Carlos Roberto Garcia| Fuentes

Expediente 30/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 10 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
30/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
04/03/2019

Partes del expediente

  • Carlos Roberto Garcia| Fuentes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A CUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. CAUSA EJECUTORIA LA SENTENCIAVista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hayan recurrido la resolución de trece de febrero de dos mil diecinueve, dictada en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en esta instancia, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno principal es susceptible de destrucción, de conformidad con la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo en el cual quedó firme el sobreseimiento fuera de audiencia decretado, en virtud de los razonamientos expresados en líneas que preceden. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Por otra parte, se advierte que el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión provisional y definitiva, acorde con el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el original del cuaderno incidental, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. De igual manera, atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá también transferirse el cuaderno principal del presente juicio de garantías, al antedicho Centro. Por otro lado, en términos de la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, una vez que transcurran seis meses a partir de que se dictó la interlocutoria respectiva, procédase a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado Correspondiente al registro de Juicios de Amparo, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. También, hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, José Rivas González, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario David Alejandro Rojas Serna, quien autoriza y da fe. japo. El suscrito Secretario David Alejandro Rojas Serna, hago constar, que en esta fecha, se realizó el registro ordenado en el auto que antecede en el Libro Uno de Juzgado correspondiente al registro de Juicios de Amparo. Conste. ___________________________________ Sello y firma del Analista Jurídico del SISE. El suscrito Secretario David Alejandro Rojas Serna, hago constar, que en esta fecha, se realizó la captura ordenada en el auto que antecede, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Conste. ________________________________ Sello y firma Analista Jurídico del SISE. El suscrito Secretario David Alejandro Rojas Serna, HAGO CONSTAR, que en esta fecha, la determinación judicial que antecede, se incorporó al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la vigente Ley de Amparo. Doy fe. CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN POR LISTA Siendo las nueve horas del _________________ el (la) suscrito (a) Actuario (a), notifico por medio de lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado, así como en el Portal de internet del Poder Judicial de la Federación, el auto y/o resolución que antecede, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 26 fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe. El (la) Actuario (a).

  2. Principal

    PRIMERO. Se Sobresee en el presente juicio de amparo promovido por CARLOS ROBERTO GARCÍA FUENTES, contra el acto reclamado a las autoridades que quedaron precisadas en el cuerpo de esta resolución y por lo expuesto en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en términos del último considerando de esta sentencia.

  3. Incidental

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días, otorgado a la parte quejosa mediante proveído de dieciocho de enero del año en curso, a fin de que aclarara las denominaciones correctas de las autoridades responsables que denominó "Subdirector de la Policía Estatal Preventiva, Comandante de la Policía Estatal Preventiva, Subcomandante de la Policía Estatal Preventiva y Jefe de Grupo Inteligencia de la Policía Estatal Preventiva, todas con sede en esta localidad". En consecuencia, toda vez que el quejoso no desahogó la vista otorgada, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos, y se declaran inexistentes dichas autoridades al menos con la denominación con las que las señaló, para todos los efectos legales. AUDIENCIA INCIDENTAL SIN EFECTOS Por otra parte, visto el estado actual de los presentes autos, se advierte que se encuentran señaladas las diez horas con cinco minutos del siete de febrero de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia incidental, únicamente por lo que respecta a las autoridades responsables "Subdirector de la Policía Estatal Preventiva, Comandante de la Policía Estatal Preventiva, Subcomandante de la Policía Estatal Preventiva y Jefe de Grupo Inteligencia de la Policía Estatal Preventiva, todas con sede en esta localidad", sin embargo, toda vez que dichas autoridades se declararon inexistentes en líneas que preceden, para todos los efectos legales; en consecuencia, se deja sin efectos dicha audiencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Herzel Godínez Salas, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Distrito, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, comunicada mediante el oficio CCJ/ST/123/2019, de ocho de enero de dos mil diecinueve, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido del Secretario David Alejandro Rojas Serna, quien autoriza y da fe. japo. El suscrito Secretario David Alejandro Rojas Serna, hago constar, que en esta fecha, se realizó el registro ordenado en el auto que antecede en el Libro Uno de Juzgado correspondiente al registro de Juicios de Amparo. Conste. ___________________________________ Sello y firma del Analista Jurídico del SISE. El suscrito Secretario David Alejandro Rojas Serna, hago constar, que en esta fecha, se realizó la captura ordenada en el auto que antecede, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Conste. ________________________________ Sello y firma Analista Jurídico del SISE. El suscrito Secretario David Alejandro Rojas Serna, HAGO CONSTAR, que en esta fecha, la determinación judicial que antecede, se incorporó al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la vigente Ley de Amparo. Doy fe. CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN POR LISTA Siendo las nueve horas del _________________ el (la) suscrito (a) Actuario (a), notifico por medio de lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado, así como en el Portal de internet del Poder Judicial de la Federación, el auto y/o resolución que antecede, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 26 fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe. El (la) Actuario (a).

