Carlos Sarmiento Hinojosa

Expediente 372/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
372/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
28/05/2018

Partes del expediente

  • Carlos Sarmiento Hinojosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    REPUBLICACION... se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar; por tanto... archívese el presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el 214 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    ... se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar; por tanto... archívese el presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el 214 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    ...Téngase por recibido el escrito signado por los quejosos CARLOS SARMIENTO HINOJOSA y ROSA LILIA ALTAMIRANO YAÑEZ, por medio del cual, bajo protesta de decir verdad, aclaran los antecedentes del acto reclamado; en tal virtud, téngase a los quejosos desahogando en su totalidad las prevenciones formuladas mediante proveído del cuatro de mayo del año en curso. Por otra parte, visto de nueva cuenta la demanda de amparo, así como los escritos aclaratorios, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese orden lógico, se tiene que, en la especie la parte quejosa reclama: La orden de lanzamiento del predio ubicado en calle Ciprés, número 105, código postal 88730, de la colonia Colinas del Pedregal, de esta ciudad, registrado en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo la finca 99721, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, dentro del juicio hipotecario 422/2013, con motivo de la ejecución forzosa de la sentencia emitida en dicho juicio, y su ejecución. En mérito a lo anterior, se advierte que resulta notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por los quejosos, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción IV, de la propia ley de la materia. En efecto, los citados artículos establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)." (Énfasis propio) Efectivamente, el juicio biinstancial es improcedente, pues acorde al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, éste procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, siempre y cuando se trate de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. El objetivo primordial de que contra actos en ejecución de sentencias, sólo proceda en los términos antes indicados, radica en que el propósito del legislador busca armonizar los principios de celeridad, concentración y economía procesal, que rigen en la etapa de ejecución de los juicios, con el derecho de los gobernados de someter al análisis constitucional todo acto de autoridad predominando la celeridad que debe otorgarse al procedimiento de ejecución de las sentencias, porque su efecto es consolidar el derecho emanado de las mismas a favor del actor en el menor tiempo posible, evitando así la promoción de múltiples amparos contra actos o resoluciones intermedias que obstaculicen su ejecución, de tal forma que el amparo indirecto sólo procede una vez agotado el principio de definitividad contra la última resolución pronunciada cuando se tiene por cumplida la sentencia, o declara su imposibilidad material o jurídica de cumplimiento. En ese sentido la Primera Sala del Alto Tribunal ha establecido criterio en el sentido de que el procedimiento de ejecución constituye el conjunto de actos dirigidos a lograr la satisfacción coactiva de la sentencia de condena, ante la falta de cumplimiento voluntario de la parte vencida, y dicho procedimiento no necesariamente inicia con el requerimiento al demandado para que dé cumplimiento forzoso y está encaminado a asegurar la eficacia práctica de ese tipo de sentencias. Desde esa perspectiva, ha quedado establecido que la ratio legis de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia, lo que también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado, y por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en la ejecución de sentencia. Por su parte, el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas del propio Tribunal, estableció que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución, no sólo debe cumplirse el hecho de que sean dictados en dicha etapa, sino que también deben ser ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Y estableció que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. La determinación antes precisada fue deducción que el propio Pleno del Alto Tribunal, realizó de la fracción III del artículo 114 de la abrogada ley de la materia, cuyo texto guarda identidad con la norma vigente; donde enfatizó que dicha fracción establece en principio una regla autónoma relativa a que tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede en contra de la última resolución de dicho procedimiento; sin embargo, cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, se puede excepcionalmente aplicar por analogía la fracción IV del mismo numeral, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto, pero sin que dicha aplicación, por analogía, permita la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución, por violaciones procesales relevantes. ...Ahora, en el caso concreto, es de precisarse que el quejoso se duele del auto por el cual el Juez Primero de Primera Instancia Civil del Quinto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, ordenó el lanzamiento de los quejosos respecto al predio ubicado en calle Ciprés, número 105, código postal 88730, de la colonia Colinas del Pedregal, de esta ciudad, registrado en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo la finca 99721, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, dentro del juicio hipotecario 422/2013, con motivo de la ejecución forzosa de la sentencia emitida en dicha juicio, inmueble materia de del procedimiento de trato, es decir, que no es ajeno a la cosa juzgada. Es decir, se trata de un acto emitido después de concluido el juicio natural, y en ejecución de sentencia; por tanto, para la procedencia del juicio biinstancial, debe sujetarse a las reglas del artículo 107, fracción IV, segundo párrafo de la Ley de Amparo, pues se trata de actos emitidos en el procedimiento de ejecución. ...Lo anterior es así, pues de la demanda de amparo, se advierte que en el juicio hipotecario 422/2013, se dictó sentencia a favor de la parte actora, encontrándose en la etapa de ejecución forzosa. Ante esas circunstancias, es claro que el presente juicio biinstancial es improcedente, pues se deduce que el auto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia en el juicio natural, dado que no se desprende que se aprobara o reconociera el cumplimiento total de aquélla, ni tampoco con dicha determinación se declaró la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni se ordena su archivo, sino que se trata de un acto emitido en ejecución de sentencia, y no sólo eso, sino que, primordialmente, el acto reclamado no afecta a un derecho sustantivo del quejoso, ajeno a la cosa juzgada. De ahí que no será sino hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución cuando proceda el juicio amparo indirecto, en el cual el ahora recurrente podrá combatir la resolución de mérito, la cual en su caso, podría constituir una violación al procedimiento de ejecución que de trascender al resultado final de dicho procedimiento puede ser reparado por la vía del amparo biinstancial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Así, al constituir los actos reclamados, una determinación emitida en ejecución de sentencia, y tendente a darle cumplimiento, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción IV del artículo 107, éste último interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, por lo cual se desecha de plano la demanda de amparo, con apoyo en el artículo 113 de la ley de la materia.

  4. Principal

    Téngase por recibido el escrito signado por los quejosos Carlos Sarmiento Hinojosa y Rosa Lili Altamirano Yañez, por medio del cual pretenden desahogar la prevención formulada mediante proveído de veinticuatro de abril del año en curso; sin embargo, no ha lugar a tenerla por desahogada en su totalidad, pues si bien es cierto, manifestaron cuándo tuvieron conocimiento del acto reclamado, también lo es que no refirieron si el inmueble que describen en el escrito inicial de demanda, es materia del procedimiento de ejecución juicio hipotecario de origen o si se trata de un inmueble diverso y ajeno a dicho juicio, como se le requirió en dicho auto. En mérito de lo anterior, dígase a la parte quejosa que continúa corriendo el término concedido en el proveído de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, para desahogar el requerimiento de mérito, en la inteligencia que de no hacerlo, se le hará efectivo el apercibimiento contenido en dicho auto; cabe hacer la aclaración que no se le está concediendo un nuevo término para cumplir con lo requerido, sino que el desahogo correspondiente debe de ser en el término indicado en el acuerdo de referencia.

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