Carlos Regalado Álvarez
Expediente 2131/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2131/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 24/02/2023
Partes del expediente
- Carlos Regalado Álvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación contra la sentencia de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo; en consecuencia, conforme lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se declara que ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Destino expediente principal. Con fundamento en el artículo 21 inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior con motivo de que se sobreseyó el presente juicio de amparo; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído es susceptible de destrucción.
- Principal
Se resuelve.- ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por ******, contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, que fue precisado en el considerando segundo por las razones que se exponen en el último considerando de la presente sentencia.
- Principal
Audiencia de alegatos. En Zapopan, Jalisco, a las nueve horas con dieciséis minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintidós, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia de alegatos en el incidente innominado derivado del juicio de amparo 940/2020, para cuantificar la cantidad exacta que debe devolverse a la parte quejosa, promovido por José Moisés de la Mora Bolaños, en su carácter de apoderado legal para pleitos y cobranzas de Promotora Profile, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, aperturado por este juzgado de distrito el once de marzo de dos mil veintidós; Alva Miranda Ramírez, Jueza Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido de la secretaria Diana Ulloa Hernández que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia de alegatos prevista en los artículos 67 de la Ley de Amparo y 360 y 361 del Código Federal de Procedimientos Civiles. La Jueza declara abierta la audiencia, sin la comparecencia personal de las partes, ni de sus representantes. Abierta la audiencia: la secretaria certifica: que se dio lectura integral de las constancias que integran la tramitación del presente incidente y obran en autos, sin que sea necesario hacer mención de cada una de ellas en atención a la jurisprudencia (que aplica por identidad de razón) de rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA CUMPLIR EL REQUISITO FORMAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ QUE "ABIERTA LA AUDIENCIA SE PROCEDERÁ A LA RELACIÓN DE CONSTANCIAS", BASTA QUE EN AQUÉLLA SE CERTIFIQUE QUE SE DIO LECTURA A LAS CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE."1 La Titular acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que de manera verbal efectuó la secretaria de la adscripción; la que atendiendo al principio de economía procesal no habrá de transcribirse, ya que no existe precepto legal alguno que obligue a ello, merced de que han quedado debidamente relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario hacer referencia a cada una de ellas. En apoyo de la anterior consideración, tiene aplicación por analogía el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL"2 Abierto el periodo probatorio: la secretaria CERTIFICA que con fundamento en los artículos 360 y 361 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas documentales ofertadas por la parte quejosa y la autoridad responsable Tesorera Municipal de Zapopan, Jalisco, así como la prueba pericial en contabilidad que ofreció la parte quejosa, respecto de la cual en proveído de doce de mayo de dos mil veintidós se tuvo a la responsable Directora de Presupuesto y Egresos en funciones de Tesorera Municipal de Zapopan, Jalisco, haciendo adiciones a la misma con lo cual se corrió traslado a las partes. De igual manera, dicha autoridad designó como perito de su parte a Alma Delia Araceli Padilla, sin embargo, no la presentó ante la presencia judicial a aceptar el cargo conferido, por ello no se le tuvo señalando profesionista para el desahogo de dicha probanza. Respecto a la quejosa en proveído de seis de octubre de dos mil veintidós se hizo efectivo el apercibimiento a la parte quejosa y se acordó tenerla por desinteresada en designar diestro de su parte, en razón de la renuncia del profesionista que había designado para tal efecto, por lo que el citado medio de convicción se integró únicamente con el dictamen del perito oficial, al no señalar las demás partes diestro de su parte, no obstante de haber sido legal y oportunamente notificadas para ello; así como los medios de convicción que este juzgado consideró tener de oficio la instrumental de actuaciones, consistente en todas las actuaciones, documentales y elementos probatorios que integran el presente expediente. En virtud de que no existen más pruebas que admitir, desechar o desahogar se cierra este período y se abre el diverso de