Carlos Sánchez Soria
Expediente 655/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 17 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 655/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Carlos Sánchez Soria
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se negó el amparo a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Ahora bien, en razón de que la Sala responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; se ordena su devolución a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. En términos del artículo 17, fracción III, inciso a) de dicho ordenamiento, se hace la observación de que el expediente es conservable, en razón de que se trata de un asunto en el que se negó el juicio de amparo. El incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo General mencionado, es conservable, pues se concedió la medida cautelar. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XX, del Acuerdo General de referencia. Por último, en cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, el secretario certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: ejusticia.cjf.gob.mx/BuscadorSISE/#/BusqExp, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
(AVISO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA DE REFERENCIA NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LE REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL AVISO QUE SE FIJÓ EN LA PUERTA DE SU DOMICILIO EL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA CON FECHA DE ENGROSE VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "VISTOS para resolver el juicio de amparo 655/2023, promovido por ..., contra actos de la Séptima Sala, Juez y Actuario adscritos al Juzgado Sexagésimo Tercero, todos de lo Civil de la Ciudad de México; y RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El cinco de junio de dos mil veintitrés, el accionante solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, aduciendo violaciones a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión de la demanda y substanciación del proceso. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, a quien por razón de turno tocó conocer de la demanda de amparo, la admitió a trámite, previa aclaración, el veintiuno de junio de este año. En ese acuerdo, se dio intervención a la representante social de la Federación adscrita; requirió informes justificados; señaló a la parte tercera interesada y fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Las responsables rindieron sus informes, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló intervención, se emplazó a la parte tercera interesada y la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 fracción V de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un amparo indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza civil (arrendamiento), seguido ante un tribunal del orden común con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de la materia, el acto reclamado en este juicio es la resolución de diez de mayo de dos mil veintitrés, emitida en el toca ... por la Séptima Sala de lo Civil de esta ciudad, donde confirmó la interlocutoria de primero de diciembre de dos mil veintidós, emitida en el incidente de ejecución de sentencia la cual condenó al pago de $157,250.00 (ciento cincuenta y siete mil doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de pensiones rentísticas del periodo del mes de abril de dos mil diecinueve al mes de mayo de dos mil veintidós, en el juicio controversia de arrendamiento inmobiliario ... del índice del Juzgado Sexagésimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México y también lo condenó al pago de costas. TERCERO. Existencia del acto. Al rendir su informe justificado, las autoridades aceptaron la existencia del reclamo; lo cual se corrobora con las constancias que remitieron, las cuales gozan de valor probatorio pleno, en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2º. CUARTO. Antecedentes. A continuación, se enlistan las actuaciones que precedieron al acto reclamado. 1. El diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, se dictó la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la rescisión del contrato de arrendamiento de veintinueve de junio de dos mil uno celebrado entre ... (tercero interesado) y el quejoso ...., respecto del inmueble ubicado en: Accesoria de la casa marcada con el número ..., en la Ciudad de México, código postal 15810. Ante ello, se dijo que no era procedente condenar a la entrega y desocupación del inmueble, sin embargo sí lo condenó al pago de las rentas a partir del mes de abril de dos mil diecinueve más las que sigan venciendo hasta que causara ejecutoria dicha sentencia. 2. Ambas partes interpusieron recurso de apelación en contra de esa resolución, del que conoció la Séptima Sala de lo Civil de esta ciudad, que mediante fallo de tres de mayo de dos mil veintitrés, confirmó la determinación impugnada. 3. El veintiséis de octubre de dos mil veintidós, el actor .. demandó al quejoso en la vía incidental la ejecución de sentencia respecto del pago de rentas vencidas. 4. Dicha incidencia se admitió el veintiocho del mismo mes y año. 5. Seguido el procedimiento incidental, el uno de diciembre de dos mil veintidós, se dictó sentencia interlocutoria en la que se condenó al demandado, aquí quejoso al pago de $157,250.00 (ciento cincuenta y siete mil doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de pensiones rentísticas por el periodo de abril de dos mil diecinueve a mayo de dos mil veintidós. 6. Inconforme con esta resolución, el demandado interpuso recurso de apelación del que conoció la Séptima Sala de lo Civil de la Ciudad de México, quien mediante resolución de diez de mayo de dos mil veintitrés, emitida en el toca ... por la Séptima Sala de lo Civil de esta ciudad, confirmó la interlocutoria recurrida y condenó al quejoso al pago de costas en segunda instancia. Esta determinación culminó con son siguientes resolutivos: "PRIMERO. Se CONFIRMA la SENTENCIA INTERLOCUTORIA dictada el PRIMERO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS, por el C. JUEZ SEXAGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en los autos de la CONTROVERSIA DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO seguido por ... en contra de ..., expediente número ... . SEGUNDO. Se hace condena en costas en esta segunda instancia al recurrente. TERCERO. Notifíquese;" Esta resolución constituye el acto reclamado en el presente juicio. QUINTO. Conceptos de violación. El quejoso refiere que el acto reclamado vulnera sus derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, por lo siguiente: 1. Se violan en su perjuicio las garantías de audiencia, legalidad, exacta aplicación de la Ley, de debida motivación y fundamentación de los actos de autoridad y de Seguridad Jurídica, pues considera que la autoridad desatendió los numerales 81 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, al dejar de analizar el agravio tendiente a demostrar la procedencia del derecho y las probanzas que aportó el quejoso. 