  4. Incidental

    RESOLUCIÓN VISTOS, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 30/2019-5A, promovido por CARLOS ROBERTO GARCÍA FUENTES, y; RESULTANDO: ÚNICO. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, se promovió la demanda de amparo por el quejoso, en la cual solicitó la suspensión provisional de los actos reclamados, por lo que en proveído de quince de enero de dos mil diecinueve, se resolvió la suspensión provisional en los términos ahí precisados. CONSIDERANDO: PRIMERO. No se transcribirá el acto reclamado por la parte quejosa, en acatamiento al principio de economía procesal y en razón de que no existe precepto legal alguno que obligue a su literal transcripción en la resolución, pues no constituye elemento de validez ni requisito formal o material de ésta, y con tal omisión no se afectan los principios de congruencia y exhaustividad; por el contrario, se observa el principio de expedites en la administración de justicia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable a foja 406, Tomo IX, Abril de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO." SEGUNDO. Acto reclamado. De conformidad con el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se estima conveniente fijar de manera clara y precisa el acto reclamado que constituye la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este incidente de suspensión; lo anterior, partiendo del criterio de considerar la demanda como un todo. Por lo que, del análisis integral del escrito de demanda, se aprecia que el acto reclamado en esta vía, consiste en:  La privación ilegal de la libertad. Clarificación de los actos reclamados que se realiza con apoyo en la tesis de jurisprudencia P./.J 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, abril de 2000, perteneciente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. Derechos fundamentales. La parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado y consideró infringidos en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. Ahora bien, las autoridades responsables Director de Policía Estatal Preventiva, Mexicali, Baja California y Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Policía Estatal Preventiva, Mexicali, Baja California, no rindieron sus informes previos, no obstante habérseles requerido con la anticipación debida, lo cual se corrobora con las constancias de notificación que obran agregada en autos, respectivamente a fojas 18 y 23, por lo que con fundamento en el artículo 142, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado a las autoridades para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. ORDEN DE PRESENTACIÓN Y APREHENSIÓN SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA QUINTO. Con fundamento en los artículos 164, 165, 166 y 168 de la Ley de Amparo, se estima procedente conceder la suspensión definitiva de los actos reclamados solicitados, para el efecto de que no se cumplimente la orden de presentación y aprehensión reclamadas por la parte quejosa, hasta en tanto se notifique a las autoridades señaladas como responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. CONDICIONES DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA La medida suspensiva surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa omite: ? Exhibir dentro del plazo de CINCO DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este auto, garantía por la cantidad de $6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en cualquiera de las formas permitidas por la ley; cantidad que se fija tomando en cuenta que hasta este momento no se tiene conocimiento exacto de la naturaleza, modalidad y características del delito por el cual se libró la orden de aprehensión o detención en contra de la quejosa. ? En el entendido que de no cumplir con la anterior prevención, dejará de surtir efectos la suspensión definitiva concedida. La cantidad antes mencionada, se fija tomando en cuenta que hasta este momento no se tiene conocimiento exacto de la naturaleza, modalidad y características del delito por el cual se libró la orden de aprehensión, reaprehensión, comparecencia y presentación en contra de la parte quejosa, tal como lo establece el artículo 168, de la legislación aplicable y en términos de la Jurisprudencia por contradicción, 1a./J. 16/97, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientas veintiséis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, que se intitula: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL." Ahora, si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la medida cautelar otorgada sólo producirá el efecto de que la parte quejosa quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad ordenadora que corresponde conocer del procedimiento penal para los efectos de su continuación. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la medida cautelar otorgada producirá el efecto de que la parte quejosa no sea detenida, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Si la parte quejosa ya se encuentra materialmente detenida por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia de la parte imputada en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será que la parte quejosa quede a disposición de este órgano jurisdiccional, en el lugar en que se encuentre recluido, únicamente en lo que refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. Lo anterior, es así, de conformidad con lo establecido en los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, respecto a la medida cautelar otorgada a la parte quejosa. Tiene aplicación en lo conducente la jurisprudencia 1a./J. 149/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, página 371, con número de registro 170432, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso." ORDEN DE DETENCIÓN SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA Ahora bien, por lo que hace al diverso acto reclamado por la parte quejosa, consistente en la orden de detención, con fundamento en el artículo 168 de la Ley de Amparo, se estima procedente conceder la suspensión definitiva del acto reclamado solicitado, para el efecto de que no se ejecute orden de detención dictada en contra del quejoso CARLOS ROBERTO GARCÍA FUENTES, hasta en tanto cause ejecutoria la resolución que se emita en el cuaderno principal del cual deriva el presente incidente. En la inteligencia de que la medida cautelar surte efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si el agraviado citado en el párrafo que precede, no otorga dentro del plazo de cinco días la garantía establecida en párrafos que preceden, cantidad fijada al prudente arbitrio de este juzgador, al tomar en consideración que no se cuenta con datos precisos para cuantificar adecuadamente su monto, ya que no se proporcionan en la demanda de amparo, como sería la situación económica del agraviado. Lo anterior, en debido acatamiento a la Jurisprudencia 66/2001, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a fojas cuatrocientas treinta y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de dos mil seis, con número de registro 188725, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO SE RECLAMAN ÓRDENES DE DETENCIÓN GIRADAS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y EL QUEJOSO AUN NO HA SIDO PRIVADO DE SU LIBERTAD, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXIGIR GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS AQUELLA. Si se toma en consideración que las actuaciones del Ministerio Público y de la Policía Judicial realizadas durante la etapa de averiguación previa, forman parte del procedimiento penal y son fundamentalmente de investigación, aunque existen dos supuestos (flagrancia y urgencia), autorizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los cuales dichas autoridades pueden ordenar o proceder a la detención de una persona, mientras que aquellas que practica la autoridad judicial conforman el proceso penal, cuando se promueve juicio de amparo en contra de una orden de detención girada por autoridades administrativas dentro del procedimiento penal y el quejoso aún se encuentra en libertad, el juzgador deberá conceder la suspensión provisional, cuyo efecto consistirá en que no se le prive de dicha libertad hasta en tanto se le notifique a la autoridad responsable la resolución sobre la suspensión definitiva, según lo establece el artículo 130 de la Ley de Amparo, siendo indispensable, para que surta efectos la provisional, el que el juzgador exija una garantía. Ello es así, porque de no fijarse ésta se corre el riesgo de que el quejoso se sustraiga de la acción de la justicia y se entorpezca el procedimiento penal, en franca violación a los principios contenidos en los artículos 124, 124 bis, 130, 136, 138 y 139, de la ley de la materia, así como en la exposición de motivos y en los dictámenes de las Cámaras de Origen y Revisora relativos a la adición del artículo 124 bis al citado ordenamiento legal, pues en ellos se ha establecido que la suspensión no puede constituir un medio que permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos y, por tanto, el Juez de Distrito puede tomar las medidas que estime pertinentes para asegurar al quejoso aun cuando se trate de actos derivados de un procedimiento penal, y el quejoso tiene el deber de comparecer ante el Ministerio Público dentro de los tres días siguientes para que continúe surtiendo efectos la suspensión; de tal suerte que cuando el artículo 124 bis de la mencionada ley prevé que "Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el Juez de amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de las medidas de aseguramiento que estime convenientes.", indudablemente establece para el juzgador la obligación de fijar una garantía cuando los actos privativos de la libertad provengan de autoridades administrativas y el presunto responsable aún no haya sido privado de ella, pues con tal medida de aseguramiento se pretende salvaguardar tanto la garantía constitucional de libertad personal como el deber de perseguir los delitos, aspecto este último en el cual se encuentra interesada la sociedad." En el entendido que de no cumplir con la anterior prevención, dejará de surtir efectos la suspensión provisional concedida. Asimismo, esta medida cautelar no surtirá efectos si la orden de detención procede de autoridad distinta de la señalada como responsable en este juicio. Aunado lo anterior, se estima que la concesión de la medida cautelar no se contraviene el interés social, ya que, no se advierte ningún perjuicio en contra de la colectividad (de manera real y no sólo hipotético) que válidamente pueda confrontarse con el perjuicio que se ocasionaría a la parte quejosa de no suspender los actos reclamados; es decir, con la ejecución de los actos controvertidos; por el contrario, también existe el interés de la sociedad en que prevalezca el principio de legalidad en todo acto de autoridad partiendo de la base de que la afectación de los derechos de las partes sólo puede justificarse con actos debidamente fundados y motivados en el procedimiento legalmente establecido. Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia número I.4º.A.J/90, vinculante para este juzgador federal, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, misma que fue publicada durante la Novena Época, con número de registro 161447, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA, A PESAR DE QUE PUEDA ADELANTAR LOS EFECTOS DE LA DECISIÓN FINAL, SI ES NECESARIO PARA ASEGURAR UNA TUTELA CAUTELAR EFECTIVA QUE PRESERVE LA MATERIA DEL JUICIO Y LA CABAL RESTITUCIÓN DEL AFECTADO EN SUS DERECHOS. El criterio de que la suspensión no debe otorgar efectos restitutorios o que anticipen la decisión final, por ser propios de la sentencia de fondo, debe superarse en aras de ser congruentes con la finalidad constitucional de preservar la materia del juicio y evitar la ejecución de actos de imposible o difícil reparación, siempre y cuando exista interés suspensional del solicitante y materia para la suspensión, para lo que es menester considerar la naturaleza del acto reclamado. Consecuentemente, procede conceder la suspensión a pesar de que pueda adelantar los efectos de la decisión final, pues ello sería en forma provisional, si es necesario para asegurar una tutela cautelar efectiva que preserve la materia del juicio y la cabal restitución del afectado en sus derechos; es decir, cuando de no otorgarse, la restitución que, en su caso, se ordene en la resolución definitiva, pueda ser ilusoria." En el entendido, que si el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso y éste se encuentre a disposición del Fiscal responsable por cumplimiento de orden de detención del mismo, salvo el caso de la detención por caso urgente, la suspensión se concederá para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Cuando el quejoso se encuentre a disposición del fiscal por haber sido detenido en flagrancia o caso urgente, el plazo contará a partir de que sea puesto a disposición. En cualquier caso distinto de los anteriores y en la detención por caso urgente, en los que el fiscal responsable restrinja la libertad del quejoso, la suspensión se concederá para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 165 de la Ley de Amparo. SEXTO. Por las razones señaladas en la audiencia incidental, se difiere la misma únicamente por lo que se refiere a las autoridades ahí precisadas, a saber: ? Subdirector de la Policía Estatal Preventiva. ? Comandante de la Policía Estatal Preventiva. ? Subcomandante de la Policía Estatal Preventiva. ? Jefe de Grupo Inteligencia de la Policía Estatal Preventiva, todas con sede en esta localidad. Señalándose las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo. Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además, en los artículos 125, 128, 138 y 140, de la Ley de Amparo en vigor se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se concede la suspensión definitiva a CARLOS ROBERTO GARCÍA FUENTES, en términos del considerando quinto de la presente resolución. SEGUNDO. Se difiere la audiencia incidental respecto de las autoridades señaladas en el considerando sexto, y se fijan de nueva cuenta las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su celebración. Notifíquese.

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