CARLOS RUIZ RAMÍREZ y Otros.

Expediente 49/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
49/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
19/01/2022

Partes del expediente

  • CARLOS RUIZ RAMÍREZ y Otros.
  • Carlos Ruiz Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Con el oficio suscrito electrónicamente por el Secretario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta población, al que anexa el original de la demanda de amparo promovida por ""....."" endosatario en propiedad de ""......."", y copias relativas a la misma; ello, dado que citada autoridad declina la competencia del juicio de amparo "....."" de su índice, por haber sido señalado en la misma como autoridad responsable; en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 49/2022. Aceptación de la competencia Este órgano de control constitucional comparte las consideraciones del Juzgado declinante, por lo que acepta conocer de la demanda de amparo de que se trata; acúsese recibo. Causal de improcedencia. En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que de la autoridad responsable, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, la parte quejosa reclama: La sentencia interlocutoria de aprobación de remate en primera almoneda, celebrado en autos del juicio ejecutivo mercantil ""......"", promovido por ""..........."", endosatario en propiedad de ""......"", parte actora, en contra de los demandados""........"", en los autos del juicio ejecutivo mercantil ""....."". Contra ese reclamo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso, previo a la presentación de su demanda de amparo, debió impugnar mediante el recurso de apelación la sentencia interlocutoria a que hace alusión. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." Del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, es decir, que no sean definitivas o que sean susceptibles de reparación ante la potestad común. Luego, de la disposición legal transcrita se puede establecer que para que se actualice la causa de improcedencia referida, es necesario que concurran los siguientes elementos: I. Que el acto reclamado provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; II. Que la ley ordinaria conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; III. Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; IV. Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada, y V. Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el propio precepto. Cobra aplicación a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia 85 del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." En ese sentido, cabe señalar que el principio de definitividad consiste en la obligación de los impetrantes de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa que la ley ordinaria establezca y que puedan revocar, modificar o anular el acto reclamado. Dicho principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, previo a solicitar la protección de la Justicia de la Unión. Con esa base, para sostener la actualización de la causal de improcedencia citada contra el acto reclamado, indefectiblemente debió haber sido recurrido mediante el medio de defensa ordinario previsto en la legislación adjetiva que lo rige, ello porque el peticionario del amparo debió agotar el recurso de apelación, previo a ejercer la acción de amparo, lo que en la especie no aconteció. Aún, en el supuesto de que el mencionado acto reclamado constituyera un acto de ejecución irreparable, no implicaría que la parte quejosa no se encontrara obligada a agotar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, debido a que el juicio de amparo indirecto procede respecto de ese tipo de actos, siempre y cuando se agoten los recursos ordinarios a través de los cuales se puedan modificar, revocar o nulificar los actos reclamados, por los medios ordinarios de defensa correspondientes; así como, tampoco se está en algún caso de excepción que establece el artículo XVIII, inciso b), de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 11/2018, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. [Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Décima Época, Décima Época, Registro: 2017117, Página: 8]. Precisado lo anterior, como se anunció al inicio de esta determinación, es incuestionable concluir que el promovente de la acción constitucional, no agotó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, en virtud que en contra de la sentencia interlocutoria reclamada, procede el recurso de apelación, pues al respecto existe criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual al aplicarla por analogía, contiene suficientes lineamientos para orientar esta determinación, con datos de identificación 1a./J. 13/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 112, Tomo IX, Mayo de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Materia(s): Civil, Novena Época, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA MERCANTIL, RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN. El artículo 1341 del Código de Comercio, no distingue para efectos de procedencia del recurso de apelación, que se trate de resoluciones o autos emitidos antes de que se dicte sentencia definitiva, antes bien, la interpretación lógica y jurídica de dicho precepto debe ser en el sentido de que los pronunciados en ejecución de sentencia, al no existir posibilidad jurídica y material de que se revisen en la sentencia definitiva porque ésta ya se dictó, deben ser recurribles en apelación, a condición de que causen un gravamen que no pueda repararse en la resolución que ponga fin al procedimiento de ejecución y de que el interés del