2. Lo anterior pues advierte que la responsable debió tomar en cuenta el hecho notorio de la pandemia Covid-19, que dejó serias repercusiones económicas, sobre todo cuando la situación estaba en su punto más crítico ya que el gobierno ordenó suspender todas aquellas actividades no esenciales para evitar el aumento de contagios. 3. Indica que la determinación realizada por el Gobierno Federal respecto a la emergencia sanitaria y las restricciones declaradas por el covid en el año dos mil veinte, constituyen caso fortuito o fuerza mayor. 4. Por ello, solicita que se tome en cuenta lo mencionado respecto a la pandemia y principalmente a la determinación de que el quejoso pudiera tener una reducción en las pensiones rentísticas ya que tuvo que acatar las determinaciones de las autoridades por cuanto a la suspensión de actividades y que con independencia de eso, trató de cumplir con sus obligaciones. 5. En otro orden, aduce que la responsable no actuó conforme a derecho al condenarlo al pago de gastos y costas procesales en el incidente, pues no existió conducta temeraria o de mala fe del peticionario de amparo durante la tramitación del asunto ni se ajusta a alguno de los supuestos del precepto 140 del Código de Procedimientos Civiles. 6. Refiere que la Sala no valoró que el mencionado artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles se refiere a los incidentes tramitados durante el procedimiento cuando el de origen se ubica en etapa de ejecución de sentencia. 7. Además, señala que no condenó a costas al demandado en la tramitación de dicho incidente y que permitir la condena por ese concepto en la etapa de ejecución de sentencia equivaldría a una sucesión interminable de condenas en costas posteriores a la sentencia definitiva. 8. Apoya este razonamiento en la tesis I.3o.C.547 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro digital 175114, emitida en la Novena Época, Tesis: I.3o.C.547 C, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, mayo de 2006, página 1725, que dice; "COSTAS. NO PROCEDE LA CONDENA RELATIVA EN LOS INCIDENTES DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 140 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. Del texto del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierte que la condena en costas sólo es dable en el universo que el juicio integra, es decir, únicamente puede obsequiarse por actuaciones en el juicio principal o por incidentes dentro de éste, o sea, que surjan desde la presentación de la demanda hasta la sentencia definitiva, lo cual confirma la exposición de motivos de la reforma al artículo en cita, publicada en el Diario Oficial de la Federación de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, de la que se desprende el propósito legislativo de agilizar el proceso en beneficio de quien acude ante los juzgadores para solucionar una controversia, y limitando, así como sancionando con el pago de costas, a quien persigue un objetivo diverso, mediante la manipulación, la obtención de ventajas indebidas y el entorpecimiento de los juicios con la consiguiente demora en el dictado de la sentencia. Esto último permite colegir que si un pronto dictado de la sentencia fue privilegiado por el legislador, la sanción que constituyen las costas está en función directa de ese ánimo agilizador de la resolución conclusiva de la instancia, por lo que sólo pueden producirse dentro del proceso, y no una vez que el mismo ha terminado con el dictado de la sentencia definitiva que es la norma jurídica individualizada que regirá el conflicto de intereses fallado. Estimar lo contrario sería inobservar el propósito indicado, al permitir una sucesión interminable de condenas en costas posteriores a la sentencia definitiva, con otras tantas liquidaciones por ese concepto, lo que haría prolongarse la ejecución de la sentencia produciendo la inadmisible paradoja de obtener un pronto dictado de tal resolución y un inacabable y prolongado procedimiento ejecutivo. Así, el planteamiento de diversos incidentes de liquidación de intereses moratorios desestimados por notoriamente improcedentes, aun cuando ello fuera estimado como una conducta temeraria y de mala fe, no puede ser motivo de condena en costas, pues dicha conducta se da fuera de un juicio que concluyó de manera favorable a la promovente de esos incidentes, por lo que sólo se trata de hacer efectivo con éstos, un derecho constituido, a saber, el atinente al cobro de intereses. Al respecto, cabe precisar que los llamados incidentes de liquidación de intereses por su naturaleza, no son incidentes sino accidentes, ya que se dan fuera de juicio con el fin de perfeccionar la condena decretada en éste, apartándose del desarrollo principal que se dio desde la demanda hasta la sentencia con la que concluyó el procedimiento, en el cual no incide, porque ni prejuzga ni influye en el fallo de fondo que se dictó, y al cual sólo busca cumplir. En efecto, el verdadero incidente es aquel que sobreviene dentro del juicio, interrumpiendo o no a éste, por tener relación inmediata o directa con el asunto principal, cuestión que no caracteriza a los incidentes de liquidación de intereses, y de ahí su carácter accidental. Por ende, los incidentes que son susceptibles de generar una condena en costas son los que realmente tienen esa naturaleza, esto es, los sustanciados dentro del procedimiento principal en el que se busca agilizar el dictado de la sentencia de fondo, de manera que se sanciona la conducta de quien busque entorpecer ese objetivo mediante maniobras dilatorias, como, verbigracia, los incidentes improcedentes planteados en el decurso procesal." Los conceptos de violación son infundados. Estudio de los conceptos de violación 1, 2, 3 y 4. Entre los derechos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluye el de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; lo anterior integra el derecho humano de seguridad jurídica, que tiene la finalidad de que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. El artículo 16 constitucional, párrafo primero, en lo relativo a la fundamentación y motivación, tiene como propósito primordial que el gobernado conozca el "por qué y para qué" de la conducta de la autoridad. Para satisfacer el principio de seguridad jurídica, la Constitución reconoce los derechos de audiencia y legalidad, esto es, formalidades básicas ineludibles que deben imperar al momento de emitir un acto de autoridad. Por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad; y la motivación se traduce en la expresión de razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Además, el