Carlos Rodríguez Jiménez
Expediente 610/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 13 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 610/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 13/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Juez de Control de la Región Judicial Nueve, con residencia en esta Ciudad.
- Carlos Rodríguez Jiménez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
MESA 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, mediante el cual el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 285/2021, así como los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, un DVD y el cuaderno de sigilo derivado del presente asunto; acúsese recibo. Ahora bien, como de la ejecutoria de que se trata se advierte que el Tribunal revisor resolvió: "[.] PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Carlos Rodríguez Jiménez, contra el acto y la autoridad fijados en el considerando cuarto de la presente ejecutoria. [.]" En consecuencia, agréguese a los autos el cuaderno de antecedentes únicamente con las constancias originales, toda vez que las demás son copias certificadas del propio expediente y carecen de valor institucional, por lo que procédase a la destrucción de estas últimas; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los fines legales a que hubiere lugar, realícense las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y en su oportunidad archívese este expediente como asunto total y legalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, en virtud que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Por otra parte, devuélvase al Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, con residencia en esta ciudad, un disco en formato Disco Versátil Digital (DVD), que contiene el audio y video de la citada audiencia de veinte de mayo de dos mil veintiuno, desahogada en la causa penal 43/2021, que adjuntó al informe justificado que rindió y que se manejó por cuerda separada. Finalmente, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese.
- Incidental
VILLAHERMOSA, TABASCO, TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Vigésimo Segundo, del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Finalmente, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del presente incidente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
MESA 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, con transcripción del proveído de veintiuno de octubre actual, a través del cual informa a este Juzgado que se admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso Carlos Rodríguez Jiménez, el cual fue radicado bajo el número 285/2021 de su índice, lo que se toma para conocimiento. Notifíquese.
- Principal
mesa 10. Con fundamento en el artículo 27 Inciso B) de la Ley de Amparo, notifico a la parte tercero quejosa, notifico la sentencia de treinta de agosto de dos mil veintiuno, en virtud de no haberse presentado dentro de los dos días hábiles siguientes, tal y como le fue indicado en el CITATORIO, el que a la letra dice:----------------------------------------------------------------- VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 610/2021-10, promovido por Carlos Rodríguez Jiménez, contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Nueve, con residencia en Centro, Tabasco; que estima violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el diez de junio de dos mil veintiuno, en buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y turnada a este órgano jurisdiccional el once de junio siguiente, Carlos Rodríguez Jiménez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO "LA ILEGAL, INFUNDADA E INMOTIVADO AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DE FECHA 20 DE MAYO DE 2021, DICTADA EN LA CAUSA PENAL NÚMERO 43/2021 QUE EMITIERA EL JUEZ DE CONTROL, AL NO EXISTIR DATOS DE PRUEBA SUFICIENTES COMO PARA VINCULARME A PROCESO PUES DE LA EXPOSICIÓN DE LA DEFENSA, ESTA DEMOSTRO QUE LOS DATOS DE PRUEBA NO ESTABAN RECABADOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y SOBRE TODO QUE DE LAS MANIFESTACIONES DE LA SUPUESTA VICTIMA NO SE DESPRENDE DE MANERA CIENTIFICA QUE SUS MANIFESTACIONES CONSTITUYAN UN DELITO". AUTORIDAD RESPONSABLE JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL NÚMERO 09 DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El catorce de junio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual fue registrada con el expediente 610/2021-10; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LA TERCERO INTERESADA. Mediante proveído catorce de junio de dos mil veintiuno se ordenó el emplazamiento a juicio de la víctima en su calidad de tercero interesada de iniciales N.G.C.C.; mismo que se efectuó de manera personal el dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Luego, el veintidós de junio de dos mil veintiuno, se reconoció el carácter de tercero interesada a la Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrita a la Fiscalía de Violencia de Género, toda vez que fue quien fungió como Fiscal Investigadora en la causa penal 43/2021; misma que fue emplazada a juicio mediante oficio de 20480/2021, recibido el seis de agosto de dos mil veintiuno. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: El auto de vinculación a proceso de veinte de mayo de dos mil veintiuno, decretado en contra de Carlos Rodríguez Jiménez, por los hechos que la ley señala como los delitos de violencia familiar y violación, previstos y sancionados en los artículos 208 bis y 148 ambos del Código Penal vigente en el Estado de Tabasco, cometidos en agravio de la víctima de identidad reservada con iniciales N.G.C.C., dictado en la causa 43/2021, del índice del Juzgado de Control de la Región Nueve, en esta ciudad. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado al Juez de Control de la Región Judicial Nueve, con residencia en Centro, Tabasco, pues al rendir su informe justificado señaló como cierto el acto reclamado; mismo que se corrobora con la copia certificada de un disco en formato DVD, que contiene la audiencia de formulación de imputación, vinculación a proceso y cierre de investigación de veinte de mayo de dos mil veintiuno, por lo tanto se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2, pues fueron emitidas por autoridades en ejercicio de su encargo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". También sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), formulada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, página 703, denominada "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". CUARTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTE JUZGADO FEDERAL. Son infundados los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, sin que exista deficiencia de la queja que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. De inicio, es oportuno destacar que por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se reformaron, entre otros, los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, por cuanto hace al sistema procesal penal previsto en la modificación a tales preceptos, su entrada en vigor se encontraba condicionada a que los Estados, en el ámbito de sus competencias expidieran y pusieran en vigor las modificaciones u ordenamientos legales necesarios, de conformidad con el primer párrafo del artículo transitorio segundo establecido para dicha reforma Así, en el Estado de Tabasco, mediante decreto publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintinueve de agosto de dos mil doce, se estableció que en el Estado de Tabasco existía una declaración expresa en el sentido de que la legislatura local había adoptado las medidas necesarias para adecuarse a la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, con relación al Sistema Penal Acusatorio; empero, se encontraba condicionada su vigencia en forma gradual y por región, estableciendo diversas fechas para la aplicación del nuevo Código de Procedimientos Penales Acusatorio. Asimismo, tenemos que mediante Decreto 119 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, el cinco de agosto de dos mil catorce, se emitió la declaratoria relativa a la incorporación al régimen jurídico del Estado de Tabasco, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que entrará en vigor de manera gradual y por regiones, y por lo que respecta al municipio de Centro, que es el lugar donde ocurrieron los hechos entró en vigor a partir del seis de junio de dos mil dieciséis. En esas condiciones, es importante precisar que de conformidad con el artículo tercero transitorio de dicho decreto, y del tercero transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, se abrogaron los Códigos de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco y Procesal Penal Acusatorio para el Estado de Tabasco. En el entendido que los procedimientos penales, que a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales se encontraban en trámite, continuará su substanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento de la iniciación de los mismos. Así, en el caso se aplicó en la resolución reclamada el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues los hechos acontecieron en el Municipio de Centro, Tabasco, y la carpeta de investigación se inició a partir del mes de noviembre de dos mil veinte; de ahí que es correcto que se haya aplicado tal legislación. Ahora, es pertinente precisar que por Decreto de reforma y adición publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, el Constituyente Permanente determinó reformar, entre otros, los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para introducir el sistema procesal penal acusatorio con sus efectos inmediatos: (oralidad, publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación). Entonces, el artículo 20 es el eje toral del nuevo proceso penal mexicano, en cuyo primer párrafo establece: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación." La oralidad es un instrumento de relevancia primordial, puesto que marca una estructura general del procedimiento, dando consecución a los principios de inmediación y publicidad. La publicidad es una garantía "política" del proceso, en cuanto permite que la comunidad, el pueblo, el público, asista a los actos procesales y ejerza sobre ellos el control que naturalmente trae consigo esa forma de escrutinio popular. El principio de contradicción permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda, es decir, los actos de cada parte procesal estarán sujetos al control del otro. La concentración tiene como finalidad lograr el debate procesal en pocas audiencias con el fin de llevar a cabo el mayor número de cuestiones en un menor número de actuaciones. La continuidad, se refiere a limitar las interrupciones del proceso, mientras que inmediación, implica la recepción en audiencia, por el propio juzgador, de las pruebas y de los alegatos con los que formará su convicción. La reforma procesal penal tiene como finalidad que con la aplicación de dichos principios se cumpla con los objetivos del sistema penal acusatorio que son: determinar la verdad real, histórica o procesal, determinar la existencia de un hecho típico, identificar a su autor, resolver el conflicto suscitado entre las partes, procurar efectivamente la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido, aplicar en favor de las partes e intervinientes los principios del debido proceso, reconociendo los principios y derechos procesales, dar celeridad al proceso con la aplicación reglada de los criterios de oportunidad y las formas alternativas de solución de conflictos, así como facilitar con la admisión de cargos el procedimiento abreviado. En tal virtud, se cambian los estándares probatorios que conforme al sistema penal inquisitorio se exigen para el dictado de una orden de aprehensión y de un auto de formal prisión, el cual, conforme al sistema penal acusatorio, éste último se denomina auto de vinculación a proceso. En ese orden de ideas, de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 16, primero del 19 y el inciso A del 20 del Pacto Federal, a partir de las reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho es dable considerar que el Constituyente Reformador, entre otras cuestiones, determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal, bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió; el impedimento a los Jueces del proceso oral para revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria con el fin de evitar que prejuzguen, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones; así como el principio de igualdad y contradicción dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso y de los contendientes; por una parte, el agente del Ministerio Público, víctima u ofendido y por otra, el imputado y la defensa, en relación a un hecho o hechos que la ley señale como delitos (hecho ilícito, núcleo del tipo), y exista la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión, ya que así se advierte de la redacción de los citados numerales que a la letra disponen: "Artículo 16. (.) "No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 19. (.) "Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen; II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del Juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica; III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo; IV. El juicio se celebrará ante un Juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral; V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución; VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el Juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad; VIII. El Juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado; IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio..." Así, de acuerdo con lo precisado en los referidos preceptos constitucionales, bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio, al emitir una orden de aprehensión o resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social, y en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de garantías a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Luego, tenemos que el auto de vinculación a proceso acontece en la etapa de investigación, la cual tiene por objeto que el Ministerio Público, en tratándose de delitos que no sea factible ejercer acción penal privada, esclarezca los hechos materia de la denuncia o querella y determine si existen datos mínimos de prueba que hagan presumir la existencia de un hecho sancionado como delito por la norma penal y que el imputado lo cometió o participó en el mismo, a fin de abrir un juicio penal contra una o varias personas, mediante la obtención de la información y la recolección de los elementos y evidencias que permitan fundar, en su caso, la acusación y garantizar el derecho a la defensa del imputado. Apoya lo anterior, la tesis jurisprudencial 1a./J. 34/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2015127, localizable en la página 125, libro 46, septiembre de 2017, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS). El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el auto de vinculación a proceso, como la determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; asimismo, define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente. Razón por la cual, se trata de un acto de molestia emitido por el juez de control que, al restringir la libertad personal, debe estar fundado y motivado como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal; en ese tenor, si bien este último precepto constitucional prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no necesariamente implica que la determinación del juez de control adoptada en la audiencia, en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto deba plasmarse en papel, sino lo trascendental es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa. En este sentido, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho de que los actos de molestia deban constar por "escrito" en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel." En efecto, el legislador estableció que el procedimiento penal de que se trata, se conforma de cuatro etapas, de conformidad con lo establecido por el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que expresa lo siguiente: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal. El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme." Por su parte, el ordinal 221 de dicho cuerpo normativo, prevé que la investigación de los hechos que revistan características de un delito podrá iniciarse por denuncia, por querella o por su equivalente cuando la ley lo exija. Seguida la investigación, si de los registros de la carpeta de investigación se evidencian datos de prueba que hagan probable la existencia de hechos tipificados como delitos por las normas penales y que el imputado los cometió o participó en ellos, solicitará al juez de control fecha para la celebración de la audiencia inicial, en la que se informarán al imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad, se realizará el control de legalidad de la detención si correspondiere, se formulará la imputación, se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación. En este orden de ideas, se destaca que el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, precisa los elementos necesarios para el dictado del auto de vinculación a proceso, al tenor literal siguiente: "Artículo 316. