Carlos Sánchez Gutiérrez

Expediente 921/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
921/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
01/12/2022

Partes del expediente

  • Carlos Sánchez Gutiérrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el término de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para impugnar el auto de diez de noviembre del año en curso, emitido en el presente juicio de garantías, transcurrió para la parte quejosa del catorce al veinticinco de noviembre de la presente anualidad; para la autoridad responsable del dieciséis al treinta de noviembre y para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito del once al veintiocho último, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de queja; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la invocada ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su numeral 2°, se declara que aquél HA CAUSADO ESTADO. Dése el aviso correspondiente a las autoridades responsables, glósese el original del incidente de suspensión; y en virtud de que en este cuaderno no hay documentos importantes y/o relevantes, previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, ADSCRITA A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA FABIOLA GUADALUPE ZAMORA ROMERO, mediante el cual rinde su informe justificado. Por otra parte, con sustento en el referido numeral y el diverso 119 del citado ordenamiento, se tiene como prueba documental de la aludida autoridad, la copia certificada que acompaña a su ocurso, la que se desahoga en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Ahora bien, en el caso se advierte de autos, que la quejosa reclama de la aludida autoridad ministerial: "El acuerdo de 27 de septiembre de 2022, emitido en la averiguación previa ****, en la parte media el cual se determina: NO HA LUGAR A ACORDAR DE CONFORMIDAD SOLICITUD, relativa a admitir y recabar como medios de prueba las documentales denominadas NÚMEROS GENERADORES DE TRABAJOS REALIZADOS en la obra pública ESTELA DE LUZ, con sus documentos base que se anexaban, entre otros, planos, croquis, matriz de precios, autorizaciones de trabajo, fotografías, así como ESTIMACIONES correspondientes a la obra pública ESTELA DE LUZ, con sus documentos base que se anexaban, entre otros, planos, croquis, matriz de precios, autorizaciones de trabajo, fotografías." Debe puntualizase que para un Juzgado de Distrito un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan, por tratarse de actuaciones realizadas por el propio órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2°, que establece la facultad del juzgador de invocarlos hayan sido o no alegados por las partes y en la jurisprudencia, de rubro: Expuesto lo anterior, cabe precisar que en los autos de este sumario, obra agregado oficio de veintisiete de octubre del dos mil veintidós, signado por la autoridad responsable, en el cual señala y acredita que el siete de octubre pasado, ejercito acción penal en la averiguación previa *****, de la cual por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Sexto de Procesos Penales Federales del Primer Circuito. Asimismo, en el informe justificado de cuenta, se advierte que la referida ministerial, se pronunció en el mismo sentido. Considerando que previo al estudio de fondo se debe verificar la procedencia del juicio de garantías, lo aleguen o no las partes, ya que de actualizarse alguna causa de inejercitabilidad impide el análisis del acto reclamado, según lo dispuesto en el numeral 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, el suscrito advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII de la ley reglamentaria Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, por ser el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del Máximo Tribunal Constitucional del país ha interpretado diversos requisitos de procedencia del juicio de garantías, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Ahora bien, en el caso concreto, aun cuando subsiste el acuerdo de veintisiete de septiembre de veintidós, emitido en la averiguación previa número ****, mediante el cual se acordó en sentido negativo las solicitudes relativas a "admitir y recabar como medios de prueba diversas documentales"; de autos se desprende que el siete de octubre de dos mil veintidós, se ejerció acción penal y consignó la averiguación previa *****; lo cual constituye un obstáculo para su enjuiciamiento constitucional, habida cuenta que para el hipotético caso de concluirse que el acto reclamado adolece de constitucionalidad, jurídicamente se tornaría imposible restituir al citado quejoso en el goce de sus derechos violados, tornando ociosa una eventual concesión de la protección solicitada. Por los motivos anteriores, es válido sostener que aun cuando existe el acto reclamado no puede surtir efectos legales o materiales, dado el estado en que se encuentra la averiguación previa (consignada), por lo cual la situación jurídica que surgió con motivo del acto de autoridad se modificó; por tanto, no serán motivo de análisis a la luz de los conceptos de violación, pues a ningún fin práctico conllevaría una eventual concesión del amparo solicitado. Lo anterior, pues se insiste que la consignación provocó el cambio de entorno del acto analizado y con ello la actualización de la causal de improcedencia analizada, será materia de escrutinio en la presente determinación. Por tanto, se sobresee fuera de audiencia en este juicio de amparo Por lo expuesto, comuníquese a las partes que se dejan sin efectos la fecha y hora señaladas para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. En otro aspecto, también glósese el escrito signado por el quejoso *****, en el cual solicita a este órgano jurisdiccional requerir al Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, información del estado procesal de la averiguación previa que fue consignada y le correspondió conocer por turno; sin generar mayor proveído por las consideraciones vertidas en los párrafos que anteceden a su petición.

  3. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que a las DOCE HORAS CON QUINCE MINUTOS de esta fecha, se llevaría a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; sin embargo, del estado procesal que guardan los autos se aprecia que se encuentra transcurriendo el término de quince días para que la autoridad responsable rinda su informe justificado. En tal virtud, la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy, SE DIFIERE, y se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL SIETE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio suscrito por la Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la Fiscalía General de la República, en el cual remite información solicitada en proveído de veinticinco de octubre del año en curso.

  4. Incidental

    Glósese a los autos los oficios signados por la Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrita a la Unidad Especializada en investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la Fiscalía General de la República, con los que informa y acredita, haber dado cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veinticuatro de octubre del año en curso, y al efecto comunica que se encuentra imposibilitada jurídica y materialmente para acatar la suspensión dictada en el presente incidente, por las razones que expone; de lo cual se toma conocimiento.

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