Carlos Rodolfo Montero Vazquez

Expediente 47/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 36 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
47/2019
Año
2019
Actuaciones
36
Última actuación
04/09/2019

Partes del expediente

  • Carlos Rodolfo Montero Vazquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 36.

  1. Incidental

    Agréguese el oficio firmado por la Actuaria Judicial Federal adscrita al Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la resolución dictada en el incidente en revisión administrativo 273/2019, interpuesto por el quejoso Carlos Rodolfo Montero Vázquez, así como el cuaderno original del presente incidente, en la que resolvió en los términos siguientes: "ÚNICO. SE DECLARA SIN MATERIA el presente recurso de revisión." En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), acúsese recibo de estilo, glósense las actuaciones originales del cuaderno de antecedentes respectivo y hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha no se interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia de dieciocho de julio de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el presente juicio; en consecuencia, se declara que la misma ha causado ejecutoria

  3. Principal

    Primero. Demanda. Por escrito presentado en dieciocho de enero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, remitido el día hábil siguiente a este órgano jurisdiccional, Carlos Rodolfo Montero Vázquez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente del Congreso del Estado de Baja California, en esta ciudad, y otras autoridades, que hizo consistir en: ".Se reclama la Orden Imperativa y su Ejecución contenida en el Oficio Numero 010958 suscrito por el Diputado CARLOS TORRES TORRES actuando en su dicho como Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California dirigida al suscrito como persona individuo según se desprende de su contenido y en donde se apercibe al suscrito como persona individuo de sanciones en caso de supuesto desacato, en donde, Actuando como Autoridad el signante del Oficio, me ordena de manera imperativa, irrogándose facultades de supra a subordinación sobre mi persona, con énfasis coercitivo, para que ejecute actos específicos de reinstalación de un individuo [.]". Segundo. Trámite. Mediante proveído de veintidós de enero de dos mil diecinueve, se registró la demanda de amparo en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como juicio de amparo 47/2019-5, y previa prevención por auto de veintinueve siguiente, se desechó la demanda, en contra de dicha determinación se interpuso recurso de queja, el cual por razón de turno tocó conocer al Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, quien la registró con el número 30/2019, en la cual se declaró fundado el recurso. Posteriormente, el diez de abril de dos mil diecinueve, se desechó parcialmente y se admitió la demanda de que se trata, se solicitó a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, se otorgó al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la participación que legalmente le corresponde, se ordenó emplazar al tercero interesado Blas Roberto Romero López (foja 155), asimismo, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, previos diferimientos, tuvo lugar la audiencia constitucional, la que se verificó al tenor del acta que antecede. Considerando: Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito tiene competencia legal para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que los actos reclamados emanan de autoridades con residencia en el ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. Ahora bien, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo, se colige que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables el oficio 010958, suscrito por el Diputado Carlos Torres Torres, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, en el cual se ordena al peticionario ejecutar actos de reinstalación de Blas Roberto Romero López, en su cargo de Magistrado de la Primera Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, bajo el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento, se iniciaría un juicio político en su contra. Tercero. Actos inexistentes. No son ciertos los actos que se atribuyen a las autoridades responsables Andrés de la Rosa Anaya, Edgar Benjamín Gómez Macías, Roció López Gorosave, Miguel Antonio Osuna Millán, Sergio Tolento Hernández, Raúl Castañeda Pomposo, Victoria Bentley Duarte, Bernardo Padilla Muñoz, Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, Job Montoya Gaxiola, Ignacio García Dworak, Alejandro Arregui Ibarra, Blanca Patricia Ríos López, Félix René Moctezuma Estrada, en su carácter de Diputados Integrantes de la XXII Legislatura del Estado de Baja California; Marcia Barrientos