Carlos Rodríguez Ramos y Otros.

Expediente 1523/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 31 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1523/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
31/12/2021

Partes del expediente

  • Carlos Rodríguez Ramos y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Nezahualcóyotl, Estado de México, a treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la ley de la materia, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes, el oficio signado por el Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, por virtud del cual remite el proveído de veinte de octubre del año en curso, en el amparo indirecto 12/2021-II promovido por ..., por propio derecho y en representación de la menor de edad de identidad resguardada bajo las iniciales ..., contra actos de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género de Texcoco, Estado de México, de su índice y el juicio original de la estadística de dicho órgano jurisdiccional. Anotaciones Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno el juicio de amparo 1523/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este juzgado federal. Además, con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y Acuerdo General 12/2020 del Plano del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena formar el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso. Avocamiento Ahora, atento a lo acordado por el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de México con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, este órgano jurisdiccional acepta la competencia declinada a su favor y se avoca al conocimiento del presente asunto, por lo que acúsese el recibo de estilo correspondiente. Desechamiento Ahora, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de garantías, es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. El artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.". Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde.". Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. A su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: El resultado de la prueba pericial en psicología realizada el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de control 545/2020 del índice del juzgado responsable. Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61, y este a su vez relacionado con el dispositivo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario a sensu, que establecen: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: --- XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: --- V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte...". En el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la propia ley mencionada. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en el artículo 107 de la Ley de Amparo se establecen supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, en ellos se especifican diversas hipótesis que de actualizarse, hacen procedente el juicio de amparo Tomando en consideración lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la propia ley, es dable concluir que si no se actualiza de manera expresa el supuesto de procedencia, entonces el juicio de amparo resultará improcedente. En efecto, en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo se establece que el juicio de amparo indirecto contra actos dictados dentro de un juicio procede cuando éstos sean de imposible reparación. En ese precepto se define a los actos de imposible reparación como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que México es parte. Dicha norma alude a los derechos sustantivos, los cuales se diferencian de los derechos adjetivos o procesales, toda vez que la afectación de estos últimos podría no trascender a la resolución que se dicte en el fondo y, en caso contrario, es necesario que se impugnen junto con dicha resolución, en términos del artículo 172 de la Ley de Amparo. Anteriormente, bajo la vigencia de la abrogada Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en juicio estaba regulada en el artículo 114, fracción IV. Si bien este precepto permitía la impugnación de ese tipo de actos, ello estaba acotado a que su ejecución sobre las personas y las cosas fuera de imposible reparación. Dado que conforme a la Ley de Amparo abrogada el legislador no estableció qué debía entenderse por actos de ejecución irreparable o de imposible reparación, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que por aquéllos debía entenderse los que afectaran de manera inmediata y directa derechos sustantivos reconocidos en la Constitución y, como complemento de ello, que la afectación fuera de grado predominante o superior sobre las partes, tal y como se advierte de la tesis P./LVII/2004, de la Novena Época, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, octubre de dos mil cuatro, página nueve. No obstante, conforme a la Ley de Amparo en vigor, aplicable al presente caso, el legislador precisó la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en juicio. Para tal efecto, en el artículo 107, fracción V, condicionó la procedencia a dos notas distintivas, primero, que la afectación fuera de carácter material y, segundo, que recayera sobre derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Federal y en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano fuera parte. De esta manera, el legislador incorporó uno de los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había considerado para los actos dictados en juicio, esto es, la afectación material a derechos sustantivos; sin embargo, no incluyó lo relativo a la afectación en grado predominante o superior, como criterio complementario. Así, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en juicio, conforme a la legislación vigente, está acotada a que la afectación sea de tipo material, en oposición a formal, lo cual equivale a que el acto de autoridad impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes de la sentencia definitiva y, además, que esa afectación recaiga sobre un derecho sustantivo, en oposición a adjetivo, es decir, sobre derechos que van más allá de las reglas que regulan un determinado procedimiento o