asunto exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general vigente, en la fecha de interposición en el lugar en que se ventile el procedimiento, de conformidad con el diverso artículo 1340 del propio ordenamiento legal." Lo resaltado es propio. En este criterio se establece que el artículo 1341 del Código de Comercio, no distingue para efectos de procedencia del recurso de apelación, que se trate de resoluciones o autos emitidos antes de que se dicte sentencia definitiva, por lo que la interpretación lógica y jurídica que de dicho precepto hizo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue en el sentido de que los pronunciados en ejecución de sentencia, al no existir posibilidad jurídica y material de que se revisen en la sentencia definitiva porque ésta ya se dictó, deben ser recurribles en apelación, a condición de que causen un gravamen que no pueda repararse en la resolución que ponga fin al procedimiento de ejecución y de que el interés del asunto exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general vigente, en la fecha de interposición en el lugar en que se ventile el procedimiento, de conformidad con el diverso artículo 1340 del propio ordenamiento legal. Esta jurisprudencia es clara en que la regla de procedencia del recurso de apelación, prevista en el artículo 1341 del citado código no sólo aplica para actos dictados dentro del juicio, sino de manera extensiva también para los emitidos en ejecución de sentencia. Siguiendo esa línea de interpretación, es incuestionable concluir que el promovente de la acción constitucional, no agotó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, en virtud de que la sentencia interlocutoria reclamada satisface la hipótesis del artículo 1340 del Código de Comercio, en el que establece que procede el recurso de apelación, a la luz del precepto 1341 del mismo ordenamiento, ambos vigentes en la fecha en que se dictó la sentencia definitiva en el juicio de origen que establecían: "Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $ "".......""" por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339. Artículo 1341.- Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, ó si la ley expresamente lo dispone." Es así, porque el acto reclamado se trata de una sentencia interlocutoria en la que el Juez se negó aprobar el remate en primera almoneda, siendo apelable la definitiva al ser un asunto de cuantía mayor ($ ""......"" ""......"") -suerte principal-; por tanto, previo a interponer el juicio de amparo indirecto en su contra, debió de observarse el principio de definitividad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 95/2013 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 180, Tomo 1, Noviembre de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Materia(s): Civil, Décima Época, de rubro y texto: "APELACIÓN EN EL JUICIO MERCANTIL. PARA LA PROCEDENCIA DE DICHO RECURSO POR RAZÓN DE LA CUANTÍA DEBE ATENDERSE, POR REGLA GENERAL, A LA NORMA VIGENTE AL MOMENTO DE APELAR, SALVO QUE EXISTAN DERECHOS ADQUIRIDOS O DISPOSICIONES TRANSITORIAS QUE PREVEAN UNA VIGENCIA ESPECÍFICA DEL SUPUESTO NORMATIVO. La norma aplicable para determinar la procedencia del recurso de apelación en razón de la cuantía del juicio, prevista en los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, debe ser la vigente al momento de actualizarse el supuesto respectivo, al ser de carácter procesal, es decir, cuando llegue el momento de apelar la sentencia, como regla general. Lo anterior, porque de acuerdo con las teorías de los derechos adquiridos y de los componentes de la norma, en las cuales se ha apoyado esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar la vigencia de las leyes en el tiempo, las facultades y cargas procesales de las partes se concretan en la etapa para la cual están previstas, de suerte que mientras no se actualice el supuesto normativo, el derecho no se ha adquirido sino sólo constituye una expectativa de derecho, y si la norma cambia antes de llegar a la etapa correspondiente, una vez actualizada ésta debe regir la nueva norma. Y lo mismo puede sostenerse bajo la teoría de los componentes de la norma, porque hasta que el procedimiento llega a cierta etapa tiene lugar el supuesto y, por tanto, también su consecuencia. Sin embargo, sobre dicha norma general se advierten dos excepciones que derivan: 1) de las normas transitorias de los decretos de reformas a tales preceptos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril y el 30 de diciembre de 2008, respectivamente, donde el legislador dispuso expresamente que las nuevas reglas no serían aplicables a juicios cuya demanda se hubiera admitido con anterioridad a la entrada en vigor del primer decreto (90 días después de su publicación); y, 2) del derecho adquirido por las partes que, antes de la reforma publicada en el mismo medio de difusión oficial el 9 de enero de 2012, hubieran interpuesto y se les hubiera admitido recurso de apelación preventiva, pues con esto se generó en su favor el derecho de apelar contra la sentencia definitiva, del cual no puede privárseles con la nueva regla que incrementa el importe mínimo del negocio para admitir el recurso respectivo, porque entonces ésta sería retroactiva en perjuicio de los interesados. Lo anterior, en el entendido de que el juzgador no debe desconocer la facultad de las partes de renunciar a los recursos a que tienen derecho, en términos del artículo 1053, fracción IV, en relación con los diversos 1051 y 1052 del Código de Comercio." De igual manera es aplicable, por identidad jurídica, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 