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito." De lo que se sigue, que los requisitos previstos en las fracciones I y II, constituyen formalidades esenciales del procedimiento que acontecen previo a la emisión del acto de molestia que nos ocupa y precisamente son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa al imputado, ya que en virtud de ellas se le hace de su conocimiento, en presencia del juez, el desarrollo de una investigación existente en su contra respecto de uno o más hechos determinados, a lo cual, el imputado tiene la oportunidad de manifestar lo que a su derecho legal convenga, pudiendo ofrecer y desahogar los datos de pruebas en que se finque la defensa, así como los alegatos que estime necesarios (derecho de audiencia), para que al final se dicte una resolución que dirima las cuestiones debatidas en esa etapa procesal. De esta manera, se observan los derechos fundamentales que tiene toda persona imputada, reconocidos en el apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo son, entre otros, el derecho a declarar o guardar silencio; derecho a recibir una defensa adecuada; a que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten; que se le reciban los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca; que le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. Es aplicable la jurisprudencia VII. P. J/19, emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, Octava Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Marzo de 1993, que dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. EN QUÉ CONSISTEN. (ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL). Las formalidades esenciales del procedimiento a las que se contrae el artículo 14 constitucional consisten en la oportunidad que se otorga al quejoso de ser oído en la causa penal instruida en su contra y de probar lo que conviniere a sus intereses." Luego, es evidente que tales formalidades esenciales del procedimiento, que como se dijo, acontecen previo a la emisión del acto reclamado -vinculación a proceso- y se actualizan inmediatamente después de que el imputado es puesto a disposición de la autoridad judicial, en ese supuesto, el juez de control debe convocar a una audiencia pública denominada audiencia inicial. En dicha audiencia, -previo a la calificación de la detención, en caso de detención por flagrancia o urgencia-el juez de control verificara que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o bien debe dárselos a conocer. Además, el juez de control garantizará el derecho del investigado a una defensa técnica adecuada, para ello, es menester que, al iniciar la referida audiencia inicial, el juzgador se cerciore de la calidad de licenciado en derecho del defensor. En ese orden, al inicio de la audiencia inicial, previo a la calificación de detención, en tratándose de consignación con detenido, el juez debe verificar que el investigado se encuentra asistido de un profesional en derecho. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que el derecho a una defensa técnica es respetado cuando el imputado es asistido por abogado titulado en cada una de las etapas que comprenden el procedimiento penal, en ese sentido, de conformidad con el artículo 116 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es obligación del defensor acreditar ante el órgano jurisdiccional su calidad de licenciado en derecho, con la exhibición de la cédula profesional de licenciado en derecho expedida por la autoridad legalmente competente; documento que debe registrar previamente al desahogo de la audiencia inicial, lo cual puede realizar de dos formas: a) En el centro de registro de cédulas profesionales correspondiente; o, b) Ante el funcionario que según la ley tenga la obligación, previo al inicio de la audiencia, de recabar la información respectiva. Pues aquello, dará oportunidad al juez de control de corroborar la calidad de licenciado en derecho del defensor, lo que se logra con la sola referencia que éste realiza al individualizarse, refiriendo su número de cédula y registro, cuestionando al asistente de constancias y registros, auxiliar o encargado de sala, según lo denomine la correspondiente legislación aplicable a cada caso concreto, sobre si esos datos fueron cotejados con las respectivas identificaciones exhibidas momentos previos a la celebración de la audiencia, destacando desde luego entre dichos datos, el número de cédula que corresponde a los licenciados en derecho que comparezcan con la calidad de defensores del imputado, a efecto de que quede constancia en la videograbación de este hecho, ello en virtud de que es la primera diligencia en el proceso en la cual participa directamente el imputado. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J. 69/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con registro: 2020892, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, octubre de 2019, Tomo I, Materia(s): Penal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 959, de título y texto: "DEFENSA ADECUADA EN LA AUDIENCIA INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO DEL DEFENSOR DEBE ACREDITARSE CON EL REGISTRO PREVIO DE LA CÉDULA PROFESIONAL EN LOS SISTEMAS DE REGISTRO O ANTE LOS EMPLEADOS JUDICIALES DESIGNADOS PARA TAL EFECTO, Y CON LA SIMPLE MENCIÓN QUE DE ESOS DATOS SE HAGA EN LA AUDIENCIA RESPECTIVA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que el derecho a una defensa técnica es respetado cuando el imputado es asistido por abogado titulado en cada una de las etapas que comprenden el procedimiento penal. En ese sentido, de conformidad con el artículo 116 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es obligación del defensor acreditar ante el órgano jurisdiccional su calidad de licenciado en derecho, con la exhibición de la cédula profesional de licenciado en derecho expedida por la autoridad legalmente competente; documento que debe registrar previamente al desahogo de la audiencia inicial, lo cual puede realizar de dos formas: a) en el centro de registro de cédulas profesionales correspondiente; o, b) ante el funcionario que según la ley tenga la obligación, previo al inicio de la audiencia, de recabar la información respectiva, lo que dará oportunidad al Juez de Control de corroborar la calidad de licenciado en derecho del defensor, lo que se logra con la sola referencia que éste realiza al individualizarse, refiriendo su número de cédula y registro, cuestionando al asistente de constancias y registros, auxiliar o encargado de sala, según lo denomine la correspondiente legislación aplicable a cada caso concreto, sobre si esos datos fueron cotejados con las respectivas identificaciones exhibidas momentos previos a la celebración de la audiencia, destacando desde luego entre dichos datos, el número de cédula que corresponde a los licenciados en derecho que comparezcan con la calidad de defensores del imputado, a efecto de que quede constancia en la videograbación de este hecho, ello en virtud de que es la primera diligencia en el proceso en la cual participa directamente el imputado". Así como la diversa de la Décima Época, con registro digital: 2009005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, mayo de 2015, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Penal, Tesis: 1a./J. 26/2015 (10a.), página: 240, d título y texto: "DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL. LA FORMA DE GARANTIZAR EL EJERCICIO EFICAZ DE ESTE DERECHO HUMANO SE ACTUALIZA CUANDO EL IMPUTADO, EN TODAS LAS ETAPAS PROCEDIMENTALES EN LAS QUE INTERVIENE, CUENTA CON LA ASISTENCIA JURÍDICA DE UN DEFENSOR QUE ES PROFESIONISTA EN DERECHO. Conforme al parámetro de control de regularidad constitucional, que deriva de la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, que se configura por la observancia y aplicación de las normas constitucionales y de fuente internacional en materia de derechos humanos, así como la directriz de interpretación pro personae; el artículo 20, apartado A, fracción IX, del referido ordenamiento constitucional, texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, debe interpretarse armónicamente con los numerales 8.2, incisos d) y e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14.3, incisos b) y d), del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como el criterio contenido en la tesis aislada P. XII/2014 (10a.) (*), emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEFENSA ADECUADA DEL INCULPADO EN UN PROCESO PENAL. SE GARANTIZA CUANDO LA PROPORCIONA UNA PERSONA CON CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN DERECHO, SUFICIENTES PARA ACTUAR DILIGENTEMENTE CON EL FIN DE PROTEGER LAS GARANTÍAS PROCESALES DEL ACUSADO Y EVITAR QUE SUS DERECHOS SE VEAN LESIONADOS.", y la propia doctrina de interpretación constitucional generada por esta Primera Sala. Lo anterior, para establecer que el ejercicio eficaz y forma de garantizar el derecho humano de defensa adecuada en materia penal implica que el imputado (lato sensu), a fin de garantizar que cuente con una defensa técnica adecuada, debe ser asistido jurídicamente, en todas las etapas procedimentales en las que intervenga, por un defensor que tenga el carácter de profesional en derecho (abogado particular o defensor público); incluso, de ser posible, desde el momento en que acontezca su detención. La exigencia de una defensa técnica encuentra justificación al requerirse de una persona que tenga la capacidad técnica para asesorar y apreciar lo que jurídicamente es conveniente para el imputado, a fin de otorgar una real y efectiva asistencia legal que le permita estar posibilidad de hacer frente a la imputación formulada en su contra. Lo cual no se satisface si la asistencia es proporcionada por cualquier otra persona que no reúna la citada característica, a pesar de ser de la confianza del referido imputado". En el caso y una vez que el juez se cerciore que el detenido se encuentra asistido de defensor, privado o público y después de hacerle saber su derecho a ofrecer datos de prueba, así como de acceder a los registros, dará el uso de la voz al fiscal para que justifique las razones de la detención. Hecho lo cual, el Juez de control procederá a calificarla, examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad contenidos en los artículos 146, 147 y 148 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a derecho o decretando la libertad en los términos previstos en este Código. En el entendido que, si se ratifica la detención en flagrancia, caso urgente, y cuando se hubiere ejecutado una orden de aprehensión, el imputado permanecerá detenido durante el desarrollo de la audiencia inicial, hasta en tanto no se resuelva si será o no sometido a una medida cautelar. Ahora, en el caso de consignación con detenidos, a fin de calificar la legalidad la detención, el juez otorgará la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputa al investigado, la fecha, lugar y modo de su comisión, el grado de intervención que se le atribuye al imputado en el mismo, así como el nombre de la persona que lo señala como responsable de los hechos. Luego, el juez a petición del imputado o su defensor, solicitará las aclaraciones o precisiones pertinentes respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público. Formulada la imputación, se le preguntará al imputado si la entiende y si es su deseo contestar el cargo, rindiendo en ese acto su declaración, o bien, absteniéndose a hacerlo, con el debido conocimiento que su silencio no le causa agravio alguno. Posteriormente, el fiscal del ministerio público, de estimarlo procedente, debe solicitar la vinculación a proceso, expresando las razones específicas por las cuales los datos de prueba recabados durante la investigación informal justifican la existencia de un hecho sancionado como delito y que el justiciable lo cometió o participó en ella. Seguidamente, y después de haber escuchado los motivos expuestos por el fiscal al solicitar se le vincule a proceso al investigado, éste decidirá si quiere se le resuelva su situación jurídica en ese momento, o bien, se acoge al plazo de las setenta y dos horas o su término ampliado a que se refiere el artículo 19 constitucional. En ese sentido, el juez resolverá su situación jurídica, en ese momento, o en la continuación de la audiencia, según sea el caso. Es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Décima Época, con registro: 2015704, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, diciembre de 2017, Tomo I, Materia(s): Penal, Tesis: 1a./J. 120/2017 (10a.), página: 392, de título y texto: "VINCULACIÓN A PROCESO. MOMENTO EN EL CUAL EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE SOLICITARLA (CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS ABROGADO). De la lectura de los artículos 309 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales -de contenido similar a los numerales 280 y 281 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos abrogado-, deriva una duda legítima relativa a si la solicitud de vinculación a proceso debe formularla el Ministerio Público antes de que el imputado decida si se acoge o no al lapso de 72 horas para que se resuelva sobre su situación jurídica -o a su ampliación-, o si puede hacerse posteriormente, incluso, en la continuación de la audiencia inicial, una vez que hubieran sido recibidos los medios de convicción presentados por la defensa. Ahora bien, para resolver dicha duda, debe partirse de las premisas siguientes: 1) la vinculación a proceso debe pedirse después de formularse la imputación y de que el imputado tuvo oportunidad de contestar el cargo; y, 2) el plazo de 72 horas como límite para la detención ante autoridad judicial, establecido por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un derecho fundamental, cuya ampliación procede sólo cuando el propio imputado lo solicita, lo cual implica que esa extensión temporal opere a su favor y nunca en su contra. Así, dichas proposiciones constituyen la pauta interpretativa que permite considerar, por un lado, que la imputación y la solicitud de vinculación a proceso son actuaciones distintas y, por otro, que la decisión del imputado de postergar la resolución sobre la vinculación o no a proceso no puede operar en su detrimento, pues su finalidad es que tenga más tiempo para ejercer su defensa, tan es así, que el artículo 314 del Código Nacional establece la posibilidad, sólo para el imputado y no para el Ministerio Público, de incorporar durante ese lapso los medios de convicción que estime convenientes. Por lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el Ministerio Público, de estimarlo procedente, debe solicitar la vinculación a proceso después de formulada la imputación y de que el imputado haya tenido oportunidad de contestar el cargo, pero previamente a que el justiciable decida si se acoge o no al plazo a que alude el artículo 19 constitucional -o a su ampliación- para que se resuelva sobre su situación jurídica, pues sólo así la elección de postergar la resolución judicial respectiva tendrá como base el previo conocimiento de las razones específicas por las cuales los datos de prueba recabados durante la investigación informal justificarían dicho acto de molestia, permitiendo al imputado y a su defensor, como resultado de un acto informado, presentar en la continuación de la audiencia inicial los medios de prueba que consideren podrían desvirtuar la postura ministerial. En efecto, si el imputado o su defensor elige posponer la indicada resolución en aras del derecho de defensa, es lógico que esa decisión debe partir del conocimiento previo de las razones concretas por las cuales el representante social estima que los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación acreditan la existencia del hecho materia de la imputación y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues sólo así estará en condiciones de ofrecer los medios de convicción idóneos para desvirtuar la imputación; es más, de no seguirse ese orden, el Juez podría tener dificultades para calificar la pertinencia de los datos de prueba que la defensa pretende incorporar". En el entendido que, si a petición del investigado, el juez de control suspende la audiencia, y fija fecha para la celebración de la audiencia complementaria, deberá ser el mismo juzgador quien la célebre, en razón que la formulación de imputación y solicitud de vinculación realizados por el ministerio público se encuentran intrínsecamente ligados con la resolución de la situación jurídica. