Carlos Said González Rosas
Expediente 1211/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 36 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1211/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 27/09/2021
Partes del expediente
- Carlos Said González Rosas
- Selene Rosas Méndez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Principal
I. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que han transcurrido los quince días para interponer el recurso a que se refiere el artículo 201 de la Ley de Amparo, contra la declaratoria de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, a través de la cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo y, puesto que no se ha impugnado, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara firme el auto referido. II. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes, y toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. para su conservación; además, de que se concedió el amparo solicitado, entonces, es DEPURABLE; y en esos términos indíquese en la carátula del expediente En atención a que el asunto se clasificó como DEPURABLE, una vez transcurridos tres años a partir de la fecha del acuerdo de archivo, depúrese y transfiérase el expediente al Centro de Documentación y Análisis, atendiendo a las formalidades señaladas en los artículos 26, 27 y 28 del ACJF.
- Incidental
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y toda vez que en esta fecha se ordenó el archivo del juicio principal, se provee lo siguiente: I. Archivo Se ordena el archivo del cuaderno original de suspensión por un plazo de tres años, computados a partir de esta fecha, y en esos términos indíquese en la carátula del expediente. El presente asunto carece de relevancia documental pues el juicio principal se clasificó en esos términos, además, se concedió la medida suspensional tanto provisional como definitiva, el cuaderno original es DEPURABLE. En atención a que el asunto se clasificó como DEPURABLE, transcurridos tres años a partir de la fecha del archivo, procédase a su depuración en términos de los artículos 21, 22, 23 y 24 del ACJF y el Manual respectivo.
- Principal
Agréguese a los autos, sin mayor pronunciamiento, el oficio con anexo de cuenta, por medio del cual, la Directora de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, en Tehuacán, Puebla, remite constancias en relación con el cumplimiento al fallo protector, toda vez que por declaratoria de cumplimiento de diecisiete de mayo del año en curso, este juzgado tuvo por cumplido el fallo protector.
- Principal
Vistas las certificaciones de cuenta, se advierte que la vigencia del Acuerdo General 21/2020 fue ampliada por el similar 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal del tres de agosto de dos mil veinte al treinta de junio de dos mil veintiuno y que transcurrió el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa en proveído de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto de las actuaciones realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, derecho que hizo valer mediante escrito presentado en este juzgado el treinta de abril de dos mil veintiuno; en consecuencia, se procede a verificar con base en las constancias que integran el presente juicio, si se cumplió o no con la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ahora bien, de las documentales remitidas por las autoridades responsables, las cuales tienen pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, constató que la escuela .............., cuenta con el servicio de agua, institución en la que el menor quejoso se encuentra estudiando y, destacó como hecho notorio el contenido del acta circunstanciada de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, en que se hizo constar que nunca dejó de proporcionar el abastecimiento agua; por ende, sigue activo dicho servicio. Asimismo presentó un acuerdo de pago con la titular del servicio contratado; hecho lo anterior, el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, acudió a las instalaciones de la escuela para asegurar que al menor quejoso le sea suministrado en forma regular el servicio de agua potable a que tiene derecho. En tales condiciones, este órgano de control constitucional considera que la autoridad responsable demostró haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, se tiene por cumplida la sentencia dictada por este juzgado de Distrito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la ley de la materia. Sin que sea óbice a lo anterior, las manifestaciones que realiza la parte quejosa, al estimar que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento, pues refiere que la autoridad responsable debe verificar el número de alumnos, personal docente y administrativo, para determinar el número de litros diarios de agua que se debe suministrar a la escuela; para lo cual es necesario un instrumento de medición de agua, además de que el acuerdo presentado para poder cumplir con los pagos correspondientes es obligación de la Secretaría de Educación Pública. No le asiste razón, pues parte de una premisa inexacta dado que las autoridades responsables sí acataron los lineamientos del fallo protector y demostraron el suministro del servicio de agua potable, tanto a la escuela como al quejoso; por lo que, si bien la reparación es integral en materia de amparo, también es cierto que sus alcances deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración con la etapa procedimental en la que se sitúa, atento a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias de amparo. De ahí que las autoridades responsables deben atender puntualmente los efectos de las ejecutorias de amparo porque las consideraciones y los lineamientos constituyen las premisas que justifican, precisan o determinan el alcance y sentido de los efectos del fallo protector; por lo que en la presente declaratoria no es posible atender las manifestaciones tendentes a controvertir la legalidad de las actuaciones realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento al fallo protector. Por ende, se deja a salvo del presente estudio, únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento para que, en su caso, se examinen en un nuevo juicio; de ahí que no ha lugar acordar de conformidad su petición, puesto que en líneas precedentes quedó demostrado que la ejecutoria de amparo sí está cumplida. La fecha en que se llevó a cabo el cumplimiento por parte de la responsable ocurrió el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, constancias que se recibieron en la oficialía de partes de este juzgado federal el veintitrés siguiente y con su contenido se ordenó dar vista a la parte quejosa en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo mediante proveído de veintiséis de ese mes y año.
Quedan 32 actuaciones en este expediente
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