Carlos Reyes Villagómez

Expediente 592/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
592/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
24/07/2018

Partes del expediente

  • Carlos Reyes Villagómez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de trece de julio de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicha providencia queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; conforme a los artículos 3, 104, 113, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por el quejoso **********, mediante el cual, cumple con el requerimiento formulado el once de los actuales, esto es: Precisa que la denominación correcta de las autoridades que señaló como: "AGENTES DE LA POLICIAS MINISTERIALES ADSCRITOS A LAS AGENCIAS DEL MINISTERIOS PUBLICOS INVESTIGADORES ESPECIALIZADAS EN INVESTIGACIONES DE TRAMITE COMUN numero. uno y dos, POLICIAS DENOMINADOS CON FACULTADES PARA PROCESAR."; es jefe de Célula de los Policías Ministeriales, con sede en Salvatierra, Guanajuato. Aclara que ellos únicos actos que pretende sean analizados en esta instancia judicial lo constituyen los rondines y visitas a su domicilio, por parte de las autoridades responsables, y no así la orden de aprehensión que se hubiese girado en su contra. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 -fracción XXIII-, en relación con el diverso 1 -fracción I- ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, que en lo que interesa establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De la interpretación armónica de dichos preceptos, se tiene que el juicio de amparo resulta procedente cuando alguna responsable emita un acto o bien incurra en una omisión que trastoque los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte a favor del gobernado peticionario de la tutela, lo que implica entonces necesariamente que, para examinar a través de la instancia constitucional el proceder de la responsable, se requiere como presupuesto, que sea susceptible de atacar los derechos públicos subjetivos del gobernado, esto es, que el acto u omisión de que se trata pueda, de suyo, violentarlas, pues de no suceder así, se acarreará la improcedencia del juicio de amparo. En el caso concreto, se precisa que el quejoso acude a esta instancia constitucional señalando como acto reclamado: Los rondines y visitas a su domicilio, por parte de las autoridades responsables con facultades para procesar, sin que exista orden de autoridad competente. Sin embargo, el acto reclamado no le causa daño o perjuicio en su esfera jurídica, dado que los rondines o visitas que refiere, son considerados como diligencias efectuadas por parte de la policía ministerial dentro del ejercicio de sus facultades, tendientes a la integración de una carpeta de investigación, actuaciones que son de orden público al obedecer a la investigación de delitos, en términos de lo estatuido en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función." Y es que aun en el supuesto de que tenga calidad de indiciado, no afectaría su interés jurídico, en virtud de que es una potestad del Ministerio Público ordenar que se le cite para que se reciba su declaración o no; además, con esa calidad puede acudir con los fiscales a solicitar lo que estime pertinente, lo que también puede realizar si tiene calidad de agraviado; tampoco afectaría su interés jurídico si es llamado a declarar como testigo, ya que de igual forma ello se encuentra dentro de las atribuciones de la representación social en el ejercicio de su función; motivo por el cual, resulta improcedente el juicio de amparo. No es óbice de lo anterior, el criterio contenido en la Jurisprudencia 1a./J.7/2014 (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en la página 780, del libro 5, tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2014, de rubro: "VIOLACIONES COMETIDAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. ES FACTIBLE SU ANÁLISIS EN AMPARO INDIRECTO (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 121/2009)."; así como la diversa tesis 1a./J.7/121/2009, sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal, visible en la página 36, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo 2010, de rubro: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE QUE EN ÉL SE ANALICEN COMO VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LAS COMETIDAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA, CUANDO AFECTEN LAS GARANTÍAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 20 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE AMPARO.", toda vez que en las mismas se prevé la procedencia del amparo indirecto cuando se acuda señalando como actos reclamados la orden de aprehensión o auto de formal prisión; es decir, que dichas jurisprudencias justifican la posibilidad de analizar violaciones acaecidas en la averiguación previa, cuando el acto reclamado sea el auto de formal prisión, o bien, la orden de aprehensión, lo