Carlos Rodríguez Gutiérrez

Expediente 907/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
907/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
27/08/2021

Partes del expediente

  • Carlos Rodríguez Gutiérrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    AVISO: SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. "VISTO; COMO LA PARTE QUEJOSA NO INTERPUESTO RECURSO ALGUNO EN CONTRA DEL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, SE DECLARA QUE EL MISMO HA QUEDADO FIRME. ARCHÍVESE ESTE ASUNTO COMO CONCLUIDO. POR OTRA PARTE, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO GENERAL CONJUNTO 1/2009 INDICADO, SE HACE CONSTAR QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. FINALMENTE, REQUIÉRASE A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE EN NOVENTA DÍAS, COMPAREZCA EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO PARA RECOGER LOS DOCUMENTOS QUE HAYA EXHIBIDO DURANTE LA TRAMITACIÓN DE ESTE EXPEDIENTE. CON APERCIBIMIENTO QUE NO HACERLO ASÍ, PODRÁN SER DESTRUIDOS."

  2. Principal

    VISTO; COMO LA PARTE QUEJOSA NO INTERPUESTO RECURSO ALGUNO EN CONTRA DEL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, SE DECLARA QUE EL MISMO HA QUEDADO FIRME. ARCHÍVESE ESTE ASUNTO COMO CONCLUIDO. POR OTRA PARTE, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO GENERAL CONJUNTO 1/2009 INDICADO, SE HACE CONSTAR QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. FINALMENTE, REQUIÉRASE A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE EN NOVENTA DÍAS, COMPAREZCA EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO PARA RECOGER LOS DOCUMENTOS QUE HAYA EXHIBIDO DURANTE LA TRAMITACIÓN DE ESTE EXPEDIENTE. CON APERCIBIMIENTO QUE NO HACERLO ASÍ, PODRÁN SER DESTRUIDOS. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    AVISO: SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. "Ciudad de México, a veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el acta de competencia que antecede por la cual el quejoso ratifica la firma que obra en el escrito con folio de correspondencia 13432, mediante el cual desahoga la prevención ordenada en autos, en el que menciona que acto le atribuye al Gerente de Prestaciones y Bienestar Social, así como del Jefe de la Unidad Departamental de Análisis y Aprobación de Créditos Hipotecarios, ambos de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México. Además de que afirma que ya no es su intención tener como autoridades responsables a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Congreso de la Ciudad de México. Ahora, tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Así, de una lectura integral a la demanda, se tiene que el quejoso impugna de manera destacada el oficio ***, por el que se da contestación a la petición formulada el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Atento a lo anterior, es importante tener presente lo establecido en el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala: Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [.] IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra resoluciones que causen agravio no reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal. No será necesario agotar éstos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión del acto reclamado, mayores requisitos que los que la Ley Reglamentaria del Juicio de Amparo requiera como condición para decretar esa suspensión. [.] Conforme a lo anterior, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, en relación con el 107, fracción VI, este último interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que a la letra señalan lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo alegue violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. [.]" De los preceptos transcritos, se conoce que el juicio de amparo resulta improcedente cuando el acto reclamado sea pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; y, en su contra proceda algún recurso, juicio o medio de defensa a través del cual pueda ser revocado, anulado o modificado, siempre y cuando el quejoso no sea tercero extraño al procedimiento. Lo anterior, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos mediante la interposición del recurso o medio de defensa, sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión, sin importar si el acto en sí mismo es o no susceptible de ser suspendido. En ese sentido, resulta importante tener presente lo establecido en el artículo 3, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México: Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: I. De los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México, las alcaldías dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales; Precepto legal que prevé el juicio de nulidad como medio de defensa contra actos de la Administración Pública de la Ciudad de México. Ahora, en el presente asunto, y de una lectura