derecho humano de legalidad implica una observancia ineludible al principio de congruencia y exhaustividad que debe contener toda resolución emitida por una autoridad jurisdiccional, el cual se refleja cuando la autoridad resuelve y contesta todo lo solicitado sin dejar de dar respuesta a lo expresamente planteado, ni añadir cuestiones no hechas valer. El mencionado principio, se refleja en el compromiso de atender de manera congruente e integral lo sometido a su consideración, tengan o no razón las partes, debiendo expresar según sea el caso, el por qué sí les asiste la razón o no, estableciendo los motivos lógico-jurídicos de su decisión; y claro, siendo acorde y constante con el curso legal que va adoptando el proceso durante su tramitación. Este deber se aterriza en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, cuyo contenido busca que quien se ve o se siente afectado con una resolución jurisdiccional, tenga margen o conocimiento de lo resuelto por el juzgador y los alcances de su resolución, para contar con la aptitud de poder controvertir las consideraciones expuestas por la autoridad jurisdiccional. Ahora bien, de la resolución reclamada se advierte que la Sala responsable sí se pronunció por cuanto al agravio formulado por el quejoso referente al caso fortuito o fuerza mayor que hubieren surgido como consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el covid-19. La Sala indicó que los agravios referentes a que el Aquo no tomó en cuenta el caso fortuito y fuerza mayor que se presentó derivado de la pandemia por COVID-19, resultaron inoperantes pues destacó que no estuvieron al alcance del juez de primera instancia sino que se trata de argumentos novedosos que no fueron parte de la litis de origen. Sostiene la Sala que esas cuestiones no fueron planteadas como excepción o defensa, motivo por el cual el juez carecía de facultades para analizarlos, que esto no constituye una omisión que implique una violación a la ley que deje sin defensa al recurrente, sino que, de estudiar una cuestión ajena a la litis, afectaría situaciones procesales resueltas en el juicio de origen. Lo que se considera correcto ya que del ocurso de contestación al incidente de ejecución de pago de rentas vencidas, se observa que el quejoso opuso como defensas y excepciones: La falta de acción y derecho del actor así como la de plus petitio. Indicó que fue incorrecta la cuantificación de rentas vencidas propuestas desde el mes de abril de dos mil diecinueve a octubre de dos mil veintiuno, ya que si la sentencia definitiva establece que éstas se generarán hasta que la misma cause ejecutoria, lo que ha de tomarse en cuenta es que esto ocurrió el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno en que se admitió el recurso de apelación interpuesto en su contra. Destacó que la apelación se admitió en efecto devolutivo, por lo que no se suspendió la ejecución, lo que implica que si se podía ejecutar, y se debe considerar que quedó firme la sentencia. Alegó también que al momento de su emplazamiento se señalaron bienes para embargo, los cuales deberán ser puestos a remate y con su producto hacerse pago de lo condenado. De lo narrado se evidencia que fue correcta la determinación de la Sala responsable al desestimar los agravios relativos al caso fortuito o fuerza mayor que pudieran haber surgido por la pandemia de Covid 19, ya que esa imposibilidad de cumplir cabalmente con sus obligaciones por la cuestión de la emergencia sanitaria no fue planteada como defensa o excepción por el quejoso al momento de contestar el incidente de origen. Lo que adquiere relevancia pues la controversia natural se formó con las pretensiones de la demanda incidental y las defensas y excepciones planteadas en la contestación. De ahí que, la Sala responsable estaba imposibilitada para analizarlas en fondo ya que, se omitió hacerlas valer al momento de contestar el incidente de ejecución, por tanto, la autoridad responsable no estuvo en condiciones de abordar su estudio, por no haber sido materia de valoración por el juzgador cuyo actuar estaba en revisión en la apelación que dio lugar al acto reclamado. Lo anterior encuentra apoyo por analogía, en la jurisprudencia 1a./J. 150/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 176604, en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, página 52, del tenor siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución recurrida." Por lo anterior, al pretender que la responsable analizara cuestiones novedosas en la litis incidental, resultan infundados los conceptos de violación descritos en los puntos 1, 2, 3 y 4. Ahora, en lo tocante a los conceptos de violación 5, 6, 7 y 8, también son infundados como se explica. El quejoso señala que fue incorrecto el actuar de la Sala al imponerle una condena por costas cuando no se condujo con mala fe o temeridad en el incidente, que tampoco se ubicó en alguno de los supuestos previstos para ello en el numeral 140 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. Para una mejor comprensión se cita dicho precepto. "Artículo 140. La condenación en costas, se hará cuando así lo prevenga la Ley, o cuando, a juicio del Juez, se haya procedido con temeridad o mala fe. Siempre serán condenados: I.- El que ninguna prueba rinda para justificar su acción o su excepción, si se funda en hechos disputados; II.- El que presentare instrumentos o documentos falsos, o testigos falsos o sobornados; III.- El que fuere condenado en los juicios ejecutivo, hipotecario, en los interdictos de retener y recuperar la posesión, y el que intente alguno de estos juicios si no obtiene sentencia favorable. En estos casos la condenación se hará en la primera instancia, observándose en la segunda lo dispuesto en la fracción siguiente; IV.- El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la condenación comprenderá las costas de ambas instancias; V.- El que intente acciones que resulten improcedentes por falta de uno de los requisitos de procedibilidad de la misma, o haga valer excepciones notoriamente improcedentes; VI.- El que oponga excepciones procesales improcedentes o haga valer recursos e incidentes de este tipo, a quien no solamente se le condenará respecto de estas excepciones, recursos e incidentes, sino que si la sentencia definitiva le es adversa, también se le condenará por todos los demás trámites, y así lo declarará dicha resolución definitiva, y VII.