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 29/2018 (10a.), consultable en la página 252, Libro 56, Julio de 2018, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. EL JUEZ DE CONTROL QUE DICTE EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DEBE SER EL MISMO QUE CONOCIÓ DE LA IMPUTACIÓN Y LA SOLICITUD DE VINCULACIÓN POR EL MINISTERIO PÚBLICO. El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla el principio de inmediación, el que comprende que toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas. A través de este principio se pretende que el juez esté en contacto permanente con las partes durante el desarrollo de su intervención en cualquier audiencia, puesto que dicha máxima no tiene aplicación únicamente durante la etapa de enjuiciamiento, sino que debe regir en las audiencias preliminares al juicio. Por otra parte, el artículo 19 de la Constitución Federal, regula bajo la nueva lógica del proceso penal el denominado auto de vinculación a proceso, el que se sitúa en la llamada audiencia inicial, mediante la cual el juzgador establece que hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado, pues en él se expresará el delito que se le impute, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En ese tenor, el hecho de que la audiencia en la que el fiscal formuló la imputación y solicitó la vinculación a proceso, sea suspendida a solicitud del imputado cuando se acoja al plazo constitucional del artículo 19 constitucional, no justifica que en su continuación sea un juez distinto al que presenció la imputación y el ejercicio de motivación de los datos de prueba que realizó la fiscalía, quien resuelva la situación jurídica del imputado, porque si a través de sus sentidos el juzgador conoció la formulación de la imputación y los datos de prueba, no sería dable que sea un diverso juez quien resuelva la situación jurídica del imputado, ya que éste no percibió de viva voz las acciones u omisiones que se atribuyen, la declaración del imputado -en su caso- así como la referencia o recepción de los datos de prueba a cargo de la representación social, porque no estuvo en contacto directo con la fuente de la que emanaron. Además, la circunstancia de que sea un mismo juzgador el que conozca de la imputación, los datos de prueba y resuelva la vinculación, al tratarse de actos procesales íntimamente relacionados, implica transparentar la toma de decisiones, en la medida en que ese juez será quien conozca totalmente la información sobre la que tomará la determinación de vincular o no a proceso, lo que reducirá el riesgo del error judicial. Actuar en contrario, podría trastocar los principios de continuidad y concentración, pues el objetivo es que la audiencia inicial tenga una secuencia lógica y se verifique en el menor tiempo posible, a fin de que el resolutor, por el poco tiempo transcurrido, tenga presente la totalidad de los argumentos de las partes y los datos de prueba, porque serán precisamente éstos los que le sirvan para fundar y motivar adecuadamente su determinación". Por otra parte, conviene destacar que, en la audiencia inicial, después de vincularse a proceso al imputado; o bien, para el caso de que éste, solicite se resuelva su situación jurídica dentro del plazo de setenta y dos horas o ciento cuarenta y cuatro, previo a fijar la fecha en la que tendrá verificativo la continuación de la audiencia y para el caso que el fiscal hubiera solicitado una medida cautelar -en delitos que no son de prisión preventiva oficiosa-, el juez después de haber escuchado a las partes en el debate correspondiente, resolverá sobre la necesidad de la medida solicitada o de otra, conforme los lineamientos contenidos en los artículos 153, 154, 155, 156, 157, 158 y 159 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Precisado lo anterior, en el caso, como bien lo estableció el juez de control en la audiencia de vinculación a proceso, en la especie, el principio de inmediación se encuentra satisfecho, como se advierte de la audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso de veinte de mayo de dos mil veintiuno, pues ésta fue presidida por uno solo, el Juez de control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, licenciado Ludwing Ovando Ramón. Además, en relación a las formalidades esenciales del procedimiento y el principio referido (inmediación), se tomó en consideración y se satisfizo el fin perseguido, pues en audiencia inicial de veinte de mayo de dos mil veintiuno, realizada en cumplimiento del juicio de amparo 170/2021-8, del índice de este Juzgado, el cual fue concedido para efectos de que el Juez de Control responsable, realizará lo siguiente: 1. Dejará insubsistente la audiencia inicial de veintitrés de enero de dos mil veintiuno, así como la de continuación de veintiocho del mismo mes y año, excepto lo relativo a la medida cautelar decretada, y señalara nueva fecha para su celebración, la cual debía llevarse en todas sus fases. 2. Seguidamente, proveer lo conducente para que el Juez responsable fuera uno diverso a los que conoció anteriormente el proceso, ante quien debía desahogarse nuevamente toda la audiencia inicial, mismo que debía decidir sobre la situación jurídica del quejoso, otorgándole la oportunidad de declarar, respetando los principios que rigen al proceso acusatorio. 3. Hecho lo anterior, al momento de la solicitud de vinculación a proceso, el Fiscal debía motivarla, exponiendo las razones por las cuales estima que los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación establecen la existencia del hecho materia de la imputación y la posibilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. 4. Por último, con plenitud de jurisdicción, decidiera en esa misma audiencia sobre la situación jurídica de Carlos Rodríguez Jiménez, sin que en el caso fuera necesario postergarla, toda vez que la finalidad de la duplicidad del plazo para esos efectos es que el imputado tuviera oportunidad de ofrecer los datos de prueba que considere pertinentes, lo que ya se satisfizo al haber manifestado en la audiencia de veintitrés de enero de dos mil veintiuno, que se dictará el auto relativo en el plazo de ciento cuarenta y cuatro horas. Conforme lo anterior, y dando cumplimiento al citado juicio de amparo, en diligencia de veinte de mayo de dos mil veintiuno, el fiscal formuló imputación al quejoso Carlos Rodríguez Jiménez, diligencia en la que se encontraba presente con asistencia de su defensor particular, licenciado Manuel Eduardo Reyes Palomeque, quien previa orden del Juez de Control, el encargado de sala, verificó que los datos proporcionados fueron cotejados, así como de los demás intervinientes, y además fue verificada en la página electrónica de consulta de cédulas de la página de la Secretaría de Educación. Seguidamente, en presencia de su defensor particular, se le hizo saber al imputado sus derechos constitucionales, quien después de escuchar la imputación de la Fiscal, de forma expresa manifestó que era su deseo declarar, posteriormente en esa misma audiencia, a petición del Fiscal, se resolvió el auto de vinculación a proceso. En ese orden de ideas, se encuentran satisfechos los elementos que componen el principio a estudio, así como las formalidades esenciales del procedimiento, ello, porque además de lo antes citado, fue ante presencia judicial que se desahogaron de forma directa ambas diligencias; luego, porque los datos de prueba tomados en cuenta para emitir el auto de vinculación tildado de ilegal fueron verbalizados directamente por el órgano acusador y la defensa del imputado, es decir, no existió intermediario entre la juez y las partes, al momento que se suscitó el debate; de ahí que, el principio de inmediación previsto en el artículo 9 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como las formalidades citadas, se encuentran satisfechos. Por su parte, en relación al acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso de mérito, es de establecerse que para emitirlo únicamente se tomarán en consideración que se desprendan datos suficientes que establezcan que se cometió un hecho considerado como delito por la norma y exista la probabilidad que el imputado lo cometió o bien, que participó en su comisión; siempre que no se actualice alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente responsabilidad del delito. En ese sentido, es en el auto de vinculación a proceso donde se determina si los datos de prueba obtenidos en la investigación establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión con el fin de continuar el proceso; fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Ahora, debe señalarse que conforme al artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el proceso penal existen los datos de prueba, medios de prueba y prueba. El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de prueba aún no desahogado ante el juez. En tanto que los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Por otro lado, se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al juez como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta. Para ser admisibles los datos o medios de prueba deberán ser idóneos, o sea que la prueba sea apropiada para demostrar hechos; pertinentes, es decir, que acredita hechos que tienen relevancia para un proceso concreto; útiles para esclarecer los hechos en conjunto con otros, esto es, que contribuye a la investigación de los hechos, suficientes para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado en su comisión. De ahí, que para dictar la vinculación a proceso, la obtención de la información y la recolección de los datos que permitan fundar la imputación, no se requiere la plena certeza de que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues el estándar probatorio es mínimo y el hecho delictuoso no debe entenderse como un anticipo de la tipicidad en esta etapa procesal. Es decir, el juez sólo debe de atender al hecho ilícito, el cual no debe entenderse como el anticipo de la tipicidad en esta etapa, sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual (acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal), esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa del juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo. Esto, en virtud de que el nuevo esquema de juicios orales en la etapa preliminar o de investigación tiene como objeto determinar si existe mérito para iniciar un proceso penal, lo cual se pretende lograr a través de la obtención de elementos o datos por parte del agente del Ministerio Público, que eventualmente le permitan sustentar la imputación y la acusación. Sustenta lo anterior la tesis XVII.1o.P.A.53 P (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, enero de 2018, Tomo IV, página 2082, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL ESTÁNDAR DE VALORACIÓN PARA SU DICTADO NO DEBE REBASAR EL DEL DATO, AUN CUANDO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EL MINISTERIO PÚBLICO O LA DEFENSA EN LA AUDIENCIA INICIAL, HAYAN INTEGRADO ALGÚN MEDIO DE PRUEBA. El Juez de control, quien interviene desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio, al resolver, según sea el caso, sobre la calificación de la detención, la vinculación o no a proceso o la imposición de medidas cautelares al imputado, no debe estudiar los datos de la carpeta de investigación, sino valorar la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por la representación social y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor, considerando ambas hipótesis o teorías del caso, respaldadas con datos provenientes de la carpeta de investigación del Ministerio Público o de la investigación de la defensa y aun en caso de haber desahogado medios de prueba en la etapa inicial el imputado o su defensor, deben valorarse con el mismo rango que los datos de prueba del Ministerio Público, pues las pruebas en esta etapa sólo sirven para integrar datos, por lo que darle un mayor valor, en ese momento, rebasaría las directrices constitucionales, además de que originaría desigualdad de la defensa con el Ministerio Público y la víctima u ofendido, toda vez que, de acuerdo con los principios del Código Nacional de Procedimientos Penales, el único que puede desahogar prueba durante el plazo constitucional o su ampliación, es el imputado, por lo que valorarla con distinto estándar al dato, la colocaría en una situación invariablemente privilegiada, violando el principio de igualdad de las partes. Lo anterior, no obstante que el Ministerio Público en la carpeta de investigación reúna pruebas y no datos necesariamente, pues al igual que los de la defensa, deben valorarse en la etapa inicial como datos, en atención al principio de igualdad previsto en el artículo 10 del código mencionado". En ese sentido, del auto de vinculación a proceso impugnado, se advierte que la autoridad responsable estimó que existen datos suficientes para considerar que la parte quejosa realizó hechos constitutivos de los delitos de violencia familiar y violación, previstos y sancionado en los artículos 208 bis y 148 ambos del Código Penal del Estado de Tabasco, cometido en agravio de la víctima de identidad reservada con iniciales N.G.C.C. Al respecto, cabe acotar que del artículo 19 de la Constitución Federal en relación con el 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que prevén que para el dictado de un auto de vinculación, sólo se requiere de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, siendo suficiente que el juez encuadre la conducta a la norma penal, de manera que permita identificar las razones que lo llevan a determinar el tipo penal aplicable (nuevo sistema de justicia penal). Sirve de sustento la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2014800, localizable en la página 360, libro 45, agosto de 2017, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." En relación a ello, si se reclama en el juicio de amparo indirecto un auto de vinculación a proceso, habrá de analizarse en sede constitucional la determinación emitida oralmente; por consiguiente, el ejercicio de ponderación corresponde llevarlo a cabo al Juez de control, al tener contacto directo con el dato de prueba idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado, bajo el método de la libre apreciación; no así al órgano de control constitucional, toda vez que el juicio de amparo se circunscribe al análisis de la legalidad y consecuente constitucionalidad del acto reclamado. Apoya lo anterior, la tesis I.7o.P.83 P (10a.) del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con número de registro 2014769, del Semanario Judicial de la Federación, décima época, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL RECLAMARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL JUEZ DE DISTRITO SÓLO DEBE CONSTATAR SU LEGALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD, SIN PONDERAR LOS DATOS DE PRUEBA QUE PERMITIERON SU DICTADO PUES, DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE CONTRADICCIÓN E INMEDIACIÓN, ELLO CORRESPONDE AL JUEZ DE CONTROL. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para la emisión del auto de vinculación a proceso, no se exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, sino basta con que el Juez de control encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, con independencia de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, a fin de fijar la materia de la investigación complementaria y el eventual juicio; luego, si "la oralidad" constituye el instrumento que permite que se materialicen durante el desarrollo del procedimiento, entre otros, los principios de contradicción e inmediación, es incuestionable que los juzgadores deben dirimir verbalmente los conflictos que les sean planteados por los intervinientes, al exponer en la audiencia respectiva, fundada y motivadamente, el sentido de sus resoluciones, en cumplimiento al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la videograbación en la que se registra el desarrollo de la audiencia en la que se dictó el auto aludido; de ahí que si éste se reclama en el juicio de amparo indirecto, habrá de analizarse en sede constitucional la determinación emitida oralmente; por consiguiente, el ejercicio de ponderación corresponde llevarlo a cabo al Juez de control, al tener contacto directo con el dato de prueba idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado, bajo el método de la libre apreciación; no así al órgano de control constitucional, toda vez que el juicio de amparo se circunscribe al análisis de la legalidad y consecuente constitucionalidad del acto reclamado." Ahora, en el caso, la Fiscal en su formulación de imputación, verbalizó lo siguiente: "Señor Carlos le hago de su conocimiento que esta fiscalía ha iniciado una investigación en su contra por los siguientes hechos el día 19 de noviembre del año 2020 aproximadamente a las 19:30 horas cuando la víctima de identidad reservada con iniciales N.G.C.C., se encontraba en su domicilio conyugal ubicado en cerrada Alameda número 19 de la colonia Miguel Hidalgo del municipio de Centro Tabasco en compañía de usted señor Carlos Rodríguez Jiménez con quién ella vivía en unión libre durante 7 años relación de la cual procrearon menores de iniciales masculino J.H., femenina iniciales K., y femenina de apellido Rodríguez de la Cruz en la cruz de 7, 4 y un año de edad respectivamente en eso usted le gritó a la víctima ya me enteré que llegó tu amante si quieres andar de puta mejor vete tu amante te manda mensajes por teléfono eres una puta si quieres irte a coger vete la víctima le contesta usted que es mentira que ella no sale y que se lleva a los niños y se lleva a los niños al cuarto pero usted la sigue y continúa diciendo eres una puta no respetas a la casa ni a los niños como el niño no va a rehabilitación no puedes ver a tu amante pero con ácido te puedo desaparecer cualquier cosa te fuiste con tu amante yo sé hacer todo eso de igual manera el día 24 de noviembre del 2020 aproximadamente a las 19 horas la víctima N.G.C.C., se encontraba en la sala de su domicilio conyugal es ubicado en la cerrada Alameda número 19 de la colonia Miguel Hidalgo del centro Tabasco en compañía de los menores ya mencionados cuando usted señor Carlos Rodríguez Jiménez se dirigió a la víctima y le dijo haz la cena y apúrate como la señora estaba doblando ropa y no fue inmediatamente a la cocina usar le dijo si fuera tu amante ahí te ibas a apurar hay harto de que seas una cualquiera una puta me das asco lárgate y déjame a los niños estos hechos esta fiscalía los clasifica de manera preliminar sin prejuzgar como el de los delitos de violencia familiar previsto y sancionado en los numerales 208 bis del código punitivo vigente el entidad en la modalidad de violencia verbal y psicológica atribuyéndole al haber participado al señor Carlos Rodríguez Jiménez como autor material directo y de consumación instantánea y las personas que lo acusan es precisamente la víctima N.G.C.C., y la testigo Verónica Cruz Narváez de igual manera señor Carlos se le investiga por el siguiente hecho el día 25 de noviembre del año 2020 entre las 0 horas con 30 minutos y la 1 horas aproximadamente, cuando los menores ya se habían dormido ya que todos duermen en el mismo cuarto y en la misma cama ya que tiene dos camas matrimoniales juntas en ese momento usted agarró fuertemente a la víctima de las muñecas se las pegas a las piernas y le dijo si gritas le pegó al niño ya que ella buscaba levantarlo para que abriera la puerta y pidiera ayuda pero no pudo porque usted le agarró fuertemente las muñecas y le dijo que se callara porque si no le iría peor luego la golpeó en la frente con su cabeza y le dijo si lo haces con tu amante también yo tengo derecho en ese momento usted le suelta la mano derecha y con esa mano la víctima trato de defenderse dándole de manotazos pero le agarró fuertemente las piernas y con las piernas y usted le apretó las rodillas a la víctima para que no se moviera ella le dio otro manotazo logra liberar su pierna derecha pero usted le apretó el tobillo del pie derecho para que no levantara al niño ya que con el pie derecho intentaba levantarlo pero usted logra agarrarle los dos tobillos con las manos y se los apretó y se sube encima de ella que ella ya no pudo moverse y es cuando usted logró quitarle la ropa ella no pudo gritar porque si habría mucho la boca se le podía destrabar la mandíbula fue que ella lleva sus manos a su cara para cerrar su boca y en ese momento usted aprovecha y logra quitarle la ropa por completo de la cintura para abajo seguidamente le abre las piernas con sus rodillas y la volvió a agarrar de las muñecas le suben los brazos pero como ella intenta gritar otra vez usted por una mano le sujeta ambas manos a ella y con la otra le tapa la boca y la penetra con el pene en la vagina diciéndole eres de mi propiedad y para eso estás en ese momento la menor A.F., despierta y es cuando usted la suelta y saca el pene de la cavidad vaginal de la víctima este hecho esa fiscalía lo clasifica de manera preliminar como el delito de violación previsto y sancionado en el artículo 148 del código punitivo vigente de la entidad también atribuyendo el haber participado como autor directo de consumación instantáneo y la persona que lo acusan es la víctima N.G.C.C., y la testigo Verónica Cruz Narváez". De lo anterior, se advierte que los tipos penales que se le imputan al quejoso Carlos Rodríguez Jiménez, son violencia familiar y violación, previstos y sancionados en los artículos 208 Bis y 148 del Código Penal del Estado de Tabasco, el cual a la letra establece: "ARTÍCULO 148. Al que por medio de la violencia física o moral tenga cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de diez a dieciséis años. Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula, la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo". "ARTÍCULO 208 Bis. A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de uno a cuatro años de prisión. Se entenderá por violencia familiar al acto abusivo de poder, dirigido a someter o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica o sexual a la víctima, dentro o fuera del domicilio familiar, o incurra en una omisión grave que atente contra su integridad física, psíquica o amabas; siempre y cuando el agresor tenga o haya tenido con ella relación de matrimonio, concubinato o de hecho, de parentesco por consanguinidad en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, de parentesco colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, de adoptante o adoptado, o de tutor. Para los efectos de este artículo se considera una relación de hecho la que exista entre quienes: I. Hagan vida en común, en forma constante y permanente, por un periodo mínimo de seis meses; II. Mantenga una relación de pareja aunque no vivan en el mismo domicilio; III. Tengan relaciones con los hijos de su pareja; IV. Se incorporen a un núcleo familiar aunque no tengan parentesco con ninguno de sus integrantes; A quien cometa este delito además de la sanción establecida en el primer párrafo de este articulo, se le privará del derecho a que la víctima le proporcione alimentos si estuviese obligada a ello, y en su caso la prohibición de ir a lugar determinado o de residir en él. Cuando el sujeto activo sea reincidente se le aumentará una mitad de la pena privativa de libertad". Por su parte, el Juez de Control, resolvió el auto de vinculación a proceso en los siguientes términos: "Concluida la intervención de las partes, se procede a resolver la fecha de inicio siendo las 10:04 se emite auto de vinculación a proceso en contra de Carlos Rodríguez Jiménez en cuanto a los hechos que la ley señala como violencia familiar y violación previstos respectivamente por los artículos 208 bis y 148 del código penal vigente en el estado en agravio de N.G.C.C., en atención a que sean satisfechos los requisitos que establece el artículo 19 constitucional y 316 del código nacional de procedimientos penales recordando que en conjunto establecen como requisitos la existencia de una imputación lo cual se cumplió en esa misma audiencia se haya respetado el derecho que tuvo Carlos Rodríguez Jiménez de pronunciarse en torno a estos hechos el cual lo ejerció dando su propia versión de en torno a lo que se le atribuye y la valoración conjunta integral armónica los datos de prueba que han sido materia de debate ha permitido conforme a las reglas de la lógica las máximas de la experiencia el conocimiento científico aportado mediante los dictámenes periciales que en efecto hay datos de prueba que permiten establecer en forma razonable tal y como lo establece la fracción III artículo 306 del código nacional que permiten suponer la existencia del hecho descrito en la imputación consistente principalmente en que el sujeto activo el día 19 de noviembre del 2020 aproximadamente a las 19 horas con 30 minutos al interior del domicilio familiar ubicado en cerrada Alameda número 19 colonia Miguel Hidalgo de centro Tabasco ejecutó actos abusivos de poder tendientes a agredir verbal y psicológicamente a una persona con la cual tiene una relación de hecho esto al proferirle insultos en el sentido de que era una puta que tenía amantes que incluso eso lo hace en frente de sus hijos lo cual pues creo incrementa lo injusto lo abusivo de esta agresión verbal y también señalándole que él la disolvería en ácido esto es precisamente lo que materializa la violencia psicológica infundiendo temor en el caso de la víctima estos hechos así determinados concuerdan con lo que el artículo 208 bis del código penal vigente en el estado describe como violencia familiar tal y como se explicará detalle más adelante igualmente se pudo establecer que el 25 de noviembre del 2020 en horas de la madrugada alrededor de las 00 horas con 30 minutos a una hora en la recámara que comparte la víctima con su agresor y sus hijos también se le impuso la relación sexual mediante la penetración del miembro viril en su cavidad vaginal generado esto mediante el uso de la violencia física materializada precisamente en sujeción en fuerte sujeción en muñecas tobillos y colocándose encima de ella hasta con culminar precisamente con la introducción del miembro viril en la vagina de N.G.C.C., estos hechos concuerdan con lo que el artículo 148 del código penal describe como violación se afirma lo anterior recordando que la vinculación a proceso no es otra cosa más que la autorización judicial para que la investigación pase a una fase formalizada o complementaria yo aquí no estoy juzgando si existe o no el delito o si tiene o no responsabilidad Carlos Rodríguez Jiménez en esos hechos lo único que estoy haciendo es analizando si tal y como lo describe el artículo 19 constitucional y 316 del código nacional la información hasta el momento recabadas durante la investigación inicial desformalizada permite generar razonablemente de que existió el hecho en este caso que la ley señala como violencia familiar y violación es decir si existe un hecho que tiene la apariencia de dichas conductas típicas de ahí entonces que encuentro que en cuanto hace a la violencia familiar si se pudo constatar que entre la víctima y el generador de la violencia existió una relación de hecho no concubinato porque para eso el código civil establece cuáles son los criterios para determinar qué hay un concubinato en este caso la fiscalía no cumple con esos requisitos pero sí mediante las actas de nacimiento de J.H.R.S, K. A. R. C., y la tercera menor que fue invocada se puede establecer que estos menores nacieron en los años 2014, 2016, y 2019 que los 3 son hijos de Carlos Rodríguez Jiménez y N.G.C.C., de tal suerte que estos datos de prueba que provienen de documentos públicos de los cuales no tengo elementos para dudar de su autenticidad permiten establecer en forma razonable como lo dice el 300 fracción III del código nacional que entre N.G.C.C., y Carlos Rodríguez Jiménez han tenido una relación de pareja no sé si sean concubinos o no pero si han tenido una relación de pareja que ha generado la procreación en estos años 2014, 2016, y 2019 de hijos en común lo que implica que ha sido una relación pues que se ha mantenido a lo largo del tiempo y qué ha sido de pareja no es una simple relación amistosa estos datos permiten establecer ese primer elemento que hace concordar con lo que la ley señala como violencia familiar hay una relación de hecho entre el generador de la violencia y la víctima en el aspecto toral qué es el acto abusivo de poder tendiente agredir verbal y psicológicamente a la víctima ha quedado corroborado mediante el análisis a las comparecencias de N.G.C.C., de la cual advierto que se sostiene una narrativa coherente en forma consistente es decir los hechos que está describiendo de violencia familiar son de factible realización en el sentido de que llega la persona en aparente estado de ebriedad y comienza a gritarle a insultarla y amenazarla con disolverla en ácido esta dinámica de los hechos si está descrita en forma clara circunstanciada indica tiempo lugar y forma en que se generó este acto de agresión por lo tanto no tengo elementos para dudar de la autenticidad del relato de la víctima más aún si se cuenta con también la entrevista de la señora Verónica Cruz Narváez quien corrobora el dicho de la víctima está indica que el 19 de noviembre del 2020 ella indica ya alrededor de las 20 horas cuando llega el domicilio de su hija la dirección y ella refiere que sin que los contendientes en este caso N.G.C.C., y Carlos Rodríguez notasen en su presencia ella pudo escuchar los insultos así como la agresión verbal que estaba dirigiendo su yerno hacia su hija por lo tanto entiendo que es un dato de prueba razonable para confirmar el dicho de la víctima si fuese una testigo aleccionada o que su declaración estuviese motivada en un odio en una intención de dañar gratuitamente a Carlos Rodríguez Jiménez pues su declaración en primer lugar sería 100% textual a la queda N.G.C.C., y no es así ella expresa en sus propios términos y con su propia forma de expresarse lo que pudo escuchar el día de los hechos incluso no concuerda al 100% con Laura y dice que fue a las 8 de la noche la víctima dice que fue a las 7:30 entonces es un tiempo razonable en virtud de la propia percepción que tuvo de la hora del hecho pero esto no genera dudas sobre su autenticidad porque la mecánica de los hechos aunque descrita en forma distinta si concuerda en el sentido de que escucho que su yerno le atribuía a su hija N.G.C.C., que tenía un amante que lo metía al domicilio concuerda en señalar que su yerno estaba ebrio así lo aparentaba que todo esto fue en presencia de los tres menores y que incluso le refería que la amante se la cogía por el culo exactamente la misma dinámica de sus descrita por N.G.C.C., aunque con palabras un tanto distinta pero en síntesis se trata de la misma escena por lo tanto esto me permite establecer que si hay indicios que permiten establecer que su narración es verás que es conforme a lo que ella pudo percibir desde el punto de vista en el cual ella se encontraba que además en una segunda comparecencia también refirió que el 25 de noviembre del 2020 ella pudo también recibir de su hija la descripción de cómo fue violada en la madrugada esa misma fecha se puede advertir que dado el contacto social estrecho que guarda con su hija es verosímil de que haya podido conocer de estos hechos dado que refiere visitar frecuentemente a su hija el hecho de que sea familiar no implica que sea falsa su declaración si tenemos en cuenta que este tipo de