Lizarraga, Yessica Berenice Elizalde Villalobos, José Antonio Casas Del Real, Alma Eliza Saldaña Rivera, Silvia Álvarez Hernández, Teresa Patricia Valeriano Pérez, Nibardo Flores Heredia, José Luis Bribiesca Alcolea, Lourdes Bueno González y Héctor Irineo Mares Cossío, en su carácter de Diputados Suplentes Integrantes de la XXII Legislatura del Estado de Baja California, todos con sede en esta ciudad, pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados. En efecto, se advierte que al rendir sus informes negaron categóricamente la existencia del acto que se les reclama; de ahí que no debe de perderse de vista que uno de los presupuestos de la acción del amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, habida cuenta que no es posible revisar en primer lugar la procedencia de la instancia, y, en su caso, la constitucionalidad de la conducta autoritaria, si no existe el proceder que de las responsables se acusa. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos y sin prueba de lo contrario que desvirtúe dichas negativas, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Cuarto. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Presidente del Congreso del Estado de Baja California, al Pleno del Poder Legislativo del Estado de Baja California, y a la Junta de Coordinación Política de la XXII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, por conducto del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, con sede en esta ciudad, no obstante de negarlo, ya que del análisis integral de dicho informe, se advierte la existencia del mismo. De igual forma, es cierto el acto reclamado al Diputado Carlos Alberto Torres Torres, Integrante de la XXII Legislatura del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, no obstante de negarlo, el quejoso adjuntó a la demanda el acto reclamado consistente en el oficio 010958, el cual se encuentra suscrito por el propio Diputado, por tanto, se advierte la existencia del mismo. Lo anterior, se encuentra corroborado con las copias certificadas que fueron remitidas por las autoridades, de las que se ordena su compulsa y cotejo, por obrar en el incidente de suspensión derivado del presente juicio, de ahí que dichas documentales adquieren eficacia demostrativa plena de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentales públicas . Quinto. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo. La autoridades responsables Presidente del Congreso del Estado de Baja California, Pleno del Poder Legislativo del Estado de Baja California, y Junta de Coordinación Política de la XXII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, por conducto del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, con sede en esta ciudad, así como el Diputado Carlos Alberto Torres Torres, señalaron que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el diverso 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretada en sentido contrario, en virtud de que el quejoso los señala como autoridades responsables sin precisar el acto concreto que les reclama. La causal de improcedencia aludida es infundada. Se afirma lo anterior en razón a que del estudio íntegro de la demanda de amparo se advierte que el quejoso sí especificó el acto que reclama, es decir, que el oficio 010958 que reclama es inconstitucional. En esa tesitura, se tiene que contrario a lo que manifestaron las autoridades responsables, el quejoso expresó el acto que combate como inconstitucional; mismos que será analizado en el apartado correspondiente. Sexto. Causal de improcedencia fundada. Luego, en lo relativo al acto que reclama el quejoso consistente en el oficio 010958, suscrito por el Diputado Carlos Torres Torres, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, en el cual se ordena al peticionario ejecutar actos de reinstalación de Blas Roberto Romero López, en su cargo de Magistrado de la Primera Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, así como el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento, se iniciaría un juicio político en su contra, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo. Marco normativo de la causal de improcedencia El artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]". De los preceptos en cita, se obtiene que el quejoso como titular de un derecho subjetivo o de un derecho legítimo individual o colectivo, puede intentar la acción constitucional que nos ocupa cuando el acto de autoridad que reclame produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa, o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese orden de ideas, el juicio de amparo será improcedente contra actos que no produzcan una afectación real y actual a la esfera jurídica del impetrante. Es decir, el acto de reclamo debe causar perjuicio a la