- Las demás que prevenga este código." Del análisis de este precepto se advierte que existen dos tipos de condena por este concepto. Uno de manera subjetiva, cuando a criterio del juzgador alguna de las partes se ha conducido con temeridad y mala fe y otro objetivo, que no deja a criterio del juez esa condena, sino que ésta resulta obligatoria cuando se actualiza alguna de las hipótesis previstas en la ley. Esto se explica en la jurisprudencia 1a./J. 38/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2014331, de la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 190, que dice: "COSTAS. LA CONDENA EN TAL CONCEPTO QUE ESTABLECEN DIVERSAS LEGISLACIONES, SIN CONDICIONARLA A LA EXISTENCIA DE MALA FE O TEMERIDAD DEL LITIGANTE, NO LIMITA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. El hecho de que una legislación no condicione la condena al pago de costas a la existencia de mala fe o temeridad por parte del litigante que se inconforma con una sentencia de primer grado, no limita la garantía de acceso a la justicia contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no impide que los gobernados acudan a los tribunales solicitando que se les administre justicia, ni que éstos la impartan; además, la finalidad de este tipo de condena es asegurar a quien acudió a juicio a defender un derecho, respecto del cual su contraparte no logró demostrar todas sus pretensiones, ni aun apelando, que le fueran resarcidas las erogaciones causadas en un juicio que se vio forzado a seguir en dos instancias y no provocar la abstención de los posibles recurrentes que, teniendo a su alcance los medios de defensa legales, puedan impugnar una sentencia de primera instancia, pues el citado artículo 17 constitucional prevé que la administración e impartición de justicia debe darse en los plazos y términos que fijen las leyes, lo cual implica que éstos se fijen por el legislador ordinario en uso de su libertad de configuración, con tal de que lo establecido al respecto tenga un fin constitucionalmente válido. Así, el legislador, haciendo uso de esa libertad, ha establecido dos sistemas para la condena en costas, uno subjetivo, aplicable cuando a criterio del juzgador alguna de las partes se ha conducido con temeridad y mala fe y otro objetivo, que no deja a criterio del juzgador esa condena, sino que ésta resulta obligatoria cuando se actualiza alguna de las hipótesis previstas en la ley; es claro que si para la condena basta que el actor no obtenga sentencia favorable en alguna de las prestaciones reclamadas, excepto en costas, y que dicha determinación sea confirmada en alzada, es porque se basa en el sistema objetivo, lo cual no transgrede el citado derecho." Lo resaltado es propio. En el caso, la Sala responsable indicó que la condena en costas resultaba procedente con fundamento en la fracción IV del citado numeral 140. Es decir, cuando se actualicen dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva. Lo que sí se ajusta en la especie, ya que el quejoso fue condenado en el incidente de ejecución de sentencia al pago de $157,250.00 (ciento cincuenta y siete mil doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de rentas vencidas y ese resolutivo se confirmó en la sentencia de diez de mayo de dos mil veintitrés del toca ... que constituye el acto reclamado. Por tanto, sí existen dos sentencias condenatorias en contra del impetrante, que actualizan la aplicación de la fracción IV del artículo 140 que dispone la condenación de costas en esta hipótesis. Además, no basta que refiera que se trata de un incidente tramitado en ejecución de sentencia y que por ello no es factible dicha condena, pues contrario a lo que afirma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que sí es procedente efectuarla en los incidentes dictados en esa etapa procesal e incluso que sí es factible hacerlo cuando existan dos sentencias conformes de toda conformidad, tal y como ocurre en el caso. Esto, como se ve de la jurisprudencia 1a./J. 8/2009, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 167740, en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, marzo de 2009, página 106, que dice: "COSTAS. PROCEDE SU CONDENA EN LA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE UN INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA, CUANDO EXISTAN DOS SENTENCIAS CONFORMES DE TODA CONFORMIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1084, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y 140, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). En el incidente de liquidación de sentencia, como en cualquier diligencia tramitada ante un órgano jurisdiccional, se generan costas, y aunque en principio cada parte es inmediatamente responsable de su erogación, puede surgir la obligación procesal de indemnizar las costas a cargo de quien prolongó injustificadamente el trámite incidental mediante la interposición del recurso de apelación. Ello conforme al sistema de la compensación o indemnización obligatoria, basado en el principio de la justa composición de la litis establecido en los artículos 1084, fracción IV, del Código de Comercio y 140, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de cuyo análisis se advierte que en la interlocutoria que resuelve un incidente de liquidación de sentencia procede la condena en costas cuando existan dos sentencias conformes de toda conformidad, en virtud de que: (i) dichos incidentes constituyen un procedimiento contencioso en el que la cuestión a resolver es el cálculo del monto de una condena ilíquida establecida en la sentencia definitiva; (ii) el objeto de dichos incidentes consiste en dilucidar un aspecto esencial de la litis principal, de manera que el incidente de liquidación debe considerarse una extensión del juicio; y, (iii) la condena en costas en estos términos obedece al propósito del legislador de garantizar una justa composición de la litis y evitar la prolongación injustificada del procedimiento, mediante la obligación indemnizatoria impuesta a quien incita la actividad jurisdiccional en la segunda instancia." Incluso se aprecia que la tesis I.3o.C.547 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que cita en apoyo a sus conceptos de violación de rubro: "COSTAS. NO PROCEDE LA CONDENA RELATIVA EN LOS INCIDENTES DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 140 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL", fue superada por contradicción, de la que derivó el criterio contemplado en la jurisprudencia 1a./J. 8/2009, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previamente citada en este fallo. Ante ello, al resultar fundada la condena en costas decretada por el Ad quem por estar ajustada al supuesto establecido en el precepto 140 fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, es que se consideran infundados los conceptos de violación identificados como 5, 6, 7 y 8. Ante lo infundado de los motivos de disenso, lo conducente es NEGAR LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. Lo anterior se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos al juez y actuario responsables. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 88, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS." Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 1, 73 a 77, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Carlos Sánchez Soria, contra actos de la Séptima Sala, Juez y Actuario adscritos al Juzgado Sexagésimo Tercero, todos de lo Civil de la Ciudad de México, por los motivos expuestos en el último considerando. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de .., Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe."
