Carlos Renato Sánchez González
Expediente 2722/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 2722/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 09/04/2021
Partes del expediente
- Carlos Renato Sánchez González
- Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficios y anexos presentados en este Órgano Jurisdiccional el dieciocho de febrero del año en curso, por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación del Recaudador de Rentas, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de diecinueve de febrero de la anualidad en cita, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia dictada, el trece de marzo de dos mil veinte, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los efectos siguientes: "[.] 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa, lo previsto en el artículo 22, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada Ley de Ingresos, esto es, para que las autoridades responsables no apliquen a la parte quejosa en el presente ni en un futuro tales preceptos legales, hasta en tanto no se modifiquen dichas normativas. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la parte quejosa la cantidad que erogó por concepto de inscripción de documento público o privado, inscripción de préstamo hipotecario, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia. De igual forma, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar las cuotas fijas mínimas de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), así como de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional) sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de la fracción I y el tercer párrafo de la fracción XVIII del artículo 22 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. [.] En la inteligencia de que las cuotas de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), así como de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional) sin las contribuciones adicionales, que se comentan, son aplicables porque están referidas a la inscripción de documento público o privado, así como inscripción de préstamo hipotecario, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí, que al ser cuotas fijas y mínimas para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es esta cuota la que debe aplicarse y no otra. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle la cantidad de dinero, debidamente actualizada, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. [.] Concesión de amparo que debe hacerse extensiva al acto de aplicación de los artículos tildados de inconstitucionales, ya que resulta ilegal al ser consecuencia de la aplicación de la norma declarada inconstitucional [.]". En ese tenor, seguido el juicio por sus demás trámites, mediante oficio presentado el dieciocho de febrero del año en curso, el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación del Recaudador de Rentas, con sede en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, adjuntó copia de la transferencia bancaria a favor del quejoso Carlos Renato Sánchez González, y del que se advierte que devolvió la cantidad de $15,226.01 pesos, que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $15,187.14 pesos, menos el monto de $570.00 pesos (lo cual corresponde a dos cuotas de $290.00 pesos y $280.00 pesos, que equivale a la mínima establecida para la inscripción de documento público y préstamo hipotecario), da como resultado un total de $14,617.14 pesos, cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve y el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, se efectuó la devolución mediante transferencia bancaria a la parte quejosa. Sin embargo, el período de actualización comprende del mes de octubre de dos mil diecinueve al mes de noviembre del año próximo pasado. Lo anterior es así, toda vez que el Delegado del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que se turnó a la Dirección General de Tesorería, los datos necesarios para llevar a cabo la transferencia bancaria a favor de la parte quejosa, lo cual aconteció el catorce de diciembre de dos mil veinte, Por ende, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de octubre de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de noviembre de la anterior anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de octubre de dos mil diecinueve fue de 104.503; y para el mes de noviembre de dos mil veinte de 108.856. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.041654. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $14,617.14 pesos, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $15,226.00 pesos; luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente a devolver $14,617.14 pesos, se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $608.86 pesos. Así de las constancias que obran en autos, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió a la parte promovente del amparo $15,226.01 pesos; es decir, en exceso $0.01 centavos; pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la mínima diferencia, a nada práctico conduciría reintegrarla. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el artículo 18, fracción I, inciso b, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de amparo por una parte se sobreseyó y por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficios y anexos presentados en este Órgano Jurisdiccional el dieciocho de febrero del año en curso, por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación del Recaudador de Rentas, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de diecinueve de febrero de la anualidad en cita, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia dictada, el trece de marzo de dos mil veinte, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los efectos siguientes: "[.] 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa, lo previsto en el artículo 22, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada Ley de Ingresos, esto es, para que las autoridades responsables no apliquen a la parte quejosa en el presente ni en un futuro tales preceptos legales, hasta en tanto no se modifiquen dichas normativas. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la parte quejosa la cantidad que erogó por concepto de inscripción de documento público o privado, inscripción de préstamo hipotecario, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia. De igual forma, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar las cuotas fijas mínimas de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), así como de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional) sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de la fracción I y el tercer párrafo de la fracción XVIII del artículo 22 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. [.] En la inteligencia de que las cuotas de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), así como de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional) sin las contribuciones adicionales, que se comentan, son aplicables porque están referidas a la inscripción de documento público o privado, así como inscripción de préstamo hipotecario, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí, que al ser cuotas fijas y mínimas para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es esta cuota la que debe aplicarse y no otra. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle la cantidad de dinero, debidamente actualizada, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. [.] Concesión de amparo que debe hacerse extensiva al acto de aplicación de los artículos tildados de inconstitucionales, ya que resulta ilegal al ser consecuencia de la aplicación de la norma declarada inconstitucional [.]". En ese tenor, seguido el juicio por sus demás trámites, mediante oficio presentado el dieciocho de febrero del año en curso, el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación del Recaudador de Rentas, con sede en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, adjuntó copia de la transferencia bancaria a favor del quejoso Carlos Renato Sánchez González, y del que se advierte que devolvió la cantidad de $15,226.01 pesos, que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $15,187.14 pesos, menos el monto de $570.00 pesos (lo cual corresponde a dos cuotas de $290.00 pesos y $280.00 pesos, que equivale a la mínima establecida para la inscripción de documento público y préstamo hipotecario), da como resultado un total de $14,617.14 pesos, cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve y el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, se efectuó la devolución mediante transferencia bancaria a la parte quejosa. Sin embargo, el período de actualización comprende del mes de octubre de dos mil diecinueve al mes de noviembre del año próximo pasado. Lo anterior es así, toda vez que el Delegado del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que se turnó a la Dirección General de Tesorería, los datos necesarios para llevar a cabo la transferencia bancaria a favor de la parte quejosa, lo cual aconteció el catorce de diciembre de dos mil veinte, Por ende, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de octubre de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de noviembre de la anterior anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de octubre de dos mil diecinueve fue de 104.503; y para el mes de noviembre de dos mil veinte de 108.856. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.041654. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $14,617.14 pesos, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $15,226.00 pesos; luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente a devolver $14,617.14 pesos, se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $608.86 pesos. Así de las constancias que obran en autos, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió a la parte promovente del amparo $15,226.01 pesos; es decir, en exceso $0.01 centavos; pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la mínima diferencia, a nada práctico conduciría reintegrarla. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el artículo 18, fracción I, inciso b, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de amparo por una parte se sobreseyó y por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el libelo de cuenta, suscrito por el Delegado del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual, informa que turnó a la Dirección de Recaudación de Ingresos de la citada secretaría, los datos necesarios para llevar a cabo la transferencia bancaria a favor de la parte quejosa, por lo que solicita se le tenga en vías de cumplimiento; consecuentemente, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, agréguense al presente sumario el ocurso y anexos de cuenta, para que obren como corresponda. Finalmente, no pasa inadvertido que el libelo que se provee se encuentra firmado por quien dice ser el Director Jurídico Contencioso de la referida dependencia; sin embargo, no acredita dicho cargo; empero, en el informe justificado rendido por el citado Recaudador, se tuvo al signante como su delegado. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Se tiene por recibido el oficio presentado por el delegado de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, por medio del cual, solicita se requiera a la parte quejosa a efecto de que proporcione la documentación requerida a fin de efectuar el pago a que se le condenó; sin embargo, dígasele que no ha lugar a proveer favorablemente a su petición, ya que a dicho ente le corresponde efectuar las gestiones necesarias para cumplir con la sentencia de amparo. Por otra parte, en cuanto a la prórroga que solicita dígasele que no ha lugar a proveer favorablemente, toda vez que la Ley de Amparo en su artículo 192, es categórica en otorgar términos para el cumplimiento de las ejecutorias, por lo que, deberá agilizar los trámites a fin de que quede cumplida la referida ejecutoria en el menor tiempo posible, a fin de no violentar lo dispuesto en el artículo 17 constitucional; máxime que como se advierte del anexo que acompaña, ya logró notificar a la parte promovente del amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de la materia, requiérase al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, de cumplimiento al fallo protector concedido. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los dispositivos 193 y 258 de la Legislación invocada, se les impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercero transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. De igual manera, se hace del conocimiento de la citada autoridad, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el numeral 193 de la Ley citada. Finalmente, no pasa inadvertido que el libelo que se provee se encuentra firmado por quien dice ser el Director Jurídico Contencioso de la referida dependencia; sin embargo, no acredita dicho cargo; empero, en el informe justificado rendido por el citado Recaudador, se tuvo al signante como su delegado. Notifíquese.
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