persona física o moral, lo que ocurre cuando ese acto lesiona su esfera jurídica, en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional; sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente un derecho. Antecedentes Como se adelantó, dicha causal de improcedencia es fundada, por tanto, a fin de dilucidar el anterior acerto es necesario traer a colación los antecedentes que bajo protesta de decir verdad, el promovente narró en su escrito de demanda (fojas 7 a 9), así como del acto reclamado que adjuntó a la demanda y del cual se ordenó su compulsa y cotejo con el obrante en el incidente de suspensión, consistente en el oficio 010958, el cual se encuentra suscrito por el Diputado Carlos Torres Torres (fojas 21 a 28), siendo los siguientes: 1. Señala el quejoso que es Magistrado del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, y que fungió como Presidente del Pleno de dicho Cuerpo Colegiado dado que concluyó su periodo como tal. 2. Que el Pleno del Tribunal como máxima autoridad toma sus decisiones de manera colegiada tanto en lo jurisdiccional como en lo administrativo, siendo el Presidente un representante del mismo en los términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado. 3. De igual forma, señala que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California no figura como autoridad responsable en el juicio de amparo 391/2016 del índice del Juzgado Quinto de Distrito, ni en el recurso de revisión 54/2018 o en la inconformidad 14/2018, resueltos por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, no siendo el suscrito Carlos Rodolfo Montero Vázquez en lo personal, tampoco parte o tercero interesado en los mismos, ni existiendo a esta fecha orden o mandato que lo vinculara como integrante del Pleno o como persona a que realizara acto alguno derivado de dichos procedimientos constitucionales de amparo como se señala en el acto reclamado dirigido expresamente a su persona. 4. Que el trece de diciembre de dos mil dieciocho, fue notificado como Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California del oficio 010958 que constituye el acto reclamado en donde el Diputado Carlos Torres Torres, ostentándose como Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California y en donde le "ordena" y le "apercibe" a él en lo personal Carlos Rodolfo Montero Vázquez, diciendo actuar en nombre de los veinticinco Diputados que integran el Pleno de la XXII Legislatura y de la Junta de Coordinación Política, dirigida al quejoso. 5. Señala que, que el oficio reclamado no se dirige a la autoridad sino a la persona, pues la serie de situaciones que en el mismo se describen se señala a Carlos Rodolfo Montero Vázquez y, lo aperciben de incoar un juicio político, de ahí que se trata de un acto de autoridad en su contra. 6. El quejoso adjuntó a la demanda el acto reclamado consistente en el oficio número 010958 (del cual se ordenó su cotejo y compulsa con el que obra en el incidente de suspensión, como se dijo en párrafos que anteceden) con fecha de recibido el trece de diciembre de dos mil dieciocho, según sello proveniente del Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, dirigido al Magistrado Carlos Rodolfo Montero Vázquez, Presidente del citado Tribunal, suscrito por el Diputado Carlos Torres Torres, mediante el cual, entre otras cuestiones, informa lo siguiente: "Por medio del presente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California en relación con los numerales 37 fracción I, 38, 50 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California y en seguimiento a su oficio número 1257/2018 en el que da respuesta al oficio signado por el Presidente del Congreso del Estado mediante el cual se le hizo saber que en la sesión ordinario de 12 de julio de 2018 se hizo del conocimiento del Pleno del Congreso del Estado, que la Junta de Coordinación Política aprobó un acuerdo para dar cumplimiento a la sentencia del recurso de inconformidad número 14/2018, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito de la ciudad de Mexicali, que derivó del cumplimiento de ejecutoria dentro del juicio de amparo indirecto número 391/2016, del índice del Juzgado Quinto de Distrito de la ciudad de Mexicali; oficio este al que me refiero, número 8393 de 18 de julio de 2018 del Presidente del Congreso del Estado, en el que esta soberanía le pide a usted que para el debido cumplimiento de la sentencia de referencia, proceda a reinstalar al Lic. Blas Roberto Romero López en el cargo de Magistrado en la Primera Sala en Mexicali del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Con relación a lo anterior, usted, en el oficio número 1257/2018 de 20 de agosto de 2018 al que me refiero, nos comunica que el Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, en sesión