Carlos Sánchez Rugerio
Expediente 1056/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1056/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Carlos Sánchez Rugerio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso, en atención a su contenido, dígasele que deberá estarse a lo acordado en auto de dos de diciembre del presente año, en el cual causo estado el auto que desechó la demanda de amparo, y se ordenó la devolución de los documentos que anexó a la misma.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ya feneció el plazo de cinco días, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de doce de noviembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Se establece que el presente expediente carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral; lo anterior, hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda a este Juzgado Federal a recoger los documentos que exhibió en el presente sumario, apercibida que de no hacerlo, en el referido plazo, dichos documentos serán destruidos. Finalmente, procédase a la destrucción del presente expediente, una vez que haya transcurrido el plazo de tres años.
- Principal
Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte QUEJOSA, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el AVISO JUDICIAL en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL AUTO DE DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve ***. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 1056/2021-L. Ahora bien, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos fundamentales por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Así las cosas, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama la omisión de dar contestación al escrito presentado ante la responsable el uno de octubre del presente año. En el caso concreto, este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 6º de dicha ley. En efecto, los artículos 6º y 61, fracción XXIII, de la ley de la Materia establecen: "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." "Artículo 61. El juicio de amparo, es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". De la interpretación literal del artículo 6 de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo sólo puede promoverlo la persona directamente agraviada por la ley o acto que estime violatorio de derechos humanos. Por otra parte, sobre el concepto de agravio personal y directo para la procedencia del juicio de amparo, debe señalarse que la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el acto reclamado debe causar perjuicio a la persona física o moral, lo que ocurre cuando ese acto lesiona su esfera jurídica, en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional; sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Así, por "agravio" debe entenderse todo menoscabo, toda ofensa a la persona, física o moral; luego, cuando se aduce que este debe de ser "personal" se refiere a que el agravio debe recaer en una persona determinada, concretarse en esta, no ser abstracto ni genérico; mientras que cuando se dice que el agravio debe ser "directo" lo que se intenta es reconocer la afectación real y no de carácter simplemente subjetivo, es decir, debe ser de realización pasada, presente o inminente; es decir, haberse producido, estarse efectuando en el momento de la promoción del juicio o ser inminente, no simplemente eventual, aleatorio, hipotético. Así, por "agravio" debe entenderse todo menoscabo, toda ofensa a la persona, física o moral; luego, cuando se aduce que este debe de ser personal se refiere a que el agravio debe recaer en una persona determinada, concretarse en esta, no ser abstracto ni genérico; mientras que cuando se dice que el agravio debe ser directo lo que se intenta es reconocer la afectación real y no de carácter simplemente subjetivo, es decir, debe ser de realización pasada, presente o inminente; es decir, haberse producido, estarse efectuando en el momento de la promoción del juicio o ser inminente, no simplemente eventual, aleatorio, hipotético. Lo anterior significa, que el juicio de amparo sólo podrá promoverse cuando el acto reclamado cause un perjuicio personal y directo a la persona física o moral, y de no ser así, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6°, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Ahora bien, como quedó precisado, el quejoso reclama la omisión de dar contestación al escrito presentado ante la responsable el uno de octubre del presente año, la cual a la fecha en que promueve su demanda de amparo (once de noviembre de dos mil veintiuno), aduce no se ha dictado un acuerdo en contestación al escrito de mérito. Sin embargo, es de considerar lo establecido en el artículo 19, fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el cual establece lo siguiente: "(.) Artículo 19. (.). Fracción IV. Ejercer ante las autoridades estatales y municipales, el derecho de petición, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los titulares y encargados de las dependencias de los poderes del Estado, organismos autónomos y municipios, deberán en un término que no exceda de treinta días hábiles contados a partir de la fecha en que un particular ingrese su petición por escrito, de responder en la misma forma el acuerdo derivado de su petición.". Del precepto invocado se advierte que la Constitución del Estado de Tlaxcala, prevé que el término para la contestación al derecho de petición es de treinta días hábiles; de ahí que en el caso de concluya que a la data de la presentación de la demanda no se ha actualizado en contra de la parte quejosa un agravio. Lo anterior, dado que la petición cuya respuesta reclama la parte quejosa, se realizó mediante escrito presentado el uno de octubre de dos mil veintiuno, ante la autoridad responsable. En ese sentido, como se mencionó, las autoridades responsables deben de responder en un término que no exceda de treinta días hábiles contados a partir de la fecha en que un particular ingrese su petición por escrito, siendo que en el caso, el plazo para contestar tal petición vence el diecisiete de noviembre del presente año; esto es, tres días posteriores a la presentación de la demanda de amparo que instó el presente sumario, ello, descontando los días dos, tres, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de octubre, uno, dos, seis, siete, trece y catorce de noviembre, todos de dos mil veintiuno, al ser inhábiles así como el quince del mes en curso en términos del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. Lo expuesto anteriormente demuestra que el peticionario de amparo a la fecha de presentación de la demanda no había sufrido afectación real y actual a su derecho de petición, pues la autoridad señalada como responsable se encuentra en aptitud de dar contestación al escrito formulado por el quejoso dentro del plazo previsto en la Constitución local, lo que puede estar pendiente de notificación. Consecuentemente, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos numeral 1°, fracción I y 5°, fracción I, de la ley de la materia, por tanto, lo procedente es desechar la demanda de derechos fundamentales. Por otra parte, se tiene como domicilio el que indica y como autorizado en términos amplios a ***, toda vez que el mismo cuenta con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, solo para oír y recibir notificaciones a la diversa persona que refiere por así solicitarlo de manera expresa. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad del secretario la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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