Carlos Real Aceves

Expediente 1872/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1872/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
20/01/2017

Partes del expediente

  • Carlos Real Aceves

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    CAUSA EJECUTORIA la sentencia y se ordena el archivo del expediente como totalmente concluido.

  2. Principal

    Espiry Javier Correa Guízar, Secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, encargado del despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, durante el período de vacaciones del Juez, en cumplimiento a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial, en la sesión celebrada el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, comunicado mediante oficio número CCJ/ST/7676/2016, de la misma fecha, que actúa con el (la) Secretario(a) José Antonio Andrade Ahumada quien da fe, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 1872/2016, promovido por CARLOS REAL ACEVES, sin la comparecencia de las partes. A continuación, el Secretario da lectura de las constancias que obran en autos. El Encargado del Despacho acuerda, se tiene por relacionadas y recibidas las constancias que obran en autos, con apoyo en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 185, tomo IV, Primera Parte, julio-diciembre de 1989, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de texto y rubro siguientes: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACION EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Se abre el periodo de pruebas: se tienen como tales de conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, las documentales allegadas por la autoridad responsable; medios de convicción que se tienen por desahogados de acuerdo a su propia naturaleza, por lo que concluye dicho período. Acto continuo se abre el diverso de alegatos: en este periodo, el Secretario hace constar que no se formuló alguno, motivo por el cual también se cierra esta fase. En las relatadas condiciones y sin pedimento del Ministerio Público Federal adscrito, finaliza la audiencia y quedan los autos para el dictado de la sentencia que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver los autos del presente juicio de amparo; y, Antecedentes procesales del juicio de garantías que se resuelve. I. Por escrito presentado el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, CARLOS REAL ACEVES, por derecho propio, promovió demanda de amparo contra los actos y autoridades que más adelante se precisan. II. Admisión y trámite. Mediante proveído de treinta del mismo mes y año, fue admitida la demanda de amparo, la que se radicó bajo el número de expediente 1872/2016-IV; solicitó a las autoridades responsables rindieran sus informes justificados; dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción quien no formuló pedimento; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional la que se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. III. Competencia Genérica. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 1, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo vigente; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. IV. Competencia específica. Además este Juzgado Federal es competente, en virtud de tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de la representación social relativos a la falta de consignación de una averiguación previa ante la autoridad judicial; lo que actualiza el supuesto establecido en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, cuya hipótesis normativa se verificó dentro de la jurisdicción de este juzgado de Distrito, conforme a lo previsto en los puntos Primero, fracción XXXII; Segundo, fracción XXIII, Ordinal 3; y Cuarto, fracción XXXII, todos del acuerdo 3/2013, aludido, en relación con los diversos artículos 35 y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente; y artículo 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. V. Precisión de las autoridades responsables y de los actos reclamados. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, se procede a fijar el acto reclamado a las responsables, para lo cual es de utilidad efectuar un análisis conjunto de la demanda y del juicio, por ser un todo considerado, en términos de la jurisprudencia por reiteración de tesis P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de dos mil, cuyo rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Igualmente, sirve de apoyo la tesis P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, de título: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, de la revisión integral practicada a la demanda de amparo se advierte que las autoridades responsables y los actos que se reclaman, son los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES : Procurador General de Justicia del Estado. Agente del Ministerio Público del fuero común del sistema tradicional de la Mesa Cuarta de Manzanillo, Colima. ACTO RECLAMADO: La omisión de consignar ante la autoridad judicial la averiguación previa 514/2015, formada con motivo de la denuncia presentada por el quejoso en contra de Juan Carlos Mendoza Aviña y Pedro Barreto, por el delito de daño en propiedad ajena. Acto que el quejoso estima vulneran en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. VI. Inexistencia de los actos reclamados. Ante todo conviene establecer que, por razón de método, en principio debe analizarse si los actos reclamados en verdad existen, habida cuenta que de no resultar ciertos, devendría innecesario proseguir con el estudio tanto de la procedencia del amparo, como del fondo del asunto, puesto que no existía materia para efectuarlo. El Procurador General de Justicia del Estado, señalado como autoridad responsable, negó el acto que se le imputa, de suerte que no es a él a quien corresponde expresar razonamiento alguno que justifique esa manifestación, ni prueba que demuestre que lo que se le atribuye es inexistente, sino que, por el contrario, recae sobre la parte quejosa la carga de acreditar que es verídico lo que le reclama. Porque sucede que lo que se le reprocha implica un actuar positivo, ya que se traduce en un hacer (básicamente en omitir consignar una averiguación previa ante la autoridad judicial) y, por tanto, ante esa negativa, la parte solicitante de la tutela federal debe desvirtuar la misma, como es dable colegir del enlace de los 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo; el primero, al prever como motivo de sobreseimiento la inexistencia del acto reclamado, derivado del hecho de que en la audiencia constitucional no se pruebe su existencia; el segundo, considerándose sus párrafos tercero y quinto al aludir tanto a la obligación del quejoso de justificar la inconstitucionalidad del acto reclamado, como a la posibilidad que éste tiene de desvirtuar el contenido informe justificado y el último precepto, precisamente al prever la mencionada audiencia. Pues bien, del análisis del presente sumario no se advierte que la parte quejosa haya allegado prueba alguna tendente a desvirtuar la comentada negativa y, en consecuencia, encaminada a probar la existencia de lo controvertido, no obstante que, según se vio, a ella corresponde acreditar tal cuestión. Consecuentemente, como no se justificó la existencia del actuar reprochado al Procurador General de Justicia del Estado, procede sobreseer respecto al mismo en el presente proceso de amparo, con apoyo en el ya mencionado arábigo 63, fracción IV, de la ley de la materia. Acerca de lo expresado cobra exacta aplicación la jurisprudencia 284 del tomo II, volumen 1, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". VII. Certeza de los actos reclamados. Ante todo conviene establecer que, por razón de método, en principio debe analizarse si los actos reclamados en verdad existen, habida cuenta que de no resultar ciertos, devendría innecesario proseguir con el estudio tanto de la procedencia del amparo, como del fondo del asunto, puesto que no existiría materia para efectuarlo. La Agente del Ministerio Público del fuero común de la Mesa Cuarta del sistema tradicional en Manzanillo, Colima, en su informe justificado, admitió como parcialmente cierto el acto reclamado, pues señaló que desde el dos de diciembre del dos mil dieciséis, remitió al Juzgado Primero Penal de esa ciudad, la consignación 69 de la averiguación previa M4 286/2016, derivada del acta ministerial 514/2015. Por tanto, es innegable el acto que se le reclama, de acuerdo al criterio contenido en la Jurisprudencia 305, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." VllI. Análisis de causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, este juzgador federal debe analizar si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo, lo aleguen o no las partes, toda vez que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, según lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo; y con apoyo en la jurisprudencia 814, integrada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, del epígrafe y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Este Juzgado Federal, de oficio, considera que en el presente asunto, se actualiza la hipótesis de inviabilidad establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. El precepto acabado de referir en la porción normativa especificada, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Este supuesto de inejercicio ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquél que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total o incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Esta causa de improcedencia se encuentra determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 74 de la Ley de Amparo, o sea, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. La responsable Agente del Ministerio Público del fuero común de la Mesa Cuarta del sistema tradicional en Manzanillo, Colima, adjuntó a su informe justificado, entre otras actuaciones, copia certificada del acuerdo de consignación dictado el uno de diciembre de dos mil dieciséis, en la averiguación previa 286/2016, en la que determinó consignar los hechos investigados en esa indagatoria al Juez Penal de esa ciudad en turno, ejerciendo acción penal en contra de Juan Carlos Mendoza Aviña, por el ilícito de daño culposos, en agravio de Carlos Real Aceves, solicitando se ordenara su comparecencia, cuya averiguación, según se desprende de esas actuaciones, fue recibida por personal del Juzgado Primero Penal de esa ciudad y puerto, el dos de diciembre siguiente. Por tanto, la acción positiva imputada a las responsables, que motivó la promoción de este juicio, desapareció al haberse consignado la averiguación previa en cita ante la autoridad judicial. Sirve de apoyo a la consideración que antecede la jurisprudencia 198 del tomo II, volumen 1, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, que previene: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Entonces, es claro que opera la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, de manera que debe sobreseerse en el presente proceso constitucional, con apoyo en el diverso precepto 63, fracción V, del mismo cuerpo normativo. Conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial 1028, consultable en el tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo sumario textualmente indica: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 107 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo 1872/2016-IV, promovido por CARLOS REAL ACEVES, en relación con los actos reclamados y las autoridades indicados en el apartado "V. Precisión de las autoridades responsables y de los actos reclamados"; por las razones contenidas en el apartado denominado "Inexistencia del acto reclamado" y "Análisis de causas de improcedencia". Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado Espiry Javier Correa Guízar, Secretario