alegatos. Abierto el periodo de alegatos: la secretaria hace constar que la autoridad responsable Tesorera Municipal de Zapopan, Jalisco presentó alegatos los cuales se recibieron en proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintidós y la parte quejosa también presentó alegatos mismos que se recibieron en auto de ocho de noviembre de dos mil veintidós. La Jueza provee: con fundamento en el 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles se tienen por formulados los alegatos expuestos por la autoridad responsable Tesorera Municipal de Zapopan, Jalisco, recibidos en auto de veintitrés de marzo de dos mil veintidós y los de la parte quejosa admitidos en proveído de ocho de noviembre de dos mil veintidós; con lo anterior se cierra este período. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, se tiene por celebrada la audiencia de alegatos relativa al incidente innominado en términos de esta acta y al encontrarse integrado este incidente innominado, se procede a dictar la resolución interlocutoria correspondiente. VISTOS, los autos para resolver el incidente innominado de cuantificación de la concesión del amparo otorgado por la justicia de Unión, en el juicio de amparo 940/2020; y, RESULTANDO: Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito turnado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan a este órgano jurisdiccional el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos ahí precisados. Segundo. Admisión y trámite de la demanda Mediante proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y, señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Tercero. Audiencia constitucional y sentencia. El diecisiete de mayo de dos mil veintiuno se celebró la audiencia constitucional y el veintiocho de ese mismo mes y año, se dictó la sentencia correspondiente, cuyos efectos fueron los siguientes: "SÉPTIMO. Efectos de la sentencia de amparo. A fin de restituir a la quejosa en el pleno goce de sus derechos constitucionales violados, el amparo y la protección de la justicia federal, respecto a la norma reclamada, esto es, el artículo 45, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veinte y, para lo cual, la Tesorería Municipal de Zapopan, Jalisco (autoridad vinculada al cumplimiento de esta sentencia), deberá: 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa, la aplicación del artículo 45, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, lo que incluye la tabla y el quinto párrafo del precepto); y, 2. Devolver a la quejosa la cantidad que resulte favorable en contraste con lo pagado a través de los acuses de los recibos oficiales 4996406 AA, 4996407 AA, 4996408 AA, 4996409 AA, 4996410 AA, 4996411 AA y 4996412 AA, únicamente sobre el monto de la sobretasa pagada. Ello, porque la concesión del amparo no implica liberar por completo al impetrante del pago de tal contribución, pues sería tanto como ponerlo en un estado privilegiado, además que se desatendería el mandato constitucional previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, respecto a la obligación de contribuir al gasto público en forma proporcional y equitativa." Cuarto. Ejecutoria. El ocho de julio de dos mil veintiuno, se dictó el acuerdo en el que causó ejecutoria la sentencia emitida en el presente caso justiciable y se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables, cada una dentro del ámbito de sus facultades. Quinto. Procedimiento de ejecución de sentencia. Seguida la secuela procesal, puesto que las cantidades que determinaron las responsables no coincidían con la pretensión de la persona moral quejosa, respecto a la cantidad a devolver por concepto de pago de devolución de la cantidad que resulte favorable en contraste con lo pagado a través de los acuses de los recibos oficiales 4996406 AA, 4996407 AA, 4996408 AA, 4996409 AA, 4996410 AA, 4996411 AA y 4996412 AA, únicamente sobre el monto de la sobretasa pagada, por ello el autorizado del impetrante, promovió incidente innominado de cuantificación para tal efecto. Sexto. Tramitación de incidente innominado. En acuerdo de once de marzo de dos mil veintidós, se dio trámite al incidente innominado para cuantificar adecuadamente la cantidad que la responsable debe pagar y entregar a la quejosa Promotora Profile, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada como consecuencia de los actos reclamados considerados inconstitucionales derivado del presente juicio de amparo 940/2020. Este juzgado de distrito tuvo de oficio como medios de convicción la instrumental de actuaciones, además de las documentales allegadas por las partes que así lo hicieron Aunado a lo anterior, se dio trámite a la prueba pericial en materia contable ofertada por la parte quejosa, a efecto de que se determinara de forma clara y precisa la cantidad a devolver a la peticionaria de amparo. Séptimo. Desahogo de prueba pericial. La prueba pericial en materia contable se desahogó de la manera siguiente: 1. En auto de veintisiete de abril de dos mil veintidós, se requirió al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y a la Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República Delegación Jalisco, a efecto de que proporcionaran un perito en materia contable que interviniera en el incidente innominado en auxilio de las labores de este Juzgado Federal y, se requirió a las autoridades responsables, al agente del Ministerio Público Federal adscrito y a la parte quejosa, para que, de estimarlo conveniente, señalaran perito de su parte y adicionaran preguntas al cuestionamiento formulado por este Juzgado de Distrito. 