Carlos Sánchez Juárez
Expediente 842/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 842/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Carlos Sánchez Juárez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de catorce de diciembre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente de ésta; en específico en su artículo 35. Orden de archivo, este juzgador determina que el presente expediente carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del citado Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con el artículo 21 del citado Acuerdo General este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años después de ser conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional, una vez destruido deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, publicado el 31 de julio de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, en específico en su artículo 2, se levanta la suspensión de los plazos y términos en este expediente, decretada del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en sesión extraordinaria de veinte de diciembre pasado, por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, e informada mediante la circular CAP/3/2020. Por consiguiente, se prosigue con el trámite del presente asunto en la etapa procesal en que se encontraba, previo a la suspensión indicada en el párrafo que antecede. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de diciembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por Carlos Sánchez Juárez, contra actos del Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente electrónico e impreso con el número 842/2020 y regístrese en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). La demanda de garantías debe desecharse de plano, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo. Del análisis de la demanda de garantías, se advierte que el quejoso Carlos Sánchez Juárez, reclama del Delegado Estatal del Instituto De Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, en lo medular: En la resolución definitiva que decretó mi pensión por folio ISSSTE: 20000161648401, de fecha dieciséis de abril de dos mil veinte, por el encargado del Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el que se consignó una cuota diaria de $849.87 (OCHOCIENTOS CUARENTA y NUEVE PESOS 87/100 M.N.), para calcular el importe del monto mensual de mi pensión por jubilación, no obstante que la cuota diaria debe ser de $1,232.20 (UN MIL DOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.); ya que durante el último año anterior a mi baja en el trabajo, el promedio de mi sueldo básico mensual era de $38,208.92 (TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 92/100 M. N.). Ahora bien, el artículo 1º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dicen: "ARTÍCULO 1o.- Los juicios que se promuevan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se regirán por las disposiciones de esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte. A falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre que la disposición de este último ordenamiento no contravenga las que regulan el juicio contencioso administrativo federal que establece esta Ley. Cuando la resolución recaída a un recurso administrativo, no satisfaga el interés jurídico del recurrente, y éste la controvierta en el juicio contencioso administrativo federal, se entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte que continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso. Asimismo, cuando la resolución a un recurso administrativo declare por no interpuesto o lo deseche por improcedente, siempre que la Sala Regional competente determine la procedencia del mismo, el juicio contencioso administrativo procederá en contra de la resolución objeto del recurso, pudiendo en todo caso hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso". "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. (.)". De ahí, que el citado acto controvertido atribuido al Delegado Estatal del Instituto De Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, es susceptible de ser impugnado ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mediante el Juicio Contencioso Administrativo Federal, que en términos de su numeral 28 no requiere mayores requisitos que la Ley de Amparo exige para la procedencia de la suspensión del acto reclamado. Luego, la parte quejosa debió agotar en contra del acto que impugna en esta instancia constitucional el Juicio Contencioso Administrativo Federal, dado que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, regula la tramitación del citado procedimiento. Sin que sea óbice que la parte agraviada aduzca entre las violaciones reclamadas vicios de fundamentación y motivación, lo que implica considera vulneradas las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal; no por ello puede considerarse se esté en presencia de excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, pues de estimar procedente el juicio de amparo por el simple hecho de hacer referencia a violaciones de preceptos constitucionales, sin que el afectado cumpla la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que establece la ley ordinaria que estima infringida, haría imperativo el criterio de los quejosos para optar, entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 130/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO" Así como la jurisprudencia 2a./J.19/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". De igual forma, en lo conducente, la tesis sostenida por el entonces único Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, visible en la página 648 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989, con el rubro: "RECURSOS ORDINARIOS, DEBEN AGOTARSE LOS, PREVIO AL JUICIO DE GARANTÍAS AUN Y CUANDO SE ALEGUEN VIOLACIONES A PRECEPTOS CONSTITUCIONALES. Este último criterio invocado, a pesar de haber sido integrado conforme a la Ley de Amparo anterior, resulta aplicable al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se opone a ésta. En ese contexto, al no agotar la parte quejosa, previamente a la promoción del juicio de amparo, el medio ordinario de defensa previsto por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por virtud del cual pudo haberse modificado, revocado o nulificado los actos reclamados, se actualiza la citada causal improcedencia, que impone desechar de plano la demanda de garantías, atento a lo establecido por el numeral 113 de la Ley de Amparo. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado, y como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Demetrio Tomás Cruz Cruz, y únicamente para oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos a las diversas personas que refiere. Así también, con apoyo en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, publicado el 31 de julio 2020, en el Diario Oficial de la Federación (vigente a partir del 3 de agosto de 2020), se le tiene proporcionando el correo electrónico franklinopez887@hotmail.com y el número telefónico 9514577354, únicamente como formas de contacto (no para establecer comunicaciones procesales), pues las notificaciones en este asunto se continuarán haciendo en los términos que establece la Ley de Amparo. Ahora bien, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de amparo, se autoriza el nombre de usuario DEMTOMCRUZ del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para recibir notificaciones de manera electrónica en el presente juicio. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto, y entregue los oficios que del mismo deriven. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán su suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,308 expedientes
- Carlos Rodrigo Sosa Durán359/2020
- Carlos Rodrigo Sosa Durán1564/2015
- Carlos Rodrigo Sosa Durán382/2020
- Carlos Rodriguez Gil902/2017
- Carlos Rogelio Ojeda Matus1567/2015
- Carlos Romero Velásquez1686/2016
- Carlos Soria Reyes1432/2014
- Carlos Sumano Méndez488/2021
- Carlos Vasconcelos Beltrán931/2015
- Carlos Vasconcelos Beltrán1674/2015
- Carlos Vasconcelos Beltran336/2015
- Carlos Vásquez Rebollar836/2016