conductas violación de acuerdo a la circunstancias violencia familiar pues son perpetrados en ausencia de testigos no es algo que se va hacer en la vía pública sino que son agresiones que en este caso particular ocurrieron al interior del seno familiar y quiénes son los únicos que pueden presenciarlos pues la víctima el agresor y algún otro integrante de la familia que se encuentra en el lugar y en este caso consideró que sí es verosímil que la señora Verónica Cruz en su calidad de madre pues estuviera al pendiente y visitará frecuentemente a su hija y nietos y por ello es que pudo escuchar precisamente parte de los hechos del 19 de noviembre del 2020 en materia penal no existe tacha de testigos en torno al nexo de parentesco que pudieran tener si fuera así pues entonces todos los casos de violencia familiar en donde declara un hijo un hermano un sobrino que vive que cohabitan en un lugar o que tiene cercanía con las personas agredidas pues quedarían invalidados y eso no es así es un análisis tal y como lo indica el código nacional la libre valoración razonada y eso es lo que se está haciendo realizando una ponderación en forma integral tanto de la declaración como del conjunto de datos que sean aportados en el debate en apoyo a lo declarado por N.G.C.C., en torno a la existencia de la violencia verbal y psicológica está la valoración psicológica del 23 de noviembre del 2020 en donde se indica que una vez aplicado el método científico el perito estableció que N.G.C.C., presentaba secuelas como son inseguridad temor tristeza disminución de la autoestima temor a ser agredida precisamente esta opinión hasta el momento no ha sido desvirtuada por el simple hecho de qué quién la emite sea varón contraviniendo según la opinión del defensor los criterios que en materia perspectiva de género se han emitido en este caso consideró que lo ideal es precisamente eso que una víctima al comparecer a una unidad especializada en violencia de género sea atendida por mujeres en un ambiente seguro en forma ágil que no se le haga esperar 2 o 3 horas para recibir una declaración que en el mismo día se realice tal y como lo sugiere el defensor mediante un equipo interdisciplinario la entrevista la valoración psicológica la valoración ginecológica y cualquiera otra pericia que sea necesario realizar salvaguardando la integridad emocional psicológica de la víctima eso es lo ideal a eso aspiramos pero debemos de ser también realistas en el sentido de que no siempre el estado cuenta con las instalaciones ni con los recursos para ello el personal suficiente para en un mismo día realizar todas estas pericias ese caso teniendo en cuenta que el incumplimiento a estos protocolos a estos lineamientos que se sugieren como deseables no implica la nulidad de los actos de investigación porque no hay ningún dispositivo en el tesis de jurisprudencia que indique que el desacato a estos protocolos genere por sí mismo la anulación del medio de prueba ni lo conviertan ilícito no puedo coincidir con su postura en el sentido de que ha perdido eficacia probatoria el dictamen psicológico o la valoración ginecológica por estas circunstancias pues el análisis es libre y razonado y encuentro que el especialista varón en materias de psicología realizó pues lo que la ciencia le sugería una valoración atendiendo a la naturaleza del hecho determinó cuáles son las secuelas que identificó y emitió una opinión que no encuentro pues que sea contradictoria ni que me indique que ha emitido una conclusión incongruente o contrarias a las observaciones que el mismo planteó en su dictamen por lo tanto no tengo elementos para restarle valor probatorio a efectos de determinar que con dicha valoración psicológica del 23 de noviembre del 2020 se establece indicios razonables para corroborar que hubo la agresión verbal y psicológica que reclama la víctima del día 19 de noviembre del 2020 pues los amagos el sentido de que sería disuelta en ácido y que haya sido insultada que se le haya atribuido la existencia de un amante entre otros insultos que fueron generados considero que es razonable que la víctima presentase precisamente esa disminución de la autoestima que se diagnosticó en la valoración psicológica el temor a ser agredida tristeza temor inseguridad decir no encuentro nada discordante en cuanto a los resultados en cuanto los hallazgos con el hecho descrito por la víctima por tanto consideró que estos elementos de convicción la declaración de Verónica Cruz Narváez la valoración psicológica permiten corroborar la existencia de ese acto abusivo de poder pues de acuerdo a la dinámica de los hechos descrita por la víctima estos insultos fueron en forma injustificada es decir no había motivación por la cual su pareja frente a sus hijos le atribuyera todas esas características que son denigrantes e incluso le amenazase con disolverla en ácido de ahí entonces qué se afirma que esa conducta es abusiva es un acto abusivo es de poder porque está comunicando dominio del varón hacia la mujer y es precisamente una violencia verbal y psicológica por eso entonces ese estaría acreditando la existencia de este hecho de violencia familiar su circunstancia obviamente es dentro del hogar familiar así señalado por la denunciante confirmado por Verónica Cruz Narváez y mediante la inspección en el lugar de los hechos en donde se constató la existencia de la vivienda ubicada en cerrada alameda 19 colonia Miguel Hidalgo de centro la existencia del hecho de violación quedó también corroborado mediante la ponderación integral y razonada de la declaración de N.G.C.C., quién realiza una descripción detallada de a qué hora aproximada en dónde y de qué manera se le impuso la relación sexual en contra de su voluntad mediante el uso de la violencia física materializada en fuerte sujeción en las extremidades superiores e inferiores dice la defensa bueno porque no se despertaron los niños porque no ellos interrumpieron el acto bueno eso ojalá hubiese ocurrido pero el hecho de que no haya ocurrido por los las razones que ya la propia víctima explicó que ese le amenazó de que se irritaba se despertaba los niños la cuál era su intención al momento de con su pie tratar de despertar al menor que tenía más próximo porque les iba a pegar esto fue lo que motivó el que no siguiera intentando despertarlos si este hecho pudo ejecutarse aun encontrándose los menores a un lado durmiendo no consideró que sea algo inverosímil o de imposible realización atendiendo a que cada persona es un hecho notorio cada persona tiene características específicas y que entiendo que habrá alguna razón por la cual no se generó el que se despertaron los tres menores incluso a la parte final dice la propia víctima que una de las menores si alcanza a despertarse y es precisamente cuando cesa la consumación saca el pene y se mantuvo despierto el sujeto activo esperando a que se durmiera nuevamente está menor eso no se explica que en cierto momento cuando el propio sujeto activo le estaba diciendo a la señora de que si otros le hacían que él podía hacerlo estaba hablándole esto indica que esa fue precisamente lo que motivó a qué es a menor si alcanzará despertarse de ahí entonces que no me parece que sea algo inverosímil o de imposible realización sobre todo si hay evidencia científica que respalda esta dinámica de hechos en este caso materializada en la exploración ginecológica en donde el 25 de noviembre del 2020 se informa que se presentó en N.G.C.C., aumento de volumen en tobillo derecho compartirlo por contusión labios menores con despulimiento hiperemia también en mucosa frenillo fosita navicular todos estos según la ampliación del dictamen compatibles con haberse ejecutado en la penetración por un objeto Romo con un diámetro igual o superior al introito vaginal menor a 3 días del momento de la realización esta evidencia científica practicada por un especialista en medicina humana me permite confirmar el dicho de N.G.C.C., en el sentido de que Hugo la cópula el ayuntamiento carnal por vía vaginal o la magnitud el número de alteraciones somáticas permite determinar que si existió esa penetración por miembro viril incluso como anotación el perito en medicina humana establece qué hay dolor en la palpación al momento de que con un sopo se hace esta exploración lo cual a mí me sugiere en una forma razonable que estas secuelas por su número por sus características que no es solamente un despulimiento sino que hay una hiperemia y hay dolor en la palpación implica a qué fue una introducción de este cuerpo Romo contrario a la voluntad de la víctima es decir concuerda con el dicho de N.G.C.C., en el sentido de que ella no se encontraba de acuerdo en esta relación sexual de ser así pues no habría tan magnitud de lesiones en el introito vaginal cabe destacar que por tratarse delitos del orden sexual pues es lógico que no va a haber testigos tan es así que la propia denunciante indica que desde las 10 de la noche el sujeto activo le había colocado un brazo encima del cuello tratando de generar violencia opresión que espero hasta que los menores se durmiera ya alrededor de las 0 horas con 30 minutos a 1 de la mañana para ejecutar la cópula entonces es evidente esta fue la circunstancia que impidió la existencia de testigos sobre el hecho de violación y que ha sido sólo mediante prueba indirecta qué es la valoración en materia ginecológica la declaración de Verónica Cruz Narváez y en la misma fecha de los hechos ya en la mañana recibe escucha de boca de su hija la narración de esta misma conducta de violación y es la que le sugiere no te bañes y cámbiate de ropa y ve a denunciar a la fiscalía me parece que todo eso tiene una secuencia coherente consistente y de factible realización que aunado al hecho de que se pudo confirmar mediante el dictamen ginecológico y el dictamen químico pues que había restos precisamente del líquido seminal en la cavidad de la víctima en la cavidad vaginal de ahí entonces estás aportaciones del conocimiento científico son esa prueba indirecta a qué hace alusión las tesis que en forma reiterada emitido el poder oficial de la federación para constatar la existencia de este hecho en forma razonable no hay una prueba plena sino que es precisamente el análisis conjunto integral de estos datos que permiten establecer que si hay indicios razonables que permitan suponer que hubo esa relación sexual y que fue mediante el uso de la violencia por qué de esa de esta manera entendemos en una forma más coherente él porque la víctima presenta esa lesión en el tobillo que fue señalado por ella misma qué es la parte por la cual la sujeto fuertemente igual al momento de doblegarla así también es la magnitud de las lesiones que presentaba en su cavidad vaginal la declaración del señor Carlos Rodríguez Jiménez la escuché con atención sin embargo su versión no fue constatada ni con prueba directa o evidencia directa ni con datos que de manera razonable confirmaran su autenticidad contrario a lo que si pasó con la declaración de N.G.C.C., en el sentido de que ella si aporta prueba científica o datos de prueba provenientes de la aplicación de la ciencia así como declaración de una testigo que pudo corroborar cada una de las partes relativas a la violencia familiar y a la violación en el caso del señor Carlos Rodríguez Jiménez es solamente su palabra en el sentido de que la relación sexual fue voluntaria de qué la agresión ha sido siempre de ella que él presenta cicatrices de las agresiones que ha recibido de su pareja 11 pues su dicho está aislado no tengo ningún otro dato que pueda confirmar su versión por lo tanto debo de negarle eficacia probatoria y en su lugar hacer prevalecer la versión de la denunciante al fin de cuentas tendrá plazo de investigación complementaria para que se pueda corroborar todo esto que está diciendo traiga los testigos o informes o los medios de prueba que usted considere para corrugar que lo que dijo pues es así y al finalizar esta investigación complementaria pues se determinará si hay elementos o no para llevarlo a juicio esta resolución le reitero tal y como se lo indiqué al inicio es solamente para autorizar que la investigación continúa no es una sentencia no es una declaración de responsabilidad penal solamente para indicar que la denuncia de la víctima las actas de nacimiento las declaraciones de la testigo los dictámenes aportados todo esto me permite establecer en forma razonable que hay un hecho que amerita que se continúa investigando y se pueda determinar si ocurrió no. La probabilidad de autoría que se le atribuye la constato mediante el señalamiento indubitable que realizó N.G.C.C., así como en forma indiciaria también el señalamiento que realizó la señora Verónica al indicar que escuchó que era usted quién generaba la violencia familiar y también poder establecer la probabilidad de su autoría en cuanto a violación por el señalamiento realizado por la víctima que hasta este momento pues no ha sido desvirtuado no tengo elementos para dudar de su autenticidad bueno siendo entonces estos los argumentos por los cuales autorizó la vinculación tienen 3 días para apelar en caso de inconformidad recordando que los intervinientes quedan notificados en el caso de N.G.C.C., en el domicilio o medio de notificación que ella haya autorizado". Sentado lo anterior, para hacer el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, esta juzgadora estima oportuno hacer algunas apreciaciones ilustrativas en relación a los tipos penales referidos, por cuanto hace a la conformación de sus elementos; sin que ello constituya, como ya se expuso, un requisito que debe ser colmado por la autoridad responsable al dictar algún auto de vinculación a proceso, pues sólo debe colmar los requisitos atinentes a evidenciar datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Apoya lo anterior, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/19 (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, con número de registro 2017728, localizable en la página 2388, libro 57, agosto de 2018, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. TEST DE RACIONALIDAD QUE PROCEDE APLICAR PARA EL ESTUDIO DE LOS DATOS DE PRUEBA, A PARTIR DE LOS CUALES PUEDE ESTABLECERSE QUE SE HA COMETIDO UN HECHO IMPUTADO COMO DELITO [MODIFICACIÓN DE LA TESIS XVII.1o.P.A.31 P (10a.)]. Este Tribunal Colegiado de Circuito, en la tesis aislada XVII.1o.P.A.31 P (10a.), estableció el test de racionalidad que procede aplicar por el tribunal de amparo, en relación con los antecedentes de investigación como canon de control de la legalidad del auto de vinculación a proceso. Ahora bien, una nueva reflexión sobre el tema, lleva a este órgano jurisdiccional a modificar dicho criterio, para ahora definir el test que procede aplicar para el estudio de los datos de prueba a partir de los cuales puede establecerse que se ha cometido un hecho imputado como delito, el cual tiene como objetivo diferenciar el nivel de exigencia probatoria que es aplicable en las resoluciones susceptibles de ser dictadas en la audiencia inicial, frente a la sentencia definitiva dictada en el juicio oral. En la premisa fáctica se requiere para la aceptación o rechazo de una teoría: a) Una hipótesis (teoría del caso): Es una proposición que tiene como sustento un hecho captado por medio de los sentidos. b) Los enunciados que integran la hipótesis; razonamientos con cierta probabilidad o verosimilitud. c) La verificabilidad de los enunciados, mediante la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y, la valoración debe ser racional, es decir, aquella que en su práctica emplea elementos o reglas racionales, lógicas, máximas de experiencia, método científico y pensar reflexivo, para valorar e interpretar los resultados de la aportación de datos de prueba en conjunción con lo alegado para determinar qué puede dar o considerar como probado, que en última instancia no es más que evaluar el grado de probabilidad, con fundamento en los medios disponibles, si puede considerarse como verdadera una hipótesis sobre los hechos. d) La aceptación o rechazo de la hipótesis, mediante la argumentación de la hipótesis aceptada y la refutación, por contrastabilidad, de la rechazada. La aceptabilidad de una hipótesis es un juicio sobre su confirmación y no refutación. Una vez confirmada debe someterse aún a la refutación examinando los posibles hechos que -de existir- invalidarán o reducirán el grado de probabilidad de la hipótesis, es decir, el Juez contrasta unas afirmaciones -hipótesis- poniendo a prueba su valor explicativo. Una hipótesis se considera confirmada por un dato o medio de prueba si existe un nexo causal o lógico entre ambas, de modo que se configure una razón para su aceptación. La confirmación corresponde a una inferencia en virtud de la cual, a partir de unos datos de prueba y de una regla que conecta a esos datos de prueba con la hipótesis, se concluye aceptando la veracidad de esta última." Así, en primer lugar del artículo 148 del Código Penal del Estado de Tabasco, se desprende que el delito de violación, por el que se emitió auto de vinculación a proceso, se integra con los siguientes elementos: a) La cópula, que es cualquier forma de ayuntamiento carnal o conjunción sexual, con eyaculación o sin ella, y sin importar el sexo; b) Empleo de violencia física que es la fuerza material en el cuerpo del ofendido que anula su resistencia, tales como golpes, heridas, ataduras o sujeción por terceros u otras acciones de tal ímpetu material que obligan a la víctima, contra su voluntad, a dejar copularse; o bien de violencia moral, que no es otra cosa más que el empleo de amagos o amenazas de males graves que, por la intimidación que produce, impiden resistir el ayuntamiento; y, c) Ausencia de voluntad del ofendido, es decir, la falta de consentimiento del agraviado para el ayuntamiento carnal. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/86 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con número de registro 199552, localizable en la página 397, tomo V, enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que dice: "VIOLACIÓN, ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO DE. Los elementos que constituyen el delito de violación lo son: a) La cópula, que es cualquier forma de ayuntamiento carnal o conjunción sexual, con eyaculación o sin ella, y sin importar el sexo; b) Empleo de violencia física que es la fuerza material en el cuerpo del ofendido que anula su resistencia, tales como golpes, heridas, ataduras o sujeción por terceros u otras acciones de tal ímpetu material que obligan a la víctima, contra su voluntad, a dejar copularse; o bien de violencia moral, que no es otra cosa más que el empleo de amagos o amenazas de males graves que, por la intimidación que producen, impiden resistir el ayuntamiento; y c) Ausencia de voluntad del ofendido, es decir, la falta de consentimiento del agraviado para el ayuntamiento carnal." Ahora, por lo que respecta al delito de violencia familiar, previsto en el artículo 208 bis del Código Penal del Estado de Tabasco, se integra con los siguientes elementos: a. Que el activo realice un acto abusivo de su poder o agreda de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica o sexual a la víctima. b. Que esto ocurra dentro del domicilio familiar. c. Que entre la víctima y el agresor exista una relación de matrimonio, concubinato o de hecho. Apoya lo anterior, el precedente emitido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, tipo aislado, con registro 168522, publicado en la página 2465, Tomo XXVIII, de Octubre de 2008, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dicen: "VIOLENCIA FAMILIAR. ELEMENTOS QUE SE DEBEN ACREDITAR. La violencia familiar, puede definirse como aquel acto u omisión intencional de una o varias conductas dirigidas a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia dentro o fuera del domicilio familiar, para causar daño. Dos de alguna de sus clases son: I. Física: consistente en todo acto intencional en el que se utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física del otro; y, II. Psicoemocional: todo acto u omisión consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, desdén, abandono o actitudes devaluatorias, que provoquen en quien las recibe alteración autocognitiva y autovalorativa, que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de la estructura psíquica de esa persona. Es decir, es un fenómeno complejo que no puede tenerse por acreditado por un solo acto o de indicios no corroborados sobre su existencia. De ahí que, quien alega alguna de estas dos clases de violencia deberá acreditar: el daño físico o emocional y la intención por parte del generador de violencia familiar para causarlo; o bien, que la conducta desplegada es susceptible de provocar una alteración física o en alguna esfera o área de la estructura psíquica del receptor de la violencia". Lo expuesto, se reitera no constituye un requisito que debe ser colmado por la autoridad responsable al dictar el auto de vinculación a proceso, toda vez que conforme a la reforma constitucional de los artículos 16 y 19, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, establecen que para el dictado del auto de vinculación a proceso o en su defecto la orden de aprehensión, solo basta establecer la existencia de un hecho delictivo y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, por lo que resulta innecesario la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia con registro 2014800, emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 360, Libro 45, de Agosto de 2017, Tomo I, página 360, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubr y contenido dicen: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL).- Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley". Por lo que se itera que las consideraciones antes expuestas no constituyen un requisito que debe ser colmado por la autoridad responsable, para la emisión de la vinculación a proceso. Expuesto lo anterior, es oportuno referir que en el auto de vinculación a proceso reclamado, el juez responsable debidamente consideró los siguientes datos de prueba referidos durante el debate: 1.- La entrevista de la víctima de identidad reservada de iniciales N.G.C.C. 2.- La entrevista de la testigo Verónica Cruz Narváez. 3.- Actas de nacimiento de los menores de edad de identidad reservada con iniciales de J.H.R.S.; K. y A. R. C. 4.- Valoración psicológica de veintitrés de noviembre de dos mil veinte. 5.- Dictamen ginecológico practicado a la víctima. 6.- Inspección en el lugar de los hechos. Para ello, de conformidad con lo establecido por los numerales 259, 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez de control al hacer una ponderación conjunta, armónica, libre y lógica de los datos de pruebas verbalizados por la fiscal, correctamente determinó que se advierte la actualización de hechos que la ley señala como delito. En efecto, el Juez de Control responsable, acertadamente consideró que de los antecedentes de investigación se desprendían los requisitos que establece el artículo 19 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos - 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión -. Lo que fue suficiente para determinar que existieron los hechos delictivos de violencia familiar y violación, previstos y sancionados en los artículos 248 bis y 148 del Código Penal del Estado de Tabasco, y que se desprendió la probabilidad de que Carlos Rodríguez Jiménez, los había cometido en agravio de la víctima de identidad reservada con iniciales N.G.C.C., al considerar por lo que respecta al delito de violencia familiar, sostuvo que el imputado el día diecinueve de noviembre de dos mil veinte, aproximadamente a las diecinueve horas con treinta minutos, en el interior del domicilio familiar ubicado en cerrada Alameda número 19 de la colonia Miguel Hidalgo, de esta ciudad, ejecutó actos abusivos de poder tendientes agredir psicológicamente a la víctima. Por su parte, en relación al delito de violación, el Juez de Control, sostuvo que el día veinticinco de noviembre de dos mil veinte, aproximadamente a las cero horas con treinta minutos en el interior de la recámara que comparte la víctima con su agresor y sus hijos, le impuso la cópula en contra de la voluntad de la víctima, generado esto mediante el uso de la violencia física. En efecto, el Juez responsable de manera acertada justificó que entre la víctima y el imputado, existía una relación de hecho, pues mediante las actas de nacimiento de los menores de edad, se desprende que los infantes nacieron en los años de dos mil catorce, dos mil dieciséis y dos mil diecinueve y que sus padres son Carlos Rodríguez Jiménez y la víctima de identidad reservada de iniciales N.G.C.C. Datos de pruebas que correctamente el Juez responsable, consideró que son documentos públicos y que eran suficientes para determinar que entre el imputado y la víctima, mantenían una relación de pareja y que ambos procrearon tres hijos, por lo que no es una relación de amistad. Por su parte, el Juez responsable, dijo que el acto abusivo de poder de agresión verbal y psicológica, se justificaba con la entrevista de la víctima de identidad reservada de iniciales N.G.C.C., en la que narró que su agresor se encontraba en aparente estado de ebriedad y comenzó a gritarle e insultarla y amenazarla con disolverla en ácido. Dato de prueba, que el Juez responsable consideró de manera acertada que era coherente en forma consistente es decir los hechos que describió la víctima son de violencia familiar. Además, destacó el Juez responsable que en esa entrevista se desprenden las circunstancias de tiempo, lugar y forma en que se suscitó la agresión verbal por parte del imputado, por lo que no existen elementos para dudar de su autenticidad. Sumado a que el Juez responsable, consideró que lo anterior, se adminiculaba con la entrevista de Verónica Cruz Narváez, madre de la víctima, quien refirió que el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, aproximadamente a las veinte horas, llegó al domicilio de su hija, donde ingresó sin que ésta y el imputado notaran su presencia y logró escuchar la agresión verbal que le hacía su yerno a su hija. Lo anterior, dijo el Juez responsable que era un dato de prueba que adminiculaba la versión de la víctima, destacando que si fuese un ateste aleccionada o que su declaración estuviese motivada en un odio o con la intención de dañar gratuitamente a Carlos Rodríguez Jiménez, su testimonio sería el que proporcionó la víctima. Sin embargo, el Juez responsable, consideró que no era así, pues la testigo expresó lo que escuchó, y que inclusive no coincide en su totalidad con lo expresado por la víctima, pues ésta refiere que los hechos ocurridos acontecieron a las ocho de la noche, mientras que la víctima dijo que a partir de la siete y media, lo que resulta un tiempo considerable en la que refieren que acontecieron los hechos, pero no suficiente para generar duda, pues coincide en la forma en que ocurrieron los hechos, toda vez que escuchó a su yerno cuando le dijo a su hija que tenía un amante, y que lo metía a su domicilio. También refirió que ese testimonio coincidía con el proporcionado por la víctima, al referir que éste aparentemente se encontraba en estado de ebriedad y que lo ocurrido fue en presencia de los tres menores hijos. Conforme lo anterior, el Juez responsable correctamente dijo que la entrevistada expresó los hechos que percibió y que era verosímiles que conociera de los hechos, pues refirió que visitaba de manera frecuente a la víctima y que el hecho de que fuera su familiar no implicaba que fuera falso su testimonio. Así también, fue acertada la consideración del Juez de Control, en establecer que la violencia psicológica de la víctima, se acreditaba con el dictamen de valoración psicológica de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, pues en esa experticia se indicó que una vez aplicado el método científico, el especialista estableció que la víctima de identidad reservada con iniciales N.G.G.C., presentó secuelas de inseguridad, temor, tristeza, disminución de la autoestima y temor a ser agredida. Agregando, el Juez responsable, que dicha opinión no se encontraba desvirtuada y por el hecho de que su emisión haya sido por una persona del sexo masculino, a dicho de la defensa contravenía según la opinión de la defensa los criterios en materia de perspectiva de género. Además, el Juez responsable, refirió que si bien lo ideal es que una víctima al comparecer a una unidad de violencia de género sea atendida por mujeres en un ambiente seguro y de forma ágil para recibir su entrevista y como lo refirió la defensa mediante un equipo interdisciplinario se realicé la entrevista, la valoración psicológica y ginecológica, así como cualquier otra experticia, salvaguardando la integridad emocional de la víctima. No obstante, el Estado no siempre cuenta con las instalaciones ni los recursos y el personal suficiente para en un mismo día realizar todas esas experticias, para cumplir con los protocolos, pero ello no implica la nulidad de los actos de investigación, toda vez que no existe un dispositivo legal o tesis que disponga que el desacato a esos protocolos, genere por si solo la anulación del dato de prueba y lo convierta en ilícito. Por lo que el Juez, correctamente desvirtúo lo alegado por la defensa, con lo relacionado a que tanto el dictamen psicológico como ginecológico, había perdido su eficacia probatoria, pues sostuvo el Juez, que el análisis fue libre y razonado y el especialista realizó lo que la ciencia le sugirió, atendiendo la naturaleza del hecho, con lo determinó cuáles eran las secuelas que identifico, lo que fue suficiente para considerar que su opinión no era contradictoria, ni tampoco incongruente o contrarias a las observaciones que el especialista planteó en su opinión, por lo que no existían elementos para restarle valor probatorio. Por lo tanto, con la valoración psicológica de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se establecieron datos razonables para corroborar que existió una agresión verbal y psicológica de la que fue sujeta la víctima de identidad reservada. Afirmación que hizo el Juez responsable, pues las amenazas que refirió la víctima en el sentido de que sería disuelta en ácido y que haya sido insultada atribuyéndole la existencia de un amante, entre otros insultos, indiscutiblemente generó en la víctima esa disminución de la autoestima, el temor a ser agredida, tristeza, temor e inseguridad diagnosticada en la valoración psicológica. Apreciación del Juez responsable, que resulta acertada toda vez que robusteció la declaración de la víctima con el dictamen psicológico, el cual este último tiene la tarea primordial de identificar el daño psicológico o moral que presentan las víctimas y realizar un diagnóstico sólido para presentarlo en un informe pericial suficientemente claro, de utilidad para los encargados de impartir justicia; además se destaca que la experticia no tiene como objeto directo demostrar los hechos de violencia familiar narrados, o las conductas de violencia familiar hechas valer, pues dicha probanza sólo permite conocer la situación psicológica de las partes para determinar, en función de las demás pruebas aportadas, el daño emocional provocado a los miembros de la familia. Sirve de apoyo, el precedente aislado con registro 162020, emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 234, Tomo XXXIII, de Mayo de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido dicen: "PRUEBA PERICIAL EN PSICOLOGÍA EN ASUNTOS SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR. SU OBJETO DIRECTO ES CONOCER EL ESTADO PSICOLÓGICO DE LAS PARTES Y NO DEMOSTRAR LOS HECHOS EN QUE SE SUSTENTA.