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día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 655/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación el Secretario hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficios por los cuales las autoridades responsables rindieron su informe justificado; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que el accionante ofreció diversas documentales. Al efecto se acuerda: Se admiten y desahogan las probanzas aludidas atento a su propia y especial naturaleza. Al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que ninguna de las partes los formuló y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
VISTOS para resolver el juicio de amparo 655/2023, promovido por ..., contra actos de la Séptima Sala, Juez y Actuario adscritos al Juzgado Sexagésimo Tercero, todos de lo Civil de la Ciudad de México; y RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El cinco de junio de dos mil veintitrés, el accionante solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, aduciendo violaciones a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión de la demanda y substanciación del proceso. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, a quien por razón de turno tocó conocer de la demanda de amparo, la admitió a trámite, previa aclaración, el veintiuno de junio de este año. En ese acuerdo, se dio intervención a la representante social de la Federación adscrita; requirió informes justificados; señaló a la parte tercera interesada y fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Las responsables rindieron sus informes, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló intervención, se emplazó a la parte tercera interesada y la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 fracción V de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un amparo indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza civil (arrendamiento), seguido ante un tribunal del orden común con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de la materia, el acto reclamado en este juicio es la resolución de diez de mayo de dos mil veintitrés, emitida en el toca ... por la Séptima Sala de lo Civil de esta ciudad, donde confirmó la interlocutoria de primero de diciembre de dos mil veintidós, emitida en el incidente de ejecución de sentencia la cual condenó al pago de $157,250.00 (ciento cincuenta y siete mil doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de pensiones rentísticas del periodo del mes de abril de dos mil diecinueve al mes de mayo de dos mil veintidós, en el juicio controversia de arrendamiento inmobiliario ... del índice del Juzgado Sexagésimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México y también lo condenó al pago de costas. TERCERO. Existencia del acto. Al rendir su informe justificado, las autoridades aceptaron la existencia del reclamo; lo cual se corrobora con las constancias que remitieron, las cuales gozan de valor probatorio pleno, en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2º. CUARTO. Antecedentes. A continuación, se enlistan las actuaciones que precedieron al acto reclamado. 1. El diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, se dictó la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la rescisión del contrato de arrendamiento de veintinueve de junio de dos mil uno celebrado entre ... (tercero interesado) y el quejoso ...., respecto del inmueble ubicado en: Accesoria de la casa marcada con el número ..., en la Ciudad de México, código postal 15810. Ante ello, se dijo que no era procedente condenar a la entrega y desocupación del inmueble, sin embargo sí lo condenó al pago de las rentas a partir del mes de abril de dos mil diecinueve más las que sigan venciendo hasta que causara ejecutoria dicha sentencia. 2. Ambas partes interpusieron recurso de apelación en contra de esa resolución, del que conoció la Séptima Sala de lo Civil de esta ciudad, que mediante fallo de tres de mayo de dos mil veintitrés, confirmó la determinación impugnada. 3. El veintiséis de octubre de dos mil veintidós, el actor .. demandó al quejoso en la vía incidental la ejecución de sentencia respecto del pago de rentas vencidas. 4. Dicha incidencia se admitió el veintiocho del mismo mes y año. 5. Seguido el procedimiento incidental, el uno de diciembre de dos mil veintidós, se dictó sentencia interlocutoria en la que se condenó al demandado, aquí quejoso al pago de $157,250.00 (ciento cincuenta y siete mil doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de pensiones rentísticas por el periodo de abril de dos mil diecinueve a mayo de dos mil veintidós. 6. Inconforme con esta resolución, el demandado interpuso recurso de apelación del que conoció la Séptima Sala de lo Civil de la Ciudad de México, quien mediante resolución de diez de mayo de dos mil veintitrés, emitida en el toca ... por la Séptima Sala de lo Civil de esta ciudad, confirmó la interlocutoria recurrida y condenó al quejoso al pago de costas en segunda instancia. Esta determinación culminó con son siguientes resolutivos: "PRIMERO. Se CONFIRMA la SENTENCIA INTERLOCUTORIA dictada el PRIMERO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS, por el C. JUEZ SEXAGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en los autos de la CONTROVERSIA DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO seguido por ... en contra de ..., expediente número ... . SEGUNDO. Se hace condena en costas en esta segunda instancia al recurrente. TERCERO. Notifíquese;" Esta resolución constituye el acto reclamado en el presente juicio. QUINTO. Conceptos de violación. El quejoso refiere que el acto reclamado vulnera sus derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, por lo siguiente: 1. Se violan en su perjuicio las garantías de audiencia, legalidad, exacta aplicación de la Ley, de debida motivación y fundamentación de los actos de autoridad y de Seguridad Jurídica, pues considera que la autoridad desatendió los numerales 81 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, al dejar de analizar el agravio tendiente a demostrar la procedencia del derecho y las probanzas que aportó el quejoso. 2. Lo anterior pues advierte que la responsable debió tomar en cuenta el hecho notorio de la pandemia Covid-19, que dejó serias repercusiones económicas, sobre todo cuando la situación estaba en su punto más crítico ya que el gobierno ordenó suspender todas aquellas actividades no esenciales para evitar el aumento de contagios. 