2795, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Civil, Décima Época, de rubro y texto: "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. SU TRAMITACIÓN ES INMEDIATA CONTRA AUTOS Y RESOLUCIONES PRONUNCIADOS EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, SIEMPRE QUE CAUSEN UN GRAVAMEN NO REPARABLE EN LA RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN A DICHA ETAPA. Del artículo 1339 del Código de Comercio se advierte que, tratándose del recurso de apelación, éste procede y debe admitirse en efecto devolutivo, de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva; contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento; disponiendo como presupuesto para su procedencia y tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, que hayan sido dictados en el trámite del procedimiento. Por ende, con fundamento en el diverso numeral 1345, fracción IX, se concluye que procede dicho recurso y debe admitirse en tramitación inmediata, cuando se interpone contra las resoluciones o autos que siendo apelables, se pronuncien en la etapa de ejecución de sentencia, en el entendido de que acorde con lo sustentado en la jurisprudencia 1a./J. 13/99, con registro -IUS 194073-, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, mayo de 1999, página 112, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA MERCANTIL, RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN.", la regla de procedencia del recurso, prevista en el artículo 1341 del citado código no sólo aplica para actos dictados dentro del juicio, sino también para los emitidos en ejecución de sentencia, a condición de que causen un gravamen que no pueda repararse en la resolución que ponga fin al procedimiento de ejecución". Así también, se invoca por analogía, la jurisprudencia 1ª./J. 12/2016, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Mayo de 2016, página: 979, de rubro y texto siguiente: "JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CUYA SENTENCIA DEFINITIVA SEA APELABLE POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN AQUÉL, ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el artículo 1345 del Código de Comercio establece diversas hipótesis para la procedencia de la apelación de tramitación inmediata, entre las que no se encuentra el auto de exequendo, también lo es que dicho numeral forma parte de un sistema de normas que regula el recurso de apelación, por lo que se complementa con los casos expresamente previstos en el citado código como apelables de tramitación inmediata. Bajo esa perspectiva, si el artículo 1165, último párrafo, del mencionado código, expresamente señala que la resolución que niegue el auto de ejecución será apelable en ambos efectos y, en caso contrario, se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, es inconcuso que contra el auto de exequendo dictado en el juicio ejecutivo mercantil, cuya sentencia definitiva sea apelable por razón de la cuantía, procede el recurso de apelación de tramitación inmediata y, en consecuencia, es necesario agotarlo previo a la promoción del juicio de amparo indirecto en su contra, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en la materia, contenido en los artículos 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo abrogada y 61, fracción XVIII, de la vigente." En consecuencia, ya que conforme a lo previsto en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, antes de acudir al juicio de amparo se exige como requisito previo para su procedencia que se agoten todos los medios legales que prevean las legislaciones que rijan el acto, y el ahora inconforme no lo hizo así, es indudable que en el caso se actualiza la causa de improcedencia analizada. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda, y a ""......"", por autorizada con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, al tratarse el presente asunto de naturaleza civil, y a la restante persona únicamente para recibir notificaciones, por así solicitarlo expresamente la parte quejosa. Proporciona número de celular y correo electrónico Ahora, toda vez que también indica un correo electrónico y número telefónico; por tanto, con fundamento en los artículos 22, fracción II y 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal "relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19", reformado mediante Acuerdo 20/2021, en relación al periodo de vigencia, que establece que las partes pueden proponer formas especiales y expeditas de contacto (como correo electrónico, servicio de mensajería instantánea, número telefónico), instrúyase al Actuario que de resultar necesario establezca contacto con dicha parte quejosa a través de tales medios, para lograr el éxito de actuaciones procesales. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Lineamientos en notificaciones que impliquen contacto personal En términos del artículo 23, fracción I, del invocado Acuerdo General 21/2020, se ordena al Actuario que las actuaciones que practique y que impliquen contacto personal, las desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar tanto su integridad y salud, como el de las personas justiciables. Firma electrónica de las determinaciones judiciales En términos de los artículos 3° de la Ley de Amparo y 3º del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, se precisa que este proveído y las subsecuentes determinaciones judiciales se firmarán mediante el uso de la FIREL del titular del Juzgado y secretario; ello, con motivo de que se labora de manera presencial con personal limitado y horario restringido, por lo que se está privilegiando en mayor medida el uso de las herramientas tecnológicas para el trabajo a distancia por parte del personal adscrito. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    MESA II B NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Con el oficio suscrito electrónicamente por el Secretario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta población, al que anexa el original de la demanda de amparo promovida por ""....."" endosatario en propiedad de ""......."", y copias relativas a la misma; ello, dado que citada autoridad declina la competencia del juicio de amparo "....."" de su índice, por haber sido señalado en la misma como autoridad responsable; en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 49/2022. Aceptación de la competencia Este órgano de control constitucional comparte las consideraciones del Juzgado declinante, por lo que acepta conocer de la demanda de amparo de que se trata; acúsese recibo. Causal de improcedencia. En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que de la autoridad responsable, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, la parte quejosa reclama: La sentencia interlocutoria de aprobación de remate en primera almoneda, celebrado en autos del juicio ejecutivo mercantil ""......"", promovido por ""..........."", endosatario en propiedad de ""......"", parte actora, en contra de los demandados""........"", en los autos del juicio ejecutivo mercantil ""....."". Contra ese reclamo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso, previo a la presentación de su demanda de amparo, debió impugnar mediante el recurso de apelación la sentencia interlocutoria a que hace alusión. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." Del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, es decir, que no sean definitivas o que sean susceptibles de reparación ante la potestad común. Luego, de la disposición legal transcrita se puede establecer que para que se actualice la causa de improcedencia referida, es necesario que concurran los siguientes elementos: I. Que el acto reclamado provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; II. Que la ley ordinaria conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; III. Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; IV. Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada, y V. Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el propio precepto. Cobra aplicación a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia 85 del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." En ese sentido, cabe señalar que el principio de definitividad consiste en la obligación de los impetrantes de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa que la ley ordinaria establezca y que puedan revocar, modificar o anular el acto reclamado. Dicho principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, previo a solicitar la protección de la Justicia de la Unión. Con esa base, para sostener la actualización de la causal de improcedencia citada contra el acto reclamado, indefectiblemente debió haber sido recurrido mediante el medio de defensa ordinario previsto en la legislación adjetiva que lo rige, ello porque el peticionario del amparo debió agotar el recurso de apelación, previo a ejercer la acción de amparo, lo que en la especie no aconteció. Aún, en el supuesto de que el mencionado acto reclamado constituyera un acto de ejecución irreparable, no implicaría que la parte quejosa no se encontrara obligada a agotar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, debido a que el juicio de amparo indirecto procede respecto de ese tipo de actos, siempre y cuando se agoten los recursos ordinarios a través de los cuales se puedan modificar, revocar o nulificar los actos reclamados, por los medios ordinarios de defensa correspondientes; así como, tampoco se está en algún caso de excepción que establece el artículo XVIII, inciso b), de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 11/2018, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. [Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Décima Época, Décima Época, Registro: 2017117, Página: 8]. Precisado lo anterior, como se anunció al inicio de esta determinación, es incuestionable concluir que el promovente de la acción constitucional, no agotó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, en virtud que en contra de la sentencia interlocutoria reclamada, procede el recurso de apelación, pues al respecto existe criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual al aplicarla por analogía, contiene suficientes lineamientos para orientar esta determinación, con datos de identificación 1a./J. 13/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 112, Tomo IX, Mayo de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Materia(s): Civil, Novena Época, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA MERCANTIL, RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN. El artículo 1341 del Código de Comercio, no distingue para efectos de procedencia del recurso de apelación, que se trate de resoluciones o autos emitidos antes de que se dicte sentencia definitiva, antes bien, la interpretación lógica y jurídica de dicho precepto debe ser en el sentido de que los pronunciados en ejecución de sentencia, al no existir posibilidad jurídica y material de que se revisen en la sentencia definitiva porque ésta ya se dictó, deben ser recurribles en apelación, a condición de que causen un gravamen que no pueda repararse en la resolución que ponga fin al procedimiento de ejecución y de que el interés del asunto exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general vigente, en la fecha de interposición en el lugar en que