integral a la demanda de amparo, así como de los anexos de esta, se conoce que el quejoso reclama la respuesta contenida en el oficio ***, a lo solicitado en escrito de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, en el que se le comunica a cuánto asciende el adeudo que presenta por el crédito hipotecario del que es titular a la quincena 10/2021; se le invita a que acuda las oficinas de la "CAPREPOL", para mayor información respecto a la tabla de amortizaciones de crédito y, se le informa que los créditos a corto plazo otorgados por la "CAPREPOL" en el ejercicio 2009, la tasa de interés por devengar era del 9% anual sobre sueldos insolutos; por tanto, respecto al préstamo a corto plazo el quejoso adeuda un saldo de trece mil cuatrocientos pesos con treinta y siete centavos. En las relatadas circunstancias, se concluye que la determinación de mérito puede ser combatida mediante juicio de nulidad en términos del artículo 3, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, lo cual es necesario para agotar el principio de definitividad que rige esta materia, contemplado en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, es válido el desechamiento de la demanda ante la certeza sobre la procedencia de un medio de defensa o juicio que no se agotó. Cobra aplicación en el presente caso, la jurisprudencia VI.3o.C. J/62, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito: DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo. Criterio que establece que, cuando el operador jurídico tenga la certeza plena de que se actualiza alguna inobservancia al principio de definitividad, es decir, que exista algún recurso pendiente de interponerse previo al amparo, éste debe desechar la demanda de amparo, pues lo contrario infringe el principio de economía procesal que rige a la presente instancia constitucional. Además, en el caso no se actualiza ninguna de las excepciones al principio invocado, previstas en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. En efecto, no se actualiza ninguna de las causas de excepción al principio de definitividad, por las siguientes consideraciones: Respecto de la excepción consistente en que el acto reclamado carezca de fundamentación, se precisa que la autoridad responsable fundó su oficio en términos de los artículos 8 Constitucional, 1 y 5 del Estatuto Orgánico de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal. 2) Las violaciones directas a la Constitución Federal que reclama, son relativas a las garantías jurisdiccionales de debido procedimiento y de seguridad jurídica -fundamentación y motivación- que dependen de la ley procesal aplicable que rige el procedimiento, por lo que son violaciones indirectas. A semejanza, la tesis de jurisprudencia XX. J/1, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que señala: RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPAR, O, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN Y CUESTIONES DE LEGALIDAD. Si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; también lo es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a nuestra Carta Magna supuesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente. El recurso o medio de defensa no se encuentra previsto en un reglamento, sino en Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. La ley por la cual se puede nulificar o modificar dicho acto reclamado no exige mayores requisitos para suspenderlo, que los previstos en la Ley de Amparo. En ese sentido, debe realizarse comparativo entre lo previsto en la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y la Ley de Amparo. Del análisis comparativo de los artículos 71 a 78 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y los diversos 128, 129, 131 y 135 de la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: a) La Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México prevé que podrá ser acordada por el Magistrado instructor que conozca del asunto y que la medida precautoria debe hacerse del conocimiento de las autoridades demandadas para su cumplimiento. Mientras que en el juicio de amparo, el órgano competente para resolverla es aquél que conoce del juicio de amparo, acorde con lo señalado en los artículos 125 y 138 de la Ley de Amparo, en cuanto a que se decretará de oficio o a petición de parte en los casos de la competencia de los Jueces de Distrito quienes resolverán en la audiencia incidental sobre su concesión o negativa. Por tanto, en este rubro, el requisito previsto en el juicio de nulidad no es mayor al señalado en la Ley de Amparo. b) La citada ley requiere que el actor la solicite y dice que tiene esa facultad en cualquier etapa del juicio. Por su parte, el artículo 130 de la Ley de Amparo indica que la parte quejosa podrá pedirla al momento de promover el amparo o en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. c) La Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México