3. Indica que la determinación realizada por el Gobierno Federal respecto a la emergencia sanitaria y las restricciones declaradas por el covid en el año dos mil veinte, constituyen caso fortuito o fuerza mayor. 4. Por ello, solicita que se tome en cuenta lo mencionado respecto a la pandemia y principalmente a la determinación de que el quejoso pudiera tener una reducción en las pensiones rentísticas ya que tuvo que acatar las determinaciones de las autoridades por cuanto a la suspensión de actividades y que con independencia de eso, trató de cumplir con sus obligaciones. 5. En otro orden, aduce que la responsable no actuó conforme a derecho al condenarlo al pago de gastos y costas procesales en el incidente, pues no existió conducta temeraria o de mala fe del peticionario de amparo durante la tramitación del asunto ni se ajusta a alguno de los supuestos del precepto 140 del Código de Procedimientos Civiles. 6. Refiere que la Sala no valoró que el mencionado artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles se refiere a los incidentes tramitados durante el procedimiento cuando el de origen se ubica en etapa de ejecución de sentencia. 7. Además, señala que no condenó a costas al demandado en la tramitación de dicho incidente y que permitir la condena por ese concepto en la etapa de ejecución de sentencia equivaldría a una sucesión interminable de condenas en costas posteriores a la sentencia definitiva. 8. Apoya este razonamiento en la tesis I.3o.C.547 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro digital 175114, emitida en la Novena Época, Tesis: I.3o.C.547 C, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, mayo de 2006, página 1725, que dice; "COSTAS. NO PROCEDE LA CONDENA RELATIVA EN LOS INCIDENTES DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 140 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. Del texto del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierte que la condena en costas sólo es dable en el universo que el juicio integra, es decir, únicamente puede obsequiarse por actuaciones en el juicio principal o por incidentes dentro de éste, o sea, que surjan desde la presentación de la demanda hasta la sentencia definitiva, lo cual confirma la exposición de motivos de la reforma al artículo en cita, publicada en el Diario Oficial de la Federación de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, de la que se desprende el propósito legislativo de agilizar el proceso en beneficio de quien acude ante los juzgadores para solucionar una controversia, y limitando, así como sancionando con el pago de costas, a quien persigue un objetivo diverso, mediante la manipulación, la obtención de ventajas indebidas y el entorpecimiento de los juicios con la consiguiente demora en el dictado de la sentencia. Esto último permite colegir que si un pronto dictado de la sentencia fue privilegiado por el legislador, la sanción que constituyen las costas está en función directa de ese ánimo agilizador de la resolución conclusiva de la instancia, por lo que sólo pueden producirse dentro del proceso, y no una vez que el mismo ha terminado con el dictado de la sentencia definitiva que es la norma jurídica individualizada que regirá el conflicto de intereses fallado. Estimar lo contrario sería inobservar el propósito indicado, al permitir una sucesión interminable de condenas en costas posteriores a la sentencia definitiva, con otras tantas liquidaciones por ese concepto, lo que haría prolongarse la ejecución de la sentencia produciendo la inadmisible paradoja de obtener un pronto dictado de tal resolución y un inacabable y prolongado procedimiento ejecutivo. Así, el planteamiento de diversos incidentes de liquidación de intereses moratorios desestimados por notoriamente improcedentes, aun cuando ello fuera estimado como una conducta temeraria y de mala fe, no puede ser motivo de condena en costas, pues dicha conducta se da fuera de un juicio que concluyó de manera favorable a la promovente de esos incidentes, por lo que sólo se trata de hacer efectivo con éstos, un derecho constituido, a saber, el atinente al cobro de intereses. Al respecto, cabe precisar que los llamados incidentes de liquidación de intereses por su naturaleza, no son incidentes sino accidentes, ya que se dan fuera de juicio con el fin de perfeccionar la condena decretada en éste, apartándose del desarrollo principal que se dio desde la demanda hasta la sentencia con la que concluyó el procedimiento, en el cual no incide, porque ni prejuzga ni influye en el fallo de fondo que se dictó, y al cual sólo busca cumplir. En efecto, el verdadero incidente es aquel que sobreviene dentro del juicio, interrumpiendo o no a éste, por tener relación inmediata o directa con el asunto principal, cuestión que no caracteriza a los incidentes de liquidación de intereses, y de ahí su carácter accidental. Por ende, los incidentes que son susceptibles de generar una condena en costas son los que realmente tienen esa naturaleza, esto es, los sustanciados dentro del procedimiento principal en el que se busca agilizar el dictado de la sentencia de fondo, de manera que se sanciona la conducta de quien busque entorpecer ese objetivo mediante maniobras dilatorias, como, verbigracia, los incidentes improcedentes planteados en el decurso procesal." Los conceptos de violación son infundados. Estudio de los conceptos de violación 1, 2, 3 y 4. Entre los derechos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluye el de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; lo anterior integra el derecho humano de seguridad jurídica, que tiene la finalidad de que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. El artículo 16 constitucional, párrafo primero, en lo relativo a la fundamentación y motivación, tiene como propósito primordial que el gobernado conozca el "por qué y para qué" de la conducta de la autoridad. Para satisfacer el principio de seguridad jurídica, la Constitución reconoce los derechos de audiencia y legalidad, esto es, formalidades básicas ineludibles que deben imperar al momento de emitir un acto de autoridad. Por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad; y la motivación se traduce en la expresión de razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Además, el derecho humano de legalidad implica una observancia ineludible al principio de congruencia y exhaustividad que debe contener toda resolución emitida por una autoridad jurisdiccional, el cual se refleja cuando la autoridad resuelve y contesta todo lo solicitado sin dejar de dar respuesta a lo expresamente planteado, ni añadir cuestiones no hechas valer. El mencionado principio, se refleja en el compromiso de atender de manera congruente e integral