extraordinaria de 15 de agosto de 2018, por el momento de abstiene de dar cumplimiento a lo que el Presidente del Congreso del Estado le pidió en el referido oficio número 8793 de 13 de julio de 2018, y que en su lugar, el Pleno de ese Tribunal queda en espera de que los diputados de la Legislatura voten el nombramiento de Magistrado de la Sala de Blas Roberto Romero López. Con relación a lo anterior, hago de su conocimiento, Señor Magistrado del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, que en concepto de esta Soberanía Legislativa subsiste en todos sus términos lo que se le pidió, con carácter vinculatorio en el oficio número 8793, de 13 de julio de 2018, suscrito por el Presidente de este Congreso del Estado, en el que se le pide que proceda a reinstalar en el cargo de Magistrado en la Primera Sala en Mexicali del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, al Lic. Blas Roberto Romero López, pues ello es necesario, pues es con la finalidad de dar cumplimiento cabal, exacto y preciso a la sentencia del recurso de inconformidad número 14/2018 dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito de la ciudad de Mexicali que derivó del cumplimiento de ejecutoria deducido del juicio de amparo indirecto número 391/2016, del índice del Juzgado Quinto de Distrito de la ciudad de Mexicali, recordando que el cumplimiento de esas resoluciones es de orden público e interés general. Por lo tanto de la manera más atenta y respetuosa le pido que, se abstenga de hacer interpretaciones a lo que le fue comunicado por esta soberanía en el oficio número 8793, de 13 de julio de 2018, suscrito por el Presidente de este Congreso del estado, con el que se le pide que proceda a reinstalar en el cargo de Magistrado en la Primera Sala en Mexicali del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, al Lic. Blas Roberto Romero López; por lo que le reitero la necesidad de que se dé cumplimiento de inmediato y sin más dilataciones a la petición de reinstalación del Magistrado Blas Roberto Romero López; sin que importe o haga diferencia lo que Usted nos comunica, en el sentido de que el Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa queda en espera y se abstiene de dar cumplimiento a la reinstalación del Magistrado Blas Roberto Romero López hasta que los diputados de esta Legislatura le comuniquen el resultado de la votación del nombramiento de Magistrado de Sala de Blas Roberto Romero López, pues con independencia del resultado de esa votación en el caso de que se haga la misma, la reinstalación del Magistrado Blas Roberto Romero López ya fue ordenada por el Tribunal Constitucional por medio de una resolución que ha Causado estado y que por tanto debe atacarse, por lo que le pido que la acate a la brevedad posible. Por lo que hace al atento recordatorio que usted le hace al Congreso del Estado, sobre la necesidad de que destinen recurso económicos para cubrir los emolumentos del Magistrado de la Primera Sala, habida cuenta que, según Usted lo refiere, desde la reforma de los artículos 55 de la Constitución Local y 4° de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, publicadas en el Periódico Oficial del Estado de 21 de octubre de 2016, en ningún momento se han otorgado a ese Tribunal los recursos correspondientes para cubrir la plaza del Magistrado de la Primera Sala, no obstante habernos hecho esa solicitud en diversas ocasiones. Al respecto, le hago saber que es responsabilidad de usted, en su carácter de Presidente y representante legal del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, gestionar ante el Congreso del Estado los recursos económicos que refiere, para garantizar la operatividad funcional de ese Tribunal; pero usted ha sido omiso en cumplir con ese encargo y con esa responsabilidad; pues si bien usted hizo ante el Congreso del Estado la petición de ampliación de presupuesto por medio del oficio número PRES-48/2018 de 12 de julio de 2018, dicha ampliación le fue negada por medio del dictamen 167 de fecha 05 de septiembre de 2018, de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que fue aprobado por la Legislatura del Estado en sesión del 06 de septiembre de 2018, negándosele a Usted esa ampliación de presupuesto por no hacer dado cumplimiento al artículo 50 fracción V tercer párrafo de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, pues no solicitó al Ejecutivo la viabilidad financiera previa que en términos de ley forzosamente se ocupaba para que la ampliación de presupuesto le fuera aprobada. Situación que fue repetida por Usted, pero en esta ocasión por medio del diverso oficio número PRES-95/2018 de 15 de noviembre de 2018, en el que nuevamente le pide a este Congreso del Estado la ampliación de presupuesto para poder contar con recursos para