prevé que de llegar a otorgarse no debe causarse perjuicio al interés social, contravenirse disposiciones de orden público, ni dejarse sin materia el juicio relativo. Por su parte, los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, exigen como requisito de procedencia que no cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; además que será concedida siempre que la ejecución del acto reclamado produzca daños y perjuicios de difícil reparación; es decir, en la demostración del interés para obtenerla. d) El artículo 73 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México establece que el Magistrado Instructor podrá acordarla con efectos restitutorios, sólo si se impide el ejercicio de su única actividad o acceso a su domicilio, en cualquiera de las fases del procedimiento hasta antes de la sentencia respectiva, e inclusive comisionará a un Actuario para que restituya al actor en la actividad o acceso de que se trate, siempre que eso sea posible. Por su parte, el artículo 147 de la Ley de Amparo, dice que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado tendrá como efecto paralizar su ejecución o restablecer provisionalmente a la quejosa en el goce del derecho violado. Consecuentemente, la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México no establece en este aspecto, requisitos mayores a los de la Ley de Amparo. e) En relación con el requisito de efectividad en los casos en que se pida contra el cobro de contribuciones, aprovechamiento u otros créditos fiscales, el artículo 74 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, sostiene que en las demandas de nulidad que involucren créditos fiscales, o de multas administrativas, se concederá la suspensión debiéndose garantizar ante la tesorería de la Ciudad de México en alguna de las formas y con los requisitos previstos en el Código Fiscal de la Ciudad de México. Por su parte, el artículo 135 de la ley de la materia refiere que si el amparo se insta contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, podrá concederse discrecionalmente surtiendo efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. f) Tanto la mencionada Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México como la Ley de Amparo prevén esencialmente que si la concesión de la medida cautelar es susceptible de causar daños o perjuicios a terceros, se concederá condicionada al otorgamiento por parte del solicitante de garantía bastante para reparar el daño e indemnizar al citado tercero, en el evento que no obtenga resolución favorable. Por otro lado, en los artículos 132 y 136 de la Ley de Amparo se condiciona el efecto, a la satisfacción en un término de cinco días, de los requisitos que se hayan exigido para suspender el acto reclamado, bajo apercibimiento de que, fenecido ese lapso, dejará de surtir sus efectos; situación que está prevista en el artículo 75 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Conviene señalar que en términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, el órgano que conozca de la demanda de amparo, debe proveer dentro del plazo de veinticuatro horas, a partir de su solicitud del otorgamiento o negativa de dicha medida. Por su parte, el artículo 61, de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, prevé que dentro de las veinticuatro horas siguientes a que la demanda es turnada, el Magistrado instructor concederá o negará la suspensión de los efectos del acto impugnado en el caso de que se haya solicitado. En ese sentido, la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México no prevé mayores requisitos para su concesión de los actos impugnados en el juicio de nulidad, que los que prevé la Ley de Amparo para concederla, por lo que previamente a la sustanciación del juicio de amparo, debe agotarse dicho juicio ante aquel Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Debido a que los requisitos para conceder la suspensión que establece la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, son similares a los que disponía la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, sirve de apoyo por analogía la jurisprudencia 2a./J. 125/2011 (9a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LA LEY ORGÁNICA RELATIVA NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE PREVIO AL JUICIO DE AMPARO DEBE PROMOVERSE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE AQUÉL. De los artículos 31 y del 99 al 106 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte que ésta no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, pues sus diferencias, derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio, son irrelevantes. Lo anterior es así, en atención a que en ambos juicios la suspensión puede solicitarse en cualquier etapa mientras no se dicte sentencia ejecutoriada; el otorgamiento de la medida precautoria la condiciona el órgano competente a que no se cause perjuicio