  3. Principal

    Colima, Colima, trece de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese el informe justificado rendido por la autoridad Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Cuarta de Manzanillo, Colima, así como las constancias que anexa, y con fundamento en el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, dese vista a las partes, por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de hacer relación de ello al celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese. Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) Secretario(a) José Antonio Andrade Ahumada, quien da fe.

  4. Principal

    Colima, Colima, siete de diciembre de dos mil dieciséis Visto lo de cuenta y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) Habida cuenta que en las constancias que integran el presente expediente, no obra algún documento original ni billete de depósito y considerando que fue concedida la suspensión definitiva, los cuadernos incidentales se consideran susceptibles: a) el original de depuración, debiendo conservarse únicamente la resolución relativa al otorgamiento de la suspensión y, b) el duplicado, de destrucción. Esto, según lo ordena tanto la fracción III del punto vigésimo, como la fracción III del punto vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) Transcurridos más de seis meses contados a partir de que se resolvió la suspensión definitiva en el presente, destrúyase el duplicado del cuaderno incidental en que se actúa. Según lo ordena el artículo vigésimo del citado acuerdo general. c) Como el original del cuaderno del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años a partir de la de este acuerdo en que se ordena su archivo, se realizará su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II y el vigésimo quinto, todos ellos del acuerdo general invocado. d) Con motivo de lo ya determinado, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente no es de relevancia documental, además inscríbase que el cuaderno original de este incidente, es sujeto de depuración, mientras que el duplicado de destrucción. Lo anterior, con fundamento en el párrafo segundo del punto undécimo del multicitado acuerdo general. Notifíquese. Lo proveyó y firma VÍCTOR HUGO VELÁZQUEZ ROSAS, Juez Primero de Distrito del Estado de Colima, que actúa con el(la) secretario (a) José Antonio Andrade Ahumada, quien da fe. Gis

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