lo sometido a su consideración, tengan o no razón las partes, debiendo expresar según sea el caso, el por qué sí les asiste la razón o no, estableciendo los motivos lógico-jurídicos de su decisión; y claro, siendo acorde y constante con el curso legal que va adoptando el proceso durante su tramitación. Este deber se aterriza en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, cuyo contenido busca que quien se ve o se siente afectado con una resolución jurisdiccional, tenga margen o conocimiento de lo resuelto por el juzgador y los alcances de su resolución, para contar con la aptitud de poder controvertir las consideraciones expuestas por la autoridad jurisdiccional. Ahora bien, de la resolución reclamada se advierte que la Sala responsable sí se pronunció por cuanto al agravio formulado por el quejoso referente al caso fortuito o fuerza mayor que hubieren surgido como consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el covid-19. La Sala indicó que los agravios referentes a que el Aquo no tomó en cuenta el caso fortuito y fuerza mayor que se presentó derivado de la pandemia por COVID-19, resultaron inoperantes pues destacó que no estuvieron al alcance del juez de primera instancia sino que se trata de argumentos novedosos que no fueron parte de la litis de origen. Sostiene la Sala que esas cuestiones no fueron planteadas como excepción o defensa, motivo por el cual el juez carecía de facultades para analizarlos, que esto no constituye una omisión que implique una violación a la ley que deje sin defensa al recurrente, sino que, de estudiar una cuestión ajena a la litis, afectaría situaciones procesales resueltas en el juicio de origen. Lo que se considera correcto ya que del ocurso de contestación al incidente de ejecución de pago de rentas vencidas, se observa que el quejoso opuso como defensas y excepciones: La falta de acción y derecho del actor así como la de plus petitio. Indicó que fue incorrecta la cuantificación de rentas vencidas propuestas desde el mes de abril de dos mil diecinueve a octubre de dos mil veintiuno, ya que si la sentencia definitiva establece que éstas se generarán hasta que la misma cause ejecutoria, lo que ha de tomarse en cuenta es que esto ocurrió el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno en que se admitió el recurso de apelación interpuesto en su contra. Destacó que la apelación se admitió en efecto devolutivo, por lo que no se suspendió la ejecución, lo que implica que si se podía ejecutar, y se debe considerar que quedó firme la sentencia. Alegó también que al momento de su emplazamiento se señalaron bienes para embargo, los cuales deberán ser puestos a remate y con su producto hacerse pago de lo condenado. De lo narrado se evidencia que fue correcta la determinación de la Sala responsable al desestimar los agravios relativos al caso fortuito o fuerza mayor que pudieran haber surgido por la pandemia de Covid 19, ya que esa imposibilidad de cumplir cabalmente con sus obligaciones por la cuestión de la emergencia sanitaria no fue planteada como defensa o excepción por el quejoso al momento de contestar el incidente de origen. Lo que adquiere relevancia pues la controversia natural se formó con las pretensiones de la demanda incidental y las defensas y excepciones planteadas en la contestación. De ahí que, la Sala responsable estaba imposibilitada para analizarlas en fondo ya que, se omitió hacerlas valer al momento de contestar el incidente de ejecución, por tanto, la autoridad responsable no estuvo en condiciones de abordar su estudio, por no haber sido materia de valoración por el juzgador cuyo actuar estaba en revisión en la apelación que dio lugar al acto reclamado. Lo anterior encuentra apoyo por analogía, en la jurisprudencia 1a./J. 150/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 176604, en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, página 52, del tenor siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución recurrida." Por lo anterior, al pretender que la responsable analizara cuestiones novedosas en la litis incidental, resultan infundados los conceptos de violación descritos en los puntos 1, 2, 3 y4. Ahora, en lo tocante a los conceptos de violación 5, 6, 7 y 8, también son infundados como se explica. El quejoso señala que fue incorrecto el actuar de la Sala al imponerle una condena por costas cuando no se condujo con mala fe o temeridad en el incidente, que tampoco se ubicó en alguno de los supuestos previstos para ello en el numeral 140 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. Para una mejor comprensión se cita dicho precepto. "Artículo 140. La condenación en costas, se hará cuando así lo prevenga la Ley, o cuando, a juicio del Juez, se haya procedido con temeridad o mala fe. Siempre serán condenados: I.- El que ninguna prueba rinda para justificar su acción o su excepción, si se funda en hechos disputados; II.- El que presentare instrumentos o documentos falsos, o testigos falsos o sobornados; III.- El que fuere condenado en los juicios ejecutivo, hipotecario, en los interdictos de retener y recuperar la posesión, y el que intente alguno de estos juicios si no obtiene sentencia favorable. En estos casos la condenación se hará en la primera instancia, observándose en la segunda lo dispuesto en la fracción siguiente; IV.- El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la condenación comprenderá las costas de ambas instancias; V.- El que intente acciones que resulten improcedentes por falta de uno de los requisitos de procedibilidad de la misma, o haga valer excepciones notoriamente improcedentes; VI.- El que oponga excepciones procesales improcedentes o haga valer recursos e incidentes de este tipo, a quien no solamente se le condenará respecto de estas excepciones, recursos e incidentes, sino que si la sentencia definitiva le es adversa, también se le condenará por todos los demás trámites, y así lo declarará dicha resolución definitiva, y VII.