al interés general o social ni se contravengan disposiciones de orden público, así como a que se otorgue garantía de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse. Sin que sea obstáculo para ello, que en el último párrafo del artículo 104 de la citada Ley Orgánica, se establezca que para que surta efectos la suspensión el actor debe otorgar garantía mediante billete de depósito o fianza, a diferencia de la Ley de Amparo, que no dispone forma alguna de otorgar la garantía, porque tal exigencia no es, propiamente, un requisito para conceder la suspensión, sino de su eficacia. Por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad, si éste no se agota previamente, con la salvedad de que no habrá obligación de promoverlo en los casos en que se actualice alguna otra excepción al principio de definitividad que, según ha definido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prevé la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia PC.I.A. J/160 A (10a.), de los Plenos de Circuito de rubro y texto siguientes: JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO, EN VIRTUD DE QUE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, NO PREVÉ MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO, NI ESTABLECE MENORES ALCANCES QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO. El artículo 130 de la Ley de Amparo establece que podrá pedirse la suspensión en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria; en tanto que el artículo 72 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México dispone que la suspensión podrá solicitarse en cualquier etapa del juicio, hasta antes del dictado de la sentencia de primera instancia; lo anterior no constituye un requisito de procedibilidad mayor al previsto en la Ley de la Amparo, pues sólo precisa el límite de tiempo en que se puede ejercer tal derecho, el cual es suficientemente amplio para darle oportunidad al interesado de solicitar el beneficio suspensional; de modo que la etapa procesal en que se puede solicitar y otorgar la medida, no se vincula con cuestiones de procedencia y efectividad de ésta. Tampoco se limitan los alcances de la suspensión con efectos restitutorios, pues si bien el artículo 73 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México prevé que se podrá acordar la suspensión con tales efectos en cualquiera de las fases del procedimiento, hasta antes de la sentencia respectiva, lo cierto es que tal acotación es concordante con lo previsto en el diverso artículo 72 de la misma legislación, en cuanto a la etapa procesal en que la medida puede solicitarse y otorgarse, pero no limita los efectos restitutorios hasta antes del dictado de la sentencia, sino que los prolonga hasta la conclusión definitiva del juicio, como se advierte del diverso precepto 78 de la legislación en análisis. Así, derivado de que en la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México la suspensión del acto impugnado podrá tener los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria, además de que no exige mayores requisitos que los que consigna para la concesión de la suspensión definitiva, ni se prevé un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, es inconcuso que no se actualiza la excepción al principio de definitividad contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo y, por tanto, es necesario agotar el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, antes de promover el juicio de amparo. Se estima que no es necesario analizar las excepciones al principio de definitividad contenidas en tesis 2a. LVI/2000, de rubro: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO", emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, visible en la página 156 del Tomo XII, julio de 2000, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, ya que la misma fue superada por la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), de rubro y texto siguientes: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en relación con el presupuesto de procedencia que establece el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, se advierte que el oficio reclamado deriva de la petición realizada por la quejosa; por lo que no se le puede considerar como tercera extraña en dicho procedimiento. Sirve de apoyo respecto al tema relativo al tercero extraño, las jurisprudencias del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal. En las relatadas circunstancias, al actualizarse de forma notoria y manifiesta la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, en relación con el 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 112 y 113 de ese ordenamiento legal, SE DESECHA POR IMPROCEDENTE LA DEMANDA. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por el Secretario encargado del despacho de este órgano jurisdiccional, así como por la Secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria."

