Carlos Ruben Diaz Alcocer

Expediente 680/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
680/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
20/06/2022

Partes del expediente

  • Carlos Ruben Diaz Alcocer

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de nueve de junio del actual año, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada con lo informado por la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho proveído se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se le notificó a la parte quejosa el trece del presente mes, y a la tercero interesada el catorce siguiente, sin que a la fecha desahogara la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que les fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En sentencia dictada el doce de mayo de dos mil veintidós, se concedió al quejoso ********************el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: - Dicte la resolución interlocutoria del incidente de competencia promovido en el juicio laboral ********************. Dicha determinación causó ejecutoria el treinta y uno de mayo pasado, por lo que se requirió su cumplimiento a dicha responsable. Con la finalidad de cumplir con el fallo protector, mediante oficio 1274/2022, de seis de junio del año actual, el Auxiliar de la Junta responsable, remitió copia certificada de la determinación dictada el ocho de abril de dos mil veintidós, que resolvió el incidente de competencia planteado. Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, fracción II, se advierte que la autoridad responsable, en acatamiento a la sentencia firme, ya resolvió la incidencia competencial dentro del procedimiento de origen. De ahí que se considere que se ha respetado el derecho fundamental violado cumplimiento con lo que él mismo exige. En consecuencia, se declara que LA SENTENCIA PROTECTORA HA QUEDADO CUMPLIDA. Previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la precisión de que este expediente físico impreso coincide en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL. Por último, hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de junio de dos mil veintidós. Agréguense el oficio de cuenta, así como el anexo que al mismo se acompaña, del Auxiliar en funciones de Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, que remite en relación con el cumplimiento de la sentencia firme dictada en estos autos. Por tal motivo, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista de lo anterior a la parte quejosa y tercero interesada, por el plazo de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación que se les haga de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Apercibidas que de no hacerlo, este Juzgador acordará lo procedente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación del Secretario que antecede, de la que se advierte que la notificación de la sentencia dictada el doce de mayo de dos mil veintidós, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, que cumpla con la ejecutoria de mérito, respetando el derecho fundamental violado, cumplimiento con lo que el mismo exige, como lo dispone el artículo 77, fracción II, del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, con apoyo en el numeral 258 de la ley de la materia, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, conforme al párrafo sexto, del Apartado B, del Artículo 26 de la Constitución Federal, que equivale a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, 00/100 moneda nacional), y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