alguna cuestión inherente a él. Luego, con base en los elementos referidos, este juzgador advierte que el presente juicio de amparo resulta improcedente, conforme a la causa advertida. Esto es así, ya que el acto reclamado consiste en el resultado de la prueba pericial en psicología realizada el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de control 545/2020 del índice del juzgado responsable, que se contrae el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario a sensu. En efecto, la afectación que produce el acto reclamado no es de carácter material, sino formal, y no incide en ningún derecho sustantivo, sino en todo caso en derechos adjetivos, porque se traduce únicamente en el resultado de la prueba pericial en psicología realizada el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de control 545/2020 del índice del juzgado responsable. No pasa desapercibido que si bien la prueba pericial en psicología puede considerarse como un acto de imposible reparación, en el caso lo que el promovente del amparo pretende impugnar es el resultado obtenido de dicho medio probatorio, pues la práctica del mismo ya aconteció, el cual asevera le afecta directamente a dicho quejoso dado que a su vez existe la pretensión de involucrársele con su eventual partición en un ilícito cometido en agravio de la menor víctima. De tal manera que la violación que pudiera generar el acto reclamado con la incorporación de dicho medio probatorio ya desahogado al procedimiento natural si bien es intraprocesal, no es de imposible reparación para efectos del juicio de amparo, pues no incide en ningún derecho sustantivo, sino que su afectación es formal y meramente procesal, y en caso de trascender al resultado del fallo, es susceptible de ser combatida al impugnarse la resolución con la que concluya el respectivo juicio que se tramita ante la autoridad responsable. De modo que el acto reclamado, aun cuando es intraprocesal, no tiene una ejecución irreparable para efectos del juicio de amparo, e incluso las violaciones procesales que se pudiera generar son de carácter formal y vinculadas con cuestiones procesales, susceptibles de ser reparadas en la medida en que trasciendan al resultado de la resolución con la culmine el juicio de que se trata. En consecuencia, se desecha la demanda de amparo, por actualizarse en el caso la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de Ley de Amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones Con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, las listas que se fijan en los estados de este Juzgado Federal, por así haberlo solicitado. Por otra parte, se tiene por autorizados en términos del dispositivo 12 del cuerpo leyes antes invocado, con todas las facultades que el mismo confiere, a los profesionistas que se mencionan siempre y cuando se encuentre registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y a las diversas personas que se indican, únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos. Asimismo, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza únicamente la consulta del presente expediente vía electrónica al usuario de nombre "JOSEALBERTO", por lo que se encomienda al encargado del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE) y al encargado de la actuaría de este órgano jurisdiccional, para que realicen las gestiones necesarias para su digitalización y cumplan con lo acordado en este proveído. Habilitación para practicar notificaciones y uso de medios electrónicos Con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de esta instancia constitucional, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de amparo, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles, previa constancia que asiente para que quede justificado el motivo de esa actuación. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Reproducción de constancias De igual manera, se autoriza a las partes la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". Protección de Datos Personales y Transparencia Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx., respectivamente. En ese sentido, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta del expediente electrónico, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Apercibimiento para las partes que intervendrán Se hace saber a la parte quejosa y terceros interesados que intervienen en este juicio de amparo que el artículo 261 de la Ley de Amparo, contempla una pena de prisión de dos a seis años y multa de treinta a trescientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, cuando incurran en alguna de las siguientes conductas: "261.Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: --- I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y --- II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos.". También se hace de conocimiento a las autoridades responsables que el artículo 262 de la Ley de Amparo establece una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo: "262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: --- I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; --- II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; --- III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; --- IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y --- V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo.". En ese contexto, se ordena remitir oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, a efecto de que remita la papeleta de turno y realice la compensación correspondiente; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Finalmente, dado que el domicilio para oír y recibir notificaciones señalado por la parte quejosa son las listas de publicación de este Juzgado, en aras de privilegiar la pronta impartición de justicia, por única ocasión se comisiona al actuario Judicial de la adscripción para que publique íntegramente el presente acuerdo en la lista electrónica respectiva, con el objeto que aquélla pueda imponerse con efectos de notificación personal de esta determinación. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y DE MANERA ÍNTEGRA LA PRESENTE DETERMINACIÓN.

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