Carlos Ruiz Goytortua
Expediente 387/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 387/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Carlos Ruiz Goytortua
Actuaciones
- Principal
Razón: En nueve de mayo de dos mil diecinueve el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario del Juzgado, da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado de los autos. Conste. San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintidós de abril del año que transcurre, por el que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído de veintidós de abril del año que transcurre, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE ESTA FECHA QUE A LA LETRA DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, que remite la Juez Tercero de Distrito en el Estado, a través del cual transcribe el proveído de quince de abril de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo 370/2019, del que se desprende que la referida Juez declaró su incompetencia legal para conocer del controvertido constitucional, y acompaña la demanda de amparo promovida por Carlos Ruiz Goytortúa, por derecho propio, contra un acto de la referida Juez Federal. Anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el progresivo 387/2019-III, fórmese el expediente respectivo, y avóquese al conocimiento del asunto. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Por consiguiente, se procede a estudiar la procedencia de la demanda de amparo, para lo cual se hace necesario tener presente el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. En el caso, el análisis integral del escrito de demanda, ponen de manifiesto que respecto de los actos reclamados se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción IX, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; [.]." De la lectura del precepto legal citado se advierte que establece la improcedencia del juicio de amparo en contra de actos emitidos en ejecución de resoluciones dictadas en juicio de amparo. Esto resulta explicable tomando en cuenta que a los Jueces de Distrito compete ejercer la facultad de control constitucional a través del citado juicio de amparo, por lo que de ser procedente dicho medio extraordinario de defensa en contra de otros actos o resoluciones dictadas en diverso juicio de amparo, o en contra de determinaciones emitidas en cumplimiento (a fin de ejecutar) lo ordenado en tales procedimientos de protección de derechos fundamentales, ello implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional. De ahí que, en todo caso, si los jueces federales, o en su caso las autoridades que acatan las ordenes de éstos, en un juicio de amparo incurren en irregularidades, éstas constituyen una violación a las disposiciones que regulan el procedimiento del juicio constitucional, impugnables a través de los recursos que la Ley de Amparo establece. De lo contrario, el citado medio de control de regularidad constitucional de actos y omisiones de autoridad serviría, a través de la figura de la suspensión, como medio de paralización de las sentencias ejecutorias emitidas en los juicios de amparo. Sobre tales bases, como se adelantó, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, toda vez que mediante el presente juicio constitucional se reclama el acuerdo de veintisiete de marzo del presente año, dictado por la Juez Tercero de Distrito en el Estado, dentro del juicio de amparo 1195/2013, y en ese sentido, es evidente que dicha determinación no puede ser analizada en diversos juicios de amparo, toda vez que por disposición del legislador, contenida en el citado artículo y fracción, no existe posibilidad jurídica de promover un juicio de amparo contra los proveídos pronunciados en otro de la misma naturaleza, sin excepción alguna, pues la idea de suprimir el ejercicio del control constitucional sobre el juicio de amparo tiene su explicación lógica en el principio de que está prohibido generalmente promover un medio de impugnación extraordinario en contra de determinaciones emitidas en otro del mismo orden, pues de ser así se originaría una cadena interminable de juicios de esa naturaleza. Y es que lo que pretendió evitar el legislador ordinario con el establecimiento de la causa de improcedencia en análisis, fue que una determinación emitida en un juicio constitucional o los actos tendientes a cumplir una ejecutoria de amparo, pudieran ser objeto de controversia y decisión en otro juicio de amparo, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios que versan sobre la misma materia o su ejecución, en detrimento de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social, pues de lo contrario se quebrantaría la estabilidad jurídica que tienen todos los procesos. Ciertamente, la causa de improcedencia en estudio tiene como finalidad evitar la promoción de juicios de amparo infinitos contra actos dictados en otro procedimiento de la misma naturaleza, partiendo principalmente de que el actuar de la autoridad de control constitucional se encuentra sujeto a la interposición de los medios de impugnación que la propia Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales previene en su capítulo IX y no mediante un nuevo y autónomo juicio de amparo; de ahí que se actualiza la causal de improcedencia precisada. En apoyo a la anterior consideración, se cita en lo conducente, la Jurisprudencia, XXI.1º.J/15, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que aparece en la página 867, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "IMPROCEDENCIA. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. Si se toma en cuenta la finalidad que se persigue con la norma, su razón legal y la aplicación constante y uniforme hecha por los tribunales federales, el correcto sentido del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, en lo que toca a la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones dictadas en ejecución de las determinaciones emitidas en los juicios de amparo, no es el que se pudiera deducir de una vista inicial de sus términos gramaticales, que llevarían a la actualización de esa hipótesis normativa en todos los casos en que el acto reclamado se emitiera teniendo como base lo ordenado en ese sentido en una resolución proveniente de un juicio constitucional, sin importar el alcance de esta última ni la medida en que vinculó a la autoridad responsable, sino que este motivo de improcedencia se da sólo cuando las cuestiones que se plantean en la nueva demanda de garantías fueron objeto de una decisión directa y definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior o si constituyen su consecuencia lógica y jurídica inmediata, aunque la autoridad responsable se apoye en nuevos fundamentos y razones para sostener su criterio respecto a lo ya resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales, pues es evidente que lo que quiso evitar el legislador ordinario con el establecimiento de la improcedencia referida, fue que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios sobre la misma materia, en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social; es decir, que tanto la razón de la ley como el propósito perseguido, son semejantes a los de la institución de la cosa juzgada, pero ajustados a la estructura jurídica sobre la que se levanta el juicio de amparo.". En consecuencia, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción IX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de que se trata. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. En otro orden de ideas, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese personalmente al promovente.Agréguese a los autos el oficio de cuenta, que remite la Juez Tercero de Distrito en el Estado, a través del cual transcribe el proveído de quince de abril de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo 370/2019, del que se desprende que la referida Juez declaró su incompetencia legal para conocer del controvertido constitucional, y acompaña la demanda de amparo promovida por Carlos Ruiz Goytortúa, por derecho propio, contra un acto de la referida Juez Federal. Anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el progresivo 387/2019-III, fórmese el expediente respectivo, y avóquese al conocimiento del asunto. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Por consiguiente, se procede a estudiar la procedencia de la demanda de amparo, para lo cual se hace necesario tener presente el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. En el caso, el análisis integral del escrito de demanda, ponen de manifiesto que respecto de los actos reclamados se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción IX, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; [.]." De la lectura del precepto legal citado se advierte que establece la improcedencia del juicio de amparo en contra de actos emitidos en ejecución de resoluciones dictadas en juicio de amparo. Esto resulta explicable tomando en cuenta que a los Jueces de Distrito compete ejercer la facultad de control constitucional a través del citado juicio de amparo, por lo que de ser procedente dicho medio extraordinario de defensa en contra de otros actos o resoluciones dictadas en diverso juicio de amparo, o en contra de determinaciones emitidas en cumplimiento (a fin de ejecutar) lo ordenado en tales procedimientos de protección de derechos fundamentales, ello implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional. De ahí que, en todo caso, si los jueces federales, o en su caso las autoridades que acatan las ordenes de éstos, en un juicio de amparo incurren en irregularidades, éstas constituyen una violación a las disposiciones que regulan el procedimiento del juicio constitucional, impugnables a través de los recursos que la Ley de Amparo establece. De lo contrario, el citado medio de control de regularidad constitucional de actos y omisiones de autoridad serviría, a través de la figura de la suspensión, como medio de paralización de las sentencias ejecutorias emitidas