pagarle al Magistrado de la Primera Sala en Mexicali; pero nuevamente vemos que Usted vuelva a incumplir con lo que dispone el artículo 50 fracción V tercer párrafo de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, pues esta nueva solicitud de ampliación de presupuesto nuevamente no fue acompañada de la viabilidad financiera que se debe solicitar previamente al Ejecutivo del Estado. Además, le recurso que el Magistrado Blas Roberto Romero López, se le deben pagar las prestaciones y emolumentos que se le deben desde que fue indebidamente privado del ejercicio de su cargo público, pues ese es uno de los efectos lógicos y naturales de la sentencia del Tribunal Colegiado que concluye que fue indebido cancelar la vigencia del nombramiento de Magistrado de Blas Roberto Romero López, por lo que ese Tribunal de Amparo ordena la puesta en vigilancia de ese nombramiento, lo que incluye el pago de las percepciones que se le dejaron de pagar, por lo que comunico que la ampliación de presupuesto que Usted eleva a esta Soberanía, solicitando la ampliación de presupuesto para poder contar con recursos para pagarle al Magistrado de la Primera Sala en Mexicali, no solo deben incluir también los recursos para el gasto diario y corriente de la Primera Sala, sino que deben incluir también los recursos para poder pagarle al Magistrado de la Primera Sala Blas Roberto Romero López, las prestaciones y emolumentos que se le deben resarcir desde que fue separado de su cargo de Magistrado en el referido Tribunal. En otra parte del oficio que se le contesta a usted destaca que el Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, al igual que el Pleno del Congreso del Estado tuvieron el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo indirecto que Blas Roberto Romero López, inició ante el Juzgado Cuarto de Distrito en la ciudad de Mexicali, al que se le asignó el número de expediente 139/2017, que concluyó con la resolución del amparo en revisión 54/2018 de 05 de abril de 2018, mediante la cual el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, confirmó la resolución del Juzgado de Distrito que le negó el Amparo y Protección de la Justicia Federal al referido Licenciado; y que eso trajo como consecuencia la nulidad de la convocatoria para la elección de un Magistrado Supernumerario, que resultó ser el Lic. Blas Roberto Romero López; y que es por eso que Usted le solicita al Congreso del Estado, que se someta a consideración la posible existencia de sentencias contradictorias, pues según Usted lo dice, no es posible que la consecuencia de la resolución de fondo del amparo en revisión 54/2018 Tercer Tribunal Colegiado, que confirma la nulidad de la convocatoria para Magistrado de la que resultó electo Blas Roberto Romero López, quede superada y contradicha por la posterior resolución dictada en el recurso de inconformidad 14/2018 del mismo Tercer Tribunal Colegiado, en la que se ordena que el nombramiento de Magistrado de Blas Roberto Romero López, se reactive y se le reinstale en la Primera Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; lo cual a juicio de Usted, constituye una violación a la cosa juzgada, por lo que nos hace saber de la existencia de la Tesis de la Primera Sala del a Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2007055, de rubro 'COSA JUZGADA CONTRADICTORIA. CUANDO UN TRIBUNAL TIENE CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE UNA SENTENCIA PREVIA Y EMITE OTRA SOBRE EL MISMO LITIGIO EN SENTIDO CONTRARIO, DEBE PREVALECER LA PRIMERA.' Al respecto, hago de su conocimiento que en esta Soberanía, no se comparten las consideraciones que sobre este punto Usted nos expone, pues tal y como ya lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en el recurso de inconformidad 14/2018 promovido por Blas Roberto Romero López, este Congreso del Estado, al cancelar la vigencia del nombramiento de Magistrado Blas Roberto Romero López, cayó en un exceso al darle cumplimiento a la ejecutoria del Juzgado Quinto de Distrito que le concedió el amparo al Magistrado Roberto Alfonso Vidrio Rodríguez, pues este Congreso del Estado, en fecha 09 de febrero de 2017, al estarle dando cumplimiento a la referida ejecutoria, sin fundamento legal alguno, dejó sin efectos el nombramiento de Magistrado de Blas Roberto Romero López, lo cual a la postre resultó en un exceso al cumplimiento al fallo protector que se comenta, pues la ratificación que el Congreso del Estado hizo a favor del Lic. Roberto Alfonso Vidrio Rodríguez en el cargo de Magistrado en la Tercera Sala en Ensenada, según lo puntualizó el Tercer Tribunal Colegiado en la ejecutoria del recurso de inconformidad que se comenta, no era motivo para que el Congreso cancelara el nombramiento del diverso Magistrado Blas Roberto Romero López, pues