Carlos Rivera González

Expediente 534/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
534/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
02/03/2022

Partes del expediente

  • Carlos Rivera González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, dos de marzo de dos mil veintidós. TESTIMONIO. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, agréguese a los presentes autos para los efectos legales pertinentes el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, al que anexa testimonio de la resolución de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, en autos del recurso de queja 270/2021, mediante la cual en su único resolutivo, declara infundado el recurso de queja interpuesto contra el proveído que desechó la demanda. Acúsese el recibo de estilo correspondiente vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído sin decidir el juicio en lo principal, no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. ORDEN DE ARCHIVO. Anótese en la carátula que este expediente que es destruible y la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, diez de diciembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2o, téngase recibido y agréguese a los presentes autos para los efectos legales a que haya lugar, el oficio remitido por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, mediante el cual acusa recibo del diverso comunicado, por el que se le remitió el informe del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa; asimismo, informa que se admitió a trámite el citado medio de impugnación, el cual quedó registrado con el número de toca 270/2021. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Téngase recibido el escrito presentado por el licenciado Maximiano Castillo Balleza, quien se ostenta Apoderado Legal del quejoso, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de cuatro de noviembre del año actual, que desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja que hace valer el ocursante en contra del proveído de referencia. Por tanto, con fundamento en el artículo 101 de la ley de la materia remítase copia certificada de todo lo actuado en el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Noveno Circuito, con fundamento en el artículo 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, conforme con lo dispuesto en el numeral señalado en el párrafo que antecede, en vía de informe hágase del conocimiento de la Superioridad que es cierto el acto reclamado, dado que el cuatro de noviembre del año actual, este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo promovida por Carlos Rivera González, al encontrarse de su análisis motivos manifiestos de improcedencia. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Identificación promovente. Vista la demanda de amparo promovida por Carlos Rivera González, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, capital, por trasgresión que estima del artículo 17 Constitucional. Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 534/2021-II-H. Acto reclamado. La lectura integral de la demanda con la que se ha dado cuenta, revela que el quejoso como acto reclamado señala: La determinación del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, tomada en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, relativa al expediente laboral 304/2019/M-2, promovido por el quejoso contra el Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí, en el sentido de dar trámite al incidente de acumulación planteado por la demandada y en razón de ello, suspendió el procedimiento y se dio vista al quejoso para que dentro del término de tres días contestara dicha incidencia. Desechamiento de la demanda. Establecido lo anterior, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de cuenta, al advertir esta Juzgadora un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal y como se indica a continuación. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con el artículo 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" La razón de ser de la causa de improcedencia transcrita se establece de acuerdo a la posibilidad de promover el amparo indirecto por cuanto que sólo tiene lugar cuando el acto reclamado tenga efectos de imposible reparación sobre un derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció jurisprudencia, que aparece publicada con el número 244, en la página 164, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Es decir los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo los de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, etcétera; no así en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Por tanto, el acto aquí reclamado, no puede ser considerado como actos de imposible reparación ya que éste se traduce como un acto que tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, pues en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo tutelado por la constitución o por los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano forma parte, sino que tan sólo hacen nacer la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que pudiese influir o no en el dictado del fallo y que éste le sea adverso. Aunado a que en el caso concreto, se trata de un acuerdo que admite a trámite el incidente de acumulación que hizo valer la contraparte, durante el trámite del juicio de origen, y precisamente por tratarse de la institución de la acumulación, ese acto, únicamente podría afectar derechos adjetivos o procesales, pues otorga el derecho procesal de evitar sentencias contradictorias en el juicio principal, por tanto la afectación que produce su trámite y resolución no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos que haga procedente el juicio de amparo indirecto, al tratarse de derechos otorgados por normas ordinarias para que los procedimientos se desarrollen de la mejor forma posible. No se inadvierte que la parte quejosa, sostiene que con motivo de dicha admisión la autoridad responsable ordenó la suspensión del procedimiento y que no se podrá retrotraer el tiempo de su tramitación, pues ello es insuficiente para estimar que el acto reclamado vulnera derechos sustantivos en su perjuicio, pues de los propios antecedentes que narró, bajo protesta de decir verdad, se aprecia que la suspensión derivó únicamente para la tramitación de la cuestión incidental planteada, pero no de manera indefinida, esto es, no se aprecia la paralización total del procedimiento, de ahí que el trámite y la eventual resolución que recaiga al incidente de acumulación únicamente implica afectación a derechos adjetivos o procesales que pueden ser reparados en caso de que los afectados obtengan sentencia favorable, dado que el procedimiento de acumulación fue instaurado exclusivamente para lograr la economía de los juicios y evitar el dictado de sentencias contradictorias. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 32/2016 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2013364, Décima Época, Materia Común, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, página 5, que dispone: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La acumulación de juicios es una institución procesal que sólo otorga derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, por lo que, si bien la decisión de acumular diversos juicios pudiera afectar sus derechos, tal afectación no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos que haga procedente el juicio de amparo indirecto, al tratarse de derechos otorgados por normas ordinarias para que los procedimientos se desarrollen de la mejor forma posible. Aunado a ello, las posibles afectaciones a la debida integración de la litis que pudieran reclamar las partes con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se materializarán, en su caso, al dictarse la sentencia si no les es favorable, por lo que tampoco harían procedente el juicio de amparo indirecto; por esas razones, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, es factible desechar la demanda cuando se reclama la resolución que decreta la acumulación de juicios por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 107, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la ley citada, en atención a que el solo análisis de la naturaleza del acto permite concluir que el juicio constitucional es improcedente, pues se trata simplemente de un ejercicio jurídico para determinar los alcances de la naturaleza del acto y no se requiere de alguna prueba para concluir que las resoluciones relativas a la acumulación de juicios sólo afectan derechos adjetivos que hacen improcedente el juicio de amparo indirecto. En ese sentido, la determinación del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, de dar trámite al incidente de acumulación planteado por la demandada en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, relativa al expediente laboral 304/2019/M-2, promovido por el quejoso contra el Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí, y en razón de ello, suspender el procedimiento y dar vista al quejoso para que dentro del término de tres días contestara dicha incidencia, atendiendo a la connotación que respecto a este tipo de actos establece el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, no debe ser considerado como acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, en virtud de que no afecta materialmente algún derecho sustantivo, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales; y bien puede ocurrir que el quejoso obtenga sentencia favorable en el controvertido de origen, con lo que quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que se le hubieren causado con los actos que reclama a través de la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa. Al respecto se invoca la jurisprudencia I.8o.C. J/2 (10a.), publicada en la página 2416, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV, Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época número de registro 2013976 que dice: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida. También se invoca la jurisprudencia I.1o.A.E. J/4 (10a.), publicada en la página 1903, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, número de registro 2011339 que establece: "ACTOS O VIOLACIONES INTRAPROCESALES PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. SUS CARACTERÍSTICAS. Tratándose de actos o violaciones intraprocesales, lo decisivo para exigir una inmediata impugnación en el amparo indirecto es la imposible reparación en razón de una afectación material -real y actual- a derechos sustantivos, a diferencia de la lesión o agravio formal a disposiciones adjetivas o procedimentales. Por tanto, más que la modalidad o tipo de acto (intraprocesal o terminal), lo relevante son los efectos y agravio que puedan producir en situaciones y circunstancias concretas; esto es, pueden reclamarse de manera inmediata cuando se esté en presencia de aquellos denominados de imposible reparación o, en su caso, junto con el acto terminal al que han trascendido, y siempre que hayan generado indefensión". Así como la jurisprudencia II.2o.P. J/29, publicada en la página 1721, Tomo XXIX, Abril de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, registro 167579, que dice: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. PARA SU PROCEDENCIA DEBE ATENDERSE A LOS EFECTOS QUE PRODUCEN OBJETIVA Y JURÍDICAMENTE, Y NO A LAS ARGUMENTACIONES QUE CONSTITUYAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es equivocada la pretensión de confundir la identidad y naturaleza de los actos reclamados con los conceptos de violación que se enderezan a tratar de explicar y, en su caso, justificar por qué el acto reclamado se estima inconstitucional, pues independientemente del número o variedad de dichos conceptos, ello no produce una segmentación o multiplicación del acto o actos reclamados cuando la identidad y precisión de ellos aparece debidamente delimitada. Por tanto, para determinar la procedencia del juicio en el supuesto previsto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto es, tratándose de actos dentro de juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, deben considerarse los efectos que producen de manera objetiva y jurídica, y no las argumentaciones que constituyan los conceptos de violación, pues éstos, en todo caso, constituyen el fondo del amparo que pudiera llegar a resolverse de estimarse procedente la demanda de garantías. Ello es así, porque la consideración de los efectos del acto constituyen el presupuesto de su procedibilidad, previo al análisis de los conceptos de violación o motivos de inconformidad, ya que de lo contrario no sólo se desconocería la técnica del juicio de amparo, sino que se atentaría contra la lógica elemental y la estructura de este medio de control constitucional, haciendo nugatoria la procedencia de la aludida fracción IV del artículo 114 de la propia ley". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia al principio invocada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda que promueve Carlos Rivera González, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí. Domicilio y autorizados. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley, al licenciado Maximiano Castillo Balleza y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a las otras personas indicadas, toda vez que no tienen su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que las autorice a ejercer la profesión de abogado. Exhortación a tramitar asuntos "en línea" y datos de contacto. En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este juicio en forma electrónica, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma). Habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Digitalización. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. Transparencia y protección de datos personales. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente.

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