que en la especie no acontece, habida cuenta que no obstante que se le requirió al quejoso para que manifestara si era su deseo señalar como acto reclamado la orden de aprehensión girada en su contra y su ejecución, el mismo fue determinante en precisar que únicamente deseaba que el acto reclamado fueran los rondines y visitas a su domicilio, por parte de las autoridades responsables con facultades para procesar, sin que exista orden de autoridad competente. Por otra parte, tampoco resulta aplicable lo dispuesto en el criterio jurisprudencial 1a./J.7/138/2011 (9a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en la página 2056, del libro 3, tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2011, de rubro: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LAS TRANSGRESIONES COMETIDAS DURANTE ESTA FASE CONSTITUYEN VIOLACIONES PROCESALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE AMPARO."; en virtud de que en el caso que nos ocupa, no se actualiza ninguna de las hipótesis contenidas en el citado criterio. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia regulada por el artículo 61 -fracción XXIII- en relación con el numeral 1 -fracción I- ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos del Juez de Control de Oralidad Penal del Sistema Acusatorio de la ciudad de Salvatierra, Guanajuato, y otras autoridades, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 592/2018-IV. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del escrito de demanda puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto a los requisitos establecidos en las fracciones I y IV del invocado numeral, en relación con el artículo 108 -fracciones III y IV- ambos de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. A) La fracción III del artículo 108 de la legislación en consulta establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios". El primero de los preceptos establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa tiene la obligación de señalar en su demanda de amparo a las autoridades responsables, las cuales fungen en el juicio de amparo como la parte demandada, por lo que es indispensable que haga correctamente su designación, para que estén en posibilidades de defender los actos que se tachan de inconstitucionales, y evitar que si éstas tienen facultades para ejecutarlo, lo lleven adelante, argumentando no haber sido señaladas como responsables en la demanda respectiva. Lo anterior se justifica si se toma en cuenta que el artículo 5 -fracción II- de la ley de la materia, señala que es autoridad responsable: "(.) la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.)" En el caso concreto, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señaló en el capítulo respectivo como autoridades responsables, entre otras, a las que denominó como: "AGENTES DE LA POLICIAS MINISTERIALES ADSCRITOS A LAS AGENCIAS DEL MINISTERIOS PUBLICOS INVESTIGADORES ESPECIALIZADAS EN INVESTIGACIONES DE TRAMITE COMUN numero. uno y dos, POLICIAS DENOMINADOS CON FACULTADES PARA PROCESAR."; sin embargo, dicha denominación resulta obscura e imprecisa, por lo que, es imprescindible que ante el acto que reclama, determine con claridad a qué autoridades desea señalar como responsables, ello a efecto de llevar a cabo su debido llamamiento a juicio, sin sea factible el señalamiento o designación genérica que hizo, porque, como se dijo, las responsables no estarían en aptitud de hacer defensa del acto que se les endilga, además de que dicha denominación imposibilita a este juzgado su emplazamiento, ya que no se puede determinar a cuáles y cuántos agentes se refiere, ante la vaguedad de su designación. Además que de admitir la demanda de amparo de la manera en que se propone, implicaría permitir que se trastoque el principio de economía procesal y el de administración de justicia pronta y expedita, ya que habría que esperar hasta que el encargado de la oficialía de partes se negara a recibirlo por no estar bien denominada la autoridad, la comunicación se devolviera a este juzgado y se diera vista al promovente del amparo por el término de tres días para que manifestara lo que a su representación conviniera, y que en caso de no cumplir se tuviera por no señaladas a dichas autoridades. Resulta aplicable al caso concreto la tesis XI.2o.36 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página 1556, Tomo XX, Agosto de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. PREVENCIÓN AL QUEJOSO CUANDO SU DENOMINACIÓN ES INCORRECTA." B) La segunda irregularidad se centra en la fracción IV del artículo 108 de la legislación en comento que establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;." Como se advierte de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional la norma general, el acto o la omisión que reclame a cada una de las autoridades que señala como responsables. Respecto de dicho tópico, el Ministro en Retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima de Capital Variable, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia significa que el agraviado debe indicar en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión puede dar lugar a diversos problemas, como son: a. Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente. b. Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse. c. La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. En apoyo a lo anterior se invoca el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 697, Tomo IX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, se rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. En ella debe precisarse con toda claridad el acto que se reclama." En tal virtud, en el caso concreto el quejoso en el apartado relativo al acto reclamado señaló: "Los Actos de Molestia que realiza la POLICIA MINISTERIAL CON FACULTADES PARA PROCESAR, ya que se violan con la realización de RONDINES Y VISITAS A MI DOMICILIO PARTICULAR, SIN ORDEN EXPEDIDA POR UNA AUTORIDAD JURISDICCIONAL COMPETENTE, ya que desde el pasado 04 cuatro de julio día en que se presentaron por primera vez a mi domicilio los POLICIAS MINISTERIALES siendo este el ubicado en la calle de ********** NO. *********, DE LA COMUNIDAD DE ********** MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE SALVATIERRA, GUANAJUATO; como a las 13 horas a mi domicilio, en fecha 4 cuatro de julio del año 2018, en forma interrogativa y diciéndoles Somos agentes de la Policía Ministerial de la Ciudad de Salvatierra, Guanajuato; cuestionando a mis familiares y amigos por el suscrito y que estos policías traían una orden de Aprehensión en contra mía, y que donde me encontraran me iban a levantar ya que dicha Orden de Aprehensión la había girado el juez de control de la ciudad de Salvatierra, Guanajuato;." Asimismo, de sus conceptos de violación se desprende que el quejoso manifiesta: "SE DESPRENDE DE LA conducta de las autoridades responsables tanto ordenadoras como ejecutoras ya señaladas al estar realizado los actos que constituyen la conducta del acto reclamado consistente en los RONDINES, VISITAN CONSTANTE MI DOMICILIO." De la narrativa anterior no se puede establecer con exactitud cuál es realmente la intención del promovente del amparo, dado que aparentemente reclaman los rondines y visitas constantes que han realizado a su domicilio las autoridades responsables; sin embargo, también se advierte la existencia de una orden de aprehensión que refiere pretenden ejecutar en su contra, circunstancias que hacen que su demanda se torne obscura e irregular, dado que no se puede establecer con exactitud cuál es el acto que reclama en esta instancia constitucional, si sólo son los rondines y visitas constantes que han realizado a su domicilio las autoridades responsables, o bien, la orden de aprehensión girada en su contra y su ejecución. Lo anterior, resulta necesario para no dejar en estado de indefensión a las responsables, ya que solamente sabiendo el acto que se le imputa estarían en condiciones de rendir su informe con justificación. Conclusivamente, ante las irregularidades advertidas lo procedente, conforme a los artículos 108 -fracciones III y IV- en relación con el 114 -fracciones I y IV- ambos de la ley de la materia, es prevenirlo para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con las copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Precise la denominación correcta de las autoridades que señaló como: "AGENTES DE LA POLICIAS MINISTERIALES ADSCRITOS A LAS AGENCIAS DEL MINISTERIOS PUBLICOS INVESTIGADORES ESPECIALIZADAS EN INVESTIGACIONES DE TRAMITE COMUN numero. uno y dos, POLICIAS DENOMINADOS CON FACULTADES PARA PROCESAR.", a efecto de llevar a cabo su debido llamamiento a juicio. Aclare, cuál es el acto que reclama en esta instancia constitucional, si sólo son los rondines y visitas constantes que han realizado a su domicilio las autoridades responsables, o bien, la orden de aprehensión girada en su contra y su ejecución. Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si el quejoso es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detecten en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6 de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 50/2014 (10ª.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 61/2014, entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, aprobada en sesión de cuatro de junio de dos mil catorce, que reza de la siguiente manera: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Téngase al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su libelo constitucional, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Martín Cruz Santoyo, en virtud de que cuenta con su cédula profesional número 4874000, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 - fracción I, incisos b y c- de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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