  4. Principal

    Ciudad de México, a veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el acta de competencia que antecede por la cual el quejoso ratifica la firma que obra en el escrito con folio de correspondencia 13432, mediante el cual desahoga la prevención ordenada en autos, en el que menciona que acto le atribuye al Gerente de Prestaciones y Bienestar Social, así como del Jefe de la Unidad Departamental de Análisis y Aprobación de Créditos Hipotecarios, ambos de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México. Además de que afirma que ya no es su intención tener como autoridades responsables a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Congreso de la Ciudad de México. Ahora, tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Así, de una lectura integral a la demanda, se tiene que el quejoso impugna de manera destacada el oficio ***, por el que se da contestación a la petición formulada el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Atento a lo anterior, es importante tener presente lo establecido en el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala: Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [.] IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra resoluciones que causen agravio no reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal. No será necesario agotar éstos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión del acto reclamado, mayores requisitos que los que la Ley Reglamentaria del Juicio de Amparo requiera como condición para decretar esa suspensión. [.] Conforme a lo anterior, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, en relación con el 107, fracción VI, este último interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que a la letra señalan lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo alegue violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. [.]" De los preceptos transcritos, se conoce que el juicio de amparo resulta improcedente cuando el acto reclamado sea pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; y, en su contra proceda algún recurso, juicio o medio de defensa a través del cual pueda ser revocado, anulado o modificado, siempre y cuando el quejoso no sea tercero extraño al procedimiento. Lo anterior, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos mediante la interposición del recurso o medio de defensa, sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión, sin importar si el acto en sí mismo es o no susceptible de ser suspendido. En ese sentido, resulta importante tener presente lo establecido en el artículo 3, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México: Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: I. De los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México, las alcaldías dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales; Precepto legal que prevé el juicio de nulidad como medio de defensa contra actos de la Administración Pública de la Ciudad de México. Ahora, en el presente asunto, y de una lectura integral a la demanda de amparo, así como de los anexos de esta, se conoce que el quejoso reclama la respuesta contenida en el oficio ***, a lo solicitado en escrito de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, en el que se le comunica a cuánto asciende el adeudo que presenta por el crédito hipotecario del que es titular a la quincena 10/2021; se le invita a que acuda las oficinas de la "CAPREPOL", para mayor información respecto a la tabla de amortizaciones de crédito y, se le informa que los créditos a corto plazo otorgados por la "CAPREPOL" en el ejercicio 2009, la tasa de interés por devengar era del 9% anual sobre sueldos insolutos; por tanto, respecto al préstamo a corto plazo el quejoso adeuda un saldo de trece mil cuatrocientos pesos con treinta y siete centavos. En las relatadas circunstancias, se concluye que la determinación de mérito puede ser combatida mediante juicio de nulidad en términos del artículo 3, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, lo cual es necesario para agotar el principio de definitividad que rige esta materia, contemplado en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, es válido el desechamiento de la demanda ante la certeza sobre la procedencia de un medio de defensa o juicio que no se agotó. Cobra aplicación en el presente caso, la jurisprudencia VI.3o.C. J/62, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito: DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo. Criterio que establece que, cuando el operador jurídico tenga la certeza plena de que se actualiza alguna inobservancia al principio de definitividad, es decir, que exista algún recurso pendiente de interponerse previo al amparo, éste debe desechar la demanda de amparo, pues lo contrario infringe el principio de economía procesal que rige a la presente instancia constitucional. Además, en el caso no se actualiza ninguna de las excepciones al principio invocado, previstas en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. En efecto, no se actualiza ninguna de las causas de excepción al principio de definitividad, por las siguientes consideraciones: Respecto de la excepción consistente en que el acto reclamado carezca de fundamentación, se precisa que la autoridad responsable fundó su oficio en términos de los artículos 8 Constitucional, 1 y 5 del Estatuto Orgánico de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal. 2) Las violaciones directas a la Constitución Federal que reclama, son relativas a las garantías jurisdiccionales de debido procedimiento y de seguridad jurídica -fundamentación y motivación- que dependen de la ley procesal aplicable que rige el procedimiento, por lo que son violaciones indirectas. A semejanza, la tesis de jurisprudencia XX. J/1, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que señala: RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPAR, O, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN Y CUESTIONES DE LEGALIDAD. Si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; también lo es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a nuestra Carta Magna supuesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente. El recurso o medio de defensa no se encuentra previsto en un reglamento, sino en Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. La ley por la cual se puede nulificar o modificar dicho acto reclamado no exige mayores requisitos para suspenderlo, que los previstos en la Ley de Amparo. En ese sentido, debe realizarse comparativo entre lo previsto en la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y la Ley de Amparo. Del análisis comparativo de los artículos 71 a 78 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y los diversos 128, 129, 131 y 135 de la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: a) La Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México prevé que podrá ser acordada por el Magistrado instructor que conozca del asunto y que la medida precautoria debe hacerse del conocimiento de las autoridades demandadas para su cumplimiento. Mientras que en el juicio de amparo, el órgano competente para resolverla es aquél que conoce del juicio de amparo, acorde con lo señalado en los artículos 125 y 138 de la Ley de Amparo, en cuanto a que se decretará de oficio o a petición de parte en los casos de la competencia de los Jueces de Distrito quienes resolverán en la audiencia incidental sobre su concesión o negativa. Por tanto, en este rubro, el requisito previsto en el juicio de nulidad no es mayor al señalado en la Ley de Amparo. b) La citada ley requiere que el actor la solicite y dice que tiene esa facultad en cualquier etapa del juicio. Por su parte, el artículo 130 de la Ley de Amparo indica que la parte quejosa podrá pedirla al momento de promover el amparo o en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. c) La Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México prevé que de llegar a otorgarse no debe causarse perjuicio al interés social, contravenirse disposiciones de orden público, ni dejarse sin materia el juicio relativo. Por su parte, los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, exigen como requisito de procedencia que no cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; además que será concedida siempre que la ejecución del acto reclamado produzca daños y perjuicios de difícil reparación; es decir, en la demostración del interés para obtenerla. d) El artículo 73 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México establece que el Magistrado Instructor podrá acordarla con efectos restitutorios, sólo si se impide el ejercicio de su única actividad o acceso a su domicilio, en cualquiera de las fases del procedimiento hasta antes de la sentencia respectiva, e inclusive comisionará a un Actuario para que restituya al actor en la actividad o acceso de que se trate, siempre que eso sea posible. Por su parte, el artículo 147 de la Ley de Amparo, dice que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado tendrá como efecto paralizar su ejecución o restablecer provisionalmente a la quejosa en el goce del derecho violado. Consecuentemente, la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México no establece en este aspecto, requisitos mayores a los de la Ley de Amparo. e) En relación con el requisito de efectividad en los casos en que se pida contra el cobro de contribuciones, aprovechamiento u otros créditos fiscales, el artículo 74 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, sostiene que en las demandas de nulidad que involucren créditos fiscales, o de multas administrativas, se concederá la suspensión debiéndose garantizar ante la tesorería de la Ciudad de México en alguna de las formas y con los requisitos previstos en el Código Fiscal de la Ciudad de México. Por su parte, el artículo 135 de la ley de la materia refiere que si el amparo se insta contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, podrá concederse discrecionalmente surtiendo efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. f) Tanto la mencionada Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México como la Ley de Amparo prevén esencialmente que si la concesión de la medida cautelar es susceptible de causar daños o perjuicios a terceros, se concederá condicionada al otorgamiento por parte del solicitante de garantía bastante para reparar el daño e indemnizar al citado tercero, en el evento que no obtenga resolución favorable. Por otro lado, en los artículos 132 y 136 de la Ley de Amparo se condiciona el efecto, a la satisfacción en un término de cinco días, de los requisitos que se hayan exigido para suspender el acto reclamado, bajo apercibimiento de que, fenecido ese lapso, dejará de surtir sus efectos; situación que está prevista en el artículo 75 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Conviene señalar que en términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, el órgano que conozca de la demanda de amparo, debe proveer dentro del plazo de veinticuatro horas, a partir de su solicitud del otorgamiento o negativa de dicha medida. Por su parte, el artículo 61, de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, prevé que dentro de las veinticuatro horas siguientes a que la demanda es turnada, el Magistrado instructor concederá o negará la suspensión de los efectos del acto impugnado en el caso de que se haya solicitado. En ese sentido, la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México no prevé mayores requisitos para su concesión de los actos impugnados en el juicio de nulidad, que los que prevé la Ley de Amparo para concederla, por lo que previamente a la sustanciación del juicio de amparo, debe agotarse dicho juicio ante aquel Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Debido a que los requisitos para conceder la suspensión que establece la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, son similares a los que disponía la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, sirve de apoyo por analogía la jurisprudencia 2a./J. 125/2011 (9a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LA LEY ORGÁNICA RELATIVA NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE PREVIO AL JUICIO DE AMPARO DEBE PROMOVERSE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE AQUÉL. De los artículos 31 y del 99 al 106 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte que ésta no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, pues sus diferencias, derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio, son irrelevantes. Lo anterior es así, en atención a que en ambos juicios la suspensión puede solicitarse en cualquier etapa mientras no se dicte sentencia ejecutoriada; el otorgamiento de la medida precautoria la condiciona el órgano competente a que no se cause perjuicio al interés general o social ni se contravengan disposiciones de orden público, así como a que se otorgue garantía de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse. Sin que sea obstáculo para ello, que en el último párrafo del artículo 104 de la citada Ley Orgánica, se establezca que para que surta efectos la suspensión el actor debe otorgar garantía mediante billete de depósito o fianza, a diferencia de la Ley de Amparo, que no dispone forma alguna de otorgar la garantía, porque tal exigencia no es, propiamente, un requisito para conceder la suspensión, sino de su eficacia. Por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad, si éste no se agota previamente, con la salvedad de que no habrá obligación de promoverlo en los casos en que se actualice alguna otra excepción al principio de definitividad que, según ha definido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prevé la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia PC.I.A. J/160 A (10a.), de los Plenos de Circuito de rubro y texto siguientes: JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO, EN VIRTUD DE QUE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, NO PREVÉ MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO, NI ESTABLECE MENORES ALCANCES QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO. El artículo 130 de la Ley de Amparo establece que podrá pedirse la suspensión en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria; en tanto que el artículo 72 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México dispone que la suspensión podrá solicitarse en cualquier etapa del juicio, hasta antes del dictado de la sentencia de primera instancia; lo anterior no constituye un requisito de procedibilidad mayor al previsto en la Ley de la Amparo, pues sólo precisa el límite de tiempo en que se puede ejercer tal derecho, el cual es suficientemente amplio para darle oportunidad al interesado de solicitar el beneficio suspensional; de modo que la etapa procesal en que se puede solicitar y otorgar la medida, no se vincula con cuestiones de procedencia y efectividad de ésta. Tampoco se limitan los alcances de la suspensión con efectos restitutorios, pues si bien el artículo 73 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México prevé que se podrá acordar la suspensión con tales efectos en cualquiera de las fases del procedimiento, hasta antes de la sentencia respectiva, lo cierto es que tal acotación es concordante con lo previsto en el diverso artículo 72 de la misma legislación, en cuanto a la etapa procesal en que la medida puede solicitarse y otorgarse, pero no limita los efectos restitutorios hasta antes del dictado de la sentencia, sino que los prolonga hasta la conclusión definitiva del juicio, como se advierte del diverso precepto 78 de la legislación en análisis. Así, derivado de que en la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México la suspensión del acto impugnado podrá tener los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria, además de que no exige mayores requisitos que los que consigna para la concesión de la suspensión definitiva, ni se prevé un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, es inconcuso que no se actualiza la excepción al principio de definitividad contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo y, por tanto, es necesario agotar el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, antes de promover el juicio de amparo. Se estima que no es necesario analizar las excepciones al principio de definitividad contenidas en tesis 2a. LVI/2000, de rubro: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO", emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, visible en la página 156 del Tomo XII, julio de 2000, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, ya que la misma fue superada por la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), de rubro y texto siguientes: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en relación con el presupuesto de procedencia que establece el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, se advierte que el oficio reclamado deriva de la petición realizada por la quejosa; por lo que no se le puede considerar como tercera extraña en dicho procedimiento. Sirve de apoyo respecto al tema relativo al tercero extraño, las jurisprudencias del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal. En las relatadas circunstancias, al actualizarse de forma notoria y manifiesta la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, en relación con el 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 112 y 113 de ese ordenamiento legal, SE DESECHA POR IMPROCEDENTE LA DEMANDA. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por el Secretario encargado del despacho de este órgano jurisdiccional, así como por la Secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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