- Los psicólogos que se desempeñan en la atención y evaluación de los conflictos familiares, caracterizados por situaciones de maltrato o violencia, tienen la tarea primordial de identificar el daño psicológico o moral que presentan las víctimas y realizar un diagnóstico sólido para presentarlo en un informe pericial suficientemente claro, de utilidad para los encargados de impartir justicia. Así, el peritaje psicológico de la violencia en las familias es más que un conjunto de instrumentos destinados a responder a una pregunta requerida por el juez, ya que representa el punto donde se intersectan la psicología y el derecho, porque investiga el mundo afectivo, volitivo y cognitivo de los sujetos involucrados en un litigio para respaldar un saber científico. De ahí que la prueba pericial en psicología no tiene como objeto directo demostrar los hechos de violencia familiar narrados, o las conductas de violencia familiar hechas valer, pues dicha probanza sólo permite conocer la situación psicológica de las partes para determinar, en función de las demás pruebas aportadas, el daño emocional provocado a los miembros de la familia. En ese sentido y dada la naturaleza de dicha probanza, puede servir como prueba directa de la violencia familiar, ya que al tratarse del estado psicológico actual de las personas puede ayudar a concluir si deriva de actos violentos, aun cuando no se mencionen concretamente cuáles fueron". Por lo tanto, fue acertada la decisión del Juez responsable de valorar de manera conjunta los datos de prueba, para establecer la existencia del acto abusivo de poder ejercido por el imputado en contra de una persona. Afirmación que hizo el Juez responsable, al desprenderse que los hechos descritos por la víctima consistían en insultos, incluso alguno de ellos realizados en presencia de sus hijos. Por lo que el Juez responsable, refirió que esos insultos resultaban denigrantes y suficientes para considerar el acto abusivo de poder, al imponer el dominio de un hombre hacía la mujer, lo que resulta una violencia verbal y psicológica. A manera de ilustración, se cita el precedente aislado con registro 2019902, emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 2485, Libro 66, de Mayo de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dicen: "VIOLENCIA PSICOLÓGICA. SUS CARACTERÍSTICAS E INDICADORES.- La fracción I del artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tipifica la violencia psicológica. De acuerdo con la Corte Constitucional Colombiana este tipo de violencia se trata de una realidad mucho más extensa y silenciosa, incluso, que la violencia física y puede considerarse como un antecedente de ésta; se ejerce a partir de pautas sistemáticas, sutiles y, en algunas ocasiones, imperceptibles para terceros, que amenazan la madurez psicológica de una persona y su capacidad de autogestión y desarrollo personal; los patrones culturales e históricos que promueven una idea de superioridad del hombre (machismo-cultura patriarcal), hacen que la violencia psicológica sea invisibilizada y aceptada por las mujeres como algo "normal"; los indicadores de presencia de violencia psicológica en una víctima son: humillación, culpa, ira, ansiedad, depresión, aislamiento familiar y social, baja autoestima, pérdida de la concentración, alteraciones en el sueño, disfunción sexual, limitación para la toma de decisiones, entre otros, la violencia psicológica a menudo se produce al interior del hogar o en espacios íntimos, por lo cual, en la mayoría de los casos no existen más pruebas que la declaración de la propia víctima". Sumado lo anterior, el Juez responsable le otorgo valor probatorio a la inspección realizada en el lugar de los hechos, de lo que se desprendía la existencia de una vivienda ubicada en cerrada Alameda 19, colonia Miguel Hidalgo, de esta ciudad y que fue a donde se suscitaron los eventos delictivos. De la misma manera, el Juez responsable, refirió que la existencia del hecho delictivo de violación, se corroboraba con la declaración de la víctima de identidad reservada de iniciales N.G.C.C, pues la víctima realizó una descripción detallada de la hora y el lugar donde le fue impuesta la cópula en contra de su voluntad y mediante el uso de la violencia física, al ser sujetada en las extremidades superiores e inferiores. En relación a lo anterior, el Juez responsable, señaló que quedaba desvirtuado el alegato verbalizado por la defensa, relacionado que si la cópula se impuso por medio de la fuerza porque razón no se despertaron los niños, para interrumpir el acto. Lo que sostuvo el Juez, al indicar que la propia víctima refirió en su entrevista que fue amenazada por el imputado en el sentido de que si gritaba despertaría a los niños, además esa la intención de la víctima al momento de tratar con su pie de despertar a uno de los infantes, pero su agresor le manifestó que los iba a golpear, lo que propició que la víctima no intentará despertarlos. De igual forma, el Juez responsable sostuvo que la versión de la víctima no resultaba inverosímil, pues el hecho pudo ejecutarse aun cuando los menores se encontraban a un lado de la víctima durmiendo, ello debido a que atendido que cada sujeto tiene características distintas específicas, y que por alguna razón los menores en el momento en que ocurrieron los hechos no se despertaron, pero ello no genera incertidumbre sobre la forma en que ocurrieron los hechos. No obstante, la víctima refirió que en la parte final de la forma en que estaban ocurriendo los hechos, una de sus hijos alcanzó a despertarse, lo que hizo que el imputado concluyera con la cópula. Sumado a lo anterior, el Juez responsable, concatenó la versión de la víctima, con el dictamen de exploración ginecológica de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, del que se desprendía que la paciente de iniciales N.G.C.C., presentó aumento de volumen en tobillo derecho compartirlo por contusión, labios menores con despulimiento hiperemia, en mucosa frenillo fosita navicular todos estos según la ampliación del dictamen compatibles con haberse ejecutado en la penetración por un objeto romo con un diámetro igual o superior al introito vaginal menor a tres días al momento de la práctica científica realizada por un especialista en medicina humana. Es así que el Juez responsable concatenó la versión de la víctima en el sentido de que hubo cópula en el ayuntamiento carnal por vía vaginal y la magnitud de alteraciones somáticas permitieron determinar que si existió una penetración por miembro viril. De igual forma, el Juez indicó que el especialista en medicina humana estableció que había un dolor en la palpación al momento de realizar con un isopo la exploración. Por lo anterior, el Juez responsable concluyó que las características de esas secuelas, actualizan una hiperemia, y en donde además hay dolor, de lo que se advierte que hubo una introducción de un cuerpo romo en contra de la voluntad de la víctima. Por lo tanto, fue correcto que el Juez responsable considerara que la versión de la víctima de identidad reservada de iniciales N.G.G.C, en el sentido de que no estaba de acuerdo de realizar el acto sexual, pues de ser así no existieran lesiones en el introito vaginal. Así también, de manera correcta el Juez responsable agregó que, por tratarse de delitos del orden sexual, no se realiza en presencia de testigos, pues en el caso la propia víctima refirió que desde las diez de la noche el sujeto activo le colocó un brazo encima del cuello lo que generó violencia y esperó hasta que los menores de edad se durmieran para que entre las cero horas con treinta minutos a la una de la madrugada para ejecutar la cópula. Lo que llevó al Juez responsable a considerar que el hecho delictivo no se realizará en presencia de testigos. No obstante a ello, la existencia del hecho delictivo, se corrobora con la versión de la víctima, de la testigo Verónica Cruz Narváez y el dictamen ginecológico y químico, donde en estos últimos se concluyó que en la cavidad vaginal de la víctima se encontraban restos de líquido seminal, por lo que dichas experticias corroboran que se suscitó el hecho. Así también el Juez responsable, indicó que el análisis del conjunto de datos de pruebas, eran suficientes para establecer que existió esa relación sexual y que se realizó mediante violencia, pues además la víctima presentó lesiones en el tobillo, lo que corrobora la versión de que el activo la sujetó fuerte al momento de doblegarla, así como las lesiones que presentó en su cavidad vaginal. Por último, en relación a la declaración del imputado Carlos Rodríguez Jiménez, en el sentido de que la relación sexual fue voluntaria y que la agresión siempre ha sido por parte de la víctima, el Juez responsable de manera correcta refirió que era una versión aislada que no se encontraba corroborada con alguna prueba directa, al contrario si existieron datos que confirmaron que los hechos delictivos si ocurrieron, y que consistieron con la declaración de la víctima, de la testigo, y de los dictámenes periciales que fueron valorados de manera conjunta. En esa medida, de los datos de prueba analizados por el Juez de Control, se desprende la existencia de los hechos delictivos de violencia familiar y violación, perpetrados en contra de la víctima de identidad reservada de iniciales N.G.C.C. Consideraciones que se estiman suficientes, pues no se debe perder de vista que en la fase de investigación inicial se requiere de mínima exigencia ponderativa, al resultar de datos de pruebas derivados de una carpeta de investigación, que tiene como objeto reducir la formalidad de la indagatoria, fortaleciendo a su vez, la relevancia del proceso penal y particularmente el juicio. En consecuencia, fue acertado que el juzgador, de conformidad con lo establecido por los numerales 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, haya hecho una ponderación conjunta, armónica, libre y lógica de los datos de pruebas verbalizados por la fiscal, con lo cual correctamente llegó a la convicción que, de los datos de pruebas expuestos por el órgano acusador, se desprenden indicios que le resultaron razonables para demostrar los hechos por los cuales formuló imputación. Apoya lo anterior, la tesis XV.3o.6 P (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado Del Décimo Quinto Circuito, consultable en la página 2167, Tomo III, Febrero de 2017, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo epígrafe y contenido dicen: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. Para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema procesal penal acusatorio y oral, sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión, el que atendiendo a la significación que recoge tanto elementos normativos como doctrinales mayormente enfocados al causalismo, excluye un análisis de todos y cada uno de los elementos del tipo penal, dado que lo relevante para el dictado de ese acto procesal no es explicar el fenómeno delictivo en su completitud, sino la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. Por ende, el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), sino que debe partirse de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por el ser humano para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Sin embargo, cuando se advierta una causa de exclusión del delito, el Juez debe declararla de oficio, porque en cualquier fase del procedimiento penal debe verificarse si se actualizan, tal como lo prevé el artículo 17 del Código Penal Federal, al disponer que las causas de exclusión del delito se investigarán y resolverán de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento; mientras que si es alegada por la defensa, para su verificación, es necesario atender a que se impone al procesado la carga probatoria respecto a la causa de exclusión del delito que se haga valer, por implicar una afirmación que corresponde probar a quien la sostiene patente y plenamente." Hechos que denotan la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por la ley penal, referente a la armonía familiar y libertad sexual. Además, se aprecia que también se justificaron las circunstancias de ejecución del hecho: en tanto que quedó asentado que estos fueron realizados en el domicilio ubicado en cerrada Alameda, número 19 colonia Miguel Hidalgo, de Centro Tabasco, pues en relación al delito de violencia familiar se suscitó el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, aproximadamente a las diecinueve horas con treinta minutos, al agredir verbalmente y amenazar a la víctima de identidad reservada, lo que generó violencia psicológica y como consecuencia un acto abusivo de poder sobre una persona. Por su parte, en relación al delito de violación, se suscitó en el citado domicilio el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, entre las cero horas con treinta minutos y una de la madrugada, en donde el imputado le impuso la cópula en contra de su voluntad, por medio de violencia física. Resulta ilustrativa por las consideraciones que contiene, la jurisprudencia VI.1o.P. J/40 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con número de registro 184967, consultable en la página 799, Tomo XVII, febrero de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que se cita enseguida: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SUS REQUISITOS ESENCIALES (CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR), NO SE PUEDEN COMPLETAR O INTEGRAR CON LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Partiendo de la base de que el artículo 19 constitucional garantiza al inculpado contar con los elementos suficientes para su defensa durante el proceso, es obligación del Juez de origen determinar en el auto de formal prisión, entre otros, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito, y no al juzgador de garantías en la sentencia de amparo, a quien no le está permitido sustituirse a la autoridad responsable, ni aun aduciendo cuestiones de economía procesal, dado que con su actuar estaría completando o integrando el auto de término constitucional combatido, donde se fija la litis del proceso penal, obligando al quejoso a defenderse, además de lo determinado por el Juez de la causa, de lo dicho por el Juez constitucional; circunstancia que resulta absurda y contraria a la lógica jurídica y técnica del juicio de amparo, en virtud de que éste no es una segunda o ulterior instancia en la que se reasuma jurisdicción, sino un medio extraordinario de defensa constitucional por lo que los Jueces de Distrito, al momento de resolver, se deben limitar a establecer si el acto reclamado viola o no garantías individuales." Análisis de la probable responsabilidad. Expuesto lo anterior, es momento de referirse a la probable intervención del imputado Carlos Rodríguez Jiménez, en la comisión de los hechos ilícitos que se le atribuyen. Lo que sostuvo el Juez responsable, al considerar que el imputado realizó los hechos delictivos de violencia familiar y violación, en el domicilio ubicado en cerrada Alameda, número 19 colonia Miguel Hidalgo, de Centro Tabasco, pues en relación al delito de violencia familiar se suscitó el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, aproximadamente a las diecinueve horas con treinta minutos, al agredir verbalmente y amenazar a la víctima de identidad reservada, lo que generó violencia psicológica y como consecuencia un acto abusivo de poder sobre una persona. Por su parte, en relación al delito de violación, se suscitó en el citado domicilio el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, entre las cero horas con treinta minutos y una de la madrugada, en donde el imputado le impuso al activo la cópula en contra de su voluntad, por medio de violencia física. Por lo que se comparte que se haya considerado que bajo esas condiciones se estimara que probablemente el que cometió los hechos delictivos que la ley señala como delitos de violencia familiar y violación, es el imputado Carlos Rodríguez Jiménez, quien intervino como autor material, realizando su comisión de manera instantánea y su conducta es dolosa puesto que es sabido por parte de una persona adulta que ese tipo de cuestiones no son correctas y aun así la lleva a cabo. Por lo que de manera razonable decretó auto de vinculación a proceso en contra de Carlos Rodríguez Jimeénz, por los delitos de violación y violencia familiar, previstos y sancionados en los artículos 148 y 208 bis del Código Penal del Estado de Tabasco, cometido en agravio de la víctima de identidad reservada de iniciales N.G.C.C., al encontrarse reunido los requisitos de los artículos 19 Constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, conlleva a establecer que, de los datos de prueba ponderados de manera conjunta, armónica, libre y lógica por el juez de control al momento de emitir el auto de vinculación a proceso tildado de inconstitucional, fueron suficientes para tener por satisfecho las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución requeridos por el artículo 19 de la Constitución Federal, para la emisión de dicha resolución. En ese sentido, se considera que los datos de prueba que tomó en consideración el juez de control, hasta la etapa en que se dictó el auto de vinculación a proceso, contrario a lo expuesto por la parte quejosa, son suficientes para justificar con un grado de aproximación, cercana a la realidad, que el imputado, aquí