Carlos Rubén Campos Cazola

Expediente 40/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
40/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
26/02/2021

Partes del expediente

  • Carlos Rubén Campos Cazola

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días, a que se refiere el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto dictado el ocho de febrero del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos legales en mención, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, atento a la segunda de las certificaciones de cuenta, de la que se desprende que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en su oportunidad envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento artículo 21, inciso d), del Acuerdo General sin número, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, emitido por los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años, por haberse desechado la demanda de amparo; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Asimismo, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del citado Acuerdo. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, signado por ****, mediante el cual, en cumplimiento a la prevención que se le hiciera en auto de veinte de enero del año en curso, exhibe una copia de la demanda del presente Juicio Amparo que le fue solicitada por esta autoridad. Ahora, en primer término, debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". El precepto legal en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito1 , cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito2 , que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la 1 Tesis jurisprudencial I.13°.A. J/6, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 2004, tomo XX, Novena Época, Materia Común, página 1631. 2 Tesis jurisprudencial I.60.C.J/19, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 1999, tomo X, Novena Época, Materia Común, página 730. 3 improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". Cabe destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3 , que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Ahora, el promovente como acto reclamado hizo valer lo siguiente: "IV.- LEY O ACTO QUE SE RECLAMA: De la autoridad señalada como responsable: le reclamo la falta de contestación a la petición que mediante escrito que con fecha 20 de agosto del 2020, presente ante el Área de Auditoria, Quejas y Responsabilidades Delegación Quintana Roo, del Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social". Asimismo, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad: "I.- Tal y como lo justifico con el original y copias del escrito que anexo, y que contiene el sello en original de recepción por parte de la hoy responsable, en fecha 20 de agosto del año 2020, en ejercicio del derecho de petición, que consagra el artículo 8º constitucional, formule mediante escrito, de pacífica y en forma respetosa, ante el titular del área de responsabilidades del órgano interno de control del Instituto Mexicano del Seguro Social, una petición la cual hice consistir, sustancialmente, en lo siguiente: 3 Tesis jurisprudencial P./J.40/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2000, tomo XI, Novena Época, Materia Común, página 32. 4 "Mis derechos laborales siguen vigentes; y por lo tanto, es procedente que se me restituya, en esos derechos, como empleado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal en Quintana Roo". En la especie, por lo que ve a los actos reclamados que se encuentran acreditados en autos, de oficio se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, pues el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, no es autoridad, para los efectos del juicio de amparo, como lo es al caso, y como más adelante se verá. En principio, a efecto de una mejor comprensión de lo expuesto, se hace necesario traer a colación el contenido literal de los dispositivos legales invocados, los cuales establecen: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Sobre el tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 423/2014 estableció lo siguiente. "Así, se puede decir que de conformidad con lo previsto en los artículos 1o., último párrafo, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, los actos de particulares tienen el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando crean, modifican o extinguen una situación jurídica de forma unilateral y obligatoria, siempre que su actuación esté prevista en una norma 5 general y afecte directamente algún derecho fundamental, o bien, omite dictar el acto que de realizarse produciría tal afectación, lo que deberá valorarse por el tribunal de amparo. Debe destacarse que el concepto de los particulares que actúan con carácter de autoridad, ha sido materia de pronunciamiento por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su trabajo jurisprudencial, sobre todo al referirse a los alcances de la "responsabilidad estatal". Ejemplo de ello resulta la sentencia dictada en el Caso Ximenes Lopes vs. Brasil,(20) en el cual determinó que "la responsabilidad estatal también puede generarse por actos de particulares en principio no atribuibles al Estado", toda vez que las "obligaciones erga omnes que tienen los Estados de respetar y garantizar las normas de protección, y de asegurar la efectividad de los derechos, proyectan sus efectos más allá de la relación entre sus agentes y las personas sometidas a su jurisdicción, pues se manifiestan en la obligación positiva del Estado de adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva protección de los derechos humanos en las relaciones inter-individuales". Sin embargo, dicha responsabilidad estatal, en el caso de actos realizados por particulares no es ilimitado, sino debe entenderse acotado a que exista "conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo", (21) es decir, debe atenderse a "las circunstancias particulares de cada caso y a la concreción de dichas obligaciones de garantía".(22) De todo lo anteriormente transcrito, se concluye que a la luz del nuevo alcance del concepto de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, no resulta posible que se reclamen todos los actos de particulares que pudieran dar lugar a una violación derechos fundamentales, sino sólo aquellos homologables a los de autoridad y que tengan su origen en una norma general. En este contexto, el particular que actúa con carácter de autoridad se ubica en una situación de supra a subordinación respecto de un gobernado, con lo cual dicha relación se reviste del imperio similar al de la fuerza pública, entendiendo ésta no como un poder coactivo material, en consecuencia, tiene un carácter estatal similar al de la actuación de una entidad pública, misma que tiene como base una autorización de carácter legal. En este orden de ideas, al actuar el particular como un ente con poder público, se encuentra constreñido a la observancia de los derechos fundamentales en un plano jurídico subjetivo, en consecuencia, los actos que fueran realizados sin apego a los derechos humanos pueden ser materia de reclamo a través del juicio de amparo el cual resulta ser el medio de control constitucional idóneo para que los gobernados puedan impugnar los actos de autoridad estatal, o sus equivalentes, que estimen violatorios de su esfera jurídica. En resumidas cuentas, las características que deben ostentar los actos realizados por particulares con calidad de autoridad son los siguientes: 1. Que realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido. 2. Que afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas. 6 3. Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Ahora bien, teniendo en cuenta la evolución que ha tenido el concepto de "autoridad responsable", resulta evidente que tal concepto se encuentra íntimamente vinculado al de acto reclamado. En efecto, para determinar quién puede ser autoridad para efectos de este proceso constitucional, es preciso que se reúnan los elementos que distinguen a un acto de autoridad, por tanto, determinar el concepto de autoridad, es una labor compleja en la que hay que atender las particularidades de cada caso concreto y a la naturaleza del acto mismo." De acuerdo con las consideraciones expuestas por el Máximo Tribunal para determinar a quién le asiste el carácter de autoridad (órgano del estado o particular) se debe atender a los tipos fundamentales de relaciones que se generan con el Estado; de ahí que será autoridad para efectos del juicio de amparo, aquella que se ubique en un plano de supra a subordinación frente a los particulares y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En el presente caso, el quejoso señaló como autoridad responsable al Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, a quien reclamó lo siguiente: La omisión de contestar el escrito presentado por la parte quejosa el veinte de agosto de dos mil veinte, ante el Área de Auditoría, Quejas y Responsabilidades Delegación Quintana Roo, del Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual manifestó que sus derechos laborales continúan vigentes y solicitó se restituyan sus derechos, como empleado de dicho instituto. Sin embargo, el acto reclamado no puede ser considerado como de autoridad o alguno equiparable a uno de tal naturaleza para efectos del juicio de amparo. Ello es así, en razón que el acto reclamado [la omisión de 7 contestar el escrito presentado el veinte de agosto de dos mil veinte] surge con motivo de lo acontecido en una relación laboral trabajadorpatrón, es decir, entre personas colocadas en un plano de coordinación, mas no en una relación de supra a subordinación; pues dicha relación trabajador-patrón, se desprende de la manifestación bajo protesta de decir verdad hecha por el quejoso en su escrito de demanda, en la que mencionó ser empleado del Instituto Mexicano del Seguro Social. Motivo por el cual, en aquel plano de coordinación la autoridad señalada como responsable Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, carece de facultades y atribuciones por las normas legales para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica de los interesados, pues, se insiste, únicamente actúan en calidad de patrón de los quejosos, esto es, en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones entre el patrón y sus empleados, mas no en ejercicio de funciones propias del Estado. Es aplicable por analogía, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,4 cuyo rubro y texto con los siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACION LABORAL. Los funcionarios de los organismos públicos descentralizados, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de garantías, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la 4 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, Tomo V, Febrero 1997, página 119. 8 fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así, las universidades, como organismos descentralizados, son entes públicos que forman parte de la administración pública y por ende del Estado, y si bien presentan una autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, tal circunstancia tiende a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en la libertad de enseñanza, pero no implica de manera alguna su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, y restringida a sus fines, por lo que no se constituye como un obstáculo que impida el ejercicio de las potestades constitucionales y legales de éste para asegurar el regular y eficaz funcionamiento del servicio de enseñanza. Por ello, para analizar si los funcionarios de dichos entes, con fundamento en una ley de origen público ejercen o no un poder jurídico que afecte por sí o ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso de la fuerza pública, debe atenderse al caso concreto. En el que se examina, ha de considerarse que la universidad señalada por el quejoso como responsable, al negar el otorgamiento y disfrute del año sabático a uno de sus empleados académicos, actuó con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal académico, dentro del marco constitucional previsto en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que desde luego no implica que en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí pueda tener tal carácter." No pasa desapercibido que el quejoso se duele de una violación a su derecho de petición consagrado en el artículo 8 Constitucional, no obstante ello, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 14/200-PL, determinó que para la procedencia del juicio de amparo para salvaguarda el derecho consagrado en el citado numeral se requiere que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, situación que en el presente caso no se actualiza ya que la relación que existe entre el quejoso y la autoridad es en un plano de coordinación, esto es trabajador-patrón. Apoya a lo anterior, la tesis jurisprudencial sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación5 , que establece: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O 5 Tesis jurisprudencial, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, Abril de 2001, página 126, Novena Época. 9 SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del ordinal 61, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto del artículo 63, fracción V, de la ley en cita, resulta procedente desechar de plano la demanda de amparo promovida por ***, por derecho propio, contra el acto que atribuye en la demanda de amparo de cuenta al Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

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