en los juicios de amparo. Sobre tales bases, como se adelantó, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, toda vez que mediante el presente juicio constitucional se reclama el acuerdo de veintisiete de marzo del presente año, dictado por la Juez Tercero de Distrito en el Estado, dentro del juicio de amparo 1195/2013, y en ese sentido, es evidente que dicha determinación no puede ser analizada en diversos juicios de amparo, toda vez que por disposición del legislador, contenida en el citado artículo y fracción, no existe posibilidad jurídica de promover un juicio de amparo contra los proveídos pronunciados en otro de la misma naturaleza, sin excepción alguna, pues la idea de suprimir el ejercicio del control constitucional sobre el juicio de amparo tiene su explicación lógica en el principio de que está prohibido generalmente promover un medio de impugnación extraordinario en contra de determinaciones emitidas en otro del mismo orden, pues de ser así se originaría una cadena interminable de juicios de esa naturaleza. Y es que lo que pretendió evitar el legislador ordinario con el establecimiento de la causa de improcedencia en análisis, fue que una determinación emitida en un juicio constitucional o los actos tendientes a cumplir una ejecutoria de amparo, pudieran ser objeto de controversia y decisión en otro juicio de amparo, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios que versan sobre la misma materia o su ejecución, en detrimento de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social, pues de lo contrario se quebrantaría la estabilidad jurídica que tienen todos los procesos. Ciertamente, la causa de improcedencia en estudio tiene como finalidad evitar la promoción de juicios de amparo infinitos contra actos dictados en otro procedimiento de la misma naturaleza, partiendo principalmente de que el actuar de la autoridad de control constitucional se encuentra sujeto a la interposición de los medios de impugnación que la propia Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales previene en su capítulo IX y no mediante un nuevo y autónomo juicio de amparo; de ahí que se actualiza la causal de improcedencia precisada. En apoyo a la anterior consideración, se cita en lo conducente, la Jurisprudencia, XXI.1º.J/15, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que aparece en la página 867, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "IMPROCEDENCIA. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. Si se toma en cuenta la finalidad que se persigue con la norma, su razón legal y la aplicación constante y uniforme hecha por los tribunales federales, el correcto sentido del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, en lo que toca a la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones dictadas en ejecución de las determinaciones emitidas en los juicios de amparo, no es el que se pudiera deducir de una vista inicial de sus términos gramaticales, que llevarían a la actualización de esa hipótesis normativa en todos los casos en que el acto reclamado se emitiera teniendo como base lo ordenado en ese sentido en una resolución proveniente de un juicio constitucional, sin importar el alcance de esta última ni la medida en que vinculó a la autoridad responsable, sino que este motivo de improcedencia se da sólo cuando las cuestiones que se plantean en la nueva demanda de garantías fueron objeto de una decisión directa y definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior o si constituyen su consecuencia lógica y jurídica inmediata, aunque la autoridad responsable se apoye en nuevos fundamentos y razones para sostener su criterio respecto a lo ya resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales, pues es evidente que lo que quiso evitar el legislador ordinario con el establecimiento de la improcedencia referida, fue que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios sobre la misma materia, en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social; es decir, que tanto la razón de la ley como el propósito perseguido, son semejantes a los de la institución de la cosa juzgada, pero ajustados a la estructura jurídica sobre la que se levanta el juicio de amparo.". En consecuencia, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción IX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de que se trata. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. En otro orden de ideas, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. NP.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,770 expedientes
- Carlos Rivera González1650/2023
- Carlos Roberto Calderon Millan801/2017
- Carlos Roberto Guerrero Lopez1087/2022
- CARLOS ROBERTO MUNGUIA PALMA y Otros.1698/2022
- Carlos Rodriguez Vazquez985/2020
- Carlos Rubio Mendoza1748/2022
- Carlos San Juan Frias94/2019
- Carlos San Juan Frias903/2017
- Carlos Silverio Esparza Fonz1066/2022
- Carlos Tapia Gonzalez1507/2022
- Carlos Tapia Gonzalez962/2022
- Carlos Tapía González1210/2023