quejoso, es la persona que probablemente cometió el hecho considerado por la ley como delito; sin embargo, debe decirse que esa decisión no es definitiva, sino que el propósito de que se le someta a proceso, es precisamente para que se investiguen de forma judicializada los hechos, a fin de que éstos se esclarezcan; empero, en esta etapa de vinculación los datos de prueba existentes son suficientes para someter a investigación al accionante. Sobre ello, toma relevancia el principio de contradicción que opera en el sistema procesal acusatorio, el cual tiene como base que el procesado pueda controvertir la acusación que obra en su contra; esto, con argumentos sólidos y con soporte probatorio que realizará de forma oral ante el juez que lo juzgue. Sirve de apoyo la tesis 1a. CCXLIX/2011 (9a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, página 292, Décima Época, que dice: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SE SUSTENTA EN EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN. Del primer párrafo del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se advierte que el sistema procesal penal acusatorio y oral se sustenta en el principio de contradicción que contiene, en favor de las partes, el derecho a tener acceso directo a todos los datos que obran en el legajo o carpeta de la investigación llevada por el Ministerio Público (exceptuando los expresamente establecidos en la ley) y a los ofrecidos por el imputado y su defensor para controvertirlos; participar en la audiencia pública en que se incorporen y desahoguen, presentando, en su caso, versiones opuestas e interpretaciones de los resultados de dichas diligencias; y, controvertirlos, o bien, hacer las aclaraciones que estimen pertinentes, de manera que tanto el Ministerio Público como el imputado y su defensor, puedan participar activamente inclusive en el examen directo de las demás partes intervinientes en el proceso tales como peritos o testigos. Por ello, la presentación de los argumentos y contraargumentos de las partes procesales y de los datos en que sustenten sus respectivas teorías del caso (vinculación o no del imputado a proceso), debe ser inmediata, es decir, en la propia audiencia, a fin de someterlos al análisis directo de su contraparte, con el objeto de realzar y sostener el choque adversarial de las pruebas y tener la misma oportunidad de persuadir al juzgador; de tal suerte que ninguno de ellos tendrá mayores prerrogativas en su desahogo." Cabe agregar que, para resolver la situación jurídica de la parte imputada, no es necesario -como sí lo era antes de la reforma al sistema de justicia penal- que se acrediten de manera plena los elementos del cuerpo del delito, y tampoco es requisito constitucional que haya datos bastantes que hagan probable su responsabilidad en la comisión de tal hecho, sino que conforme a lo previsto por el artículo 19 de la Carta Magna, basta con que existan datos que indiquen la existencia de un hecho previsto en la ley como delito y la probabilidad de que lo haya cometido o participado en su comisión; extremos que se satisfacen en el asunto que se examina. En ese sentido objetivo y fundadamente se advierten datos que por ahora, involucran al hoy quejoso en la probable comisión de los hechos que la ley señala como delito y, que desde el punto de vista opuesto, no es dable jurídicamente dejarlo de someter a un proceso penal, dada la justificación de su probable comisión; de tal manera que será en otro momento procesal, cuando con los elementos de prueba que se incorporen al juicio, que permitan, con mayores datos, efectuar una valoración de las pruebas incriminatorias, y en su caso de descargo, para definir si en el asunto existe reproche penal, o no; ya que, por regla general, tratándose de auto de vinculación a proceso, basta que los datos de prueba expuestos en la audiencia de control de detención sirvan de apoyo para justificar el hecho que la ley castiga con pena corporal y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, para que los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se satisfagan; claro, probabilidad con grado aproximado a la certeza, no únicamente posibilidad, que, en el caso, conforme a las constancias que fueron expuestas y tomadas en consideración por la juez responsable, se estima por este juzgador queda satisfecha. En esas condiciones -como se adelantó- para emitir un auto de vinculación a proceso únicamente se tomarán en consideración que se haya formulado una imputación; que el activo haya rendido su declaración; y que se desprendan datos suficientes que establezcan que se cometió un hecho delictuoso y exista la probabilidad que participó en su comisión; siempre que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. En ese sentido, es en el auto de vinculación a proceso donde se determina si los datos de prueba obtenidos en la investigación establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión con el fin de continuar el proceso; fijar la materia de la investigación y el eventual juicio; aunado al hecho, que el juez fundó el análisis de los datos de pruebas en los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, lo que le permitió su estudio de forma libre y lógica; además, que como se estableció en el cuerpo de la presente sentencia, los razonamientos realizados por el juzgador en su parte considerativa son jurídicos y resuelven con acierto la controversia. En ese orden, el juez de instancia satisfizo el derecho humano de fundamentación y motivación, pues expresó los dispositivos legales en los que se basó, además, expuso con claridad y elocuencia las razones, motivos y circunstancias especiales por los que la conducta reprochada por el activo era típica y antijurídica, señalando con absoluta claridad los datos de prueba que sirvieron para justificarlo, los que ponderó de forma libre, lógica y razonada, de conformidad con lo previsto por los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor. Corolario de lo anterior, son infundados los motivos de disenso mediante los cuales la parte quejosa trata de desvirtuar la legalidad del auto de vinculación a proceso reclamado. Ello, pues cabe recordar, como ha quedado expuesto, que acorde al artículo 19 de la Constitución Federal en relación con el 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, resulta suficiente para su emisión que el juez encuadre la conducta a la norma penal, de manera que permita identificar las razones que lo llevan a determinar el tipo penal aplicable; es decir, basta con que en el acto reclamado se desprendan datos suficientes que establezcan que se cometió un hecho considerado como delito por la norma y exista la probabilidad que el imputado lo cometió o bien, que participó en su comisión, siempre que no se actualice alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente responsabilidad del delito; correspondiendo a esta juzgadora constatar su legalidad y constitucionalidad, sin ponderar los datos de prueba que permitieron su dictado pues, de acuerdo con los principios de contradicción e inmediación, ello corresponde al juez de control. Así, como quedó expuesto, del acto reclamado se aprecia que la responsable de manera suficiente justificó los datos que se desprenden de las probanzas del juicio de origen, de las que se aprecia que efectivamente se cometieron los hechos delictivos considerados como delitos por la norma y en relación al cual, existe la probabilidad de que el imputado Carlos Rodríguez Jiménez lo cometió; esto, sumado a que razonó que en el caso no se actualiza alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente responsabilidad del delito; de ahí lo infundado de los motivos de disenso por los que la parte quejosa pretende controvertir el acto en análisis, tanto más que como se dijo, la ponderación de datos de prueba es propio del juez de control y no de esta juzgadora, correspondiendo en este asunto únicamente constatar la legalidad y constitucionalidad de la resolución combatida, como se hizo. Además, la autoridad responsable tampoco vulneró en perjuicio del peticionario de amparo el debido proceso y el principio de presunción de inocencia, pues conforme al estándar probatorio requerido para la emisión de un auto de vinculación a proceso, los datos de prueba, así como los razonamientos expresados por la fiscalía son aptos suficientes para justificar su emisión. Por lo cual resultan infundados los argumentos expuestos por el quejoso en tal sentido. Lo anterior, pues en el caso, se formuló imputación al quejoso y se le dio la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, así como alegar lo que a su derecho convino y estuvo asistido de defensor, por lo cual, no puede concluirse que se viole en su perjuicio el debido proceso. Es aplicable la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de título, texto y datos de identificación siguientes: "DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDEN LA CONSTITUCIÓN NI LOS TRATADOS QUE RECONOCEN ESTOS PRINCIPIOS CUANDO LA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD DEL QUEJOSO SE JUSTIFICA POR HABERSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. La circunstancia de que determinados principios como los de debido proceso legal y presunción de inocencia no sólo estén consagrados en la Constitución Federal, sino también en tratados internacionales, no significa que no pueda justificarse una sentencia de condena o que todo acto de autoridad que afecte los intereses del procesado, como su libertad, trastoquen dichos principios. Por el contrario, lo que en ellos se establece es la condicionante de que dicha afectación al quejoso, en su caso, se vea justificada por la constatación de haberse observado o cumplido los requisitos que la propia ley contempla para que esa afectación quede enmarcada dentro de la legalidad en aras del interés público que es inherente al proceso penal y, en general, a la persecución de los delitos. Luego, si se obtiene que el sentido del fallo se justifica por haberse cumplido los requisitos legales exigidos por el caso y con base en la normatividad aplicable, resulta obvio que no se transgreden los principios aludidos y consagrados en la Constitución ni, por ende, los posibles tratados que igualmente los reconocieran." (Novena Época, registro: 175111, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Materia(s): Penal, Tesis: II.2o.P. J/20, Página: 1512). De ahí que tampoco exista violación al principio de presunción de inocencia, pues la autoridad responsable valoró el material probatorio y expresó los motivos por los cuales determinó la existencia de los hechos delictivos y la probable intervención del quejoso en su comisión, quedando desvirtuada hasta esa etapa procesal dicha presunción. Ilustra lo anterior, la tesis P. VI/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 472, del Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, que reza: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN SU VERTIENTE DE ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA. Para poder considerar que hay prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, el juez debe cerciorarse de que las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el caso de que existan, debe descartarse que las pruebas de descargo o contraindicios den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora." Asimismo, la tesis P. VII/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 473, del Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, de rubro y texto siguiente: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN SU VERTIENTE DE ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONTENIDO DE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de esas vertientes se manifiesta como "estándar de prueba" o "regla de juicio", en la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los Jueces la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se hayan aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona; mandato que es aplicable al momento de la valoración de la prueba. Dicho de forma más precisa, la presunción de inocencia como estándar de prueba o regla de juicio comporta dos normas: la que establece las condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo para considerar que es suficiente para condenar; y una regla de carga de la prueba, entendida como la norma que establece a cuál de las partes perjudica el hecho de que no se satisfaga el estándar de prueba, conforme a la cual se ordena absolver al imputado cuando no se satisfaga dicho estándar para condenar." En consecuencia, al resultar infundados los motivos de disenso expuestos por el quejoso y no advertirse queja deficiente que suplir que pueda beneficiarlo, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Apoya lo anterior, la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, con número de registro 231142, localizable en la página 186, tomo I, segunda parte-1, enero-junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INFUNDADOS. Los conceptos de violación son infundados cuando con los argumentos de carácter jurídico que se invocan en ellos, no se demuestra que los fundamentos del acto reclamado sean violatorios de garantías individuales." QUINTO. NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO POR VIDEOCONFERENCIA. Ahora bien, como el quejoso de mérito se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad; con fundamento en el artículo 25 del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena que la notificación de la presente resolución al impetrante se realice por el método alternativo de videoconferencia. Para ello, se comisiona a cualquiera de los Actuarios Judiciales de la adscripción a fin que en coordinación con la autoridad penitenciaria correspondiente y a través del sistema de video comunicación que otorga la plataforma denominada "ZOOM", programen fecha y hora para el desahogo de la diligencia ordenada. Lo anterior, a fin de salvaguardar la salud del fedatario de este órgano jurisdiccional, con motivo de la actual contingencia sanitaria, así como el respeto al principio de impartición de justicia pronta y expedita tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para dotar de seguridad jurídica, a través del correo electrónico dirigido a la dirección creset2010@hotmail.com, mediante oficio, envíese a la precitada autoridad copia autorizada del presente acuerdo, a fin de que el encargado del departamento jurídico del referido centro carcelario le haga entrega al quejoso del mismo al momento de iniciar la práctica de su notificación. En atención a lo anterior, prevéngase a la aludida autoridad a fin de que otorgue las facilidades necesarias al actuario de este Juzgado, a efecto de que pueda dar cabal cumplimiento a lo ordenado en esta sentencia. Apercibida que de no hacerlo, se le impondrá como medida de apremio una multa por la cantidad de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, donde se reforman el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123, ello con apoyo en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. De lo anterior, el Actuario Judicial deberá levantar el acta pormenorizada de la diligencia de notificación que se ordena y deberá integrarla al expediente tanto físico como electrónico. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de catorce de junio de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Carlos Rodríguez Jiménez, contra el acto reclamado a la autoridad responsable Juez de Control de la Región Judicial Nueve, con residencia en Centro, Tabasco, por las razones expuestas en el considerando QUINTO de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente y por videoconferencia al quejoso en el lugar de su reclusión. Así lo resolvió y firma Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, en funciones de Jueza de Distrito, autorización que le fue otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2840/2021, a partir del dieciséis de agosto del mencionado año y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno del Consejo adscriba titular en el referido órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Juzgado Jorge Tesla Salazar de la Cruz, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe, hasta hoy treinta de agosto de dos mil veintiuno, que lo permitieron las labores del juzgado."
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