2. En comparecencia de cuatro de mayo de dos mil veintidós, el profesionista Sergio Alberto Luquín Macías aceptó el cargo conferido por la quejosa como perito para el desahogo de la prueba pericial en materia de contabilidad, cargo al cual renunció a través de escrito recibido el nueve de agosto de dos mil veintidós y solicitó no se le tuviera como diestro de la quejosa, con lo que se dio vista correspondiente a la impetrante y el seis de octubre del año en curso, después de diversos requerimientos y hacer del conocimiento la renuncia del diestro nombrado, se tuvo a la parte quejosa por desinteresada en designar perito de su parte. 3. Mediante oficio recibido el doce de mayo de dos mil veintidós, la autoridad responsable Tesorera Municipal de Zapopan, Jalisco, realizó adiciones al cuestionario propuesto por la persona moral quejosa, las cuales se admitieron y se dio vista de ello a las partes. 4. En comunicados recibidos en este órgano jurisdiccional en acuerdo de veinte de mayo de dos mil veintidós, la Directora de Dictaminación Pericial del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses "Doctor Jesús Mario Rivas Souza" y el Coordinador Estatal de Servicios Periciales en el Estado de Jalisco y suplente de la Dirección Regional Zona Occidente, informaron que no contaban en esas dependencias con perito oficial en materia de contabilidad que pudiera fungir en el asunto en que se actúa. 5. En auto de veinte de mayo de dos mil veintidós, en cumplimiento al "ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración de la Lista de personas que pueden fungir como peritos ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación" en relación con las formalidades para el nombramiento de especialistas en los órganos jurisdiccionales, así como el acuerdo general denominado "Arancel para el pago de honorarios y gastos de las personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio 2022", divulgado el quince de diciembre de dos mil veintidós, ambos publicados en el Diario Oficial de la Federación, este juzgado de distrito designó como diestro oficial en auxilio de las labores de este Juzgado Federal al contador César Toscano Novoa, profesionista cuyo nombre aparece en la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, correspondiente al año dos mil veintidós. 6. El diestro oficial contador César Toscano Novoa, en comparecencia de veinticinco de mayo de dos mil veintidós aceptó y protestó el cargo conferido. 7. No obstante que se otorgó término a las partes para que hicieran adiciones al cuestionario formulado por este juzgado de distrito, únicamente la responsable Tesorera Municipal de Zapopan, Jalisco, hizo uso de ese derecho. Luego, ninguna de las partes nombró perito. 8. En auto de trece de octubre de dos mil veintidós, se tuvo al diestro oficial rindiendo su opinión técnica la cual ratificó ante la presencia judicial el diecinueve del mismo mes y año, por ello en el auto de veinte de octubre de la anualidad que transcurre, se dio vista a las partes con el dictamen de referencia y este Juzgado de Distrito, en ese mismo proveído fijó las nueve horas con dieciséis minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintidós, para que tuviera verificativo la audiencia de alegatos en el incidente innominado, que concluye con el dictado de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, es legalmente competente para conocer y resolver del incidente innominado de que se trata, en términos de lo dispuesto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo y 358 al 364 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, porque se requería cuantificar adecuadamente la cantidad que se debe pagar a la persona moral quejosa Promotora Profile, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada por concepto de devolución de la cantidad que resulte favorable en contraste con lo pagado a través de los acuses de los recibos oficiales 4996406 AA, 4996407 AA, 4996408 AA, 4996409 AA, 4996410 AA, 4996411 AA y 4996412 AA, únicamente sobre el monto de la sobretasa pagada, según se ordenó en el presente juicio de amparo 940/2020, estableciendo así la cantidad que debe exigirse a la autoridad responsable obligada para el total cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Es aplicable en lo conducente, el criterio jurisprudencial número 2a./J. 55/2000, definido por la Segunda Sala del Alto Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, julio de dos mil, página 67, cuyo rubro es el siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA E INCONFORMIDAD. CUANDO DE LA EJECUTORIA RESPECTIVA O DE LOS AUTOS NO SE DESPRENDEN ELEMENTOS PARA EVALUAR SI SE ENCUENTRA CUMPLIDA O NO, DEBEN DEVOLVERSE LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO PARA QUE TRAMITE UN INCIDENTE INNOMINADO A FIN DE QUE LAS PARTES PRUEBEN Y ALEGUEN LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA PARA QUE AQUÉL ESTÉ EN APTITUD DE DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DEL FALLO CONSTITUCIONAL." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis I.13º. A.31 K, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo: XXI, página 1073, febrero de dos mil cinco, de rubro: "INCIDENTE INNOMINADO. AL RESOLVERLO, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ OBLIGADO A EXAMINAR TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA DETERMINAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR." Segundo. Materia del incidente. La materia del presente incidente se constriñe en cuantificar adecuadamente la cantidad a pagar a la parte quejosa, Promotora Profile, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, por concepto de pago de devolución de la cantidad que resulte favorable en contraste con lo pagado a través de los acuses de los recibos oficiales 4996406 AA, 4996407 AA, 4996408 AA, 4996409 AA, 4996410 AA, 4996411 AA y 4996412 AA, únicamente sobre el monto de la sobretasa pagada, según se ordenó en el presente juicio de amparo 940/2020. Tercero. Estudio. Con la finalidad de establecer de forma clara y precisa el monto que debe pagarse a la parte quejosa, con apoyo en lo previsto en los artículos 79 y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se valorará la prueba pericial en materia contable ofertada por la parte quejosa y con las adiciones realizadas por la responsable Tesorera Municipal de Zapopan, Jalisco, la cual, se desahogó con el dictamen emitido por el perito designado en auxilio de las labores de este Juzgado. El artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, establece un sistema de libre apreciación en materia de valoración probatoria, el cual textualmente prevé: "Artículo 197. El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas frente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de pruebas, lo dispuesto en este capítulo." Del precepto legal en cita resulta que la suscrita tiene facultades amplias para estudiar las pruebas ofrecidas por las partes, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, esto es, el órgano jurisdiccional debe admitir o desechar cada una de ellas; para después, en su caso, valorarlas en lo individual y, en conjunto, adminiculándolas unas con otras, según el caso, para estar en aptitud de determinar si lo que se pretende probar, se encuentra demostrado. Robustece lo anterior, la tesis de rubro y texto siguiente: "PRUEBAS. VALORACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO."3 El dictamen pericial debe ser valorado atendiendo a los criterios siguientes: 1) La idoneidad de la prueba. 2) La lógica de los razonamientos expuestos. 3) Que los razonamientos vertidos estén apoyados en documentos que corroboren sus asertos y tengan eficacia acreditativa; y, 4) Que la opinión contenida en el dictamen se refiera a cuestiones propias de su especialidad. En el entendido de que la falta de alguno de ellos, es suficiente para restarle valor probatorio, merced de que un dictamen pericial no constituye una verdad irrebatible, sino que su objetivo, es ilustrar al juzgador en aspectos del debate respecto de los cuales no tiene los conocimientos técnicos o científicos suficientes para resolverlos atendiendo solamente a su cultura general, en la inteligencia de que los dictámenes periciales no son verdades que se deban aceptar como irrefutables, sin considerar las experiencias y las inferencias lógicas, que se traducen en reglas de sana crítica y de prudente arbitrio que deben normar los actos del propio órgano. En tales condiciones, con base en el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, la suscrita procede al análisis del dictamen pericial rendido en autos por el perito designado por este órgano jurisdiccional con el objeto de tener los elementos necesarios para resolver lo que en derecho proceda en esta incidencia. Esto es así, en virtud de que en el presente incidente se trata de una materia técnica que escapa a los conocimientos del suscrita y, el dictamen rendido por el diestro oficial designado en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, es un elemento técnico científico, susceptible de valorarse objetivamente, el cual se sustenta en la imparcialidad de criterio del profesionista dentro de la calificación