Carlos Rodríguez Salazar

Expediente 133/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 17 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
133/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
08/04/2022

Partes del expediente

  • Carlos Rodríguez Salazar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Ciudad Madero, Tamaulipas, ocho de abril de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que, las partes de este juicio interpongan el recurso correspondiente en contra la sentencia definitiva dictada en este juicio, sin que se haya presentado impugnación alguna para tal efecto; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sustenta lo anterior por identidad de razones la jurisprudencia número 2a./J. 6/2017 (10a.), que dice: RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal. Asimismo, la tesis sin número emitida por la mencionada Segunda Sala de la Máxima Tribuna del País, de título y contenido siguientes: REVISION INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO. Si resulta improcedente la acción de un quejoso en cuanto a los actos de las autoridades responsables, asimismo resultará improcedente, por consecuencia, el recurso de revisión interpuesto por las propias autoridades de acuerdo con lo que previene el artículo 86 de la Ley de Amparo, puesto que las autoridades responsables sólo pueden interponer el mencionado recurso en contra de las sentencias que afectan directamente al acto que de cada una de ellas se hubiese reclamado, y sobreseido el juicio respecto de los actos de las autoridades recurrentes, es indudable que el fallo del juez de Distrito, así reformado, no las afecta. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto se clasifica como destruible, pues se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados y no existen documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del citado acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Asimismo, toda vez que en el presente asunto se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno incidental. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Incidental

    Ciudad Madero, Tamaulipas, ocho de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guarda el presente incidente de suspensión y atendiendo a lo ordenado en proveído de esta misma fecha, en el juicio de amparo principal, enseguida se provee: De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se ordena el archivo de este expediente. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21, inciso c) y 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo, se clasifican como destruibles el original y duplicado del incidente de suspensión, pues se negó la medida cautelar respecto de todos los actos reclamados, dado que no existen documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, como lo dispone el penúltimo párrafo de cada uno de los numerales en cita, una vez que transcurran seis meses, procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión y pasados tres años, del cuaderno original, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a cada uno de los expedientes, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del citado acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula de cada uno de los expedientes mencionados.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA JOAQUÍN ARTURO GARCÍA BECERRA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE ONCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Ciudad Madero, Tamaulipas, once de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a las presentes actuaciones, el documento de cuenta, suscrito por la parte tercera interesada Joaquín Arturo García Becerra, por medio del cual formula alegatos y ofrece pruebas. Por tanto, ténganse por hechas las diversas manifestaciones que formula en vía de alegatos, mismas que serán tomadas en cuenta en el momento procesal oportuno; lo anterior de conformidad con el artículo 124, de la Ley de Amparo. Atento a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las documentales ofrecidas por las mismas que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de dar nueva cuenta en la audiencia constitucional. En cambio respecto a la solicitud de que se requiera a la Dirección de asuntos notariales, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, para que remita copia de las constancias indica, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se desecha por extemporánea. Pues en este caso, el desahogo de dicha probanza requiere preparación, ya que la suscrita Juzgadora debe emplear los medios que tenga a su alcance para que se exhiban tales probanzas y se incorporen materialmente al juicio de amparo. Por tanto, la solicitud del promovente en términos del artículo 121 mencionado, debió realizarse a más tardar cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional primigenia, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la audiencia. Al caso resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 107/2016, cuyo rubro y texto dicen: PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL O DE INSPECCIÓN JUDICIAL. EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO, AL DISPONER, COMO REGLA GENERAL, QUE EL PLAZO PARA SU OFRECIMIENTO NO PODRÁ AMPLIARSE CON MOTIVO DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO VIOLA EL DERECHO A UNA ADECUADA DEFENSA. El citado precepto establece que el plazo para el ofrecimiento de las pruebas pericial, testimonial o de inspección judicial no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas. Por tanto, si la oferente conocía el hecho cuya certeza trata de probar o impugnar con anterioridad a la audiencia constitucional, entonces tuvo la oportunidad de ejercer tal derecho y, de no haberlo hecho así, opera la preclusión en su perjuicio. Lo anterior no viola el derecho a una adecuada defensa reconocido por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que no limita la capacidad probatoria, ya que la norma concede a las partes la oportunidad de ofrecer, aportar y rendir las pruebas que estimen pertinentes, mientras que fijar un plazo prudente o periodo determinado para ejercer tal derecho, obedece al principio de expeditez procesal que rige en el juicio de amparo. Además, el precepto legal indicado también es congruente con el principio de igualdad procesal, el cual implica que se deben dar a las partes las mismas oportunidades para hacer valer sus derechos y ejercitar sus defensas, por lo que permitir el ejercicio de un derecho después del momento procesal oportuno para ello, redundaría directamente en perjuicio de las demás partes.

  4. Principal

    Ciudad Madero, Tamaulipas, cuatro de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos, el oficio sin número, signado por la Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio, adscrita a la Unidad General de Investigación Dos, con residencia en Tampico, Tamaulipas, a través del cual rinde su informe justificado. Por tanto, hágase saber a las partes la circunstancia anterior, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, vista la certificación que antecede y como se advierte que para el día de hoy se encuentra señalada la audiencia de ley, la cual, no es posible llevar a cabo, toda vez que el informe rendido no fue conocido por las partes con la anticipación a que se refiere el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Por ello y a efecto de que éstos se impongan del contenido del mismo, a fin de que estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que en su caso estimen convenientes, lo procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SEIS MINUTOS DEL DIECIOCHO DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.

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