  4. Principal

    Vistos para resolver el juicio de amparo 680/2022-VII-B, promovido por Carlos Rubén Díaz Alcocer contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; y ANTECEDENTES PRIMERO. Mediante escrito presentado el ocho de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, y turnado al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció el nombrado quejoso a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de diez de marzo de dos mil veintidós, se registró la demanda de amparo con el número 680/2022-VII-B y se admitió a trámite; se ordenó dar a la representación social Federal de la adscripción la intervención que le compete; realizar el emplazamiento a la parte tercero interesada; solicitar a la autoridad responsable su informe justificado; asimismo, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDA. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en: La omisión de resolver el incidente de competencia por declinatoria planteado por la parte demandada Universidad Tecnológica Metropolitana, en autos del expediente 1052/2018. TERCERA. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, ya que así lo reconoció al rendir su informe justificado por conducto de su Presidenta, por tanto, así debe tenerse para los efectos legales conducentes. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTA. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, ni las partes lo hicieron valer, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por el quejoso, cuya transcripción se estima innecesaria, y además, porque no existe algún precepto que obligue a ello. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTA. Es fundado el concepto de violación esgrimido por la parte promovente y suficiente para concederle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. En efecto, la parte quejosa reclama, en esencia, que la Junta responsable transgrede en su perjuicio lo preceptuado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo señalado en los artículos 837 y 838 de la Ley Federal del Trabajo, ya que se ha abstenido de resolver la incidencia de competencia planteada por la parte demandada en el juicio laboral 1052/2018, en sus precisos plazos y términos. Asiste razón a la parte quejosa y a efecto de evidenciar lo anterior, se estima necesario transcribir el artículo de mérito. El Artículo 17 de la Constitución Federal, en lo conducente dispone: "Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. - - -Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". Por su parte, los artículos 761, 762, 763, 837 y 838, de la Ley Federal del Trabajo, literalmente expresan: "Artículo 761. Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueve, salvo los casos previstos en esta Ley. Artículo 762. Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. I. Nulidad; II. Competencia; III. Personalidad; IV. Acumulación; y V. Excusas. Artículo 763. Cuando en una audiencia o diligencia se promueva incidente de falta de personalidad, se sustanciará de inmediato oyendo a las partes y se resolverá, continuándose el procedimiento. En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta Ley se resolverán de plano oyendo a las partes." "Artículo 837. Las resoluciones de los tribunales laborales son: I. Acuerdos: si se refieren a simples determinaciones de trámite o cuando decidan cualquier cuestión dentro del negocio; II. Autos incidentales o resoluciones interlocutorias: cuando resuelvan dentro o fuera de juicio un incidente; y III. Laudos: cuando decidan sobre el fondo del conflicto." "Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley." (Lo subrayado y en negritas es propio) De la interpretación judicial que este órgano de control constitucional efectúa de manera sistemática a los numerales trascritos, se tiene que el principio de administración de justicia, impone a los tribunales encargados de su impartición, los cuales estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, que emitan sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Asimismo, de los artículos de la ley laboral antes citados, se advierte por un lado, en lo que al caso interesa, que los incidentes de competencia serán de previo y especial pronunciamiento, para lo cual, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental dentro de las veinticuatro horas siguientes. Y por otro, que los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial, se resolverán de plano oyendo a las partes, o bien, la Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario del ordenamiento por el que se rige. En ese sentido, el suscrito resolutor cuenta con la certeza del acto que se le atribuye a la autoridad responsable, consistente en la omisión de dictar la resolución interlocutoria relativa al incidente de competencia planteado en el juicio laboral 1052/2018, según se acredita con la copia certificada de la audiencia incidental de competencia de data veintiocho de junio de dos mil diecinueve, en la que se reservó el dictado de dicha resolución, sin que a la presente fecha se acredite la emisión de la misma; documental a la cual se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso 2º de la propia ley. En ese sentido, se pone de manifiesto, efectivamente como lo reclama la parte quejosa, que existe un retraso injustificado en el proceso laboral de origen ocasionado por la propia autoridad responsable al no dictar la resolución relativa al incidente de competencia planteado por la demandada en el juicio laboral; infringiendo con ello, lo establecido por el artículo 17 constitucional. Lo anterior es así, toda vez que desde el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, la autoridad responsable se reservó resolver dicha incidencia de competencia presentada. Sin embargo, el hecho de que aún no se haya dictado la interlocutoria al incidente de competencia implica una dilación incluso, en la marcha del procedimiento, del cual cabe mencionar, no se advierte alguna imposibilidad hasta este momento para que se pronuncie al respecto; inclusive la propia responsable tanto al rendir su informe de ley como en su misiva 960/2022, ha manifestado que la resolución incidental se encontraba en vías de elaboración, lo cual a la fecha, no acreditó. Por lo que es claro que existe una trasgresión manifiesta a los derechos humanos del quejoso, consagrados en el artículo 17 constitucional, debido a que a la fecha no se ha dictado la interlocutoria correspondiente al incidente de competencia promovido dentro de la controversia de origen. En este orden de ideas resulta procedente conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por Carlos Rubén Díaz Alcocer, para el efecto de que: La Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en aras al principio de impartición de justicia pronta y expedita, sin demora: - Dicte la resolución interlocutoria del incidente de competencia promovido en el juicio laboral 1052/2018, pues sólo así se respetará el derecho fundamental violentado, cumpliéndose con lo que el mismo exige. SEXTA. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMA. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVA. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión firmada electrónicamente de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Carlos Rubén Díaz Alcocer, en contra del acto reclamado a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, para los efectos y por las razones expuestas en la consideración quinta de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración sexta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la séptima consideración de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia firmada electrónicamente de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

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