clara y precisa del monto a pagar al ahora quejoso en acatamiento a la protección constitucional otorgada, pues de las constancias que obran agregadas en autos, se advierte que no existe elemento alguno mediante el cual se acredite que el perito designado tiene algún interés en la litis o impedimento legal para intervenir en el presente asunto. Lo anterior encuentra sustento, en lo conducente, en la tesis de epígrafe y contenido del tenor siguiente: "PRUEBA PERICIAL, FUERZA PROBATORIA DE LA.4 Con el fin de integrar y estar en aptitud de emitir debidamente su dictamen pericial, se impone destacar que el perito tomó en consideración las constancias que obran en autos y las legislaciones aplicables. De igual manera, es preciso señalar que el dictamen pericial recibido en auto de trece de octubre de dos mil veintidós cumple con los requisitos que prevé el artículo 144 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haberse emitido por quien acreditó ser profesionista en materia contable, según se advierte del acta de comparecencia de veinticinco de mayo de dos mil veintidós en el que protestó el cargo conferido y de la comparecencia de diecinueve de octubre del mismo año en la cual el perito designado en auxilio de este Juzgado de Distrito ratificó su dictamen pericial. Del citado dictamen se advierte que el diestro oficial realizó lo siguiente: Planteó el problema a dilucidar consistente en determinar el importe a pagar al quejoso, con motivo de la ejecutoria de amparo, conforme a lo ordenado en la sentencia dictada en este juicio de amparo por este órgano jurisdiccional. Hizo relación del material de estudio que se le proporcionó para su emisión. Indicó que en su dictamen se apoyaría y tomaría como soporte en la definición de conceptos; los principios de contabilidad generalmente aceptados los cuales habían sido compilados y publicados por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, mismos que a partir del uno de enero de dos mil ocho fueron sustituidos por las Normas de Información Financiera y las legislaciones aplicables. Señaló que el método de estudio que utilizó fue el analítico deductivo y que Dictamen Técnico Contable fue realizado aplicando las TÉCNICAS de "ESTUDIO GENERAL Y ANÁLISIS". Precisó que realizó un estudio general de los documentos que integran el expediente, así como aquellos documentos que las partes ofertaron a este juicio, y efectuó un estudio a fondo de aquellas pruebas y documentos contables y fiscales que tienen relación con las interrogantes a resolver. Realizó el estudio y valoración de las pruebas que obran en autos y de la normatividad aplicable. Emitió los resultados de su estudio, para lo cual elaboró diversas tablas, en las que precisó los conceptos, porcentajes y cantidades que lo llevaron a cuantificar la cantidad a devolver, la fuente y la justificación de la actualización, para concluir que el monto que se debe pagar a la quejosa Promotora Profile, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, por concepto de pago de devolución de la cantidad que resulte favorable en contraste con lo pagado a través de los acuses de los recibos oficiales 4996406 AA, 4996407 AA, 4996408 AA, 4996409 AA, 4996410 AA, 4996411 AA y 4996412 AA, únicamente sobre el monto de la sobretasa pagada, según se ordenó en el presente juicio de amparo 940/2020, como consecuencia del amparo concedido en autos, asciende a la cantidad de $77,603.57 (Setenta y siete mil seiscientos tres pesos 57/100 moneda nacional). Presentó sus conclusiones, así como dio contestación a la totalidad de preguntas contenidas en el cuestionario y adiciones al mismo sobre los que versó la prueba pericial contable, manifestando la razón de su dicho. En virtud de lo anterior, se otorga pleno valor probatorio al dictamen rendido por el perito en materia de contabilidad designado por este juzgado federal, pues se encuentra dotado de imparcialidad al haber sido emitido por un tercero auxiliar en la administración de justicia, además que los cálculos y resultados que arroja dicho dictamen se sostienen en estudios técnicos, toda vez que se explica claramente el método y procedimiento utilizados, las operaciones aritméticas, los fundamentos legales, la mecánica operacional para su determinación y se detalla el soporte documental que lo llevaron a su resultado y conclusiones. De esta manera, dicho dictamen, crea convicción en Esta juzgadora respecto del objeto de la prueba pericial de mérito; motivo por el cual, dicha pericial tiene pleno valor probatorio conforme a lo previsto en los artículos 197 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como de conformidad con la jurisprudencia aplicable por el sentido que informa, que textualmente dispone lo siguiente: "PRUEBA PERICIAL, VALORACIÓN DE LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)".5 La determinación que antecede encuentra sustento atendiendo al sistema de valoración que rige