiente, es dable sostener que este Juzgado carece de competencia legal para seguir conociendo del presente asunto, por lo que, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, se ordena remitir este juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno en este Circuito, para lo que tenga a bien determinar; solicitando acusar el recibo de estilo correspondiente. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Julio Zúñiga Morales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del Titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 44, 141 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificada mediante oficio CCJ/ST/2506/2022; y, con apoyo en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", quien actúa en legal y debida forma con la licenciada Karen Elizabeth Zepeda Miranda, Secretaria que autoriza y da fe.
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