- Las demás que prevenga este código." Del análisis de este precepto se advierte que existen dos tipos de condena por este concepto. Uno de manera subjetiva, cuando a criterio del juzgador alguna de las partes se ha conducido con temeridad y mala fe y otro objetivo, que no deja a criterio del juez esa condena, sino que ésta resulta obligatoria cuando se actualiza alguna de las hipótesis previstas en la ley. Esto se explica en la jurisprudencia 1a./J. 38/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2014331, de la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 190, que dice: "COSTAS. LA CONDENA EN TAL CONCEPTO QUE ESTABLECEN DIVERSAS LEGISLACIONES, SIN CONDICIONARLA A LA EXISTENCIA DE MALA FE O TEMERIDAD DEL LITIGANTE, NO LIMITA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. El hecho de que una legislación no condicione la condena al pago de costas a la existencia de mala fe o temeridad por parte del litigante que se inconforma con una sentencia de primer grado, no limita la garantía de acceso a la justicia contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no impide que los gobernados acudan a los tribunales solicitando que se les administre justicia, ni que éstos la impartan; además, la finalidad de este tipo de condena es asegurar a quien acudió a juicio a defender un derecho, respecto del cual su contraparte no logró demostrar todas sus pretensiones, ni aun apelando, que le fueran resarcidas las erogaciones causadas en un juicio que se vio forzado a seguir en dos instancias y no provocar la abstención de los posibles recurrentes que, teniendo a su alcance los medios de defensa legales, puedan impugnar una sentencia de primera instancia, pues el citado artículo 17 constitucional prevé que la administración e impartición de justicia debe darse en los plazos y términos que fijen las leyes, lo cual implica que éstos se fijen por el legislador ordinario en uso de su libertad de configuración, con tal de que lo establecido al respecto tenga un fin constitucionalmente válido. Así, el legislador, haciendo uso de esa libertad, ha establecido dos sistemas para la condena en costas, uno subjetivo, aplicable cuando a criterio del juzgador alguna de las partes se ha conducido con temeridad y mala fe y otro objetivo, que no deja a criterio del juzgador esa condena, sino que ésta resulta obligatoria cuando se actualiza alguna de las hipótesis previstas en la ley; es claro que si para la condena basta que el actor no obtenga sentencia favorable en alguna de las prestaciones reclamadas, excepto en costas, y que dicha determinación sea confirmada en alzada, es porque se basa en el sistema objetivo, lo cual no transgrede el citado derecho." Lo resaltado es propio. En el caso, la Sala responsable indicó que la condena en costas resultaba procedente con fundamento en la fracción IV del citado numeral 140. Es decir, cuando se actualicen dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva. Lo que sí se ajusta en la especie, ya que el quejoso fue condenado en el incidente de ejecución de sentencia al pago de $157,250.00 (ciento cincuenta y siete mil doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de rentas vencidas y ese resolutivo se confirmó en la sentencia de diez de mayo de dos mil veintitrés del toca ... que constituye el acto reclamado. Por tanto, sí existen dos sentencias condenatorias en contra del impetrante, que actualizan la aplicación de la fracción IV del artículo 140 que dispone la condenación de costas en esta hipótesis. Además, no basta que refiera que se trata de un incidente tramitado en ejecución de sentencia y que por ello no es factible dicha condena, pues contrario a lo que afirma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que sí es procedente efectuarla en los incidentes dictados en esa etapa procesal e incluso que sí es factible hacerlo cuando existan dos sentencias conformes de toda conformidad, tal y como ocurre en el caso. Esto, como se ve de la jurisprudencia 1a./J. 8/2009, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 167740, en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, marzo de 2009, página 106, que dice: "COSTAS. PROCEDE SU CONDENA EN LA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE UN INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA, CUANDO EXISTAN DOS SENTENCIAS CONFORMES DE TODA CONFORMIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1084, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y 140, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). En el incidente de liquidación de sentencia, como en cualquier diligencia tramitada ante un órgano jurisdiccional, se generan costas, y aunque en principio cada parte es inmediatamente responsable de su erogación, puede surgir la obligación procesal de indemnizar las costas a cargo de quien prolongó injustificadamente el trámite incidental mediante la interposición del recurso de apelación. Ello conforme al sistema de la compensación o indemnización obligatoria, basado en el principio de la justa composición de la litis establecido en los artículos 1084, fracción IV, del Código de Comercio y 140, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de cuyo análisis se advierte que en la interlocutoria que resuelve un incidente de liquidación de sentencia procede la condena en costas cuando existan dos sentencias conformes de toda conformidad, en virtud de que: (i) dichos incidentes constituyen un procedimiento contencioso en el que la cuestión a resolver es el cálculo del monto de una condena ilíquida establecida en la sentencia definitiva; (ii) el objeto de dichos incidentes consiste en dilucidar un aspecto esencial de la litis principal, de manera que el incidente de liquidación debe considerarse una extensión del juicio; y, (iii) la condena en costas en estos términos obedece al propósito del legislador de garantizar una justa composición de la litis y evitar la prolongación injustificada del procedimiento, mediante la obligación indemnizatoria impuesta a quien incita la actividad jurisdiccional en la segunda instancia." Incluso se aprecia que la tesis I.3o.C.547 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que cita en apoyo a sus conceptos de violación de rubro: "COSTAS. NO PROCEDE LA CONDENA RELATIVA EN LOS INCIDENTES DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 140 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL", fue superada por contradicción, de la que derivó el criterio contemplado en la jurisprudencia 1a./J. 8/2009, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previamente citada en este fallo. Ante ello, al resultar fundada la condena en costas decretada por el Ad quem por estar ajustada al supuesto establecido en el precepto 140 fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, es que se consideran infundados los conceptos de violación identificados como 5, 6, 7 y 8. Ante lo infundado de los motivos de disenso, lo conducente es NEGAR LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. Lo anterior se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos al juez y actuario responsables. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 88, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS." Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 1, 73 a 77, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Carlos Sánchez Soria, contra actos de la Séptima Sala, Juez y Actuario adscritos al Juzgado Sexagésimo Tercero, todos de lo Civil de la Ciudad de México, por los motivos expuestos en el último considerando. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de .., Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
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