a la prueba pericial, a saber, el de libre convicción, el cual se funda en la sana crítica que constituye las reglas del correcto entendimiento humano, encontrándose entre estas, las reglas de la lógica y las reglas de la experiencia. En efecto, las reglas de la sana crítica consisten en su sentido formal en una operación lógica, apoyada por las reglas de la experiencia. Lo anterior significa que el juzgador es quien toma conocimiento del mundo que le rodea y le conoce a través de sus procesos sensibles e intelectuales. La sana crítica es, además de la aplicación de la lógica, la correcta apreciación de ciertas proposiciones de experiencia de que todo hombre se sirve en la vida. Luego, es necesario considerar en la valoración de la prueba el carácter forzosamente variable de la experiencia humana, tanto como la necesidad de mantener con el rigor posible los principios de la lógica en que el derecho se apoya. En igual forma, es necesario tener en cuenta que el peritaje es una actividad humana de carácter procesal, desarrollada en virtud de encargo judicial por personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por su experiencia o conocimientos técnicos, artísticos o científicos y mediante la cual se suministran al Juez argumentos y razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos también especiales, cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del común de la gente y requieren esa capacidad particular para su adecuada percepción y la correcta verificación de sus relaciones con otros hechos, de sus causas y de sus efectos o, simplemente, para su apreciación e interpretación. En ese sentido, la peritación cumple con una doble función, que es, por una parte, verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que escapan a la cultura común del Juez y de la gente, sus causas y sus efectos y, por otra, suministrar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos, para formar la convicción de los juzgadores sobre tales hechos y para ilustrarlo con el fin de que los entienda mejor y pueda apreciarlos correctamente. Por lo anterior, la suscrita se apoya en la opinión técnica del perito designado en auxilio de este Juzgado de Distrito pues, según prudente estimación, se determina que de la lectura de dicho dictamen, se acredita que dicho experto fue preciso al establecer el método y técnica que utilizó para obtener sus conclusiones y este medio de convicción es el único que resulta idóneo y pertinente para definir la cuantificación clara y precisa de la cantidad que corresponde pagar a la quejosa Promotora Profile, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, por concepto de pago de devolución de la cantidad que resulte favorable en contraste con lo pagado a través de los acuses de los recibos oficiales 4996406 AA, 4996407 AA, 4996408 AA, 4996409 AA, 4996410 AA, 4996411 AA y 4996412 AA, únicamente sobre el monto de la sobretasa pagada, según se ordenó en el presente juicio de amparo 940/2020, como consecuencia del amparo concedido en autos, asciende a la cantidad de $77,603.57 (Setenta y siete mil seiscientos tres pesos 57/100 moneda nacional). Sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRUEBA PERICIAL, ANÁLISIS DE LA".6 Cabe señalar que el dictamen pericial, por regla general, contiene una opinión técnica de un especialista referida a determinado asunto, que vendrá a auxiliar al órgano jurisdiccional exponiendo opiniones autorizadas para que el resolutor las utilice en la formación de su criterio, dado que el juez goza de una amplia y prudente libertad de apreciación acerca del valor que alguno, todos o ninguno de los peritajes le pueda merecer, lo que significa que no está vinculado por ninguno de ellos, ni siquiera por el rendido por el diestro oficial, pues su libre albedrío le permite inclinarse más o menos, hacia la opinión de cualquiera de los peritos que se hubieren designado; siendo incluso de destacar, que no basta que las pruebas produzcan certeza en el ánimo del impartidor de justicia, sino que es menester, además, que despierten certeza en cualquier otro hombre racional y, en ese carácter social de la certeza es donde reside el correlativo arbitrio judicial, sistema de valoración de la prueba pericial contemplada en el numeral 211, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°. Asimismo, los peritos son colaboradores de los que puede servirse el juzgador para resolver con certeza un caso que se someta a su potestad jurisdiccional, pero no obstante ello, no son a éstos a quienes corresponde determinar en definitiva sobre la cuestión planteada en que participan con el carácter de simples auxiliares, quienes, además, deben circunscribirse en los términos literales que se solicita su intervención, sin poder ir más allá de los cuestionamientos que se les formulan, ni realizar aseveraciones que escapen a las cuestiones propias de sus conocimientos científicos o técnicos. De igual