se ventile el procedimiento, de conformidad con el diverso artículo 1340 del propio ordenamiento legal." Lo resaltado es propio. En este criterio se establece que el artículo 1341 del Código de Comercio, no distingue para efectos de procedencia del recurso de apelación, que se trate de resoluciones o autos emitidos antes de que se dicte sentencia definitiva, por lo que la interpretación lógica y jurídica que de dicho precepto hizo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue en el sentido de que los pronunciados en ejecución de sentencia, al no existir posibilidad jurídica y material de que se revisen en la sentencia definitiva porque ésta ya se dictó, deben ser recurribles en apelación, a condición de que causen un gravamen que no pueda repararse en la resolución que ponga fin al procedimiento de ejecución y de que el interés del asunto exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general vigente, en la fecha de interposición en el lugar en que se ventile el procedimiento, de conformidad con el diverso artículo 1340 del propio ordenamiento legal. Esta jurisprudencia es clara en que la regla de procedencia del recurso de apelación, prevista en el artículo 1341 del citado código no sólo aplica para actos dictados dentro del juicio, sino de manera extensiva también para los emitidos en ejecución de sentencia. Siguiendo esa línea de interpretación, es incuestionable concluir que el promovente de la acción constitucional, no agotó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, en virtud de que la sentencia interlocutoria reclamada satisface la hipótesis del artículo 1340 del Código de Comercio, en el que establece que procede el recurso de apelación, a la luz del precepto 1341 del mismo ordenamiento, ambos vigentes en la fecha en que se dictó la sentencia definitiva en el juicio de origen que establecían: "Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $ "".......""" por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339. Artículo 1341.- Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, ó si la ley expresamente lo dispone." Es así, porque el acto reclamado se trata de una sentencia interlocutoria en la que el Juez se negó aprobar el remate en primera almoneda, siendo apelable la definitiva al ser un asunto de cuantía mayor ($ ""......"" ""......"") -suerte principal-; por tanto, previo a interponer el juicio de amparo indirecto en su contra, debió de observarse el principio de definitividad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 95/2013 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 180, Tomo 1, Noviembre de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Materia(s): Civil, Décima Época, de rubro y texto: "APELACIÓN EN EL JUICIO MERCANTIL. PARA LA PROCEDENCIA DE DICHO RECURSO POR RAZÓN DE LA CUANTÍA DEBE ATENDERSE, POR REGLA GENERAL, A LA NORMA VIGENTE AL MOMENTO DE APELAR, SALVO QUE EXISTAN DERECHOS ADQUIRIDOS O DISPOSICIONES TRANSITORIAS QUE PREVEAN UNA VIGENCIA ESPECÍFICA DEL SUPUESTO NORMATIVO. La norma aplicable para determinar la procedencia del recurso de apelación en razón de la cuantía del juicio, prevista en los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, debe ser la vigente al momento de actualizarse el supuesto respectivo, al ser de carácter procesal, es decir, cuando llegue el momento de apelar la sentencia, como regla general. Lo anterior, porque de acuerdo con las teorías de los derechos adquiridos y de los componentes de la norma, en las cuales se ha apoyado esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar la vigencia de las leyes en el tiempo, las facultades y cargas procesales de las partes se concretan en la etapa para la cual están previstas, de suerte que mientras no se actualice el supuesto normativo, el derecho no se ha adquirido sino sólo constituye una expectativa de derecho, y si la norma cambia antes de llegar a la etapa correspondiente, una vez actualizada ésta debe regir la nueva norma. Y lo mismo puede sostenerse bajo la teoría de los componentes de la norma, porque hasta que el procedimiento llega a cierta etapa tiene lugar el supuesto y, por tanto, también su consecuencia. Sin embargo, sobre dicha norma general se advierten dos excepciones que derivan: 1) de las normas transitorias de los decretos de reformas a tales preceptos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril y el 30 de diciembre de 2008, respectivamente, donde el legislador dispuso expresamente que las nuevas reglas no serían aplicables a juicios cuya demanda se hubiera admitido con anterioridad a la entrada en vigor del primer decreto (90 días después de su publicación); y, 2) del derecho adquirido por las partes que, antes de la reforma publicada en el mismo medio de difusión oficial el 9 de enero de 2012, hubieran interpuesto y se les hubiera admitido recurso de apelación preventiva, pues con esto se generó en su favor el derecho de apelar contra la sentencia definitiva, del cual no puede privárseles con la nueva regla que incrementa el importe mínimo del negocio para admitir el recurso respectivo, porque entonces ésta sería retroactiva en perjuicio de los interesados. Lo anterior, en el entendido de que el juzgador no debe desconocer la facultad de las partes de renunciar a los recursos a que tienen derecho, en términos del artículo 1053, fracción IV, en relación con los diversos 1051 y 1052 del Código de Comercio." De igual manera es aplicable, por identidad jurídica, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 2795, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Civil, Décima Época, de rubro y texto: "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. SU