al Lic. Romero López se le podía re adscribir como Magistrado en la Primera Sala de ese Tribunal, pues había una plaza vacante de Magistrado para la Primera Sala de ese Tribunal, pues una plaza vacante de Magistrado para la Primera Sala en Mexicali, pero el Congreso del Estado, al no haberlo razonado así y haber cancelado el nombramiento de Magistrado de Blas Roberto Romero López en cumplimiento a la ejecutoria que le concedió el amparo a Roberto Alfonso Vidrio Rodríguez, había caído en un exceso en el pretendido cumplimiento. Por ello, le hago saber que el criterio que prevalece al interior de esta legislatura, comulga en todos sus términos con lo que ya lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en el recurso de inconformidad 14/2018 promovido por Blas Roberto Romero López, en el sentido de que permanece vigente el nombramiento de Magistrado de 08 de septiembre de 2016 que se expidió a favor del Lic. Blas Roberto Romero López, sin que sea cierto, como Usted lo expone, que ese nombramiento fue declarado ineficaz y anulado a virtud de la sentencia que le concedió el Amparo a Roberto Alfonso Vidrio Rodríguez en el Juzgado Quinto de Distrito; lo cual no es así, pues fue el mismo Tercer Tribunal Colegiado el que en la resolución del recurso de inconformidad 14/2018 promovido por Blas Roberto Romero López, ordenó al Congreso del Estado que se reactive la vigencia de su nombramiento como Magistrado, por lo que bajo ninguna óptica eso puede entenderse como un pronunciamiento del Congreso del Estado falto de certeza jurídica, porque este Congreso del Estado, al reactivar el nombramiento de Blas Roberto Romero López, no hizo otra cosa más que dar cumplimiento a una ejecutoria dictada en un juicio de amparo, en la que se establece el verdadera alcance de la ejecutoria del Juzgado Quinto de Distrito que le concedió el amparo a Roberto Alfonso Vidrio Rodríguez, así que la resolución del Tribunal Colegiado dictada en el referido recurso de inconformidad 14/2018, que califica el cumplimiento que se le debe dar a la ejecutoria del Juzgado Quinto de Distrito que le concedió el amparo a Roberto Alfonso Vidrio Rodríguez, no puede ser entendida como violatoria de la ejecutoria del Juzgado Quinto de Distrito, pues lejos de violarla la cumplimenta y la explica para que el Congreso del Estado pueda acatarla, y para ello, según lo dijo la resolución del Tribunal Colegiado dictada en el referido recurso de inconformidad 14/2018, es necesario que a Blas Roberto Romero López se le reactive su nombramiento de Magistrado en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y se le reinstale en la Primera Sala de ese Tribunal responsable. Finalmente, por lo que hace a lo que Usted expone, en el sentido de que hay que hacer del conocimiento de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, que su acuerdo de 13 de julio de 2018, en su Punto Resolutivo Segundo, al establecer que el Licenciado Blas Roberto Romero López debe ocupar la vacante de la Primera Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, es violatorio de lo dispuesto en el artículo 18. Fracción II, de la Ley que rige a ese Tribunal, que establece como facultad única y soberana del Tribunal Pleno la de fijar la adscripción a las Salas de los Magistrado; hago de su conocimiento que ello no es así, pues debe recordársele a Usted que el artículo 27 de la Constitución Política Local establece que son facultades del Congreso, en su fracción XXIII, 'Elegir a los Magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, determinar su adscripción a pleno o a sala y resolver respecto a su ratificación o no ratificación, ausencias definitivas, renuncias y remociones; en la forma y términos que esta Constitución y la Ley determinen;' y queda claro que la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa no está por encima de la Constitución Política Local, por lo que en este punto y en todo caso debe prevalecer el texto de la Carta Fundamental del Estado de Baja California sobre lo que diga la Ley del Tribunal Estatal del Acta Administrativa, pues la posible contradicción de criterio que pudiera existir entre la Constitución Política Local y la Ley del referido Tribunal, sobre la facultad para adscribir a los Magistrado a las Salas, debe resolverse a favor de la norma de mayor jerarquía, que en este caso lo es la Constitución Política Local que le entrega esas facultades al Congreso del Estado. Por lo tanto de la manera más atenta y respetuosa nuevamente le pido que, se abstenga de hacer interpretación a lo que le fue comunicado por esta soberanía en el oficio número 8793 de 13 de julio de 2018, suscrito por el Presidente de esta Congreso del Estado en el que se le pide que proceda a reinstalar en el cargo de Magistrado en la Primera Sala en Mexicali