modo, conviene tener en cuenta que los criterios objetivos de apreciación de tal probanza consisten en la credibilidad, ausencia de error, certeza, determinación. Implica que el órgano jurisdiccional debe tener conocimiento de la forma en que se han producido las conclusiones a que llegó el perito, por lo que éste debe dar causa razonada y fundada de su conocimiento, exponiendo con claridad los medios o técnicas que utilizó para discurrir en el sentido en que lo hizo, de tal suerte que, si es necesaria la comprobación de los mismos, pueda arrojar igual resultado. Así las cosas, este órgano jurisdiccional federal otorga eficacia demostrativa al dictamen rendido por el perito oficial, en términos de las consideraciones expuestas. Es aplicable la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que a la letra dice: "PERITOS. VALOR DE SUS DICTÁMENES."7 Ha menester señalar que en proveído de ocho de noviembre de dos mil veintidós, la parte quejosa desahogó la vista dada en auto de veinte de octubre de dos mil veintidós, en donde hizo diversas manifestaciones en el sentido de las cantidades que se le deben pagar y mostró su conformidad con el dictamen del perito oficial. Expuesto lo anterior, se colige que del dictamen rendido por el perito oficial se advierte la cantidad que se debe cubrir a la parte quejosa Promotora Profile, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, por concepto de pago de devolución de la cantidad que resulte favorable en contraste con lo pagado a través de los acuses de los recibos oficiales 4996406 AA, 4996407 AA, 4996408 AA, 4996409 AA, 4996410 AA, 4996411 AA y 4996412 AA, únicamente sobre el monto de la sobretasa pagada, según se ordenó en el presente juicio de amparo 940/2020, como consecuencia del amparo concedido en autos, la cual asciende a la cantidad de $77,603.57 (Setenta y siete mil seiscientos tres pesos 57/100 moneda nacional). Para lo cual, el experto oficial consideró las documentales que obran en el expediente, entre las que destacan las siguientes: Escrito inicial de la Demanda presentado en Oficialía Común de Partes, por Cecilia Margarita Martínez Heredia, como apoderada legal para pleitos y cobranza de la empresa denominada "PROMOTORA PROFILE, S.A.P.I. DE C.V. SPFOM E.N.R." Oficio emitido por el Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; recibido en Oficialía de Partes Común en fecha 28 de febrero de 2022. Oficio número 1400/2022/T-3604, emitido por el Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. Recibo oficial de pago folio 4996406 AA, de fecha 08 de mayo de 2020 mediante el cual se erogó el pago por concepto de Impuesto Predial para el ejercicio fiscal 2020. Recibo oficial de pago folio 4996407 AA, de fecha 08 de mayo de 2020 mediante el cual se erogó el pago por concepto de Impuesto Predial para el ejercicio fiscal 2020. Recibo oficial de pago folio 4996408 AA, de fecha 08 de mayo de 2020 mediante el cual se erogó el pago por concepto de Impuesto Predial para el ejercicio fiscal 2020. Recibo oficial de pago folio 4996409 AA, de fecha 08 de mayo de 2020 mediante el cual se erogó el pago por concepto de Impuesto Predial para el ejercicio fiscal 2020. Recibo oficial de pago folio 4996410 AA, de fecha 08 de mayo de 2020 mediante el cual se erogó el pago por concepto de Impuesto Predial para el ejercicio fiscal 2020. Recibo oficial de pago folio 4996411 AA, de fecha 08 de mayo de 2020 mediante el cual se erogó el pago por concepto de Impuesto Predial para el ejercicio fiscal 2020. Recibo oficial de pago folio 4996412 AA, de fecha 08 de mayo de 2020 mediante el cual se erogó el pago por concepto de Impuesto Predial para el ejercicio fiscal 2020. Teniendo acceso a la totalidad de los documentos que obran en el expediente que nos ocupa. Realizó diversas tablas en donde destacan las siguientes contestaciones: De lo anterior, se colige con meridiana claridad que en la columna E se encuentra el impuesto quitando sobretasa y respetando el 50% cincuenta por ciento de descuento de jardines ornamentales, cantidad que debe devolverse a la parte quejosa por cada recibo oficial. Por lo tanto, es suficiente para concluir que el monto que se debe pagar a la quejosa Promotora Profile, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, por concepto de pago de devolución de la cantidad que resulte favorable en contraste con lo pagado a través de los acuses de los recibos oficiales 4996406 AA, 4996407 AA, 4996408 AA, 4996409 AA, 4996410 AA, 4996411 AA y 4996412 AA, únicamente sobre el monto de la sobretasa pagada, según se ordenó en el presente juicio de amparo 940/2020, como consecuencia del amparo concedido en autos, asciende a la cantidad de $77,603.57 (Setenta y siete mil seiscientos tres pesos 57/100 moneda nacional). Precisado lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tesorera Municipal de Zapopan, Jalisco, para que en el plazo de tres días siguiente a la notificación de esta resolución, de cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo del que emana el presente incidente, esto es, pague a la parte quejosa la cantidad de $77,603.57 (Setenta y siete mil seiscientos tres pesos 57/100 moneda nacional), por concepto de pago de devolución de la cantidad que resultó favorable en contraste con lo pagado a través de los acuses de los recibos oficiales 4996406 AA, 4996407 AA, 4996408 AA, 4996409 AA, 4996410 AA, 4996411 AA y 4996412 AA, únicamente sobre el monto de la sobretasa pagada, según se ordenó en el presente juicio de amparo 940/2020. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá a la autoridad responsable una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción, según valor publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, ello con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ya que corresponde a dicho Instituto calcular el valor de la Unidad de Medida y Actualización y publicar el mismo en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, previos los trámites correspondientes, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. En tal virtud, una vez que cause estado la presente resolución, requiérase el cumplimiento del fallo protector en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en lo dispuesto en los artículos 66, 67, 192, 193 y demás relativos de la Ley de Amparo, 358, 360, 361 y 364, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se R E S U E L V E: Primero. Es procedente y fundado el incidente innominado tramitado dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo, relativa al juicio de amparo 940/2020. Segundo. Procede pagar a la persona moral quejosa Promotora Profile, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, por concepto de pago de devolución de la cantidad que resultó favorable en contraste con lo pagado a través de los acuses de los recibos oficiales 4996406 AA, 4996407 AA, 4996408 AA, 4996409 AA, 4996410 AA, 4996411 AA y 4996412 AA, únicamente sobre el monto de la sobretasa pagada, según se ordenó en el presente juicio de amparo 940/2020, como consecuencia de la concesión constitucional concedida en autos, la cantidad de $77,603.57 (Setenta y siete mil seiscientos tres pesos 57/100 moneda nacional). Tercero. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Tesorera Municipal de Zapopan, Jalisco, el cumplimiento del fallo protector, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente de que cause estado la presente resolución, remita las constancias de las que se observe que entregó a la parte quejosa la cantidad citada.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a quince de noviembre de dos mil veintidós. Informe justificado. Se tiene por recibido el oficio signado por el Director de lo Contencioso de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo Estatal, en representación del Secretario de Administración del Estado de Jalisco, así como del Instituto Jalisciense de Asistencia Social, mediante el cual, con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, rinde informe justificado respecto de la ampliación de demanda presentada por la parte quejosa. Medios de convicción. Asimismo, se le tiene ofreciendo como medios de convicción de su parte, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, las cuales, de conformidad con los numerales 119 y 123 de la ley de la materia, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. Se da vista a las partes. Con lo anterior, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y hágase la relación correspondiente en la audiencia constitucional, para los efectos legales conducentes. Designación de domicilio procesal y delegados. Por otra parte, téngase como su domicilio procesal el que indica en los oficios de cuenta, y como sus delegados en términos del numeral 9 de la ley la materia a las personas que refiere. Hipótesis de improcedencia. De igual forma, téngase a la responsable de referencia invocando las hipótesis de improcedencia que menciona de conformidad al artículo 61 de la Ley de Amparo, las cuales, en caso de ser procedentes serán tomadas en consideración al momento de dictar la sentencia que en derecho corresponda. Medio alternativo de comunicación. Además, se tiene a la autoridad oficiante proporcionando el correo electrónico que precisa como medio de comunicación para ser contactada en caso de resultar necesario. Autorización de uso de medios electrónicos. Finalmente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y como lo peticiona la autoridad en mención, se les autoriza a las personas que propone el uso de medios electrónicos con el fin de reproducir las actuaciones que obran en el presente expediente, previa razón de uso que dejen en autos. Resulta aplicable en el presente caso la siguiente tesis que establece: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)" Notifíquese.
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