TRAMITACIÓN ES INMEDIATA CONTRA AUTOS Y RESOLUCIONES PRONUNCIADOS EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, SIEMPRE QUE CAUSEN UN GRAVAMEN NO REPARABLE EN LA RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN A DICHA ETAPA. Del artículo 1339 del Código de Comercio se advierte que, tratándose del recurso de apelación, éste procede y debe admitirse en efecto devolutivo, de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva; contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento; disponiendo como presupuesto para su procedencia y tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, que hayan sido dictados en el trámite del procedimiento. Por ende, con fundamento en el diverso numeral 1345, fracción IX, se concluye que procede dicho recurso y debe admitirse en tramitación inmediata, cuando se interpone contra las resoluciones o autos que siendo apelables, se pronuncien en la etapa de ejecución de sentencia, en el entendido de que acorde con lo sustentado en la jurisprudencia 1a./J. 13/99, con registro -IUS 194073-, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, mayo de 1999, página 112, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA MERCANTIL, RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN.", la regla de procedencia del recurso, prevista en el artículo 1341 del citado código no sólo aplica para actos dictados dentro del juicio, sino también para los emitidos en ejecución de sentencia, a condición de que causen un gravamen que no pueda repararse en la resolución que ponga fin al procedimiento de ejecución". Así también, se invoca por analogía, la jurisprudencia 1ª./J. 12/2016, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Mayo de 2016, página: 979, de rubro y texto siguiente: "JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CUYA SENTENCIA DEFINITIVA SEA APELABLE POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN AQUÉL, ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el artículo 1345 del Código de Comercio establece diversas hipótesis para la procedencia de la apelación de tramitación inmediata, entre las que no se encuentra el auto de exequendo, también lo es que dicho numeral forma parte de un sistema de normas que regula el recurso de apelación, por lo que se complementa con los casos expresamente previstos en el citado código como apelables de tramitación inmediata. Bajo esa perspectiva, si el artículo 1165, último párrafo, del mencionado código, expresamente señala que la resolución que niegue el auto de ejecución será apelable en ambos efectos y, en caso contrario, se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, es inconcuso que contra el auto de exequendo dictado en el juicio ejecutivo mercantil, cuya sentencia definitiva sea apelable por razón de la cuantía, procede el recurso de apelación de tramitación inmediata y, en consecuencia, es necesario agotarlo previo a la promoción del juicio de amparo indirecto en su contra, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en la materia, contenido en los artículos 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo abrogada y 61, fracción XVIII, de la vigente." En consecuencia, ya que conforme a lo previsto en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, antes de acudir al juicio de amparo se exige como requisito previo para su procedencia que se agoten todos los medios legales que prevean las legislaciones que rijan el acto, y el ahora inconforme no lo hizo así, es indudable que en el caso se actualiza la causa de improcedencia analizada. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda, y a ""......"", por autorizada con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, al tratarse el presente asunto de naturaleza civil, y a la restante persona únicamente para recibir notificaciones, por así solicitarlo expresamente la parte quejosa. Proporciona número de celular y correo electrónico Ahora, toda vez que también indica un correo electrónico y número telefónico; por tanto, con fundamento en los artículos 22, fracción II y 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal "relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19", reformado mediante Acuerdo 20/2021, en relación al periodo de vigencia, que establece que las partes pueden proponer formas especiales y expeditas de contacto (como correo electrónico, servicio de mensajería instantánea, número telefónico), instrúyase al Actuario que de resultar necesario establezca contacto con dicha parte quejosa a través de tales medios, para lograr el éxito de actuaciones procesales. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Lineamientos en notificaciones que impliquen contacto personal En términos del artículo 23, fracción I, del invocado Acuerdo General 21/2020, se ordena al Actuario que las actuaciones que practique y que impliquen contacto personal, las desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar tanto su integridad y salud, como el de las personas justiciables. Firma electrónica de las determinaciones judiciales En términos de los artículos 3° de la Ley de Amparo y 3º del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, se precisa que este proveído y las subsecuentes determinaciones judiciales se firmarán mediante el uso de la FIREL del titular del Juzgado y secretario; ello, con motivo de que se labora de manera presencial con personal limitado y horario restringido, por lo que se está privilegiando en mayor medida el uso de las herramientas tecnológicas para el trabajo a distancia por parte del personal adscrito. Notifíquese personalmente.

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