Carlos Sánchez Jaime
Expediente 794/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 794/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/07/2016
Partes del expediente
- Carlos Sánchez Jaime
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y como ha transcurrido el plazo de diez días establecido en el artículo 86 en relación con el 81, fracción I, inciso d), de la legislación referida, sin que el quejoso, a quien pudiera causarle perjuicio, haya interpuesto recurso de revisión contra el auto por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; se declara que éste ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este asunto como concluido, se hace la indicación que el presente expediente es susceptible de destrucción.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, agréguense a los autos para los efectos legales a que haya lugar, se precisa que las constancias remitidas por el oficiante cuentan con pleno valor probatorio; por tanto, tal circunstancia actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, , debe decretarse el sobreseimiento en este juicio de amparo, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas del once de julio del año en curso.
- Principal
Se hace efectivo el apercibimiento decretado en aviso de 24/06/2016 y se notifica por lista a la parte quejosa el acuerdo dictado el veintitres de junio del actual, que en sintesis dice: Visto el oficio de cuenta, agréguense a los autos para los efectos legales a que haya lugar, se precisa que las constancias remitidas por el oficiante cuentan con pleno valor probatorio; por tanto, tal circunstancia actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, , debe decretarse el sobreseimiento en este juicio de amparo, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas del once de julio del año en curso.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos, se advierte que a fin de cumplir con los lineamientos fijados en la ejecutoria de diez de mayo de dos mil doce, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Segunda Región con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en el expediente auxiliar R-279/2012, formado con motivo del amparo en revisión administrativo R-64/2012, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en la que se revocó la sentencia dictada en el presente juicio el diecinueve de octubre de dos mil once, por el Juez Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, y se ordenó la reposición del procedimiento; este juzgado debe corroborar, entre otras cosas, si los actos reclamados afectan los terrenos cuya titularidad agraria corresponde a los bienes de la comunidad quejosa. Además, el motivo esencial de la reposición del procedimiento consistió, esencialmente, en que el tribunal colegiado consideró que la prueba pericial en topografía rendida en los autos del presente juicio de amparo indirecto, no resultaba apta para establecer los extremos necesarios para la decisión que este juzgado debía emitir en relación con las cuestiones de improcedencia del juicio invocados por las autoridades responsables y, en su caso, el fondo de la cuestión planteada por la comunidad quejosa. Sobre esa base, el Tribunal Colegiado ordenó la reposición del procedimiento para que se recabe la prueba pericial en topografía en la que se determine con claridad si los actos reclamados afectaron los terrenos cuya titularidad agraria corresponde al comisariado comunal de San Juan Coapanoaya, por tratarse de bienes comunales reconocidos en su favor. Ahora bien, del análisis preliminar que se realiza del dictamen emitido por el perito oficial Antonio Ramos Rodríguez, a fin de corroborar si se cuenta con los elementos necesarios para resolver el presente asunto, se advierte que el experto manifiesta que el núcleo agrario quejoso fue expropiado en su totalidad mediante resolución presidencial de diez de julio de mil novecientos setenta y cinco. Al desahogar la vista que se le dio con el referido dictamen, la autoridad responsable Centro SCT México de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, con base en la afirmación hecha por el perito, solicita que se sobresea en el presente juicio por estimar que los actos reclamados no le generan un daño a la comunidad quejosa. Lo anterior genera incertidumbre respecto la vigencia y validez del referido decreto expropiatorio y, en consecuencia, no es posible tener certeza de que a la comunidad quejosa le corresponden los derechos agrarios que pretende defender en el presente juicio. En mérito de lo anterior con apoyo en el ordinal 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria el ordinal 2° de la Ley de Amparo se solicita al Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional a efecto de que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, explique a esta autoridad federal cuál fue el acto jurídico que originó la insubsistencia de la expropiación de diez de julio de mil novecientos setenta y cinco. En el entendido que de no hacerlo así, o bien, de no informar la imposibilidad que tenga para ello en el plazo concedido, podrá hacerse acreedor a una multa equivalente a diez veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 59, fracción I, del código en cita, así como de los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, los cuales facultan a este órgano jurisdiccional para hacer uso de medidas de apremio con la finalidad de hacer cumplir sus determinaciones.
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