del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, al Lic. Blas Roberto Romero López por lo que le reitero la necesidad de que se dé cumplimiento de inmediato y sin más dilación a la petición de reinstalación del Magistrado Blas Roberto Romero López, sin que (.) haga diferencia lo que usted nos comunicó, en el sentido de que el Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa queda en espera y se abstiene de dar cumplimiento a la reinstalación del Magistrado Blas Roberto Romero López hasta que los Diputados de esta Legislatura le comuniquen el resultado de la votación del nombramiento de Magistrado de Sala de Blas Roberto Romero López, pues con independencia del resultado de esa votación, en el caso de que se haga la misma, la reinstalación del Magistrado Blas Roberto Romero López ya fue ordenado por un ordenada por un Tribunal Constitucional por medio de una resolución que ha causado estado y que por tanto debe acatarse, por lo que le pido que la acate a la brevedad posible. Finalmente, en el caso de continuar en desacato y rebeldía a la orden vinculante que este Congreso le giró en el sentido de proceder a la inmediata reinstalación del Magistrado Blas Roberto Romero López en la Primera Sala en Mexicali del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, se le apercibe de que se procederá a iniciar una causa de responsabilidad por juicio político contra Usted, por violaciones a la Constitución y al cumplimiento de una sentencia de amparo" (fojas 21 a 28). Caso concreto. Atento a lo anterior, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables el oficio 010958, suscrito por el Diputado Carlos Torres Torres, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, en el cual se ordenó al peticionario ejecutar actos de reinstalación de Blas Roberto Romero López, en su cargo de Magistrado de la Primera Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, bajo el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento, se iniciaría un juicio político en su contra. Corolario de lo anterior, resulta improcedente la demanda que se trata, con motivo de que el acto reclamado antedicho no le irroga perjuicio alguno a su esfera jurídica, al no menoscabarse algún derecho subjetivo, pues no se advierte la imposición de sanción alguna, toda vez que del párrafo que antecede se desprende que el quejoso reclama un oficio en el que se le ordena ejecutar un acto de reinstalación, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se iniciaría un juicio político en su contra. Lo anterior, en virtud de que el apercibimiento que se le formuló, por sí sólo no constituye un acto de molestia, pues para que se actualice el supuesto o consecuencia prevista en el apercibimiento, se requiere de una posterior conducta del apercibido, así como de la voluntad de la autoridad correspondiente para imponer la consecuencia legal que deriva del mismo, por lo que dicha consecuencia se trata de un acto futuro e incierto, al no existir certeza de que se va a ejecutar. Apoya lo anterior, por los motivos que expone, la jurisprudencia PC.I.L. J/14 L, de los Plenos de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, página 2321, Décima Época, registro 2010813, que dice: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley." De ahí, que no será hasta que la autoridad correspondiente determine si hace efectivo al quejoso el apercibimiento reclamado, cuando se materializará un perjuicio real y efectivo. En consecuencia, toda vez que el acto de reclamo no ocasiona perjuicio alguno al quejoso en su esfera jurídica, se actualiza la causa de improcedencia en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, en relación con el apercibimiento reclamado, conforme a lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con fundamento en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y demás relativas y aplicables a la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Carlos Rodolfo Montero Vázquez, contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en los considerandos tercero y cuarto, y por las razones expuestas en los considerandos tercero y sexto del presente fallo. Notifíquese personalmente y vía electrónica a la parte quejosa.

  4. Principal

    se notifica por lista a la parte quejosa el auto de fecha dieciocho de julio de dos mil diecinueve..." Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Carlos Rodolfo Montero Vázquez, contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en los considerandos tercero y cuarto, y por las razones expuestas en los considerandos tercero y sexto del presente fallo. Notifíquese personalmente y vía electrónica a la parte quejosa.

Quedan 32 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · 8,097 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano